ISSN: 2695-4621
Aprobado el proyecto de la nueva ley reguladora del principal órgano de cooperación entre la Junta y los ayuntamientos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de la nueva Ley del Consejo Andaluz de Concertación Local, que sustituirá a la que en 2007 creó y reguló este órgano consultivo de colaboración institucional entre las entidades locales y la Junta de Andalucía.
La futura norma reforzará sus funciones y avanzará en el reconocimiento del papel del municipalismo, frente a la supresión de competencias que recoge la Ley estatal de Reforma de la Administración Local.
En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado que Andalucía es, sin duda, pionera en la defensa de la autonomía local y una referencia en el estado autonómico, a diferencia de cómo actúa el Gobierno central, que "recorta" competencias de los municipios
Ha insistido también en que la Junta sitúa a los ayuntamientos como sujetos activos en la gestión de sus políticas, a diferencia de lo que hace el Ejecutivo nacional.
Una de las novedades del nuevo texto será la aplicación del consenso como regla general para la adopción de acuerdos, respondiendo así a la naturaleza del Consejo como órgano de diálogo de composición paritaria y mixta. Asimismo, se incorporan adaptaciones a la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y se delimitan las competencias entre el Consejo Andaluz de Concertación Local y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales para evitar duplicidades de funciones.
El segundo de estos órganos, de composición exclusivamente municipal y provincial, y creado por la Laula con el fin de garantizar la autonomía local, tiene atribuidas algunas competencias que venía desempeñando el Consejo de Concertación y que ahora asumirá de forma exclusiva. Entre ellas figuran las de informar anteproyectos de ley, proyectos de disposiciones generales y planes.
En los supuestos de informes a nuevas textos normativos, el Consejo de Concertación sólo intervendrá en caso de discrepancias entre el dictamen del Consejo Andaluz de Gobierno Locales y la consejería que los promueva. Así, este órgano mixto Junta-entidades locales intentará el acercamiento de posturas y evitará recurrir a los tribunales cada vez que surjan desacuerdos entre las dos administraciones.
La Laula, a la que se adapta el proyecto del Consejo Andaluz de Concertación Local, fue la primera ley en España que redujo la tutela previa de la Administración autonómica y otorgó a los municipios plena decisión sobre cómo organizan sus territorios, de qué forma se asocian con otros entes locales y qué mecanismos utilizan para prestar sus servicios.
Entre otras disposiciones, delega competencias autonómicas, delimita las 29 que son propias de los entes locales y fija los procedimientos para nuevas transferencias de gestión. Los gobiernos locales pasan así de ser meros administradores a sujetos activos en la gestión de sus políticas.
La Laula se complementa con la Ley Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos Autonómicos, norma que desde 2011 obliga a la Administración andaluza a garantizar una financiación suficiente e incondicionada, es decir, respetando la autonomía de los municipios para decidir el destino de los recursos que reciben.
Fuente: Europa Press
La magistrada declara nulo el acuerdo del Pleno de facilitar el censo a la Generalitat.
La titular del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Barcelona, Elsa Puig, ha dictado una sentencia en la que considera “nulo de pleno derecho” el acuerdo del pleno municipal de Cabrils del pasado marzo en el que mostró su disposición a ceder los datos del padrón a la Generalitat para la consulta soberanista prevista el 9 de noviembre. La juez ha aceptado así el recurso de amparo ordinario presentado por un ciudadano Alejandro Rusiñol, contrario a ceder sus datos porque consideraba que se vulneraba su intimidad.
La decisión de la juez, que ha recogido la tesis del fiscal, ha causado una enorme sorpresa en el Consistorio de Cabrils, gobernado por CiU, que está dispuesto a recurrir. La misma juez dictó el 9 de abril un auto en el que levantó la suspensión cautelar que ella misma había decretado contra la decisión del Ayuntamiento y en el que hizo una defensa del derecho a decidir al interpretar que se trataba de una “aspiración política legítima” en los términos en que reconoció el Tribunal Constitucional en el fallo que anuló la declaración del Parlament que definió a Cataluña “sujeto político y jurídico soberano”.
