El Consejero de Administración Local de Navarra urge a retomar el Mapa Local y la oposición quiere dejarlo para 2015

PSN, Bildu, Aralar e I-E critican el "discurso del miedo" del consejero, que prevé una situación complicada si no se aprueba.

El consejero de Administración Local, José Javier Esparza, urgió ayer al Parlamento a retomar los trabajos para la reforma del Mapa Local de Navarra, paralizados desde hace tres meses, tras dibujar un panorama casi apocalíptico de las consecuencias que tendría para ayuntamientos y concejos "no hacer nada" después de que el Gobierno central del PP haya aprobado la ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Sin embargo, desde los grupos de la oposición se acusó al consejero de pretender "asustar" y abogaron por dejar la reforma para la próxima legislatura.

Esparza, en un discurso que por momentos pareció más una bronca a los parlamentarios, enumeró las consecuencias que, a su juicio, tendría que Navarra no legislase en esta materia ejerciendo así las competencias que le concede la propia ley estatal. Así, habló de que habrá concejos, e incluso ayuntamientos, que pueden desaparecer por no poder cumplir las exigencias económicas de la Ley estatal, no se podrán constituir las agrupaciones de servicios administrativos ni los distritos forales, quedará bloqueado todo el sistema de provisión de secretarios e interventores y tampoco se podrá acometer un nuevo sistema de financiación ni traspasar a los municipios o agrupaciones competencias en servicios sociales, salud o educación. También quedaría en manos de Madrid el cálculo del coste efectivo de los servicios. "Si quieren que decida Navarra y no Montoro, aún estamos a tiempo. Ustedes verán", espetó Esparza a los parlamentarios. "Nos queda un año, pero si nos vamos a septiembre terminaremos no haciendo nada", dijo.

De acuerdo con el consejero estuvieron Jesús Esparza (UPN), quien calificó la reforma de "vital", y Eloy Villanueva (PP), para quien "la obligación de este Parlamento es resolver las cuestiones que la reforma estatal ha puesto encima de la mesa".

Por el contrario, desde la oposición no se escatimaron críticas al consejero. La socialista Maite Esporrín recordó que la paralización de la ponencia "no fue un capricho" y criticó que "ahora apelen al consenso cuando nos echaron del Gobierno y nos dijeron de todo con ocasión de la fallida moción de censura". Aseguró que las prisas "no son buenas", mostró la disposición de su grupo a seguir trabajando pero rechazó el "discurso del miedo" de Esparza.

Víctor Rubio (Bildu) incidió también en que la ponencia la paralizó "el escándalo de la Hacienda Foral y no este Parlamento" y acusó a Esparza de "ponerse la bandera de la foralidad, pero nos dice a la vez que el gendarme es Montoro. Ya no vale engañar a la ciudadanía", señaló, y aseguró que a punto de finalizar el actual periodo de sesiones y con solo ocho meses de legislatura por delante no hay tiempo de aprobar la ley.

Txentxo Jiménez (Aralar) consideró que, al contrario de lo que dijo el consejero, "no hay ningún vacío legal porque está en vigor la Ley Foral de Administración Local que no ha sido derogada". Incidió en que el fracaso de la reforma local navarra tiene su origen en que "no se ha abierto un proceso de participación en tiempo y forma, y la gente lo que quiere es participar y tomar decisiones", y se mostró asimismo escéptico sobre que la ley pueda aprobarse esta legislatura.

Finalmente, Txema Mauleón (I-E) acusó al consejero de haber expuesto "un cuento que no es real" y rechazó que se acuse al Parlamento de paralizar la ley cuando "ustedes son el Gobierno y tienen que resolver esta cuestión". Tirando por elevación, Mauleón advirtió a Esparza de que UPN "tenía que haber convocado elecciones hace dos años" y le reprochó que se "atrinchere" en el Palacio de Navarra "y encima culpe al Parlamento de su fracaso". Abogó asimismo por aplazar la reforma del Mapa Local a la próxima legislatura.

