Las competencias, principal reto de la Reforma Local

Ley de racionalización y Sostenibilidad.

Las jornadas de la Diputación analizan las cuestiones técnicas de la nueva Ley.

El reparto de competencias de las administraciones a raiz de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad puesta en marcha por el Gobierno a principios de año centró ayer la jornada técnica celebrada en el Hostal de San Marcos y organizada por la Diputación y la Fundación Democracia y Gobierno Local. El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, inauguró ayer en el Hostal de San Marcos las jornadas organizadas, en colaboración con la Fundación Democracia y Gobierno Local, para analizar la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad.

El encuentro, al que asistieron dos centenares de personas, fue inaugurado por el presidente de la Diputación, Marcos Martínez, quien destacó la implicación de la institución provincial para facilitar la aplicación de la normativa, especialmente con el apoyo a las juntas vecinales. Martínez aseguró que la Diputación ya trabaja con más de 600 entidades locales menores para elaborar sus cuentas y que ha puesto en marcha un grupo de trabajo para evaluar cómo afecta la nueva ley a la administración local.

Por su parte, el representante de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Joseph Llobet, apuntó a la inmediatez en la aplicación de la ley es una de las preocupaciones que se abordaron en la jornada ya que ha creado «problemas logísticos» ante los que es necesario aclarar las funciones concretas de los técnicos.

Llobet destacó el papel de las diputaciones en el desarrollo de la normativa que las llevará a atribuirse competencias de los ayuntamientos de menor población que no puedan asumirlas, una de las cuestiones que más preocupan a los municipios y las entidades locales menores.

A este respecto, el presidente de la Diputación de León abordó la cuestión de la financiación para la asunción de estas competencias, que espera sea «suficiente» para poder llevarla a cabo. En las jornadas, estuvo presente el subdelegado del Gobierno, Juan Carlos Suárez Quiñones, así como varios diputados provinciales, alcaldes, presidentes de juntas vecinales y concejales. También acudió el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Tomás Quintana, quien participa en el grupo de trabajo impulsado por la Diputación ejerciendo la asesoría técnica.

Por su parte, Llobet quiso tener un recuerdo hacia Isabel Carrasco, quien antes de su fallecimiento había trabajado en la organización de las jornadas, y a quien calificó como una «patrona que colaboraba mucho».

Fuente: Diario de León

COMUNIDAD VALENCIANA: Circular sobre el nuevo régimen competencial contemplado en la Reforma Local

CIRCULAR de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de Administración Local, sobre el nuevo régimen competencial contemplado en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (DOCV 20/6/2014)

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Los municipios andaluces son los que menos rinden cuentas de España

El presidente del órgano fiscalizador dice que no hay “cultura de transparencia”.

Los grupos parlamentarios se han llevado las manos a la cabeza con el informe de la Cámara de Cuentas sobre la tesorería de seis Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes en los ejercicios 2010 y 2011, el cual alerta de actuaciones que “pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas y contables”. Pero para el presidente del órgano fiscalizador de la comunidad, Antonio López, no hay nada de lo que asombrarse, porque la situación denunciada tiene una cadencia habitual, casi crónica. “La rendición de cuentas de los municipios andaluces es la más baja de toda España”, revela López, que lleva años reclamando más medios humanos y materiales pero también más competencias coercitivas para poner fin a esta situación.

El análisis de la Cámara de Cuentas presentada en la comisión de Hacienda del Parlamento andaluz afecta a los Ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Marbella, Mijas (Málaga), El Ejido y Roquetas de Mar (Almería). El informe ya se conoció en febrero pasado, pero hasta este miércoles los parlamentarios no habían escuchado a López relatar de viva voz los incumplimientos de la normativa presupuestaria y contable en los que han incurrido los municipios analizados.

El que más, el de Chiclana de la Frontera, gobernado en esa legislatura municipal (2007-2011) primero por el PP y luego por el PSOE, tras una moción de censura. Los auditores aseguran que en esta localidad “los arqueos de caja no ofrecen suficientes garantías de fiabilidad” y que la corporación abonó anticipos de nóminas sin seguir tramitación presupuestaria alguna, ni registrarlos en contabilidad. “De la información obtenida no se puede tener certeza del importe así dispuesto para anticipos al personal”. Y advierte: “Esta actuación pudiera dar lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas y contables”. Cuando analiza las subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento gaditano, la Cámara de Cuentas asegura que estas se han “ejecutado mediante convenios rubricados con las entidades beneficiarias, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo”.

El análisis se detiene en la gestión de los teatros municipales de los seis consistorios y salvo el de El Ejido, el resto “ofrece debilidades de control interno que pueden haber afectado a la integridad de los fondos públicos manejados”.