En ese auto, la juez se limitaba a prohibir que se cedieran los datos de Rusiñol en defensa de sus derechos fundamentales como el honor, la imagen o la dignidad humana pero sostenía que no podía pretender que su aspiración se extendiera al resto de los habitantes del municipio. Esa conclusión, sin embargo, no aparece en la sentencia que se sustenta en que ceder los datos del padrón para una consulta sin que ésta esté regulada en una ley vulnera “el derecho de los municipios a la protección de datos y en consecuencia es un acto nulo de pleno derecho”. La juez e basa en dos puntos: primero que la cesión de datos se debe hacer para un proceso electoral o un referéndum y que la Generalitat carece de competencias; y, segundo, que la Ley Orgánica de Protección de Datos permite la cesión de datos sin el permiso del interesado pero exige que el objeto de la petición esté regulado por ley, cosa que ahora no ocurre.
El Consistorio ha sido condenado a pagar 500 euros en costas procesales. La alcaldesa Lina Morales ha expresado su profundo malestar por el fallo. "La decisión es muy grave. El Pleno es soberano. Y la declaración contenía dos supuestos: que la consulta se hiciera en un marco legal que nos pidieran los datos. Ninguna de las dos cosas se ha producido. Era solo una declaración de intenciones", ha esgrimido Morales, que siempre ha defendido que la decisión del Consistorio era una declaración de intenciones que carecía de efectos jurídicos.
Fuente: El País
Varios alcaldes catalanes han cargado hoy contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Lrsal) impulsada por el Gobierno y han reivindicado la gestión "adulta y responsable" que han demostrado los gobiernos municipales en los últimos años en Cataluña.
En un encuentro organizado por "Alcaldes.eu" bajo el título "Financiación local: ¿Cambio de gestión?", varios alcaldes catalanes han debatido sobre la administración, sobre la que "hay la sensación que la administración es la culpable de las cosas que pasan en este país", ha lamentado Marc Prat, secretario de Cooperación y Coordinación de Administraciones Locales de la Generalitat.
Prat ha recordado que "la administración local no ha sido malgastadora, sino lo contrario, ha sabido utilizar bien los recursos y ha hecho sus deberes, ya que es la administración que está cumpliendo con todas las cuestiones de déficit estructurales".
"Si hoy hay una administración con un déficit elevado es la del Estado, de la que solo un 5,5 % corresponde a administraciones locales. Los ayuntamientos han sido capaces, no exentos del correspondiente esfuerzo, de situar sus finanzas en el lugar que corresponde. Ha sido una administración eficiente", ha apuntado.
Pilar Díaz, alcaldesa de Esplugues de Llobregat, que ha asistido en representación de la Federación de Municipios de Cataluña, ha opinado que "más allá de las gestiones más o menos acertadas los ayuntamientos pueden demostrar que han hecho bien los deberes, más rápido y mejor que otras administraciones".
Aunque ha pedido ser "más cuidadosos" con el dinero público, ha afirmado por otro lado que "ha llegado un momento en el que no solo se ha de hablar de cómo nos hemos de financiar mejor, y cómo garantizar esa autonomía y suficiencia financiera, sino cómo ganar calidad en cuanto a la financiación", apuntando así a que se "debe hablar de adecuaciones fiscales como el IBI o otros impuestos".
La alcaldesa socialista ha cargado así contra la Lrsal, ya que "se están poniendo unos corsés, limitaciones y sospechas a quienes precisamente hemos demostrado ser adultos, mayores de edad y capaces de administrar de forma austera y eficiente los recursos. No hay problema a hacer autocrítica, pero la primera gran reforma de las administraciones se ha focalizado la que menos la necesitaba".
Asimismo, la alcaldesa de Figueres, Marta Felip, ha coincidido en que "el problema del déficit no está en el mundo municipal y menos en los ayuntamientos pequeños" y ha destacado que "ve bien" la futura ley de Haciendas Locales, una iniciativa "muy acertada".
El alcalde de Alella, Andreu Francisco, ha pedido que "el Estado, o esperemos que pronto un Estado nuevo, mejore la financiación de las administraciones locales", que ahora están "menospreciadas".
Por su parte, Joaquim Solé, catedrático de Hacienda Pública de la UB, ha acusado al Estado de "ignorar lo que pasa en el mundo local" con una "arrogancia" que "deja a los altos funcionarios todas las decisiones políticas del futuro de los órganos locales".
Fuente: La Vanguardia
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha destacado que “las entidades locales han hecho sus deberes, pasando de un déficit del 0,39% en 2011 a un superávit en 2012 del 0,22%, que se amplió en 2013 hasta el 0,41%, por eso, ya empiezan a tener los mercados abiertos y pueden refinanciar sus préstamos de la primera fase del Plan de Proveedores”.
