El PSOE dice que el Consejo de Estado respalda su tesis sobre la reforma local y pide a Rajoy que la paralice

El PSOE de Sevilla ha manifestado este viernes que el reciente dictamen no vinculante del Consejo de Estado sobre la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, respalda la idea de los socialistas en cuanto a la supuesta "inconstitucionalidad" de esta regulación, reclamando así al Gobierno central del popular Mariano Rajoy que paralice su aplicación.

Todo se encuadra en la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que incide especialmente en las competencias de los ayuntamientos. La nueva ley reconoce como competencias "propias" de los ayuntamientos el urbanismo, la vivienda protegida, el medio ambiente urbano, el abastecimiento de agua, el viario público, la Policía Local, el tráfico urbano o la promoción turística, por ejemplo, pero por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre otras materias determinantes, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.

Frente a esta regulación, el Gobierno andaluz de PSOE e IU-CA ha promovido un decreto Ley que, merced a la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), reserva para los ayuntamientos 29 competencias, toda vez que dicho decreto Ley surge en paralelo a la impugnación de la citada ley ante el Tribunal Constitucional.

Hace pocos días, el Constitucional admitía a trámite los nueve recursos presentados contra este ley por tres parlamentos (Extremadura, Cataluña y Navarra), cuatro gobiernos autonómicos (Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias) y varios partidos de la oposición, entre ellos el PSOE. Posteriormente, el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la nueva regulación censurando aspectos como que las juntas locales de gobierno puedan aprobar planes de ajuste sin el respaldo del pleno corporativo.

A tal efecto, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, y la secretaria de política municipal del PSOE Andalucía, Rafaela Crespín, han dado cuenta este viernes, en el seno del Consejo de Alcaldes del PSOE de Sevilla, de los avances logrados en la lucha contra esta regulación que supone "un duro golpe a la autonomía municipal" y que afecta a los "servicios" que los ciudadanos reciben, precisamente, "desde la administración más cercana, la local". "Fuimos los primeros en avisar de que esta ley era inconstitucional y parece que eso nos lo confirman el Consejo de Estado y la admisión a trámite de los recursos", ha dicho Verónica Pérez.

Crespín, de su lado, ha aplaudido el resultado del Consejo de Estado, porque pone de manifiesto que "las juntas locales de gobierno no pueden tomar decisiones de calado en temas presupuestarios sin el pleno, quitando la voz y el voto del resto de concejales, que las diputaciones no pueden sustituir a los ayuntamientos porque éstos tienen autonomía plena y la trampa del coste efectivo de los servicios públicos para justificar su privatización".

Dado el caso, los socialistas han reclamado al Gobierno central del popular Mariano Rajoy "que rectifique y que paralice la aplicación de esta ley hasta que el Tribunal Constitucional aclare aspectos como los que pone en duda el Consejo de Estado".

Fuente: Europa Press

Los alcaldes del PP asturiano rechazan el decreto para adaptar la reforma local

Según el Gobierno regional, el texto busca garantizar la continuidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.

La Comisión Asturiana de Administración Local (CAAL) ha dado el visto bueno hoy al proyecto de decreto para avanzar en la aplicación en el Principado de la reforma local con los votos en contra de los representantes de Oviedo y Cangas del Narcea, ambos del PP, y la abstención de Siero, donde gobierna Foro.

Según el Gobierno regional, el texto busca evitar disfuncionalidades que pueda originar la aplicación de la reforma local, facilitar el ejercicio de las competencias en los distintos niveles de gobierno y garantizar la continuidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.

La reforma local establece que las comunidades autónomas deben elaborar informes que, en determinados casos, verifiquen que los ayuntamientos puedan seguir ejerciendo competencias que no son propias ni delegadas.

De esta forma el decreto regula cómo se deben realizar estos informes, que deberán acreditar que los concejos pueden soportar financieramente la asunción de las competencias y descartar que existan duplicidades de servicios entre las administraciones municipal y autonómica.

Dichos informes se realizarán a petición municipal y todas las solicitudes se centralizarán en la Dirección General de Administración Local, que actuará de órgano coordinador.

Asimismo, el texto regula los convenios de colaboración entre municipios y Principado para la financiación de servicios que se prestan de manera conjunta, garantizando su continuidad y el cobro para los ayuntamientos de forma que se da continuidad a la prestación de servicios por parte de los concejos, "paliando los efectos de la aplicación de la reforma", según el Gobierno.

Tras su paso por la Comisión de Administración Local, un órgano consultivo formada por 26 miembros -13 del Principado y 13 de los municipios-, el texto del decreto se someterá a informe del Consejo Consultivo antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Fuente: Europa Press

PRC pide suspender la reforma local hasta que resuelva el TC

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, defenderá en el Pleno del próximo martes una moción para instar al Gobierno de España a promover las acciones necesarias para suspender la aplicación de la nueva ley de régimen local hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos presentados en su contra.

De la Sierra urgirá además al Ejecutivo cántabro a tomar todas las medidas necesarias, incluida la aprobación de normas y presentación de proyectos de ley en el Parlamento, para garantizar la prestación a los ciudadanos de los mismos servicios y de la misma calidad que los que recibían con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.

