ISSN: 2695-4621
Piden una reflexión sobre el plan de que gobierne el candidato más votado.
¿Qué significa que gobierne la lista más votada? Según cómo se plantee podría querer decir cosas distintas. El Partido Popular ha lanzado el debate sin ofrecer una propuesta con letra pequeña y tanto los expertos consultados como las federaciones de municipios y provincias sondeadas por este periódico consideran que estudiarla es algo aceptable (el PSOE lo ha planteado en el pasado). Sin embargo, discrepan sobre su alcance.
Ignacio Lago Peñas, profesor de Ciencia Política en la Pompeu Fabra de Barcelona, recuerda que en el ámbito local la personalización política es más acentuada alrededor de la figura del alcalde. “Sería una reforma de muchísimo calado, un cambio en las reglas del juego en mitad del partido que previsiblemente beneficiaría a quien concentra el voto, como el PP, PNV o CIU en detrimento de quién está en tercer o cuarto lugar, como ocurre con IU o UPyD”. Según Lago Peñas, que el Gobierno de un Ayuntamiento sea para la lista más votada podría articularse con una bonificación de concejales para esa lista, lo que “distorsionaría las preferencias de los ciudadanos”. Este experto en analizar las consecuencias políticas de las leyes electorales recuerda que esto era así durante la II República, donde la lista más votada conseguía el 60% o 70% de representatividad, lo que forzaba de partida la existencia de coaliciones. Algo que, de plasmarse en la Ley Electoral, tendría efectos “mecánicos y estratégicos”. Entre los primeros, impulsaría que los partidos políticos minoritarios tendrían claro que no llegarían a colocar a un alcalde de los suyos. “En cuanto a los estratégicos, sería un incentivo fortísimo para aglutinar a las fuerzas de izquierda”, algo que podría volverse en contra del PP, según este experto.
Íñigo de la Serna, presidente de la Federación de Municipios y Provincias y alcalde de Santander (PP), cree que “se ajusta mucho más a lo que es la democracia y acerca el Gobierno del municipio a la voluntad de los ciudadanos”. El presidente del organismo que aglutina a los 8.117 alcaldes españoles recuerda que “es una propuesta abierta que ha hecho el PP y no es la primera vez que lo plantea”, y ataca que en ocasiones los votantes se ven traicionados porque las siglas a las que apoyan se alzan con la alcaldía mediante pactos con partidos que tienen programas distintos. Sobre la urgencia de esta reforma, lanzada a menos de un año de las elecciones municipales, De la Serna mantiene que “el Gobierno sigue planteando otras reformas de calado”.
La catedrática de derecho Constitucional María Luisa Baguer considera que una reforma hacia esa dirección atajaría lo que llama el “efecto perverso”, de que a través de pactos se consigan mayorías absolutas de partidos ideológicamente dispares. “No me parece ningún disparate, ni que beneficie solo al PP”, asegura.
A falta de datos concretos sobre cómo se llevaría a cabo, otro de los mecanismos electorales para conseguir lo que proponen los populares pasa por una segunda vuelta electoral que eliminase a los partidos que no hubiesen conseguido en la primera un porcentaje determinado de los votos. “La doble vuelta presenta un gasto enorme”, reflexiona el profesor Victoriano Ramírez González, director del Grupo de investigación en Métodos Electorales de la Universidad de Granada. Contrapone este sistema, aplicado en Francia, al llamado Majority Judgment o de la mediana, propuesto recientemente por el economista Michel Balinski, que permite que compitan “muchos candidatos” sin que ello suponga una división de los votos. “Este método propone establecer calificativos a un candidato tales como: excelente, muy bueno, bueno, aceptable o rechazable, de tal forma que sean muy fáciles de entender por los electores sin necesidad de explicación alguna y además no dan lugar a confusión, como podría ocurrir con las puntuaciones numéricas”. Con esta fórmula, dice, cada partido podría presentar a más de un candidato y serían los electores los encargados de designar al de sus preferencias.
“En el ámbito local real”, apunta Francisco Velasco, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid, “los liderazgos no son tanto de partidos”. Considera que desde el punto de vista teórico no sería una mala idea porque, en ocasiones, “el modelo obliga a los partidos a apoyar a candidatos que a menudo no respetan el ámbito de decisión local”. Es decir, que no siempre un alcalde toma decisiones en clave local sino de partido, y una reforma encaminada a evitarlo sería bienvenida.
Varios expertos consultados lanzan además la siguiente reflexión: con un sistema electoral que se aplica con continuidad en todos los escalones del Gobierno —elecciones generales, autonómicas y locales— dando hueco a las minorías, la reforma debería extenderse a todos esos ámbitos o, de lo contrario, sería muy difícil de justificar ante la opinión pública. En cualquier caso, hay unanimidad en solicitar sosiego. “Un cambio de estas características requiere tiempo, reflexión”, apunta Lago Peñas.
