ISSN: 2695-4621
El Consejo General de Trabajo Social ha organizado en Barakaldo el Foro Político de Servicios Sociales en el que representantes de PNV, PSOE, Bildu, IU, PP, UPyD, Compromís y Podemos han debatido el impacto de la reforma local de servicios sociales municipales. Estos grupos han argumentado su rechazo a la reforma de la Administración Local porque supondrá la desaparición de los servicios sociales municipales.
“¿Consideráis que la reforma de la Administración Local acabará con el sistema público de servicios sociales? ¿Cómo se debería aplicar la ley para evitarlo?”. Con esta pregunta, lanzada por la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, ha arrancado el Foro Político de Servicios Sociales, en el que han participado representantes de ocho partidos. Todos, excepto el PP, han rechazado la Ley.
El turno de palabras ha arrancado con la intervención del responsable de expansión de UPyD en el País Vasco, Niko Gutiérrez. Según ha denunciado, “la reforma tiene una incógnita absoluta en servicios sociales” que prevé será “en la mala dirección”. Gutiérrez ha defendido los servicios sociales como “el derecho de la ciudadanía”, por lo que lamenta que el debate no se esté situando en su mantenimiento. “Nos estamos alejando de los servicios sociales. Ya no solo somos desiguales ante la riqueza sino ante la pobreza”, ha insistido.
Por su parte, el viceconsejero de de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, del PNV, Íñigo Pombo, ha hecho un repaso a las diferentes normativas que regulan los servicios sociales y ha rechazado la reforma. Pombo ha hecho hincapié en la necesidad de los servicios sociales y ha defendido la labor que en ese sentido hacen los ayuntamientos.
La portavoz del PP de Barakaldo, Amaya Fernández, ha sido la única integrante de la mesa que ha defendido la Ley. Ha justificado la reforma “por la necesidad de evitar duplicidades” que ha cifrado en 403 millones de “malgasto”. Fernández ha asegurado que donde más duplicidades se producen es en los servicios sociales y ha asegurado que las políticas de austeridad “mejor hay que llamarlas políticas de racionalización del gasto”. Parte del público ha abandonado la sala cuando ha asegurado: “En referencia a los servicios sociales, no sé en qué puede afectar [la reforma] a los derechos de los ciudadanos”.
“Las leyes inútiles debilitan las necesarias”. Con esta cita a Montesquieu ha comenzado su intervención el diputado en el Congreso por Coalició Compromís, Joan Baldoví. “Sí que importa quién paga las cosas (…) los servicios sociales bullen de gente. Conocéis a las personas, sabéis dónde viven. Los municipios tenemos que dar la cara”, ha asegurando, poniendo ejemplos de su paso por el ayuntamiento de Sueca (Valencia). Baldoví ha asegurado que derivar los servicios sociales a las diputaciones generarán un alejamiento de las personas “y no se podrá atender con el conocimiento de causa”.
Por su parte, el diputado foral de Política Social de Gipuzkoa por Bildu, Ander Rodríguez, ha asegurado que mantener los servicios sociales depende de la voluntad de la administración. “Si se quiere, se puede”, ha recalcado. Ha rechazado de plano la reforma y ha criticado que “la deuda privada se haya convertido en pública por el rescate bancario”. Rodríguez ha destacado que se esté produciendo un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas y ha insistido en la necesidad de mantener y potenciar la Ley de dependencia.
El director de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete y ex consejero de Empleo, Formación e Inclusión Social del Gobierno Vasco (PSOE), Javier Ruiz Fernández, ha asegurado que “la ventaja de la ley es que no se puede cumplir”. Ha lamentado que se esté trasladando el debate a una pugna entre distintas administraciones cuando en ese traspaso se produce la desaparición de servicios. Ese es el drama”. Los ciudadanos dejaran de tener el servicio que tienen. Se ha olvidado de lo que ha ocurrido en 30 años.
Desde Podemos, Xabier Benito ha denunciado un ataque al municipalismo. “Los ayuntamientos pierden autonomía y se pierden los servicios sociales”, ha asegurado. “Esta norma hay que pararla desde la calle y con nuevas propuestas. No dejemos q nos hagan los servicios sociales, hagámoslos nosotros y nosotras”, ha animado.
La concejal de IU en Barakaldo y responsable del Área de Mujer de IU Federal, Amaia Martínez, ha criticado la reforma, ha acusado al Gobierno de la situación de las familias por “sus compromisos con la troika” y ha defendido la red pública de servicios sociales: “No es lo mismo que se presten desde la administración pública o privada”, ha insistido. También ha destacado que la reforma de la Administración Local va afectar sobre todo a las mujeres.
