ISSN: 2695-4621
El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes un Real Decreto de estructura del Ministerio de Presidencia con el que se impulsará la creación de la Oficina de la Transparencia, que se encargará de garantizar que se cumplen y se garantizan los principios y los derechos promovidos por la Ley de Transparencia en la Administración General del Estado.
Así lo han anunciado en una reunión celebrada este martes en La Moncloa, presidida por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, y en la que han participado además el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, entre otros responsables de los Ministerios de Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas
La reunión que se ha celebrado y la puesta en marcha de la Oficina de Transparencia forma parte de un conjunto de trabajos de coordinación y desarrollo que se llevarán a cabo para que entre en vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno el próximo mes de diciembre.
Para la creación de dicho órgano, se aprobará en el Consejo de Ministros del viernes 1 de agosto una reforma de la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia. Además, no supone un incremento de las unidades del Departamento, ya que la reforma en la estructura del Ministerio prevé también la fusión de otras dos subdirecciones generales.
PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
De esta iniciativa dependerá el Portal de la Transparencia, en el que además de concentrar toda la información derivada de las nuevas obligaciones de publicidad activa de la Administración, facilitará un mecanismo interactivo que sirva al ciudadano para ejercer su derecho de acceso a la información.
El Ministerio de Presidencia lleva meses trabajando para que este Portal tenga las unidades de información previstas en la Ley. Éstas serán pieza clave del sistema, tanto en la información que facilite la Administración, como en respuesta a las preguntas y cuestiones que se le planteen.
El desarrollo informático y mantenimiento técnico del Portal de la Transparencia se ha realizado con medios propios a través de la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, que está integrada en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Por otra parte, el Gobierno tiene previsto enviar al Consejo de Estado el Estatuto del Consejo de Transparencia y trabaja en el reglamento que desarrollará la Ley. También ha desarrollado programas de formación para los funcionarios en relación a este nuevo cargo y cuenta con la colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Fuente: Europa Press
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha fallado a favor del Consejo General de COSITAL en la impugnación del Acuerdo de 5 de enero de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se nombra Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno a C. M. M., siendo no habilitada nacional, estimando el recurso de apelación formulado por el Consejo General de COSITAL contra la sentencia dictada con fecha 18 de septiembre de 2013, por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 32 de Madrid, la que se revoca por contraria al Ordenamiento Jurídico, al propio tiempo que estimando la demanda se declara la nulidad del Acuerdo de fecha 5 de enero de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
El Consejo General recurrió el Acuerdo impugnado aludiendo que: “vulnera la normativa básica tanto en las funciones de la fé pública como en las de asesoramiento legal ya que dichas funciones son reservadas a la escala de funcionarios con habilitación estatal por la normativa de carácter básico EBEP, que regula el régimen jurídico básico de los funcionarios con habilitación estatal, puesto en relación con el Real Decreto 1174/1987, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional”, por lo que esta victoria judicial supone sin duda un importante hito para la habilitación nacional.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado a la FEMP de que a partir de hoy los Gobiernos Locales comenzarán a recibir las transferencias de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondiente al año 2012.
Las Entidades Locales comienzan a recibir la liquidación de la PIE de 2012
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado a la FEMP de que a partir de hoy los Gobiernos Locales comenzarán las transferencias de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondiente al año 2012.
En la web de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se han publicado los datos correspondientes a la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2012, tanto de las Entidades Locales con régimen general o de variables, como los de las de régimen de cesión de impuestos.
El Ministerio ha puesto en conocimiento de esta Federación que, a partir de ahora, las Corporaciones Locales comenzarán a recibir las transferencias de la mencionada liquidación.
Para consultar la liquidación correspondiente a cada Entidad Local, pinchar en el siguiente enlace:
Fuente: FEMP
El Gobierno andaluz regulará, a través de la futura Ley de Participación Ciudadana, las "consultas participativas", que podrán ser de iniciativa ciudadana o institucional y sobre asuntos de interés público de competencia autonómica o local, excluyendo todos aquellos que sean contrarios al ordenamiento jurídico, la dignidad de las personas o los derechos fundamentales.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que ha dado el visto bueno al inicio de tramitación del anteproyecto de ley, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha explicado que estas consultas participativas no tendrán carácter vinculante y para llevarlas a cabo, se regula un mecanismo de votación específico que no requerirá de la autorización del Gobierno central ni de la intervención de la Junta Electoral de Andalucía, y que utilizará como base el padrón de habitantes y los residentes mayores de 16 años.
Valderas ha expresado su satisfacción por la futura Ley de Participación ciudadana, que supone la apuesta "más democrática" en Andalucía desde la reforma del Estatuto de Autonomía. "Hoy es uno de esos días en los que uno siente con mayor fuerza que merece la pena formar parte del Gobierno andaluz, que trata de ser útil a la ciudadanía y ser muy útil a la democracia", según ha expresado el vicepresidente.
