ISSN: 2695-4621
El portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Sevilla, Manuel Domínguez, ha rechazado tajantemente la acusación de falta de claridad y de transparencia que argumenta el portavoz del Partido Popular de la Diputación, Eloy Carmona, para exigir al Gobierno Provincial que revoque el replanteamiento de los 132 proyectos propuestos por ayuntamientos para ser financiados con los 39,3 millones de euros procedentes de la liquidación del ejercicio presupuestario 2012.
Hay que recordar que, según el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, estos proyectos, que son los que reflejan "las prioridades y voluntades" de los alcaldes y alcaldesas de la provincia, no pueden ser financiados a cargo del superávit al no ajustarse a la definición de iniciativa 'financieramente sostenible' que marca el Ministerio de Hacienda, como defiende el Gobierno provincial socialista, extremo este último que no convence al PP.
Manolo Domínguez asegura, de cualquier modo, que "lo que el presidente de la Diputación ha intentado, por encima de todo, ha sido poner en carga estos 39,3 millones del superávit de 2012 para financiar aquellos proyectos que constituyen las prioridades marcadas por los alcaldes de la provincia y que Villalobos se ha encontrado con el hándicap de que sea el Ministerio el que esté reconduciendo a qué partidas hay que destinar este dinero, frente a la voluntad y autonomía de los ayuntamientos sevillanos".
"Esto es así --explica Domínguez-- hasta el punto de que la intención del presidente era satisfacer las demandas expresadas por la mayoría de alcaldes sevillanos, de que estas inversiones fueran destinadas a fomentar empleo, dadas las repercusiones de la crisis en sus municipios. Sin embargo, esto no ha sido posible por una Ley de Reforma Local que maniata esa autonomía y tuerce las voluntades de los alcaldes, a los que obliga a realizar las inversiones que el Ministerio considera 'financieramente sostenibles".
Con respecto a la presunta falta de transparencia en los criterios del presidente, Domínguez asegura que "no es Villalobos quien marca dichos criterios, sino que son los expertos, en este caso el secretario general y el interventor, quiénes informan sobre los márgenes de actuación del Equipo de Gobierno, en función de las especificaciones al respecto de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y las indicaciones posteriores procedentes del Ministerio de Hacienda". Un informe al que, según Domínguez, "todos los grupos políticos con representación provincial van a tener acceso por el cauce reglamentario: las comisiones informativas".
"Lo único cierto de esta Ley - continúa Domínguez - es su interés por conculcar la autonomía local y la voluntad de los alcaldes y alcaldesas. Pero, en todo lo demás, deja tantos resquicios, que es posible que otras instituciones estén realizando interpretaciones en otra línea. La Diputación de Sevilla se está ateniendo a las respuestas que el Ministerio de Hacienda ha ofrecido a las consultas que le hemos realizado. Si el Ministerio ha contestado en otro sentido a otras instituciones, y el señor Carmona tiene información que no tengamos, sería bueno que la compartiera para beneficio de todos esos alcaldes a los que hace alusión".
Fuente: Europa Press
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha defendido este jueves una gestión de los recursos hídricos desde lo público y siempre "centrada en las personas", frente al prisma de costes implícito en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, según avisa.
Rodríguez Villalobos ha participado este jueves en los actos del Día Mundial del Medio Ambiente celebrados en el campus Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza (Jaén), un lugar en el que ha tratado el papel de las instituciones en la gestión de los recursos hídricos, pues "aquí, como en otras cuestiones, también está latente el debate de una gestión pública o privada de los recursos", aunque "con un gran matiz que no se nos puede pasar por alto. Que en este caso estamos hablando de agua".
"Es un recurso sin el que la vida no es posible. Un elemento estratégico que ya está siendo objeto de todo tipo de especulaciones a nivel mundial", dice Villalobos, quien en este marco señala la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, porque "como ya hemos dicho en repetidas ocasiones desde el municipalismo, abre la puerta a las privatizaciones, a base de colapsar a las diputaciones en su trabajo y cometido diario".
