El vicepresidente de la Junta de Andalucía exige al Gobierno que "ponga sobre la mesa" la ley de financiación de corporaciones locales

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha exigido este viernes al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que "ponga encima de la mesa" la ley de financiación de las corporaciones locales, "comprometida por el Gobierno central".

Para Valderas, es urgente que la norma esté antes de que concluya el año con el fin de atender al "gran problema" de los municipios, así como es necesario que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir un nuevo modelo de financiación autonómica, puesto que "el actual está lesionando los intereses de Andalucía".

El vicepresidente andaluz ha realizado estas declaraciones en el municipio jiennense de Torres antes de clausurar los IX Cursos de Verano de la Universidad de Jaén (UJA), en un acto que ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Diego Montesinos; el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano, y otros representantes institucionales.

En el acto, Valderas ha disertado sobre la situación que vive la administración municipal por la "mal llamada" Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que supone un "ataque directo" y que ha sido "ampliamente contestada", según ha enfatizado.

Valderas ha reflexionado sobre la norma pronunciando la conferencia 'Problemas actuales de las corporaciones locales y análisis de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local', según ha informado la Junta.

El vicepresidente ha agradecido la oportunidad que le ha brindado la Universidad jiennense de abordar una cuestión "tan sensible" porque, según ha explicado, "la ley desordena lo que el ordenamiento local ha ido edificando" sin abordar el que es, a su juicio, el verdadero problema del municipalismo, que es la "escasa financiación y la demanda creciente de atención a los problemas derivados de la desintegración social que sufre el Estado del bienestar en España".

Así, ha advertido de que con esta norma se pretende "jibarizar la representatividad popular", siendo esta, en su opinión, una de las últimas líneas rojas que quedaban por rebasar en el "recorte permanente de democracia, derechos y servicios esenciales".

En su intervención, Valderas ha situado el debate global de la reforma de la administración pública en el proceso de "astillamiento del Estado y eliminación de nuestro modelo de convivencia", y ha situado los orígenes de esta situación en septiembre de 2011, con la modificación de la Constitución y el Pacto de Estabilidad, que dieron paso a un "proceso de desmantelamiento del Estado basado en la precariedad laboral, el ajuste duro sobre las clases medias y bajas y la eliminación de prestaciones y derechos en un contexto generalizado de limitación de las libertades públicas".

"MÁS DESIGUALDAD"

Valderas también ha realizado un breve repaso de los cambios protagonizados por la sociedad en estos últimos tres años, en los que se ha priorizado el pago de la deuda y sus intereses sobre las necesidades básicas de la población. Esto, unido al cumplimiento del déficit y a la exigencia a las comunidades autónomas para que asuman una nueva reducción de transferencias, con la consiguiente "merma" en la prestación de servicios, da lugar a "un modelo que nos hace pobres, con menos derechos y, sobre todo, más desiguales".

Ante este "modelo antisocial", que, en su opinión, se vuelve contra las personas y que ha sido contestado por los ciudadanos a través de procesos movilizadores, aboga por adoptar "decisiones audaces, comprometidas con la gente y consecuentes con un modelo social basado en el bienestar, la solidaridad y el respeto a la dignidad de las personas".

En este orden de cosas, ha reiterado la necesidad de construir un "nuevo modelo productivo, de rostro humano, vinculado a la capacidad de producir y generar riqueza donde se vive y de redistribuir equitativamente frente a la lógica de la acumulación infinita".

En otro momento de su intervención, el vicepresidente ha señalado que "la reforma local es una pieza más dentro del proceso de demolición del Estado, de quiebra de la convivencia y de agravamiento de la desigualdad", y frente a esta propuesta ha abogado por "un modelo alternativo e intensamente participativo", en línea con la acción del Gobierno andaluz que promueve y iniciativas y leyes como las de Memoria Democrática, Participación Ciudadana o la de Transparencia.

Para Valderas, la Ley de Reforma Local responde a propuestas de sectores conservadores que aspiran a un "Estado frágil en el que partidos políticos y organizaciones sindicales o empresariales no sean más que correas de transmisión de los intereses de una élite que en 20 personas acumula más riqueza que el 20 por ciento de la población española".