Las consultas podrán ser de iniciativa ciudadana o institucional y de ámbito autonómico o local. En el primer caso, deberá crearse una comisión promotora compuesta de tres miembros con derecho a voto, que no sean parlamentarios, alcaldes o concejales. Este órgano deberá presentar una memoria explicativa y el texto de la pregunta ante la persona titular de la Presidencia de la Junta, que autorizará la convocatoria vía decreto. La iniciativa de ámbito autonómico requerirá el apoyo de un mínimo de 40.000 firmas.
Por su parte, la iniciativa institucional corresponderá a la Presidencia de la Junta o al 10 por ciento de los ayuntamientos de la comunidad, por acuerdos adoptados en sus plenos por mayoría absoluta, con presencia en todas la provincias y que representen a una población mínima de 500.000 habitantes.
En las consultas participativas locales, la iniciativa institucional corresponde a la corporación local mediante acuerdo adoptado por mayoría simple a propuesta de la Presidencia, de al menos dos grupos políticos o de un tercio de los miembros del pleno.
La convocatoria de la iniciativa ciudadana local requerirá de un apoyo mínimo de firmas en función de los tramos de población. Así, se fija un 10% para los municipios de menos de 5.000 habitantes; 500 más del 7% de la población si se trata de localidades de entre 5.000 y 50.000 habitantes; 3.650 firmas más del 5% de la población para las que excedan los 50.000, y en las localidades de más de 100.000 habitantes, deberán reunirse como mínimo un total de 6.150 firmas más del 3% de la población, con el límite máximo de 40.000.
Aunque las consultas no tengan carácter vinculante, el anteproyecto obliga a las administraciones públicas a tomar en consideración sus resultados y, en caso de no incorporarlos, ofrecer públicamente una respuesta motivada.
Preguntado sobre si ya existe previsión del Gobierno de realizar alguna consulta, el vicepresidente se ha limitado a señalar que no va a hacer "futurología" y, que sin duda, las consultas participativas son un instrumento que el Ejecutivo podrá utilizar en el momento en que considere oportuno.
En relación con la colaboración de los ayuntamientos a la hora de facilitar el padrón, Diego Valderas ha confiado en que cuando la Junta tenga que hacer una consulta que va más allá de lo que es una propia localidad porque está en el marco de las decisiones de la administración autonómica, los consistorios tengan una actitud "colaboradora".
Diego Valderas ha explicado que esta norma ha sido objeto de un proceso muy participativo, durante más de un año, con la implicación de más de 6.000 ciudadanos y distintas organizaciones. "Ha sido un proceso largo para un parto positivo y difícil", así lo ha resumido el vicepresidente, quien ha destacado como novedad el hecho de que el derecho a la intervención directa en los asuntos públicos y en la acción del Gobierno se haga extensivo a los mayores de 16 años.
Ha recordado que esta norma, imprescindible junto a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, era uno de los grandes objetivos del pacto de gobierno entre PSOE-A e IULV-CA y ha destacado su carácter "transversal y transformador".
La futura ley regula la ampliación de los derechos de participación y de las fórmulas de gobierno abierto y transparencia ya recogidas en el Estatuto de Autonomía, posibilitando su ejercicio dentro de los límites del actual marco legislativo y haciéndolo extensible a los mayores de 16 años con vecindad en Andalucía.
ADAPTACIÓN DE REGLAMENTOS DE PARTICIPACIÓN DE AYUNTAMIENTOS
Una vez aprobada la ley y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses para, en el "marco de su autonomía", adaptar sus reglamentos de participación a la norma.
De acuerdo con el anteproyecto, se abren tres líneas fundamentales para hacer posible la intervención ciudadana en las decisiones de gobierno: las consultas participativas, los presupuestos participativos y la presentación directa de propuestas e iniciativas.
Este ejercicio será efectivo tanto directamente como a través de entidades de participación (organizaciones sin ánimo de lucro, plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica). Asimismo, los actuales órganos colegiados dependientes de las administraciones serán reforzados para facilitar el control ciudadano de las políticas públicas.
El ámbito de aplicación abarca las decisiones derivadas de las funciones de gobierno y administración de la comunidad autónoma y de los entes locales dentro de sus competencias. Respecto a los asuntos, destacan las medidas para hacer posible la participación en la elaboración de los presupuestos de la Junta de Andalucía. El objetivo es que la ciudadanía pueda marcar prioridades en las partidas de gasto.
El anteproyecto establece mecanismos de participación para la adopción de actuaciones públicas de singular impacto o relevancia; la elaboración de planes, programas y presupuestos; las propuestas normativas; la prestación de servicios, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Con el fin de agilizar al máximo esta intervención, está prevista la creación de una unidad específica de referencia para la democracia digital, así como de la Organización Administrativa de la Participación Ciudadana.
La futura norma, que incluirá una memoria económica, se completa con diversas medidas para incorporar el derecho de participación ciudadana a todas las políticas de la Junta y, desarrollar iniciativas de difusión y formación sobre el tema.
Fuente: Europa Press
Con el objeto de facilitar la preparación de los opositores para la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional en sus distintas Subescalas, se pone a disposición de los interesados la propuesta de temarios para la celebración de estas pruebas selectivas.
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