"Con la ley en la mano, nos tocará ser los guardianes del coste efectivo del servicio de suministro y depuración de aguas en los pueblos de nuestra provincia", dice respecto al papel de las Diputaciones. "Si nos quedamos en esa visión reduccionista, nuestra tarea pasa, efectivamente, por vigilar los costes y hacernos cargo del servicio en aquellos casos en que sea más caro que en la media, pero la función de coordinación de las diputaciones aquí no pasa por embridar en corto a aquellos que no cumplan el coste efectivo, porque las personas deben ser y continuar siendo el centro de nuestras políticas hídricas".
"La tarea no es dar azotes y hacer propuestas para abaratar ese servicio. Nuestra gestión debe ser una gestión centrada en las personas, no en el coste", enfatiza el presidente de la Diputación de Sevilla, quien ha defendido que "esas familias que no tienen para pagar el agua y les garantizamos el suministro desde Aljarafesa o el Huesna, tarde o temprano saldrán de su escollo".
"No se trata de coordinar para cuadrar las cuentas. Hay que coordinar para regular la prestación del servicio en clave pública y, desde ahí, garantizar el agua a nuestros vecinos y vecinas".
"Lo más importante no es a cuánto prestamos el servicio, sino cómo y bajo qué estándares ofrecemos ese servicio a unos ciudadanos que, en principio, no deben ser discriminados en calidad del agua por el solo hecho de vivir en un pueblo o en otro, en una comarca o en otra, en una provincia o en otra", ha defendido.
Fuente: Europa Press
Beteta anuncia que el Gobierno "renegociará" con los ayuntamientos el coste efectivo y la prestación de servicios por parte de las Diputaciones
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado este miércoles que el Ministerio de Hacienda va a modificar la reforma local para retirarle a los equipos de gobierno de los Ayuntamientos la capacidad de aprobar planes de ajuste sin el consentimiento del Pleno.
Según ha explicado el secretario de Estado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, el Gobierno incluyó esta posibilidad en la norma para permitir a aquellos ayuntamientos cuyos Gobiernos no cuentan con mayoría aprobar planes de ajustes aunque el Pleno no llegara a un acuerdo, y evitar así que el Ministerio de Hacienda se viera obligado a quitarles participación en los ingresos del Estado para poder hacer frente a sus deudas.
"Lo que acordamos fue que fueran las comisiones de Gobierno las que pudieran tomar esta decisión en el supuesto de que los Plenos no lo sacaran adelante. Se entiende que no es así, y el Gobierno retirará esta cuestión y tendremos que seguir actuando en relación con la participación de ingresos del Estado como ha ocurrido hasta ahora", ha asegurado.
La decisión anunciada por Beteta llega después de que el Consejo de Estado criticara en su último dictamen que esta cuestión, contemplada en la disposición adicional decimosexta de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lesiona la autonomía municipal.
En concreto, el Consejo de Estado recuerda que el Pleno del Ayuntamiento es "el órgano de representación política de los municipios" y que está formado por el alcalde y los concejales elegidos democráticamente, mientras que la Junta de Gobierno es un órgano de carácter "ejecutivo" compuesto por el alcalde y una serie de concejales nombrados libremente por el alcalde, y que "no se integra de conformidad con los principios de representatividad y proporcionalidad del Pleno".
El órgano consultivo emitió el citado informe como paso previo al recurso de inconstitucionalidad que casi 2.400 municipios de toda España van a plantear contra la reforma local, en representación de unos 17 millones de ciudadanos. Aunque no tiene carácter vinculante, los ayuntamientos estaban obligados por ley a plantear sus reclamaciones ante el Consejo de Estado antes de interponer su recurso.
Además de esta cuestión, el dictamen también advertía de que el artículo que establece la prestación por parte de la Diputaciones Provinciales de servicios mínimos en los municipios de menos de 20.000 habitantes y el que determina el coste efectivo de los servicios, también pueden lesionar la autonomía local.
A este respecto, Beteta ha anunciado que el Gobierno va a "renegociar" estos dos asuntos con los ayuntamientos en la próxima Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y que esperan llegar a un acuerdo, tras haber reconocido que efectivamente existe una "situación de discrepancia".
