UPyD propone que Cantabria tenga 17 municipios y ahorre más de 15,5 millones de euros al año

En lugar de los 102 actuales.

Se suprimirían 85 puestos de alcalde y 634 de concejal.

UPyD ha propuesto fusionar los 102 municipios que tiene Cantabria en solo 17 y, como consecuencia, suprimir 85 puestos de alcalde y  634 de concejal, lo que supondría un ahorro mínimo de más de 15,5 millones de euros y además mejoraría la calidad de vida de todos los vecinos.

Así lo ha manifestado este jueves en rueda de prensa el coordinador de UPyD Cantabria, Román San Emeterio, para quien "es el momento" de abrir el debate en Cantabria sobre esta propuesta, que la formación llevará en su programa electoral de cara a los comicios autonómicos y locales de 2015, y que presentará al resto de grupos políticos para su debate porque es una competencia autonómica.

"Cantabria es competente para reordenar su mapa municipal independientemente de lo que hagan las demás comunidades de España", ha señalado San Emeterio, apuntando que esta práctica ya se ha realizado en numerosos países de Europa con resultados "positivos" en servicios y ahorro de dinero público.

En este sentido, UPyD, que considera "increíble" que una comunidad con 600.000 habitantes (que es la población de ciudades como Zaragoza o Málaga) tenga 102 ayuntamientos, propone reducirlos a 17, de entre 15.000 y 20.000 habitantes cada uno, que es la que se considera mejor ratio de inversión por habitante.

Al respecto, propone la creación de los municipios de Santander (con dos localidades, Santander y Bezana), Besaya (con siete: Torrelavega, Suances, Reocín, Cartes, Polanco, Miengo y Santillana del Mar); Castro-Guriezo; Camargo; Asón (con siete: Laredo, Colindres, Ampuero, Voto, Limpias, Rasines y Liendo); y Trasmiera (con diez: Santoña, Bárcena de Cicero, Noja, Arnuero, Bareyo, Meruelo, Argoños, Hazas de Cesto, Solórzano y Escalante).

Igualmente se crearían los municipios de Miera (integrado por Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo, Entrambasaguas, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Liérganes, Riotuerto, Miera y San Roque de Riomiera); Piélagos; Saja-Corona (Cabezón de la Sal, Alfoz de Lloredo, Comillas, Valdáliga, Mazcuerras, Cabuérniga, Ruente, Udías, Ruiloba y Los Tojos); y Astillero-Villaescusa.

También se crearían los municipios de Campoo Los Valles (compuesto por Reinosa, Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Valeolea, Valderredible, Campoo de Yuso, Valdeprado del Río, Santiurde de Reinosa, Las Rozas de Valdearroyo, San Miguel de Agüayo y Pesquera); Iguña y Buelna (Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Arenas de Iguña, Molledo, Bárcena de Pie de Concha, Cieza y Anievas); y Pisueña (Santa María de Cayón, Castañeda, Selaya, Penagos, Villacarriedo, Villafufre y Saro).

Se constituirían además los municipios de Nansa (San Vicente de la Barquera, Herrerías, Lamason, Polaciones, Rionansa y Tudanca), Pas (Puente Viesgo, Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo, Vega de Pas, Luena y San Pedro del Romeral); Liébana (Potes, Camaleño, Vega de Liébana, Cabezón de Liébana, Peñarrubia, Pesaguero, Tresviso y Cillorigo de Liébana); y Alto Asón (Ramales de la Victoria, Soba, Ruesga, Arredondo y Valle de Villaverde).

Ello supondría un ahorro anual mínimo de 15,5 millones, un 4%, al que se sumarían los gastos correspondientes a las dietas y retribuciones de asistencia a plenos y comisiones de 85 alcaldes y 634 concejales que se suprimirían, así como los cargos de confianza.

