La oposición registra enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de la Comunidad de Madrid para adaptar la legislación regional a la reforma local

Todos los grupos de la oposición han registrado enmiendas a la totalidad del proyecto de ley presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para adaptar la legislación regional a la reforma local, las cuales se debatirán en el próximo pleno, que tendrá lugar el 15 de julio.

El orden del día del pleno incluye este punto, así como el del dictamen de la Comisión de estudio de la posible reforma electoral de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, el 22 de julio se debatirán las enmiendas parciales y este mismo día termina el plazo para presentarlas.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista Rosa Alcalá ha explicado que han presentado una enmienda a la totalidad porque el proyecto de ley "repite los mismo errores" que la ley aprobada por el Congreso de los Diputados en diciembre, "al olvidarse claramente de las competencias municipales", al tiempo que "invade aún más la autonomía municipal, limitando claramente la capacidad de acción de las corporaciones locales".

Asimismo, ha criticado que se tramite "por vía de urgencia" y "sin someterlo a consulta de los ayuntamientos, que son los que tienen que velar por los servicios que se prestan a sus ciudadanos", así como que "el proyecto de ley tiene una redacción confusa, insuficiente y contradictoria".

Por parte de IU, el diputado Antero Ruiz ha dicho que su enmienda a la totalidad responde tanto a la forma como al fondo. Ruiz ha asegurado que el proyecto de ley del Gobierno de la Comunidad de Madrid es "inconstitucional", y ha agregado que así lo constata un informe de la Abogacía, que lo considera igualmente "difícilmente aplicable" y sugiere al Ejecutivo regional que lo retire.

Por otro lado, además de presentar una enmienda a la totalidad, ha indicado que han tomado la decisión de presentar "enmiendas de supresión", a la hora de presentar enmiendas parciales --para lo que el plazo termina este mismo día--, porque el proyecto de ley es "inenmendable" y "empeora la ley original".

El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha dicho que la enmienda a la totalidad registrada por su grupo responde a que el proyecto de ley es la adaptación de la reforma local que la formación magenta rechazó en el Congreso de los Diputados, al tiempo que ha anunciado que han presentado una docena de enmiendas parciales.

"A PETICIÓN DE MUCHOS AYUNTAMIENTOS"

El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Íñigo Henríquez de Luna, ha dicho que la tramitación del proyecto de ley se ha hecho por urgencia "a petición de muchos ayuntamientos que estaban preocupados por la inseguridad y la falta de marco jurídico para poder renovar los convenios y adjudicar la gestión de muchos servicios públicos" que tienen que empezar a prestarse a la vuelta del verano.

El Grupo Popular ha registrado cuatro enmiendas parciales al proyecto de ley, dos de ellas para relanzar la Sociedad Anónima 'Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Alcalá', en la que participa la Comunidad de Madrid, con el objetivo de recuperar a través de esta los niveles de actividad del área del Corredor del Henares.

Una tercera enmienda da cumplimiento a la sentencia que declaró inconstitucional la exclusión de concejales no adscritos en comisiones informativas locales, por lo que a partir de ahora esos concejales no adscritos tendrán derecho a participar en las comisiones informativas de los ayuntamientos.

La cuarta enmienda contribuye a regular las nuevas modalidades de alojamiento turístico en apartamentos y viviendas, prohibiendo "la utilización de los establecimientos de alojamiento turístico como residencia permanente o cualquier otra finalidad distinta del uso turístico", que será considerado como una infracción muy grave, lo que podrá acarrear la "anulación de inscripción en el registro de empresa turísticas".

Fuente: Europa Press

El Senado aprueba la ley de racionalización del sector público con el apoyo del PP

Los grupos de la oposición rechazan la ley y emplazan al PP a dialogar con las corporaciones locales y las comunidades autónomas.

El Pleno del Senado ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el proyecto del ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa y ha incorporado seis enmiendas transaccionales que el PP ha pactado con otros grupos. Con estas modificaciones, el texto será remitido al Congreso de los Diputados para proceder a su aprobación definitiva.