Una élite que "no acepta que la sociedad exprese su malestar y que, en lugar de reconducir su política y atender a la demanda de la sociedad, cambia las reglas del juego democrático". Así lo demuestra, en su opinión, la reforma de la ley electoral que pretende el Gobierno para "evitar la posible pérdida numerosas ciudades españolas en las próximas elecciones municipales", de forma que para Valderas es en esta lógica donde se inscribe la reforma de la Administración local.

Igualmente, ha criticado la "parálisis" y el cese de determinados servicios municipales que provoca la nueva ley, incidiendo directamente en la ciudadanía, y también la norma "plagada no sólo de contradicciones en su construcción jurídica, sino llena de contrasentidos políticos", como revela el dato de que el 90 por ciento de los ayuntamientos españoles --un total de 7.300-- presentan una situación presupuestaria positiva, y son los que mejor están cumplimiento la reducción del déficit, según información del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, "se les aplica un nuevo recorte de más de 7.000 millones de euros".

De ahí que el Ejecutivo autonómico y el Parlamento hayan recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado negativamente sobre la misma. Según ha explicado Valderas, esta circunstancia, unida al pronunciamiento del Consejo de Estado en términos similares, debería ser suficiente para que el Gobierno paralizase la aplicación de la ley, poniendo fin a las "peligrosas consecuencias e inseguridad jurídica" que conlleva.

Con el fin de anticiparse a posibles "efectos irreparables", la Junta ha aprobado un decreto-ley que pretende aclarar y resolver las dudas jurídicas que genera la ley y evitar "disfunciones" en la prestación de servicios públicos, así como de "vacíos competenciales" en materias como sanidad, educación o servicios sociales. De este modo, se facilita a los ayuntamientos y entidades locales el cumplimiento de las competencias reconocidas en la Ley de Autonomía Local de Andalucía.

RESPALDO AL MUNICIPALISMO

De este modo, "Andalucía está en el camino adecuado", respaldando el municipalismo al que actualmente destina 1.400 millones de euros a través de programas específicos como los de 'Empleo Joven' y 'Empleo 30+' y medidas en favor de la inclusión social, entre otras actuaciones.

Valderas ha resaltado la apuesta de la Junta en defensa de un "modelo social justo, redistributivo y capaz de atender mediante mecanismos de solidaridad a todos aquellos que precisan de respuesta urgente", para lo cual ha apelado al "esfuerzo colectivo para oponernos a un proyecto económico y social fracasado", que facilita la desigualdad, como, según ha añadido, evidencian los 27 millones de desempleados y 120 millones de pobres de la Unión Europea.

Por último, el vicepresidente ha hecho un llamamiento "a la construcción, a la rebeldía, a la acción consciente y organizada y a la defensa de la política contra los miedos de los hombres".

Fuente: Europa Press

El informe sobre el mapa local asturiano concluye que la estructura actual de concejos es viable

No hay un número excesivo de municipios.

El pleno de la Comisión Asturiana de Administración Local (CAAL) ha analizado este jueves el estudio sobre el mapa local asturiano elaborado por la consultora EIN, que refleja que la estructura actual de concejos es viable.

El informe, después de analizar los municipios asturianos desde el punto de vista geográfico, demográfico y económico, entre otras cuestiones, llega a una serie de conclusiones entre las que destaca que el Principado no cuenta con graves problemas de administración y gestión local y que, por tanto, no sería necesario alterar la configuración de concejos.

"La conclusión inicial a la que llega el estudio es que Asturias no tiene un problema de dimensionamiento de su mapa local, es decir, que no hay un número excesivo de municipios en la región, especialmente si establecemos comparaciones con la media de España o con cualquiera de las otras comunidades autónomas", ha explicado el viceconsejero de Administraciones Públicas, Álvaro Álvarez.

El estudio también ofrece distintas propuestas para mejorar el mapa local asturiano, entre otras, el desarrollo por ley de un régimen local propio para Asturias que articule el mapa local y facilite una definición clara de las competencias y de los servicios municipales. La norma, indica el informe, también serviría como respuesta a los nuevos retos que deben afrontar los concejos tras la entrada en vigor de la reforma local.