San Emeterio ha defendido que, aún si fuera "cero el ahorro" de implantar esta medida en Cantabria, el número "más sensato" de municipios constituiría "suficiente justificación para hacerlo", subrayando que "no es una cuestión de identidad sino de servicios al ciudadano". "No es una propuesta para fortalecer egos sino para ofrecer soluciones a la vida cotidiana", ha insistido.

San Emeterio ha explicado que para UPyD los municipios "no son fines en sí mismos sino medios para el servicio de la sociedad", y ha lamentado que la organización municipal es "la que menos se ha adaptado a los tiempos", manteniendo un mapa "centenario y parroquial".

En este sentido, ha criticado que la última reforma del municipalismo ha servido para "conservar estructuras", muchas de ellas "de cartón piedra", y "eso no es municipalismo".

El coordinador de UPyD, que ha reiterado que se trata de una propuesta con la que su partido pretende iniciar el debate para fusionar municipios, ha opinado que este tipo de medidas no se han implantado en España --aunque sí en diversos países europeos-- porque los partidos políticos dejarían de ingresar "cantidades de dinero más que considerables vía presupuesto municipal". Al respecto, ha subrayado que el 70% de la financiación de los partidos políticos procede de los fondos municipales.

Fuente: Europa Press

La Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) elogia la "mayor corresponsabilidad" de los municipios

La Junta defiende que dichas áreas "no suponen nuevas administraciones", sino "sólo delimitar el terreno de juego sin señalar quién va a jugar".

La presidenta de la Comisión del Pacto Territorial de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP), Rosa Valdeón, ha elogiado la "mayor corresponsabilidad" que las nuevas áreas funcionales estables suponen para los municipios de la Comunidad a pesar de que ha admitido la aparición de "algunas dudas" en el desarrollo de este mapa, algo que ha considerado "normal" en la puesta en marcha de cualquier modelo nuevo.

En declaraciones previas a la reunión de la Comisión, celebrada este miércoles en la sede de la Federación, Valdeón ha subrayado el "mensaje de esperanza" que para las entidades locales supone el nuevo modelo, ya que la posibilidad de compartir servicios que establece estas áreas "mejora la lucha contra la despoblación". "Si los ciudadanos no tienen servicios en el lugar en el que viven, se van", ha sentenciado la también alcaldesa de Zamora.

Fuente: Europa Press

El Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León cifra en 280 millones el ahorro que supondrá la reforma de la Administración

El PSOE duda de que se produzca ese ahorro y tacha la norma de "ley saco" que "genera más problemas de los que resuelve".

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado que con las 65 medidas aprobadas en enero y la futura Ley de Reforma de la Administración se llegará a un ahorro de 280 millones de euros, por lo que ha confiado en que finalmente se pueda cerrar un acuerdo en torno a esta normativa.

De Santiago-Juárez ha defendido estas cifras en su intervención ante la Cámara para debatir la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE a este Proyecto de Ley, una petición de devolución que finalmente ha sido rechazada con el voto en contra del PP.

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, ha defendido la enmienda socialista y ha puesto en duda las cifras planteadas por el consejero de la Presidencia, al tiempo que ha tachado la norma de "ley saco" porque modifica otras 44 leyes y ha considerado que "genera más problemas de los que resuelve".

"Se trata de un Proyecto de Ley en contra de los intereses públicos, en contra d ellos empleados públicos, en contra de la transparencia y en contra del fortalecimiento de los servicios públicos", ha lamentado el procurador socialista.

En su argumentación, Martín ha asegurado que la Junta ha reducido sus plantillas en 3.000 empleados públicos, una situación a la que hay que sumar las "irregularidades y corruptelas" que "empañan" la gestión de las empresas públicas y fundaciones de la Junta y la externalización de funciones que "encarecen y duplican" el coste de servicios.

De este modo ha lamentado que esta norma no aborde "ninguno de estos problemas" y, sin embargo "somete a la administración a un proceso de delimitación de servicios para evitar ataques".

Asimismo, ha insistido en que la austeridad que, como ha defendido el consejero de la Presidencia, se ha practicado por parte de la Junta "no está probada" y se "desconoce" su repercusión económica, tras lo que ha considerado que la norma "abre la puerta" a la privatización de servicios.