El debate ha servido para visibilizar las posturas y los matices de los diferentes partidos ante la reforma. Del mismo modo, las numerosas intervenciones por parte del público han hecho llegar a los políticos las principales demandas y puntos de vista de los y las trabajadoras sociales.
Fuente: Balance de la Dependencia
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asegurado hoy que con la aplicación de la Ley de Reforma Local "nadie se va a quedar sin servicios" y se seguirán formalizando los convenios "que marca la ley".
Barberá ha hechos estas declaraciones tras asistir en el mercado de Ruzafa a una jornada de cocina en directo protagonizada por el cocinero valenciano Ricard Camarena y ser preguntada por las protestas que realizan hoy sindicatos y partidos por la "incertidumbre" creada con la nueva ley.
La alcaldesa ha señalado que no le "extrañan" estas movilizaciones porque en estos momentos hay "elecciones sindicales y esto moviliza de manera interna", y la oposición "es el no constante a todo".
CCOO, UGT y CSI·F han convocado, con el respaldo del PSPV, Compromís y EUPV, una protesta hoy a las doce del mediodía en la que han rodeado el Palau de la Generalitat por la "incertidumbre" creada ante el "desgobierno" del Gobierno valenciano en la Ley de Reforma Local.
Fuente: La Vanguardia
Millo considera "bananero y antidemocrático" legislar para incumplir leyes
El PP catalán llevará al Consell de Garanties Estatutàries el decreto ley aprobado este martes por el Govern para ofrecer "instrumentos jurídicos" a los ayuntamientos que les permitan no aplicar la reforma de la administración local promovida desde el Gobierno central.
En rueda de prensa, el portavoz popular en el Parlament, Enric Millo, ha tachado al Govern de "bananero y antidemocrático" por legislar para incumplir leyes, y ha argumentado que recurrirán el decreto ante el órgano consultivo de la Generalitat porque no hay motivos para utilizar este instrumento legal.
Ha sostenido que esta iniciativa no cumple los requisitos para ser tramitada en forma de decreto ley, ya que ésta es una vía pensada para casos de urgencia y excepcionalidad que, a su juicio, no se dan en esta ocasión.
Millo ha argumentado que en Catalunya está vigente la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local --modificada por la reforma del Estado-- y se está elaborando en el Parlament una reforma local catalana, por lo que ha considerado innecesario un mecanismo de urgencia.
El dirigente popular ha esgrimido también que esta legislación afecta a una materia de "desarrollo básico", por lo que no se puede tramitar con un decreto como, ha dicho, tampoco se podría iniciar así una reforma del Estatut mediante este mecanismo.
"Ya cansan las acusaciones infundadas de un Govern que no tiene nada más que hacer que atacar al Gobierno de España y echarle las culpas de todos sus despropósitos e incompetencias", ha advertido.
Fuente: Europa Press
El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha apostado por que las ciudades se unan para compartir proyectos y experiencias durante su intervención en la Cumbre Mundial de Líderes Locales, celebrada hoy en Liverpool. El también Alcalde de Santander ha participado en la Mesa Ciudades y Crecimiento, donde ha compartido opiniones sobre la colaboración público privada en los proyectos que se desarrollan en las ciudades, especialmente en el ámbito de la innovación tecnológica, con el Ministro de Ciudades de Reino Unido, Greg Clark, y con los representantes de Brookings Institutions y de BT Group (organizadores de la Cumbre para los Líderes de Ciudades) Bruce Katz y Gavin Patterson, entre otros.
Como modelo de colaboración e intercambio de experiencias, De la Serna se ha referido a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que también preside, a la que ha calificado como referente internacional, ya que es la única red en el mundo de estas características y ha despertado el interés de otros países.
El Presidente se ha referido al espíritu colaborativo y solidario de esta Red, en la que los Ayuntamientos comparten sus experiencias y ceden al resto sus aplicaciones y desarrollos para optimizar los recursos y avanzar de la mano, apoyados en las tecnologías, en la mejora de la competitividad del país.
De cara al fomento de la colaboración público-privada en las smart cities, Íñigo de la Serna ha remarcado la necesidad de actuar en un doble sentido: por un lado, disponiendo de las ciudades como laboratorios urbanos y creando las condiciones de contorno, tanto económicas como de seguridad jurídica y estabilidad institucional; y, por otra parte, eliminando trabas administrativas y dando facilidades para la puesta en práctica de proyectos en común.