POSICIÓN DE HACIENDA, "AVALADA POR EL CONSEJO"
No obstante, ha asegurado que en lo que se refiere al resto de la norma, lo que ha hecho el Consejo de Estado es "darle la razón al Gobierno frente a los recursos que han hecho las Comunidades Autónomas". "El Consejo de Estado lo que ha avalado en ese dictamen es la posición que defiende el Ministerio de Hacienda", ha afirmado.
"Nos sentimos confortables, pensamos que es un sector que ha pasado de superávit a déficit, y que los principios de la ley que estamos aplicando, que es ajustar a lo imprescindible, está siendo un auténtico éxito", ha defendido.
En este sentido, ha criticado que los únicos que critican la norma son "determinados partidos" que hacen "política con minúsculas". "Está demostrado que los ayuntamientos siguen prestando los mismos servicios, y tienen 4.000 millones de euros de superávit. Quien critica eso es que no sabe de lo que habla", ha manifestado.
Fuente: Europa Press
El Pleno del Parlamento tiene previsto aprobar la próxima semana, en virtud de la mayoría que ostentan PSOE-A e IULV-CA, socios en la Junta, la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.
La Junta de Portavoces del Parlamento ha aprobado este miércoles el orden del día del Pleno, que se celebrará los días 11 y 12, en el que se recoge el debate final del proyecto de Ley de Transparencia Pública.
Los grupos parlamentarios han presentado un total de 132 enmiendas parciales al citado proyecto de ley. El grupo popular ha sido el que más enmiendas parciales ha registrado, con un total de 92; seguido del grupo socialista, con 21, y de Izquierda Unida, con 19 enmiendas.
El portavoz del grupo popular, Carlos Rojas, se ha mostrado este miércoles confiado en llegar a "acuerdos fundamentalmente con el PSOE-A" sobre la Ley de Transparencia antes del Pleno del Parlamento.
Tras el debate de esta norma, que se producirá el miércoles 11, el Pleno debatirá sobre la convalidación o derogación del decreto ley por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
Entre las comparecencias del Consejo de Gobierno, se encuentra una relativa a medidas en materia de personal y retribuciones de empleados públicos, a petición del PP-A, y otra de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, sobre las previsiones del Plan Infoca verano 2014.
Asimismo, el Pleno incluye el debate de totalidad del proyecto de ley por el que se modifica la Ley por la que se regula la investigación con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro y la Ley por la que se reguña la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.
En cuanto a las preguntas a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la sesión de control al Consejo de Gobierno, el portavoz de IULV-CA, José Antonio Castrol, le preguntará acerca del estado del proyecto de Ley para la creación del Instituto Público de Crédito Andaluz y de las medidas para la reforma del sector público; el del Grupo Socialista, Mario Jiménez, sobre los datos del paro y el del Grupo Popular, Carlos Rojas, acerca de un balance de la lucha contra el desempleo.
Respecto a las proposiciones no de ley que serán objeto de debate, se encuentra una de IULV-CA sobre convocatoria de un referéndum acerca de la forma política del estado español y la apertura de un proceso constituyente; dos del grupo popular relativas a la construcción de infraestructuras educativas en la ciudad de Jaén y a pacto por el empleo en Andalucía; y una del grupo socialista sobre medidas a favor del empleo en Andalucía.
El Pleno también incluye el debate de una moción del PP-A sobre política general en materia de autónomos, mientras que ese grupo también interpelará al Consejo de Gobierno sobre política general en materia de justicia.
Fuente: Europa Press
La FEMP y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han firmado un convenio para fomentar actuaciones locales de lucha contra los efectos del cambio climático en las ciudades, a lo largo de 2014. Un proyecto técnico sobre cálculo de emisiones, campañas de información y sensibilización y edición de materiales de divulgación, son algunas de las acciones contempladas.