Durante el debate en Pleno, el PP ha pactado seis enmiendas transaccionales con otros grupos parlamentarios relacionadas con las licencias deportivas únicas, los consorcios sociosanitarios y el Consejo de la Juventud que finalmente han sido aprobadas en una votación final. El resto del proyecto de ley ha recibido 147 votos a favor, 93 en contra y 3 abstenciones.

El texto, al que se han presentado 8 vetos y un total de 181 enmiendas, ha llegado al Pleno ligeramente modificado respecto al que entró en el Senado, después de que la ponencia creada para debatir y analizar la norma incorporara al dictamen la mayoría de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular. De hecho, el PP ha vuelvo a votar en contra de las enmiendas de los demás grupos.

Así, el proyecto de ley, que persigue la supresión e integración de organismos de la administración para aligerar su peso y la simplificación de trámites administrativos, sale de la Cámara Alta con el principal apoyo del Grupo Popular.

RECHAZO EN BLOQUE DE LA OPOSICIÓN

Todos los grupos de la oposición han rechazado la ley --como han venido haciendo desde el inicio de la tramitación parlamentaria-- alegando que es un proyecto "recentralizador" que invade y reduce las competencias locales y autonómicas a través de la que se pretende suprimir órganos necesarios. Sin embargo, el PP sostiene que la norma busca hacer más eficiente la Administración para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

Así, los distintos grupos han emplazado al Grupo Popular a realizar una reforma de la Administración "desde el consenso" a través del "diálogo" con las comunidades autónomas y las corporaciones locales sobre la racionalización del sector público.

Desde el Grupo Socialista, el senador Juan María Vázquez, ha recalcado que esta reforma "o se hace con consenso político y social, o no se hace". En su opinión, la ley es "ideología pura y dura" y atiende al desmantelamiento que está haciendo el PP de los servicios públicos básicos en contra de los derechos de los ciudadanos.

Además, ha denunciado la destrucción de empleo en instituciones locales frente a que "apenas" se han realizado "recortes" en la Administración General del Estado. Vázquez ha criticado especialmente la supresión de organismos sociales que contempla la ley, como el Instituto de la Mujer o el Consejo de la Juventud. Asimismo, ha reprochado al PP que no proponga "ni una sola medida de mejora, ni de innovación ni de control de cuentas".

Desde el Grupo Mixto se han mostrado muy contundentes y la senadora Ester Capella (ERC) ha subrayado que la norma no cumplirá con el objetivo de crear administraciones más eficientes. Además cree que "sustrae a las comunidades autónomas" sus competencias, y por ello, a su juicio, la ley es un "certificado de defunción" de la política autonómica fruto de la "visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado" que tiene el PP, partido que "camina" en "sentido contrario a las demandas de la ciudadanía".

ESQUINAZO AL SOBREPESO DEL SECTOR PÚBLICO

El senador de Foro Isidro Manuel Martínez ha tachado la ley de "fracaso" del Gobierno de Rajoy, al mismo tiempo que ha destacado que ésta "no responde ni de lejos" a los compromisos electorales del PP: "Hoy el Gobierno da esquinazo al problema del sobrepeso generalizado del sector público", ha lamentado, insistiendo en que la norma no mejorará la calidad de los servicios.

José Manuel Mariscal, senador del Grupo Mixto, ha enfatizado que el PP pretende hacer "lo contrario" a racionalizar el sector público y la norma atiende a la "recentralización autoritaria" que es propia de los 'populares'.

El portavoz adjunto de la Entesa, Jordi Guillot, recalcado que la ley no logrará ni la eficiencia en el gasto ni la supresión de duplicidades: "Lo que el Gobierno presenta tiene como único objetivo recortar el gasto público para cumplir con el objetivo de déficit", ha asegurado para a continuación añadir que forma parte del "paquete de recortes" y de "privatización" de esta legislatura.

Desde el PSC, el senador Joan Sabaté cree que se va a provocar un deterioro de los servicios públicos. Además, ha hecho hincapié en que el Consejo de Estado recomienda cambiar el título a la norma para ajustarlo al contenido de ésta.