El catedrático de Constitucional Javier Pérez Royo se pronuncia en contra: “Tenemos un sistema que funciona a través del consenso, de la búsqueda de pactos, no podemos alterarlo así como así”. Apunta además a que la reforma conllevaría una cadena de cambios y pone un ejemplo: “Un alcalde no puede aprobar el presupuesto con la mayoría del pleno en contra”.
Normal 0 false false false ES JA AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Normal 0 false false false ES JA AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Fuente: El País
El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, acompañado por el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, y distintos alcaldes, presentarán hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la reforma local.
Según ha informado el PSOE, el lunes se presentará "oficialmente" el recurso en defensa de la autonomía local, planteado, según los socialistas, por 2.393 ayuntamientos de toda España, en representación de más de 17 millones de ciudadanos.
El recurso llega al Tribunal Constitucional después de haber recibido el dictamen favorable del Consejo de Estado, algo que según han precisado los socialistas "ocurre por primera vez en la historia de nuestra democracia".
"Es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un conflicto de competencia de estas característica supera el dictamen del Consejo de Estado y llega al Alto Tribunal", han subrayado.
La sede del Tribunal Constitucional recibirá por tanto el lunes de manos de los representantes locales las 80 cajas que contienen los acuerdos alcanzados en los plenarios de esos ayuntamientos y que forman parte de la base documental del recurso de anticonstitucionalidad contra la reforma local.
A finales de mayo, Zarrías pidió al Gobierno que suspendiera la aplicación de la reforma local después de que el Consejo de Estado avalara la tesis socialista de que la misma vulnera la autonomía municipal.
Normal 0 false false false ES JA AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Fuente: La Vanguardia
El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha reivindicado hoy la política local porque, en su opinión, "se está viendo amenazada por el PP" y su reforma de la administración local.
Antes de participar en un acto con alcaldes y concejales de todo el país en el municipio toledano de Santa Olalla, Sánchez ha asegurado que esta reforma "vulnera y atenta" contra el principio de autonomía local, por lo que, "intentaremos por todos los medios que no vea la luz -ha dicho-".
El candidato ha recordado que mañana, "por primera vez en la historia", se presentará un recurso en el Tribunal Constitucional por parte de más de 3.000 ayuntamientos contra esta ley que, a su juicio, "lo que hace es privatizar servicios públicos".
Se ha mostrado a favor de un cambio "desde abajo" en España y se ha comprometido a poner en marcha "toda la maquinaria del partido" para que haya más alcaldes socialistas a partir de mayo de 2015.
Además, ha calificado de "fundamental" la apuesta por la igualdad y la paridad y que haya más mujeres socialistas en la actividad pública municipal.
Por ello, se ha comprometido a que su futura política de acción municipal cuente con más alcaldesas y concejalas, así como a "recuperar la calle" desde la cercanía para dar un giro a la izquierda y ser un partido que defienda los derechos de los ciudadanos.
En el acto de hoy, Pedro Sánchez ha firmado el llamado 'Manifiesto de Santa Olalla' en defensa del municipalismo y de la política de proximidad ante los más de 200 alcaldes, concejales y representantes del ámbito municipal del PSOE que han asistido.
Normal 0 false false false ES JA AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Fuente: La Información
El presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha señalado hoy que la futura ley que adaptará a la región la ley estatal de reforma local ofrecerá mayor seguridad jurídica y mejorará la coordinación entre administraciones.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid, Pérez se ha referido así al proyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno para su tramitación a la Cámara regional urgente en el mes de julio con el objetivo de adaptar a la región la ley estatal de reforma local.
Según Pérez, tras la reforma de la administración local, habían surgido "determinadas cuestiones que están planteando dudas en los ayuntamientos" y que "se plantearan innumerables consultas sobre a quién corresponde una cosa, a quién corresponde otra, y quién tendía que informar".
Entre los problemas que se planteaban, ha señalado que las mancomunidades de municipios "tenían que disolverse este mismo mes".
En este sentido, Pérez ha subrayado que la futura ley garantiza que las "mancomunidades puedan tener otros seis meses para adaptarse y se resuelve un problema grave".
El presidente de la FMM ha destacado que también se corregirán aspectos competenciales y permitirá que los convenios se puedan seguir prestando.
En cuanto a cuándo estará aprobada la ley, el alcalde de Alcorcón ha vaticinado que "en las próximas semanas", ya que la tramitación parlamentaria "tiene que ser rápida", porque los "problemas se planteaban ya a la vuelta del verano".
"Es un paso más en la clarificación, en la coordinación y en la seguridad jurídica para garantizar los servicios que se prestan a los madrileños por parte de la Comunidad y de los Ayuntamientos, y viene a arrojar luz sobre algunas dudas", ha resumido.
Normal 0 false false false ES JA AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Fuente: La Vanguardia
El Parlamento de Extremadura ha convalidado este jueves el decreto ley por el que se modifica la Ley de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura para adecuarlo a las exigencias normativas de la reforma local.