- El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha destacado que “la morosidad era un lastre que impedía salir de la crisis”
- El Fondo de Proveedores ha pagado 41.800 millones a casi 200.000 proveedores que tenían más de 8 millones de facturas pendientes
- Las nuevas leyes de Control de la Deuda Comercial y de Factura Electrónica impedirán la morosidad, que se ha reducido ya casi un 70% en las CCAA
- El ajuste de las CCAA en los dos últimos años se acerca a los 19.000 millones y el de las EELL a los 8.000 millones
Antonio Beteta, que ha participado en el curso “La Reforma de las Administraciones Públicas: Los Emprendedores y Autónomos”, organizado por ATA-Federación de Autónomos, dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, ha recordado también que “la inyección económica de 11.600 millones de euros del Gobierno de España, para que las EELL pagaran las deudas que mantenían con sus proveedores, ha puesto al día a muchas corporaciones en los pagos, y permite que hoy puedan cumplir con los plazos máximos establecidos en la normativa de morosidad”.
Para compensar el esfuerzo y por la mejor situación económica, también el Gobierno ha ofrecido a las EELL la posibilidad de mejorar las condiciones financieras de los préstamos suscritos en la primera fase del Plan de Proveedores. Con estos resultados en el balance: 833 EELL aumentarán el período de amortización de 10 a 20 años y el de carencia de 2 a 4 años; 494 EE ampliarán el período de carencia de 2 a 3 años y reducirán su tipo de interés en 131 puntos básicos; y 608 EELL reducirán el tipo de interés en 140 puntos básicos. Es decir, 1.185 EELL mejorarán sus condiciones financieras”.
Y, cumpliendo unos requisitos y con la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, “gracias a su esfuerzo de los dos últimos años y a las medidas impulsadas por el Gobierno, las EELL pueden concertar también hoy, por la mejora de las condiciones de los mercados financieros, operaciones de refinanciación de los préstamos con el Fondo de Proveedores, tras la norma aprobada en el último Consejo de Ministros, circunstancia, además, que puede ayudar a aumentar la liquidez de la EELL y a consolidar su mejora financiera”.
PAGO A PROVEEDORES
El secretario de Estado ha hecho balance del Fondo de Pago a Proveedores, puesto en marcha para acabar con la morosidad. En la primera fase, en 2012, se abonaron 27.303 millones de euros, de los que 17.704,67 correspondieron a las CCAA y 9.598,34 millones a las EELL. Y se pagaron 5,59 millones de facturas pendientes hasta 2012.
Hubo después una segunda fase, de menor cuantía, para incluir conceptos en los pagos que no abarcaba la primera fase. Y se abonaron 38.776 facturas por importe de 1.141,95 millones.
Y, como persistían los problemas, se puso en marcha en 2013 la tercera y última fase del mecanismo, para abonar facturas anteriores al 31 de mayo de 2013. Se abonaron 13.369,66 millones de euros más, de los que 11.575,97 millones fueron a los proveedores de las CCAA y 1.793,69 millones a los de EELL.
El balance de las tres fases arroja estos datos: 41.800 millones abonados a 190.800 proveedores para pagar más de 8 millones de facturas pendientes. “Unos datos que revelan un compromiso claro, firme e indiscutible -ha señalado el secretario de Estado- con nuestros proveedores, con nuestros autónomos”. Este dinero, ha añadido en su intervención, ha permitido mantener los servicios públicos a las CCAA: “El 98% de los fondos sirvieron para abonar facturas en sanidad, educación y servicios sociales”.
El secretario de Estado ha destacado que “la morosidad era un lastre que impedía la planificación de cualquier reforma estructural para acelerar la salida de la crisis”. Por ese motivo, ha añadido, “El Gobierno decidió a los dos meses de iniciada la legislatura, asumir este compromiso, ya que sin la lucha contra la morosidad, la salida de la crisis sería imposible”. Beteta ha recordado cómo se puso en marcha la primera fase del mecanismo de pago a proveedores, “con el objetivo de poner el contador a cero, abonando el ingente número de facturas impagadas anteriores a 2012. Y se consiguió con creces”.
LUCHA CONTRA EL DÉFICIT
Beteta ha repasado los resultados de la lucha contra el déficit público en estos años: 2011 cerró en el 9,07%, 2012 en el 6,84% y 2013 en el 6,62%, son 2,45% puntos menos que en 2011, más de 24.500 millones de euros de ajuste. “Una victoria de todos”, ha afirmado, “porque la reducción del déficit ha sido la puerta de entrada por la que el crecimiento económico empieza a transitar, cada vez con más celeridad, cada vez con más firmeza”.