HISTORIA

Desencuentro. El Parlamento lleva año y medio tramitando la reforma del Mapa Local. Para consensuar las posturas de los diferentes grupos se creó una ponencia que paralizó sus trabajos tras el escándalo en la Hacienda Foral y se prorrogó entonces durante tres meses. El plazo concluye este viernes, que es cuando deberá decidir si sigue adelante con los trabajos o se disuelve.

Fuente: Diario de Noticias

La Cámara andaluza convalida el decreto ley que blinda las competencias municipales frente a reforma local del Gobierno

El Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con el apoyo de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, el decreto ley que blinda las competencias de los ayuntamientos de la comunidad frente a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local aprobada por el Gobierno de la Nación.

En defensa de este decreto ley, ha intervenido en la tribuna de la Cámara autonómica el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, quien ha vuelto a pedir al Ejecutivo de Mariano Rajoy que paralice su reforma de la administración local mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional (TC) al respecto del recurso del Gobierno andaluz.

En su opinión, es de "enorme importancia" tener en cuenta los pronunciamientos que en los últimos días han hecho tanto el Consejo de Estado como el propio TC porque, según ha recordado, el primero emitió el 29 de mayo "un dictamen negativo" sobre esta reforma local que sostiene que "existen fundamentos jurídicos suficientes para que los municipios planteen conflicto en defensa de la autonomías local ante el Tribunal Constitucional".

Según ha insistido el vicepresidente, son 87 páginas de dictamen que, pese a no tener carácter vinculante, "expresan en relación al 'coste estándar' que se trata de un cálculo de costes que supone una suerte de derecho de veto por parte de las diputaciones y que, según el documento referido, priva a los municipios de cualquier capacidad de decisión".

Del mismo modo, Valderas ha destacado que el documento del Consejo, en el articulado de la Ley de Reforma Local, señala que "el órgano de representación política de los municipios es el pleno formado por el alcalde y los concejales elegidos democráticamente" y que la junta de gobierno "sólo tiene carácter ejecutivo, con unos representantes elegidos libremente por ella, que no responden a la representatividad del plenario". También considera "contrario a la Constitución quitarle a los municipios menores de 20.000 habitantes sus competencias básicas y propias" como la recogida y tratamiento de residuos o la limpieza viaria.

Estas consideraciones, según Valderas, "confluyen con la tesis del Gobierno andaluz de que la Ley de Reforma Local constituye una injerencia hacia los municipios y ataca el principio de autonomía local que se refleja en la Constitución como la administración más cercana y más eficaz".

Además, según ha añadido el vicepresidente, también el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados contra esta Ley por los parlamentos de Andalucía, Extremadura, Cataluña y Navarra, así como por los gobiernos autonómicos de Asturias, Andalucía, Cataluña y Canarias y por diez partidos políticos.

"Esto indica que Andalucía está en el camino adecuado y parecería juicioso que cuando una alta magistratura como el Tribunal Constitucional admite estos recursos a trámite por conflictos de competencias, esto llevara al Gobierno central a la inmediata paralización de la reforma local, poniendo fin a las peligrosas consecuencias que tiene esta norma que ha llenado de duda e inseguridades el conjunto de los 772 municipios de Andalucía", ha argumentado.

Ante ello, ha pedido la convalidación del decreto ley con el objetivo de "proteger la arquitectura normativa andaluza, la autonomía de nuestros municipios y nuestra apuesta por la descentralización política y administrativa".

PP-A: EL "BIPARTITO MIENTE" A LOS ANDALUCES

La portavoz del PP-A Ana Mestre ha afeado al Gobierno andaluz su "sectarismo y arrogancia" por hacer de "su capa un sayo" y presentar "de forma unilateral" este decreto ley que propone "medidas cautelares" incluso antes de que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional al respecto del recurso de la Junta a la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local.

Según Mestre, este decreto ley demuestra que el "bipartito" gobierna "a golpe de decreto ley" y con la única intención de "confrontar permanentemente con el Gobierno de Mariano Rajoy" y de "mentir" a los ciudadanos, a los que "alarman" con "discursos y mentiras" como los de que la reforma local va a provocar despidos.

