Hacienda aún no comunicó a los municipios cómo se calculará el coste de los servicios

Los ayuntamientos, que tendrán que publicar el gasto de cada prestación, alertan de los problemas que puede acarrearles no cumplir con los plazos en plena reforma local.

La reforma local impulsada por el Gobierno central se desarrolla a trompicones. Hace pocos días se supo que los términos de la nueva ley no han tenido incidencia apenas en las administraciones autonómica y locales. Ejecutivos regionales han puesto, incluso, en tela de juicio la aplicación de la norma hasta no contar con la financiación correspondiente que sufrague los esfuerzos económicos extraordinarios que tendrán que asumir en el nuevo contexto.

Los ayuntamientos, mientras, afrontan este proceso de adaptación con cierta «incertidumbre». Este es el término que utiliza un destacado alcalde asturiano cuando se le pregunta sobre cómo está siendo el acomodo a la reforma local. El decreto, aprobado hace poco más de una semana por el Principado, para facilitar esa adaptación de los municipios al nuevo escenario no ha cambiado excesivamente esta situación de impasse. Todavía hay muchas interrogantes sin descifrar para los alcaldes, que consideran que el Ministerio de Hacienda tuvo mucha prisa en impulsar el texto pero no articuló las medidas que deben ir implícitas en el cumplimiento de la norma.

Eso mismo, recuerdan las fuentes consultadas, ocurre con el coste efectivo de los servicios. A día de hoy, el departamento que dirige Cristóbal Montoro todavía no tiene hecho el cálculo que se utilizará para definir cuánto supone en términos económicos el desarrollo de una prestación para cualquier ayuntamiento. Sin esa estimación, difícilmente podrá ponerse negro sobre blanco en la reforma local antes de final de año.

Información pública

El proyecto para establecer los criterios salió a información pública el pasado mes de mayo pero los ayuntamientos no han tenido comunicación oficial sobre las pautas que se establecerán para hacer las correspondientes estimaciones.

Si atendemos a los plazos a los que ajusta Hacienda desde principios de año, cuando entró en vigor la reforma, los métodos de cálculo deberían estar listos ya para trasladarlos a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Hay que tener presente, que los consistorios tienen que estar en disposición de publicar el 1 de noviembre ese coste estándar, como primer paso para saber si pueden o no ofrecer determinado servicio.

Esta misma semana, el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, pidió al Gobierno más «agilidad» a la hora de tramitar decretos y normativas para que la aplicación de la ley se realice de forma «coordinada». Su petición encontró respuesta en la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. La titular de este área, Rosana Navarro, se limitó a asegurar que el Ministerio de Hacienda está trabajando en los métodos que se emplearán para hacer los cálculos, aunque no precisó si estarán listos antes del verano como reclaman los ayuntamientos. Existe temor entre los consistorios en no disponer de tiempo suficiente (dadas las limitaciones de personal que sufren muchos de ellos) para cumplir con las exigencias de Hacienda.

Fuente: El Comercio Digital

Las diputaciones catalanas piden más blindaje de la ley catalana local contra la reforma estatal "recentralizadora"

Las diputaciones catalanas han pedido este jueves un mayor blindaje a la futura ley de Gobiernos locales de Catalunya ante a la reforma local estatal de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Rsal).

"Se debería redefinir el proyecto para dar respuesta a la reforma local", ha destacado el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, que ha advertido de que la ley catalana es, en sus palabras, la única esperanza de muro de contención contra la normal estatal.

Además, ha considerado que el proyecto catalán no define suficientemente el papel de las diputaciones, mientras que el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, ha reiterado que la ley local catalana debe blindar las administraciones locales frente la Rsal y actuar como "un escudo".

El presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet, ha apostado por que la nueva ley apoye y refuerce el papel de la administración local, y ha destacado que debería "ir en esta dirección y cortar el paso a las normas que no lo hacen".

El presidente de la Diputación de Girona, Joan Giraut, ha resaltado la importancia de las diputaciones: "Con este nombre o con el de vegueries, necesitamos una herramienta de vertebración de los municipios", y ha destacado también el papel de los consejos comarcales, advirtiendo de que sería un error prescindir de ellos.

Han destacado que la reforma local estatal es recentralizadora y representa, según palabras de Reñé, un golpe de Estado a la autonomía local, mientras que Esteve ha destacado que es "diametralmente opuesta a las diputaciones catalanas".

"Si se llega a poner en práctica totalmente, trastoca el municipalismo y se trastorna lo que significan los alcaldes y los Ayuntamientos", ha criticado Esteve, pero ha confiado en que no se aplicará en su totalidad porque es, en sus palabras, una chapuza.

Poblet ha resaltado que la reforma utiliza la situación económica como argumento para controlar a los ayuntamientos desde el Estado, mientras que Giraut ha reconocido que la administración local tiene "mucho camino por recorrer, pero no a base de que el Gobierno central le usurpe competencias".

FINANCIACIÓN

Reñé ha resaltado que la ley local catalana debería acompañarse de una reforma de su financiación porque, si se mantienen o incrementan sus competencias pero no aumenta su financiación, difícilmente podrán cubrir los servicios: "Necesitamos más recursos para dar mejores servicios".

Han resaltado en un desayuno informativo organizado por Alcaldes.eu que las administraciones locales deben potenciar herramientas de transparencia para recuperar la confianza de los ciudadanos y aprovechar la proximidad con la que operan para ganar credibilidad.

Preguntados por los retos de futuro de las diputaciones, han priorizado tanto combatir la crisis económica y el paro como el proceso soberanista, sobre el que Esteve ha puntualizado que se deberá construir una estructura de Estado y perfilar el sistema de recaudación de impuestos.