Los parlamentarios de los grupos de PP, PSOE e IU también han acogido con asombro el relato de los auditores sobre la fiscalización de los servicios prestados en 2011 por las Diputaciones de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. Este trabajo ha chocado con la opacidad de estas instituciones. “El alcance del trabajo se ha visto limitado por la carencia de información solicitada y no proporcionada por las Diputaciones”. Y ninguna de ellas dio información “relacionadas con las aportaciones a las entidades en las que participa”. La Cámara de Cuentas destaca sobre la Diputación de Sevilla, gobernada por los socialistas: “La falta de colaboración ha supuesto una limitación a la fiscalización emprendida” que se ha intentado “paliar” acudiendo a la web de esta institución.

Ante la queja de los diputados, especialmente, del portavoz del PP y auditor en excedencia, Rafael Carmona, López ha vuelto a reclamar “más instrumentos” para que la Cámara pueda hacer bien su trabajo.

Para que los municipios andaluces dejen de ser los que menos rindan cuentas de toda España, Antonio López ha defendido la modificación de la actual ley de la Cámara de Cuentas para tener potestad a la hora de imponer multas coercitivas o proponer la suspensión de la percepción de los tributos de la comunidad. No obstante, para él estas medidas no serían suficientes: “La rendición de cuentas está fallando, pero no nos equivoquemos. Estas medidas serían complementarias, porque lo que existe es una ausencia de cultura de transparencia”.

En cuanto a la labor de fiscalización, López ha destacado la falta de medios de la Cámara de Cuentas. “En Andalucía hay 772 municipios y el sector público local lo integran 1.900 entidades. Nuestro presupuesto es el menor de todas las cámaras, el 0,02%” del Presupuesto andaluz, ha destacado a modo de queja.

Fuente: El País

La Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación de Municipios y Comarcas de Cataluña apoyan el decreto del Govern para "blindarse" de reforma ley local

La Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y la Asociación de Municipios y Comarcas de Cataluña (AMC) han expresado su apoyo al decreto que el Govern aprobó ayer para frenar y "blindarse" de los efectos de la Ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

El presidente de la FMC, Xavier Amor, ha manifestado hoy que el decreto que el Govern aprobó ayer para frenar los efectos de la reforma local estatal supone un "buen paso para blindar a los ayuntamientos" de la LRSAL.

Este decreto ley aprobado ayer en el Consell Executiu del Govern dota de forma transitoria a los ayuntamientos catalanes de instrumentos jurídicos para hacer frente a los efectos de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) del Estado a la espera de que se apruebe la ley de catalana de Gobiernos locales que sigue en proceso de trámite en el Parlament.

Asimismo, el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, ha manifestado en un comunicado que este decreto ley significa la creación de un "muro de contención a los efectos perversos que podría provocar la aplicación de la LRSAL" y que "determina un marco de seguridad jurídica para mantener la prestación de lo servicios en los municipios de Catalunya".

La ACM ha recordado que este decreto de la Generalitat va en la línea de lo que el presidente del Consejo de Gobiernos Locales de Catalunya, el mismo Miquel Buch, trasladó a los diputados de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, a quienes reclamó que la Ley de Gobiernos Locales de Catalunya debía acabar "blindando de forma clara" los ayuntamientos catalanes de la ley estatal.

A su vez, la Federación de Municipios de Cataluña ha considerado que la LRSAL es un "ataque contra servicios que están brindando los ayuntamientos como ocupación, formación, salud, servicios sociales o educación" y han asegurado que esta regulación, que ya está en vigor, les obliga a ceder estas competencias a otras administraciones cosa que consideran "especialmente grave en un momento de crisis como el actual".

Asimismo, han afirmado que la reforma local estatal "no soluciona los problemas del mundo local" y, en especial, "el de la financiación" y aseguran que "los números demuestran que los ayuntamientos saben gestionar bien los recursos".

El decreto ley aprobado ayer y elaborado con el consenso de las entidades municipalistas catalanas, permite unificar criterios, evita interpretaciones contradictorias a partir de lecturas de la ley española y ofrece garantías del mantenimiento de la autonomía local.

El texto define las competencias propias de los entes locales y las que les han sido delegadas, al tiempo que establece en qué supuestos pueden asumir competencias distintas de las propias, evitando duplicidades.

Según la Federación, este decreto servirá para "tener cobertura legal para que los ayuntamientos puedan continuar prestando los mismos servicios" y han asegurado que "la ley de reforma local de Montoro es un ataque a la autonomía local que no resuelve para nada los problemas reales de la ciudadanía y que atenta contra los principios de subsidiariedad y de eficacia de los ayuntamientos".

Desde el inicio de la tramitación de la reforma local estatal, la Federación de Municipios y la Asociación Catalana de Municipios se han opuesto a esta ley a través de iniciativas como la que tuvo lugar pasado mes de marzo en el que más de 2.000 municipios presentaron sus objeciones a la ley ante el Tribunal Constitucional.

Fuente: La Vanguardia