En este sentido, Álvaro Álvarez ha explicado que el informe propone que el Principado ejerza sus competencias en esta cuestión y tome la iniciativa para regular por ley un sistema propio del régimen local asturiano "que dé respuesta a los retos de futuro que son ya una realidad".

La apuesta por el municipalismo es otro de los puntos que destaca el documento, que establece que el modelo idóneo para Asturias es aquel que prime la prestación de servicios desde la administración más cercana al ciudadano, garantizando de esa manera la autonomía municipal y reservando para el Principado un papel coordinador y de cohesión del territorio.

El pleno de la CAAL también ha decidido formar un grupo de trabajo para, una vez analizado el informe, trasladar al Gobierno del Principado una serie de propuestas para crear un nuevo modelo de cooperación local. El grupo de trabajo estará formado por representantes municipales y de la Administración autonómica.

"Se trata de definir un nuevo modelo de cooperación intermunicipal y también de cooperación entre los ayuntamientos y el Principado, de manera que se pueda sustituir  de manera eficiente el vigente hasta ahora, que ha quedado totalmente desvirtuado con la aplicación de la reforma local", ha subrayado Álvarez.

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"El proceso de transformación para la Administración del Siglo XXI”

Los próximos 11 y 12 de septiembre se celebran unas jornadas sobre Gestión e Innovación Pública organizadas por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y dirigidas preferentemente a Habilitados Nacionales, a cuerpos de gestión de los grupos A1 y A2 y profesorado y estudiantes del Grado de Gestión y Administración Pública, nacen como punto de encuentro de profesionales del sector público para el análisis de los temas de actualidad relacionados con la administración electrónica.

La temática de las jornadas abordará cuestiones como los retos a los que la administración pública se enfrenta cada día que se han de implantar para prestar servicios del siglo XXI a la ciudadanía y empresas.

El buen gobierno, la transparencia, los datos abiertos, la nueva ley de procedimiento administrativo, la contratación y la facturación electrónica y la nueva instrucción del modelo normal de contabilidad local también serán debatidas.

El Gobierno aborda hoy la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones

El Gobierno tiene previsto dar luz verde en la reunión de este viernes del Consejo de Ministros a un decreto por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, que se abordó en la reunión del último Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de junio.

La reunión del Consejo de Ministros de hoy estará presidida por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y contará con todos los miembros de su gabinete a excepción de la titular de Fomento, Ana Pastor, que asistirá en Santiago de Compostela a la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago.

El citado real decreto da cumplimiento a la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que se introducía el concepto de periodo medio de pagos (PMP) como expresión del volumen de la deuda comercial, y se establecía la obligación de que todas las Administraciones Públicas hagan público su periodo medio de pagos.

Asimismo, la norma responde a la recomendación recogida en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) de controlar la deuda comercial y erradicar la morosidad de las administraciones públicas mediante la creación un instrumento que permita un control generalizado y eficaz.

El periodo medio de pago a proveedores deberá calcularse teniendo en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable creado tras la aprobación de la ley de impulso de la factura electrónica.

Además de las diferentes fórmulas para calcular el periodo medio de pago en función de las circunstancias, el texto avanzado por el Ministerio de Hacienda especifica los plazos en los que las administraciones deberán publicar sus datos al respecto para que éstos sean después analizados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el objetivo de detectar posibles incumplimientos.

En el caso de que el Ministerio detecte que se ha producido un incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores, el decreto establece que deberá solicitar la información necesaria para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se le va a retener a la Comunidad Autónoma incumplidora de su financiación. En el caso de las entidades locales la retención será de su participación en los tributos del Estado.

El real decreto señala asimismo que el procedimiento de retención finalizará para las Comunidades Autónomas cuando éstas cumplan con el plazo máximo de pago durante seis meses consecutivos.

Asimismo, se especifica que el Ministerio sólo podrá abonar directamente las facturas que cumplan una serie de requisitos, como por ejemplo, que deriven de obligaciones vencidas, líquidas y exigibles, que hayan sido presentadas en un registro administrativo con posterioridad al 1 de enero de 2014 o que la obligación se encuentre aplicada en los presupuestos o estados contables de la entidad.

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