Las CCAA ya han pasado de un déficit del 3,41% en 2011 al 1,86% en 2012 y al 1,54% en 2013, “en total, 1,87 puntos menos, casi 19.000 millones de ajuste y manteniendo la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos”, ha resaltado Beteta.
El secretario de Estado ha señalado que, en el éxito conjunto, destacan sobre todo los resultados de las entidades locales. “Pasaron de un déficit del 0,39% en 2011 a un superávit en 2012 del 0,22%, que se amplió en 2013 hasta el 0,41% y, según los datos del primer trimestre de 2014, con un superávit del 0,19%, seguirá ampliándose a lo largo de este año”.
ESTABILIDAD Y LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD
Si, en mayo de 2012, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria supuso un punto de inflexión sin posibilidad de vuelta atrás en la forma de gestionar lo público, ha indicado Beteta, la Ley de Control de la Deuda Comercial, ya en vigor, hará que la morosidad desaparezca. “La Ley introduce el concepto de período medio de pago de forma transparente y garantiza el cobro de lo adeudado en un tiempo determinado, conocido y exigible”.
La Ley de Impulso de la Factura Electrónica ayudará también, “para que ninguna factura duerma el sueño de los justos entre el papeleo y la burocracia”. “Ningún autónomo, ningún proveedor, verá ya desaparecida su factura. Sabrá en todo momento y en cualquier lugar, en qué estado se encuentra, favoreciendo el control financiero y la garantía de abono al proveedor”.
La combinación de ambas leyes, desde su aprobación en diciembre pasado, ha hecho posible que en las CCAA la deuda comercial, la morosidad, se haya reducido entre enero de 2012 y abril de 2014 casi un 70%.
Fuente: INAP.es
Íñigo de la Serna se ha manifestado satisfecho por la exención del pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalías) en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria.
Iñigo de la Serna se ha manifestado satisfecho por la exención del pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalías) en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria.tisfacción por la rápida y favorable respuesta del Gobierno a dos de las demandas planteadas por los representantes locales en la última Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), relacionadas con la refinanciación del Plan de Pago a Proveedores y con la exención del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalías).
La respuesta a ambas propuestas, que aparece contenida en el Real Decreto-ley 8/2014, aprobado en el último Consejo de Ministros, permitirá a las Entidades Locales acceder al mercado bancario para refinanciar la deuda contraída en el marco del Plan de Pago a Proveedores, una cuestión que, a juicio del Presidente, “hará posible que los Gobiernos Locales accedan a mejores condiciones de financiación, con unos tipos de interés más bajos que, en definitiva, supondrán menores gastos financieros y favorecerán la reducción de los valores de deuda del sector local. Seguir reduciendo esta deuda es una buena noticia para Ayuntamientos y Diputaciones, pero también lo es para el Gobierno de España porque ayuda al conjunto a alcanzar los objetivos”, explicó.
El Real Decreto-ley, que detalla las condiciones en las que las Entidades Locales pueden acceder a nuevas operaciones de endeudamiento, “nos da una posibilidad con la que hasta ahora no contábamos pero que sí le estaba permitida a las Comunidades Autónomas”, añadió.
En cuanto a las plusvalías, el texto reconoce exenciones del pago de este impuesto para determinados supuestos de dación en pago o de ejecución hipotecaria. “Hacer que las personas desahuciadas se vieran obligadas a pagar este tributo se convertía en un agravante más de una situación social de por sí muy complicada, y así lo entendimos cuando lo planteamos al Gobierno”.
De la Serna ha agradecido la sensibilidad del Ejecutivo con los temas que afectan a la Administración Local, y ha recordado que fue hace apenas dos semanas (el pasado 24 de junio) “cuando los representantes locales insistimos en la CNAL sobre la necesidad de dar solución a estas dos cuestiones”. El Ministerio ya anunció su intención de modificar “más pronto que tarde” la normativa que limitaba a las Entidades Locales el acceso a financiación en el mercado, y de actuar ante el pago de plusvalías en estas circunstancias.
Una vez publicado el Real Decreto-ley, desde la FEMP se ha remitido a las Autoridades Locales información detallada sobre ambas cuestiones a través de una circular.
Fuente: FEMP