En este último sentido, se ha referido a la propuesta planteada por la RECI para la modificación de la Ley de Contratos del sector público, que pretende dar respuesta a las necesidades a las que actualmente se enfrentan los ayuntamientos a la hora de contratar los servicios necesarios para convertir su ciudad en una ciudad inteligente.
De la Serna ha indicado que la elaboración de esta propuesta se ha realizado en coordinación con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y se va a trasladar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que estos cambios se puedan incorporar lo antes posible.
En el transcurso del acto celebrado en Liverpool, el Presidente de la FEMP también ha tenido ocasión de intercambiar impresiones con los Alcaldes de Quito, Mauricio Rodas, y de Liverpool, Joe Anderson.
Fuente: FEMP
Homs asegura que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local "se carga" los servicios sociales que ofrecen los municipios.
El Govern de la Generalitat ha aprobado un decreto ley que pretende facilitar que los ayuntamientos catalanes puedan luchar contra la reforma local diseñada por el Ejecutivo central y para que, a través de "instrumentos jurídicos" puedan "evitar el desmantelamiento de los servicios públicos".
En rueda de prensa posterior al Conselle Executiu, que este martes se ha celebrado con la ausencia del president de la Generalitat, Artur Mas, y del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, que se encuentran de viaje oficial a EE.UU., el portavoz del Govern ha señalado que la reforma del Gabinete de Rajoy (la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en sus siglas, LRSAL) es "un despropósito por la afectación que tiene en la vida colectiva de las personas", tras lo cual ha asegurado que "supone el demantelamiento de políticas de bienestar" que se otorgan desde la cercanía al ciudadano del ámbito local.
Según Francesc Homs, la reforma gubernamental tiene afectaciones directas sobre servicios básicos como las guarderías, los servicios sociales que despliegan los entes locales y tienen que ver actividades perentorias como la salud pública, las plagas (ha recordado la reciente polémica por el servicio de control del mosquito tigre), sanidad de aguas, etc. Por tanto, "son políticas cotidianas que descansan en la colaboración entre los ayuntamientos y la Generalitat o los consejos comarcales", ha destacado, y a su entender son políticas de bienestar que la LRSAL "se carga", ha lamentado.
Pero el dirigente ha asegurado que "no estamos dispuestos a renunciar a esto", de manera que el decreto aprobado es una solución de urgencia mientras no se aprueba en el Parlament la ley de gobiernos locales, que aún está en trámites. "La situación lleva a una medida de excepcionalidad y de urgencia", porque la entrada en vigor de la Larsal es inminente, y la "consecuencia nefasta" es "bloquear toda clase de servicios públicos locales", ha argumentado.
Aunque el dirigente no ha concretado los motivos por los que la LRSAL atenta tan gravemente contra los servicios sociales de los municipios, ha asegurado que Catalunya no es la única autonomía que está planteando medidas para luchar contra la ley y de hecho, otras comunidades están tomándolas, caso de Galicia o Andalucía aunque, debido a la afinidad política "hay gobiernos regionales que no están haciendo mucho ruido".
La LRSAL es una de las leyes más importantes que prevé aprobar el Ejecutivo español en breve con el objetivo de ahorrar costes, racionalizar servicios y unificar criterios para que todos los españoles reciban las mismas atenciones sociales y con los mismos estándares de calidad en cualquier parte del territorio español. Así, esta norma dediseña competencias, los servicios mínimos obligatorios, el coste efectivo de los servicios, las EMD, la fusión de municipios, la racionalización del sector público, el régimen retributivo y el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, entre otros aspectos.
Homs ha asegurado que desde el Gobierno han puesto en marcha una "sofisticada operación" que "intentan imponer" para "cargarse este modelo de colaboración" entre gobiernos locales y administraciones autonómicas, de manera que la estrategia del Ejecutivo central no responde sólo a la voluntad de "un ahogo financiero, sino también estructural". Además "tienen el cinismo de plantear según qué rebajas fiscales como si sobraran los recursos, y encima no abordan la lucha contra el fraude fiscal", ha reprochado.
El dirigente catalán ha asegurado que "el generador del problema no está situado en Catalunya" sino que "los problemas los pone el Gobierno" y por eso "ponemos medidas" que, en todo caso, cuentan con el apoyo de las dos principales entidades municipalistas.
Fuente: La Vanguardia