"Están jugando con los puestos de trabajo de cientos de miles de ciudadanos", ha reprochado a Valderas para lamentar también "el interés partidista del Gobierno de la señora Díaz", al que acusa de elaborar un texto "sin base legal y poco sostén jurídico" que "en nada tiene que ver con el blindaje que dicen que van a hacer".

PSOE E IU: "MENOS PATRIOTISMO DE SALÓN"

Frente a ello, la diputada socialista Clara Aguilera ha pedido al PP-A "menos patriotismo de salón" y más "defensa de los derechos de las personas" porque, en su opinión, el decreto ley de la Junta es el único que "salvaguarda las 29 competencias propias que están recogidas en el Estatuto andaluz para nuestros ayuntamientos mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad" que la Junta ha presentado ante el TC.

Entre los aspectos que Aguilera ha destacado de este decreto ley, ha considera "acertado y adecuado que se acote todo lo referido al concepto de duplicidad" para que el PP-A no pueda utilizar como argumento, "para manipular, eso de una administración una competencia". "¿Quién no va a estar de acuerdo con esto?", se ha preguntado para visibilizar dicha "manipulación".

Finalmente, el diputado de IULV-CA Juan Serrano ha señalado que este decreto ley "protege 40.000 empleos públicos que estaban en riesgo por la reforma local" del Gobierno, que se aprobó "en la más triste soledad y sin negociación del resto de grupos políticos".

También ha criticado que el PP-A se oponga a este decreto ley que pretende evitar una reforma local estatal que "abre la puerta a la privatización de los servicios públicos".

Fuente: Europa Press

"Alarmante reducción" de personal y prestaciones en servicios sociales por la reforma local, según El presidente de la Diputación de Sevilla

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha advertido este jueves de que las jornadas promovidas por su institución sobre el impacto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local sobre los servicios sociales, ha puesto de manifiesto que la nueva regulación se traduce en una "alarmante reducción de personal" dedicado a esta tarea y una "supresión" de determinadas prestaciones y recursos que hasta ahora ofrecían estos dispositivos.

En rueda de prensa, Rodríguez Villalobos ha señalado, una vez más, la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la conocida como 'reforma local', que incide especialmente en las competencias de los consistorios. La nueva ley reconoce como competencias "propias" de los ayuntamientos el urbanismo, la vivienda protegida, el medio ambiente urbano o la Policía Local, por ejemplo, pero por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre otras materias determinantes, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.

En ese sentido, Rodríguez Villalobos ha señalado la reciente jornada de análisis y debate celebrada por la Diputación con la participación de unos "300 técnicos" que han evaluado el impacto de la nueva regulación sobre los servicios sociales que prestan los ayuntamientos.

MALAS NOTICIAS

Y es que esta jornada, según Villalobos, ha puesto de relieve "la preocupación de los técnicos al haber caído en los últimos dos años un 17 por ciento las partidas de los ayuntamientos para las materias sociales", extremo que ha encuadrado en la asfixia financiera de las administraciones locales. En cuanto al fondo en sí de la nueva regulación de la administración local, ha manifestado que las "conclusiones" de tal jornada de trabajo reflejan que "la reforma local desvirtúa el sistema que tenemos, sustentado sobre unos servicios sociales locales que se pretenden destruir y la atención a la dependencia, que sufre una demolición para que sea privatizada en una derogación encubierta de la Ley de Dependencia".

Los técnicos, según Villalobos, concluyen que "el ahorro pretendido" que inspira la reforma de la administración local "se logra a costa de los servicios sociales" e implica "una alarmante reducción del personal dedicado a los servicios sociales, especialmente en lo que se refiere a la ayuda a domicilio, así como una supresión de determinados servicios". "Los servicios sociales locales son los peor parados de la reforma", enfatiza Villalobos.

"¿QUIÉN PAGA TODO ESTO?"

El presidente de la Diputación explica que en un escenario en el que los usuarios de los servicios sociales asumen el 5,8 por ciento del coste de los mismos, las comunidades autónomas el 22,7 por ciento y los ayuntamientos el 71,5 por ciento, "¿quién paga todo esto si se le pisa el pescuezo a los ayuntamientos?".