"No hay una sola medida de innovación que mejore la eficacia y eficiencia" ni que suponga "una adaptación" de la Administración "a los nuevos tiempos", ha señalado. A su juicio, el PP "ha cogido las tijeras de nuevo" para "recortar, reducir y privatizar".

Asimismo, la senadora del PNV Rut Martínez, durante la defensa del veto de su grupo, ha aseverado que la ley "ni ordena, ni reduce costes ni mejora la eficiencia" y ha explicado que se aproxima a un "desmantelamiento del Estado de Autonomías" y de "lo público" y que es contraria al ordenamiento jurídico.

Por su parte, el senador de CiU Ferran Bel ha dicho que el proyecto de ley vulnera varias leyes y, en concreto, los estatutos de autonomía de las comunidades. También ha defendido que "empeora los avances" conseguidos en los últimos 30 años en la configuración de un Estado descentralizado en el que la administración local y autonómica tienen "un papel relevante"

PP: LA IZQUIERDA PUSO EN PELIGRO LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En respuesta a la oposición, el senador 'popular' Juan Antonio de las Heras ha contestado a cada uno de los senadores que han intervenido, y se ha defendido asegurando que "quien puso en peligro los servicios públicos básicos" en España "fue la izquierda". En concreto, se ha referido a la herencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "que llevó al país a la banca rota".

Para De las Heras la ley no vulnera ninguna competencia autonómica en ningún ámbito y garantiza la eficiencia de las administraciones. Así ha defendido que los servicios públicos han sido "puestos en alza y en valor" por el PP y ha asegurado que no responde a una cuestión ideológica.

Sobre la falta de acuerdo, ha aseverado que el Parlamento español "legisla en base a una mayoría que otorgó el pueblo español" y ha aseverado que la nueva reforma atiende a las críticas recogidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

En este sentido, también ha manifestado que desde el Grupo Popular tienen la sensación de que los grupos de oposición son como "el perro de hortelano, que ni come ni deja comer": "Basta presentar un proyecto de ley para darle hasta en el cielo del paladar", ha zanjado.

Fuente: Europa Press 

Asturias aprueba un decreto para evitar que los ayuntamientos tengan que devolver competencias impropias

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un decreto que regulará la emisión de informes sobre la prestación de servicios de las llamadas competencias "impropias" de los Ayuntamientos para discernir cuáles deberían pasar a manos autonómicas y cuáles podrían seguir siendo responsabilidad municipal. El objetivo es posibilitar en la medida de lo posible que las Administraciones locales puedan seguir desarrollando estas prestaciones.

Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha comparecido acompañada del consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Martínez.

El nuevo decreto, que "servirá de hoja de ruta" para aplicar en Asturias la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local recoge el procedimiento para la emisión de informes, a petición de los ayuntamientos, que certifiquen la no duplicidad y la capacidad financiera del Consistorio para la prestación de los servicios en cuestión. Estos informes son requeridos por la normativa estatal para determinar si alguna competencia ha de pasar a ser responsabilidad de la Autonomía.

Se trata, principalmente, de competencias en materia de políticas sociales, sanidad y educación, y sobre las que varios ayuntamientos ya han expresado sus inquietudes a la Administración regional. El decreto autonómico, en palabras de la consejera, pretende "garantizar en la mayor medida posible la continuidad de la oferta de estos servicios por los Ayuntamientos".

Preguntada por los medios, Carcedo ha negado que ningún ayuntamiento, hasta el momento, haya mostrado su intención de traspasar alguna de sus competencias porque "a todos nos interesa que estos servicios sigan presentándose en la administración más cercana para el ciudadano". Además, ha señalado la "buena sostenibilidad financiera que presentan la mayoría de los ayuntamientos asturianos", dado que solo existen problemas "en casos puntuales".

El Gobierno asturiano mantiene presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de reforma de la administración local.

TIQUE DE AUTÓNOMO

El Consejo de Gobierno ha aprobado también destinar doblar, con un millón de euros más, la convocatoria del tique del autónomo, como se denomina a la línea de subvenciones diseñada para favorecer el inicio de actividades empresariales por parte de desempleados.

El Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana ampliar en un millón la partida destinada este objetivo. Esta cantidad se suma al millón que ya había sido aprobado en abril. La finalidad de estas ayudas es apoyar a aquellos parados que bien hayan puesto en marcha un negocio o bien vayan a hacerlo entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014. El importe de las subvenciones, que se otorgarán en régimen de concesión directa, asciende a 4.000 euros.

Los interesados, además de haber causado alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) en el citado período, deben realizar una inversión en inmovilizado material necesario para el desarrollo de la actividad por una cuantía mínima de 5.000 euros. Se exigirá plan de viabilidad únicamente a los interesados que se hayan dado de alta en el RETA con posterioridad al 25/04/2014, fecha de publicación de la convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes concluirá el 30 de septiembre de 2014.

Desde el inicio de la legislatura, la consejería ha resuelto cuatro convocatorias del ticket del autónomo. En 2012 se gestionaron dos, con un presupuesto concedido de 2.180.000 euros, que beneficiaron a 545 personas. El año pasado se tramitaron otras dos que permitieron conceder subvenciones por 1.836.000 euros a 459 autónomos. Por tanto, el monto de las ayudas asciende a 4.016.000 euros y el número de beneficiarios a 1.004 personas.

Fuente: Europa Press

El consejero de Hacienda de Extremadura cree que el traspaso de competencias municipales supondría "un gravísimo problema" a las CCAA

En materia de sanidad y educación

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Extremadura, Clemente Checa, cree que el traspaso de algunas competencias en materia de educación y sanidad desde los ayuntamientos a las Comunidades Autónomas (CCAA), que prevé el texto de la reforma de la Administración Local, supondría "un gravísimo problema" para las haciendas regionales ya que tendrían que asumir los costes derivados de estos nuevos servicios.

Checa ha considerado que quitando a los ayuntamientos las competencias que ahora tienen en estos dos campos, "que son los que más gasto generan", se trasladaría el "problema" a las CCAA "que ya de por sí asumen un sistema sanitario que es muy costoso y difícilmente pueden hacer frente a él", por lo que el consejero aboga por "definir" las competencias de los ayuntamientos antes de diseñar un modelo de financiación y un sistema tributario.

"Si encima ahora hay que asumir estas competencias que antes eran locales, esto va a ser terrible para las Comunidades Autónomas", ha subrayado en declaraciones a Europa Press minutos antes de participar en el curso de verano de la Universidad de Extremadura (UEx) sobre la 'Reforma de la Administración local y reforma fiscal de las Haciendas Locales', que se desarrolla hasta mañana jueves en la sede institucional de Cajalmendralejo en Cáceres, en el chalé de los Málaga.

Por eso, el responsable regional de Hacienda ha considerado que antes de diseñar el sistema de financiación municipal "es preciso despejar una serie de incógnitas" como la determinación "exacta" de las competencias municipales, algo que se había recogido en la Ley de Racionabilidad y Sostenibilidad de la Administración Local, pero que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por los ayuntamientos, por lo que en estos momentos "hay una situación de incertidumbre", ha subrayado.

Además del recurso de anticonstitucionalidad, que no se ha resuelto aún, también existe un dictamen del Consejo de Estado en relación a que esta norma podría atentar contra la autonomía local al pasar algunas competencias a las diputaciones provinciales y, según ha augurado Checa, "lo más probable es que el Tribunal Constitucional dé una respuesta similar y termine declarando algún precepto como anticonstitucional", por lo que "volveríamos a la casilla de salida" y eso "retrasaría un programa de financiación local".

Todas esas competencias locales consideradas "impropias" generaban un problema para las administraciones locales y la reforma ha intentado solventarlo pero, a juicio del responsable regional, "no se ha resuelto adecuadamente", ha insistido.

En definitiva, según el consejero extremeño de Hacienda "no está claro  cuál es el alcance real de las competencias de las administraciones locales y por eso es completamente necesario determinarlas para saber cuáles son las necesidades de gasto".

En su intervención en este curso, dirigido por los profesores Francisco Álvarez y María Dolores Cebría, Checa también ha hablado de la Ley 20/1013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado que afectará igualmente a las competencias de las administraciones y que los gestores públicos deben conocer.

Fuente: Europa Press