En este sentido, Giraut ha apostado por que "las diputaciones puedan convertirse en la agencia tributaria de Catalunya", después de que los cuatro órganos supramunicipales ya pusieran en marcha en febrero con la Generalitat una red de oficinas de recaudación de impuestos locales y autonómicos bajo el nombre de Tributs de Catalunya.

Fuente: Europa Press

El Presidente de la FEMP considera que tras los próximos comiciosmunicipales debe gobernar la lista más votada

“Se trata de acercar el sistema de representación y gobernabilidad a la voluntad democrática de los ciudadanos”, ha dicho. En la Junta de Gobierno y en el Consejo Territorial plantea a los diferentes grupos políticos que manifiesten su posición y, en su caso, la fórmula de modificación de la Ley Electoral que consideren más adecuada. La FEMP insiste en su demanda de flexibilización del techo de gasto de los Gobiernos Locales y recuerda el compromiso local con la sostenibilidad económica y las buenas cifras de sus balances

El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha propuesto esta mañana que tras los próximos comicios municipales de 2015, los Ayuntamientos sean gobernados por la lista más votada, de forma que la composición de los Gobiernos Locales  responda con más fidelidad a los resultados de las urnas y, en consecuencia, a la voluntad ciudadana.

En su intervención ante los miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo Territorial de la FEMP, reunidos hoy, De la Serna ha señalado que con esta propuesta “se trata de acercar el sistema de representación y gobernabilidad a la voluntad democrática de los ciudadanos”. Por ello, en ambos encuentros, ha planteado a los diferentes grupos políticos que trasladen su posición y, en su caso, la fórmula de modificación que consideren más adecuada.

Este planteamiento, en consonancia con el debate público abierto en torno a la elección de Alcaldes, ha sido expuesto. El Grupo Socialista ha considerado que éste no es el momento oportuno para plantear la cuestión mientras que el resto de los grupos políticos no han manifestado su postura.

Techo de gasto

En ambos foros también ha insistido en buscar cuanto antes las vías que permitan a las Entidades Locales españolas la flexibilización de su techo de gasto. Y ha pedido avanzar en esta cuestión, que ya se está estudiando en el marco de uno de los grupos de trabajo constituidos por la FEMP y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, porque “resulta fundamental para impulsar la actividad económica en los territorios y favorecer la creación de empleo”. 

A su juicio, es preciso buscar una alternativa a la normativa actual que limita la cantidad máxima que los Ayuntamientos pueden destinar al gasto en sus presupuestos. Al respecto, la FEMP propone que la referencia al techo de gasto se haga sobre presupuesto aprobado y no sobre presupuesto liquidado, y que se permita ampliar la actual lista de excepciones para el cumplimiento del techo de gasto.

De la Serna ha informado sobre los buenos resultados con que las Entidades Locales españolas han cerrado el primer trimestre del año, y que se resumen en un superávit de 2.010 millones de euros, “conseguidos con un gran esfuerzo, en un escenario en el que hemos contado con menos ingresos y en el que hemos sido capaces de reducir nuestros gastos sin privar de servicios a los ciudadanos”.

Las cifras, aportadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a las que se ha referido el también Alcalde de Santander, muestran que los ajustes más significativos se han producido en los capítulos de masa salarial, que se redujo en 213 millones de euros (un 4,56% por debajo del mismo periodo de 2013) y en los denominados Consumos Intermedios, que bajaron un 3,9% hasta quedar situados en 3.520 millones de euros.

El pago de intereses también disminuyó, pasando de 296 a 290 millones de euros, al igual que ocurrió con las subvenciones (de 364 millones a 334).

Fondos Europeos

Por otro lado, el Presidente ha informado a la Junta de Gobierno sobre las últimas novedades relativas a Fondos Europeos, concretamente al Programa Operativo sobre Crecimiento Sostenible. Este programa, específico para proyectos locales relativos a Economía Baja en Carbono (EBC) y a Desarrollo Urbano Sostenible, está dotado con un total de 1.500 millones de euros, de los que 500 millones se dirigen al primer objetivo y casi 1.000 al segundo.

Pendiente aún de definirse el catálogo final de los primeros, De la Serna mostró la plena disposición de la FEMP a colaborar con el Gobierno y la Unión Europea para aportar propuestas a dicho catálogo, y también su total disponibilidad para facilitar la mayor información posible sobre estos Fondos a las Entidades Locales, a las que recomienda que comiencen ya a desarrollar sus respectivas estrategias integradas de desarrollo urbano sostenible, con el fin de que a principios de 2015, cuando salgan las convocatorias de los proyectos de Desarrollo Urbano Sostenible, puedan cumplir el requisito de disponer de una estrategia integrada.

Fuente: FEMP

Gipuzkoa busca blindarse ante la reforma local

La Diputación de Gipuzkoa presentó ayer ante 125 representantes políticos y técnicos de los ayuntamientos del territorio las líneas principales de un anteproyecto de norma foral con el que pretende «hacer frente» a la ley de racionalización de la administración local. La Diputación explicó que la norma que prepara pretende desarrollar la especificidad foral y aprovechar las excepciones relativas a la singularidad foral que contiene la propia ley.

La ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Foral significa, según la Diputación, «una merma importante para la autonomía municipal, puesto que refuerza la intervención exterior». Por el contrario, el anteproyecto elaborado por la Diputación «quiere ser respetuoso con la autonomía municipal» y garantizar el mismo nivel de autonomía que tenían hasta ahora los municipios de Gipuzkoa, más allá de la ley de racionalización.

Fuente: Diario Vasco