Fuente: El Economista

El Parlamento de Andalucía aprueba por unanimidad la Ley de Transparencia

Se trata de la primera que sale adelante de las 28 normas incluidas en el pacto de gobierno suscrito por PSOE-A e IULV-CA.

El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles por unanimidad de los grupos la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, una norma que tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas, incluida la Iglesia, que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos. Se trata de la primera que sale adelante de las 28 normas incluidas en el pacto de gobierno suscrito por PSOE-A e IULV-CA.

El Grupo Popular sólo ha rechazado un punto de un artículo de la norma, el 47.2, donde se indica que la designación del director del Consejo de Transparencia y Protección de datos corresponde al Parlamento, «por mayoría absoluta, y deberá recaer en una persona de reconocido prestigio y competencia profesional». Al texto definitivo se han incorporado cuatro de las 92 enmiendas que el PP-A que ha defendido en este debate final.

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha lamentado que en esta ley no se hayan incluido las enmiendas de su grupo que hacían referencia al buen gobierno y que se haya «perdido» así la oportunidad de que se «produzca un cambio de verdad» en materia de transparencia por parte del Gobierno andaluz.

Por eso, y pese a que el PP-A ha apoyado la Ley en la votación final, el portavoz 'popular' ha insistido en que «lo suyo hubiera sido abordar el buen gobierno de forma conjunta con la Ley de transparencia» para no ser transparentes «sólo de boquilla» y para evitar que se sigan produciendo «escándalos que abochornan a los andaluces» como los de «los ERE, los fondos de formación o los de la Faffe».

Raynaud, que ha lamentado que sólo se hayan incluido cuatro de las 92 enmiendas que su grupo ha presentado, ha aprovechado para pedir «independencia y profesionalidad» para el Consejo de Transparencia y protección de datos y para requerir al Gobierno andaluz que conteste a todas y cada una de las preguntas que realizan los diputados 'populares' en el Parlamento. «Votaremos que sí porque creemos en la transparencia, pero esta ley sin más transparencia ni buen gobierno, va a provocar que tengamos que seguir utilizando este Parlamento para saber la verdad», ha apostillado.

Por su parte, la portavoz del PSOE-A Verónica Pérez ha señalado que esta ley es la llave para abrir muchas de esas puertas y ventanas que hasta ahora habían permanecido cerradas para la ciudadanía», añadiendo que se trata de una norma «de vanguardia y de máximos que va a colocar a Andalucía como un ejemplo de transparencia a nivel internacional».

Pérez, que como el resto de portavoces ha agradecido las aportaciones de los colectivos sociales a este texto, ha considerado que esta norma «ha sido mejorada» a lo largo del trámite parlamentario llevado a cabo hasta el momento, ha valorado que con la ley se haga «posible que la gente conozca cómo se gestionan los recursos públicos» y se ha mostrado convencida de que esta ley es «una oportunidad para devolver la confianza a mucha gente en la política».

Además, ha puesto en valor que haya habido un «buen clima de diálogo» entre las tres fuerzas políticas para buscar un acuerdo de máximos, razón por la que ha el PSOE ha aceptado cuatro enmiendas del PP y ha transaccionado otras cuatro, las cuales, no han sido aceptadas por los 'populares'.

Finalmente, el portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, que llevaba una camiseta con los colores de la bandera de la República, ha indicado que la norma que aprueba esta Cámara es «mejor» que el proyecto de ley inicial, gracias a las enmiendas incorporadas, que han elevado «el nivel de exigencia» de un ley «útil» que hace avanzar «en la buena dirección» y que hará «saltar las alarmas y la liebre cada vez que alguien tenga la tentación de meter la mano».

Tras destacar que esta ley es «más exigente» respecto a lo ya legislado a nivel nacional, Castro se ha mostrado convencido de esta normativa será «más útil» si se cumple con el paquete de regeneración democrático que comprende las leyes de Participación Ciudadana, de Participación Institucional, de Buen Gobierno y la reforma de la Ley Electoral de Andalucía y de la Ley de la Cámara de Cuentas.

Fuente: ABC