Finalmente, Martín ha asegurado desconocer por qué la norma se tramita con "urgencia", ya que, a su juicio, "no es oportuno un cambio de modelo".

Tras esta intervención, el procurador del PP Salvador Cruz ha defendido la norma por ser "importante para el conjunto de los ciudadanos", tras lo que ha insistido en que la administración de la Comunidad es "austera". "Esta norma pone de manifiesto el afán reformista del Gobierno", ha señalado.

"No hemos sido conformistas y hemos continuado un proceso reformista", ha manifestado Cruz, quien ha insistido en que el voto del PP en contra de la enmienda socialista se basa en que la norma logrará una administración "más eficiente" y "optimizará recursos".

Por último, el procurador del Grupo Mixto José María González ha apoyado la enmienda socialista porque el proyecto de ley "disminuye la seguridad jurídica" y limita la participación de los empleados públicos en la negociación. "Es una degeneración democrática".

LA LEY

El Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León modifica un total de 44 normas para la ejecución y desarrolla las 65 medidas fijadas por el Ejecutivo el pasado mes de enero para reordenar la Administración.

Según ha detallado el portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, este proyecto de ley se estructura en tres bloques que afectan a los recursos humanos y a la simplificación y organización de una administración "más eficaz, más ágil, más modernizada y mejor adaptada a las necesidades del siglo XXI".

Las medidas referentes a recursos humanos buscan regular y mejorar las posibilidades de hacer frente a las necesidades temporales de personal, simplificar las funciones del Consejo de Función Pública y simplificar la tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo -RPT- y plantillas que se realizará por acuerdo de la Junta y no por decreto, como hasta la fecha.

El Proyecto de Ley consta de 42 artículos, estructurados en cuatro títulos: uno preliminar y tres dedicados respectivamente a las medidas sobre recursos humanos, simplificación y organización; este último se desglosa en cuatro capítulos: organización de la Administración de la Comunidad, órganos de Cooperación Local, coordinación interdepartamental y órganos de asesoramiento y participación. Por último, se añaden tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales.

Fuente: Europa Press

El Consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid sostiene que la Ley de Adaptación a la Reforma Local garantiza la continuidad de los servicios públicos

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha asegurado este martes que el proyecto de ley de adaptación del régimen local de la Comunidad de Madrid a la reforma local tiene el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales prestados por los ayuntamientos y de la colaboración con la Comunidad de Madrid para la prestación de dichos servicios, así como la permanencia de las mancomunidades.

Así lo ha explicado en la presentación del proyecto de ley ante el Pleno de la Asamblea, donde los grupos de la oposición (UPyD, IU y PSOE) han defendido sus respectivas enmiendas a la totalidad con devolución al Gobierno de la Comunidad del citado proyecto de ley, rechazadas en votación.

Victoria ha destacado que el Gobierno regional ha optado por adaptar el régimen local de la región a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local "con luz y taquígrafos", mediante una norma del máximo rango en vez de otro instrumento como podría haber sido una circular, para que genere "seguridad jurídica" en la colaboración entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos.

Dicha colaboración se articula mediante "innumerables convenios" en materia de educación, sanidad, violencia de género o con la Agencia Antidroga, los cuales tendrían "un halo de incertidumbre" si no fuera por la aprobación de este proyecto de ley, como espera que suceda en la Cámara, a la espera de la defensa de las enmiendas parciales en el Pleno previsto para el día 22.

Un total de 308 centros escolares tienen convenio con la Comunidad de Madrid, que mantiene con los ayuntamientos otros 148 convenios en materia de educación infantil y 51 en materia de violencia de género, a los que se suman otros 16 convenios de prevención y asistencia que hay entre la Agencia Antidroga con ayuntamientos y dos con mancomunidades.