La iniciativa reclama también la publicación de los informes que sean necesarios para que los ayuntamientos "sepan con seguridad y claridad" cuáles son sus competencias actuales, cuál es la forma en que pueden o deben prestar los servicios, cuál es la financiación con la que cuentan, cómo se van a regularizar los convenios sobre competencias delegadas y cómo se va a coordinar su ejercicio.

Del mismo modo, De la Sierra reivindica un sistema para la resolución "rápida y eficaz" de las dudas de los ayuntamientos, los ciudadanos y las organizaciones sociales sobre la aplicación de la nueva ley y reclama que sean garantizados los medios y la financiación "suficientes" para que los municipios, especialmente los menores de 5.000 habitantes, puedan ejercer adecuadamente tanto las competencias que les son propias como las delegadas.

DESIDIA E IRRESPONSABILIDAD

Esta iniciativa está encaminada a poner fin a "la desidia y la irresponsabilidad" que hasta ahora ha demostrado el Gobierno de Cantabria ante la aplicación de la nueva ley y que ha provocado problemas como los surgidos en torno a la renovación de la Renta Social Básica, que "puede dejar a los beneficiarios sin cobrar un mes", o el cierre del Centro de la Mujer de Torrelavega.

El portavoz del PRC espera que la moción sirva para que el Ejecutivo "reaccione de una vez", porque de no hacerlo "muy pronto surgirán nuevos problemas en la prestación de servicios básicos para el ciudadano", que podrían abocar incluso a la desaparición de algunos de ellos.

Y es que a su juicio, Cantabria es en este momento la Comunidad Autónoma "peor tratada en España", ya que es la única que aún no ha dictado disposición alguna para evitar que se interrumpa la prestación de los servicios públicos que hasta ahora correspondían a los ayuntamientos y que, en virtud de la nueva ley, pasan a depender de la Administración autonómica.

"En lugar de cumplir su papel básico y liderar la puesta en marcha de la nueva ley, el Gobierno se está ocultando, como si quisiera pasar de ello, con lo que está creando problemas, incertidumbres y dudas muy importantes", ha lamentado.

Asimismo, ha denunciado que los ayuntamientos "vuelven a estar abandonados a su suerte por la falta absoluta de actuación" del Ejecutivo, cuya "falta de previsión, incapacidad e incompetencia ya ha puesto en peligro la percepción de la Renta Social Básica por más de 1.000 familias".

CENTRO MUJER TORRELAVEGA

Del mismo modo, ha reiterado que el cierre del Centro de la Mujer de Torrelavega también es consecuencia de la falta de desarrollo de la reforma local y ha advertido que, de mantenerse el "vacío" actual, pueden verse afectados otros servicios en materia de educación, cultura, promoción de la mujer, defensa de usuarios y consumidores, vivienda, sanidad, atención primaria de la salud, de servicios sociales y protección del medio ambiente.

"Los ayuntamientos estaban llevando a cabo servicios fundamentales para los ciudadanos que dejan de ser competencia municipal y que debe asumir la Comunidad Autónoma o delegar en los municipios con la correspondiente financiación, pero a día de hoy no se sabe quién va a asumirlos en el futuro y probablemente muchos de ellos dejen de prestarse", ha advertido.

De la Sierra ha recalcado por todo ello la "gravísima incertidumbre" que suscita el Gobierno al permanecer "inactivo y callado" ante la necesidad de desarrollo de la ley de régimen local.

Fuente: Europa Press

El BNG pide que Montoro explique al Congreso si frenará la reforma local hasta que el TC resuelva los recursos

Y tras las pegas que ha puesto el Consejo de Estado

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que aclare si va a suspender la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local hasta que el Tribunal Constitucional resuelva los numerosos recursos que se han presentado contra la norma y teniendo en cuenta que el propio Consejo de Estado ha alertado de que algunos de sus preceptos presentan dudas de constitucionalidad.

Además de solicitar la presencia en la Cámara del titular de Hacienda, la portavoz de los nacionalistas gallegos, Olaia Fernández Davila, ha presentado una batería de preguntas para saber qué piensa hacer el Ejecutivo después de que el máximo órgano consultivo del Gobierno haya dejado claro que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para que los afectados por la reforma "planteen conflicto en defensa de la autonomía local".

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció este miércoles que el Gobierno modificará la ley teniendo en cuenta el dictamen del Consejo de Estado, pero para el BNG esto no es suficiente y reclama la suspensión de su aplicación hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el conjunto de la ley.

El Alto Tribunal tiene pendiente resolver los nueve recursos o conflictos de competencias planteados por distintas administraciones y partidos -entre ellos la mayor parte de la oposición y los Parlamentos de Extremadura, Cataluña, Navarra y Andalucía-. A ellos se sumará el que preparan casi 2.400 municipios que representan a unos 17 millones de ciudadanos.

DOS ARTÍCULOS DUDOSOS

De momento, la modificación anunciada por Hacienda tiene como objetivo retirar a los equipos de gobierno de los Ayuntamientos la capacidad de aprobar planes de ajuste sin el consentimiento del Pleno, uno de los puntos censurados por el Consejo de Estado.

Además de esta cuestión, el dictamen también advertía de que el artículo que establece la prestación por parte de la Diputaciones Provinciales de servicios mínimos en los municipios de menos de 20.000 habitantes y el que determina el coste efectivo de los servicios, también pueden lesionar la autonomía local.

Fuente: Europa Press