Las actuaciones se llevarán a cabo a través de la Oficina Española de Cambio Climático y de la Red Española de Ciudades por el Clima, la sección de la FEMP a la que pertenecen 288 Entidades Locales de toda España que representan a casi 28 millones de habitantes.
El acuerdo ha sido firmado por la Directora General de la Oficina de Cambio Climático, Susana Magro, y por el Secretario General de la FEMP, Ángel Fernández, en presencia de la Presidenta de la Red Española de Ciudades por el Clima y Alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz.
La Directora General ha afirmado que “la colaboración del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con los Ayuntamientos es clave para que las políticas de cambio climático lleguen a todos los rincones de España y a todos los ciudadanos”.
“Este convenio que hoy hemos firmado nos permite dar continuidad a todos los trabajos que hacemos regularmente con la FEMP para acercar a las políticas locales la política nacional de cambio climático”.
Ha avanzado que “a futuro queremos profundizar en una línea de colaboración con la FEMP que nos permita trasladar a los más pequeños el cambio climático de una manera ágil y sencilla”, por lo que prevén iniciar en septiembre una campaña de educación infantil para que los niños “se familiaricen con el concepto de cambio climático y con las medidas que se pueden tomar para ayudarnos”.
Por su parte, Ángel Fernández ha destacado la relevancia que los municipios de la Red han venido desarrollando desde su creación y se ha referido “al compromiso local contra el cambio climático que muestran las casi 300 Entidades Locales vinculadas a la Red”. Asimismo, ha recordado que, desde su constitución, esta Sección de la FEMP y el apoyo del Ejecutivo han permitido a los Gobiernos Locales que la componen sensibilizar cada vez más a sus ciudadanos sobre la importancia de preservar el medio ambiente, favoreciendo actitudes sostenibles. A su juicio, las Entidades Locales son “aliados imprescindibles” de las demás Administraciones del Estado en estas cuestiones.
Mª Angeles Muñoz, Alcaldesa de Marbella y Presidenta de la Red, ha valorado muy positivamente el apoyo brindado por la Oficina, y ha calificado el convenio como ejemplo de una estrecha colaboración entre instituciones y organismos públicos para impulsar este tipo de actuaciones. El convenio permitirá dar un nuevo impulso a las políticas locales de desarrollo sostenible que desarrollan los municipios de la Red.
Este convenio, con el que se mantiene la colaboración iniciada en 2005 con el entonces Ministerio de Medio Ambiente, lleva consigo una subvención económica, prevista en los Presupuestos Generales del Estado 2014.
Actuaciones previstas
El convenio recoge la elaboración de un proyecto técnico sobre cálculo de emisiones que sirva de herramienta a los Gobiernos Locales para que puedan cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en su municipio, así como estimar las reducciones podrían obtenerse con la puesta en marcha de iniciativas basadas en una economía baja en carbono.
Durante 2014 se llevarán a cabo, además, jornadas informativas dirigidas a técnicos y responsables de Ayuntamientos sobre las oportunidades del cambio climático; una acción ya iniciada el pasado año, con la que se trata de cubrir el mayor territorio nacional posible. Esta actividad incluye la edición de materiales informativos y, en concreto, una campaña educativa dirigida especialmente a la población infantil.
Del mismo modo, la Red Española de Ciudades por el Clima mantendrá su apoyo a los Gobiernos Locales que decidan incorporarse al Programa Hogares Verdes, desarrollado por el Centro Nacional de Educación Ambiental del MAGRAMA, cuyo objetivo es reducir las emisiones de los hogares a través de una mejora en el uso de la energía y el agua. Habrá jornadas formativas en los municipios no adheridos e intercambio de experiencias de Ayuntamientos que ya lo son.
Otro de los compromisos de la FEMP, incluido en el convenio suscrito con el Ministerio, es el mantenimiento de las principales herramientas de divulgación de las actividades de la Red, en concreto la convocatoria del V Premio de Buenas Prácticas Locales por el Clima, ya en marcha, así como las nuevas publicaciones de la Biblioteca Ciudades por el Clima o la difusión de proyectos entre los miembros de la Red y el resto de municipios españoles.
Fuente: FEMP