El consejero responsable de los temas relacionados con las administraciones locales ha hecho hincapié en que el proyecto de ley "también garantiza la continuidad de los servicios públicos obligatorios en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes", que afectan a más de 600.000 ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

En cuanto al procedimiento elegido para su tramitación, ha dicho que "algunos pueden discutir esa urgencia" pero la continuidad de los servicios públicos esenciales "justifica que lo antes posible se cuente con un marco jurídico cierto como este proyecto de ley supone".

En este punto, ha subrayado que la reforma local suponía el fin de las mancomunidades de servicios municipales si no se adaptaban antes del 30 de junio, mientras que el proyecto de ley "permite la continuidad de las mancomunidades que lo estimen oportuno".

SEIS DE CADA DIEZ ALCALDES SIN SUELDO

Victoria ha puesto de manifiesto la "vocación municipalista" del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el cual ha dicho que reconoce la labor de los ayuntamientos y de todos y cada uno de los alcaldes y el esfuerzo que han venido desarrollando en los últimos años para adaptarse al escenario económico manteniendo los servicios públicos esenciales de su competencia.

En esta línea, Victoria ha puesto de manifiesto la "vocación de servicio público" de los alcaldes de la Comunidad, donde un total de 106 alcaldes de los 179 municipios no perciben ningún sueldo, luego seis de cada diez alcaldes no tienen un sueldo.

"INCURRE EN LOS MISMOS PROBLEMAS"

Por su parte, el diputado de UPyD Ramón Marcos ha criticado que el proyecto de ley "incurre en los mismo problemas y no ayuda a solucionar ninguno de los que no ha resuelto la ley estatal",  ya que no afronta el problema de las duplicidades

Asimismo, el diputado magenta ha señalado que la ley no recoge la fusión de municipios, al tiempo que ha sostenido que la Comunidad de Madrid debería apostar por ello al contar con 140 municipios con menos de 20.000 habitantes, en lugar de apostar por mantener las mancomunidades, a las que se ha referido por órganos "poco democráticos y altamente ineficientes".

Por otro lado, ha dicho que el Gobierno regional no ha optado por el cambio y la mejora del funcionamiento de la administración local a través de la reducción de estructuras y la exigencia de auditorías, así como por la lucha contra la corrupción (en este punto se ha referido a Brunete) y la profesionalización.

ES "INCONSTITUCIONAL"

El diputado de IU Antero Ruiz ha rechazado el proyecto de ley por  "inviable e inconstitucional, carecer de memoria económica y ser un foco de conflictividad permanente".

A su juicio, impone el control de una "administración superior" sobre las corporaciones locales, que se quieren convertir en meras oficinas administrativas, mientras no se atiende a las necesidades reales de los municipios, porque carece de memoria económica.

Por otra parte, ha advertido de que con esta reforma se recortará el empleo público y se dejará a más de 30.000 trabajadores sin empleo. "Es decir, menos personal, menos servicios y más futuro para un muy discutible sector privado de eficacia cada vez menos acreditada", ha aseverado.

PSOE PIDE DEMOSTRAR LA VOCACIÓN MUNICIPALISTA

Desde el Grupo Socialista, el diputado José Luis García Sánchez ha negado la vocación municipalista del Gobierno regional, al que ha pedido que lo demuestre con hechos.

García Sánchez ha defendido el principio de autonomía de los municipios que recoge la Constitución Española y la Carta Europea de Autonomía Local, al tiempo que se ha referido a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local como un "atentado" contra la Constitución y la Carta Europea, como dicen el Consejo de Estado y 2.393 ayuntamientos que la han recurrido al Tribunal Constitucional, que representan a 17 millones de españoles de todas las ideologías.

"La Ley de Reforma de la Administración Local que ustedes pretenden trasladar a nuestra Comunidad, es una ley que viola el mandato constitucional que obliga al Estado al ser el garante de la autonomía de los municipios, una ley que vacía de contenido a instituciones elegidas por los ciudadanos mientras da trato preferente a instituciones como las Diputaciones Provinciales, carentes de la legitimidad que da la democracia directa", ha afirmado.

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