Esta convalidación ha salido adelante en el pleno del Parlamento de Extremadura con el único apoyo de los votos del Grupo Parlamentario Popular, y con la abstención de los tres grupos de la oposición, PSOE, IU y Prex-Crex.
En la defensa de este decreto ley ha tomado la palabra en el pleno el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, quien ha explicado que con este decreto ley "se pretende adecuar la Ley de Mancomunidades y Entidades Locales a las exigencias normativas de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local".
El objetivo es "evitar que haya mancomunidades que puedan perder la calificación de integral", y para mantener esta consideración y poder cobrar el fondo previsto para ellas en los presupuestos de la comunidad, que asciende a 2,59 millones de euros es preciso modificar la ley 17/2010.
Según los datos que ha aportado, en Extremadura existen 68 mancomunidades, de las que 27 tienen la consideración de "integrales", a través de las que los municipios y entidades locales colindantes "que comparten una misma realidad económica, social y cultural, además de una tradición propia común, puedan estructurar en conjunto la prestación de sus servicios" y las políticas de desarrollo y promoción.
Se trata, ha dicho el consejero, de "una modificación mínima, pero sin embargo de gran importancia para el normal devenir y buen fin de las actuales mancomunidades", que busca "dar respuesta de modo urgente atendiendo a la lógica de la secuencia de entrada en vigor de las exigencias de la ley estatal".
Los grupos se abstienen
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Manuel Vázquez Villanueva quien ha explicado que los socialistas se van a abstener en esta votación entre otros asuntos porque "se limita a hacer seguidismo" de la ley de reforma de la administración local aprobada por el Gobierno central, y con la que a su juicio "se podía haber sido algo más valiente".
"No es fácil oponerse a esta modificación de la Ley de Mancomunidades", ya que "la presentan como una cuestión meramente técnica, y con una cierta dosis de buenismo", ha señalado Vázquez, quien ha añadido que el PSOE no va a votar a favor porque "encierra algunos planteamientos que no comparte el grupo socialista".
Así, y aunque la modificación "parece que se pretende dar continuidad a las mancomunidades integrales, en el fondo lo que está consiguiendo es reducir el peso" de estas agrupaciones, así como "su capacidad de gestión y de prestación de servicios", por lo que "se está aplicando el espíritu de la ley estatal" de reforma local.
El diputado del PSOE ha dado "la bienvenida al PP, por sumarse a los que siempre hemos defendido las mancomunidades", ya que según ha recordado, el programa electoral del PP "decía, sin rodeos, que eliminarían la ley de mancomunidades", ha dicho.
Por parte de IU, el diputado Alejandro Nogales ha avanzado también la abstención de su grupo a esta convalidación, ya que IU estuvo "absolutamente en contra" de la ley de reforma de la administración local.
"No podemos votar a favor, pero no vamos a obstaculizar que se pueda convalidar el decreto, ante el peligro de que algunas mancomunidades puedan perder el acceso a ese fondo de cooperación o la calificación de integral", ha dicho.
Alejandro Nogales también ha alertado del "peligro que puede traer esa convalidación en cuanto a la población", ya que "puede darse el caso de que uno o dos pueblos en algunas mancomunidades integrales sea suficientes para tener el cupo de población", y por tanto "dejen de perder el sentido inicial de lo que era una mancomunidad integral".
En nombre de Prex-Crex ha tomado la palabra su portavoz, Damián Beneyto, quien ha justificado la abstención de su grupo en el hecho de que la variable de la población "pueda ser definitiva para que una mancomunidad siga siendo integral o no", ya que "no es bueno para los municipios de menor entidad".
Y es que, según Beneyto, utilizar el elemento de población para determinar qué mancomunidades podrían ser o no integrales, "sería peligroso por cuanto municipios con más población podrían presionar a los de menor población para hacerles entrar por el aro", una situación que "podría ser perjudicial para los municipios menos poblados".
Finalmente, y en nombre del Grupo Popular, la diputada Inés Rubio Díaz ha destacado la "apuesta decidida" de este decreto ley por el municipalismo, que va a "garantizar la continuidad las mancomunidades integrales en nuestra comunidad autónoma", así como "no poner en riesgo su financiación".
En su turno final, el consejero de Agricultura ha lamentado que las críticas de los grupos no aluden a lo que se está debatiendo, sino que "critican la ley estatal" y a partir de ahí "se abstienen en esta convalidación".
Echávarri ha señalado que si esta convalidación no sale adelante, muchas mancomunidades perderían su calificación de integral, así como la percepción de fondos por parte estas agrupaciones.
En ese sentido, "esta convalidación hay que hacerla" es "absolutamente necesaria", ha reiterado Echávarri, quien ha echado en falta el apoyo de los grupos parlamentarios a esta modificación.
Cabe recordar que este decreto ley se ha convalidado en el Parlamento de Extremadura después de que fuera aprobado por el Consejo de Gobierno regional el pasado 10 de junio.
Fuente: Expansión