La Associació Catalana de Municipis (ACM) avisa de que frenarán la reforma local tras el dictamen del Consejo de Estado

El presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha avisado este viernes al Gobierno de que conseguirán que echen atrás la "retrógada y centralista" ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL), tras el dictamen del Consejo de Estado que concluye que ataca la autonomía local en diversos aspectos.

En un comunicado, ha expuesto que seguirán todo el proceso jurídico necesario para lograrlo con el objetivo de que los ayuntamientos puedan continuar prestando a los ciudadanos servicios "de calidad y de la mejor manera posible".

Además, el Ayuntamiento de Barcelona, en nombre de 2.393 municipios –850 catalanes– presentaron un recurso al Tribunal Constitucional contra la norma, representando una población de casi 17 millones de personas.

Fuente: Europa Press

El Consejo de Estado cuestiona la constitucionalidad de la ley municipal

Es el segundo varapalo del organismo a una de las reformas estrella de Rajoy.

Más de 2.000 municipios se suman al recurso.

La reforma local aprobada en enero, que en la práctica resta competencias a los Ayuntamientos, está tocada y podría ser hundida en breve tras el nuevo varapalo del Consejo de Estado. El Tribunal Constitucional ya ha admitido nueve recursos presentados por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias, así como por los parlamentos de Extremadura, Cataluña, Andalucía, Navarra y por 130 diputados de distintas fuerzas. La norma, que incrementa el poder de las diputaciones sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes y supedita muchas decisiones de los alcaldes al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, fue aprobada en el Congreso con los únicos votos del PP y PNV y de un diputado de UPN.

El conflicto por la defensa de la autonomía local también lo han planteado ante el Constitucional unos 2.000 municipios españoles que aglutinan una población de unos 15 millones de personas. A raíz de este último recurso, el Consejo de Estado acaba de emitir un segundo dictamen sobre la ley —el primero, durante la tramitación parlamentaria, obligó al PP a cambiar aspectos fundamentales del texto— que cuestiona la constitucionalidad de puntos esenciales.

“Existen fundamentos jurídicos suficientes”, dice el Consejo de Estado, “para que los afectados planteen conflicto en defensa de la autonomía local”, en relación a dos artículos. El primero es el que se refiere a que las diputaciones podrán “coordinar”, la prestación de servicios básicos —como basuras, agua, limpieza, pavimentación de calles o alumbrado— en los Ayuntamientos pequeños si éstos no justifican que pueden hacerlo a un coste más bajo que la entidad provincial. El cálculo de ese coste al que se presta un determinado servicio viene regulado por otro artículo de la norma que supone una suerte de “derecho de veto”, por parte de las diputaciones, que según el dictamen “priva a los municipios de cualquier capacidad de decisión”.

Otro de los puntos polémicos, la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local adopte las decisiones fundamentales de un municipio privando al Pleno de todo margen de maniobra, también es censurada por el Consejo de Estado presidido por el popular José Manuel Romay Beccaría. Tras el jarro de agua fría Gaspar Zarrías, coordinador de política local en el PSOE, ha anunciado que exigirá al Gobierno que suspenda su aplicación bajo la premisa que la ley es un camino para “privar a la ciudadanía de servicios fundamentales”.

En España hay 8.117 municipios, casi el 80% tiene menos de 20.000 habitantes. Y la mayoría prestan servicios sociales que a partir de ahora deberán de afrontar las comunidades autónomas sin más financiación para ello. En cambio, la reducción del número de Ayuntamientos, uno de los objetivos que el PP perseguía con su reforma estrella, se ha quedado en nada, ya que las fusiones serán voluntarias si así lo desea una “mayoría simple de cada uno de los plenos”[...].

Aunque la primera bronca que planteó la ley, que entró en vigor el pasado 2 de enero, no tuvo nada que ver con los servicios: fue a causa del tope salarial impuesto a alcaldes y concejales. Durante su desarrollo parlamentario los grupos pactaron varias subidas de ese máximo y ya con la ley aprobada, la presión de los alcaldes obligó al Gobierno a aclarar que los sueldos se establecerían sobre una escala decreciente de 100.000 euros anuales y no de 71.000 euros, como entendía el colegio de Secretarios e Interventores.

Tras esa primera polémica varias comunidades gobernadas por el PP, como Galicia o Castilla y León, legislaron para evitar aplicar la reforma.

Fuente: El País

La Diputación de Lleida celebra el informe del Consejo de Estado sobre la reforma local

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé (CiU), ha celebrado este viernes que el dictamen del Consejo de Estado dé la razón a los ayuntamientos contrarios a la reforma local, por lo que ha confiado en que los tribunales atiendan a sus demandas.

Según un comunicado, Reñé ha considerado que el informe demuestra que la reforma local no es más que la intención de "desahuciar" a los Ayuntamientos de sus competencias a través de los mecanismos de los costes.

También ha recordado que la Diputación está trabajando en un segundo estudio para defender la viabilidad de los pueblos pequeños.

En concreto, ha precisado que la institución hará una muestra de evaluación de una treintena de municipios para concretar la realidad económica y de prestación de los pequeños municipios.

El informe pretende demostrar que los servicios se dan con un nivel de costes adecuado y saneado y poner en valor, según Reñé, que no todo en la vida se puede valorar con eficiencia económica; "Hay que atender la diversidad territorial del país".

Reñé ha hecho estas declaraciones tras hacerse público el dictamen del Consejo de Estado motivado por el recurso de inconstitucionalidad presentado en nombre de casi 2.400 municipios de toda España.

Fuente: Europa Press

El Tribunal Constitucional admite a trámite los nueve recursos presentados contra la Ley de Reforma Local

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los nueve recursos presentados a final del pasado mes de marzo por cuatro parlamentos (Extremadura, Cataluña, Navarra y Andalucía), cuatro gobiernos autonómicos (Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias) y varios partidos de la oposición, entre ellos el PSOE, contra la Ley de Reforma Local.

El pasado 28 de marzo, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Coalición Canaria, ERC, BNG y Compromís-Equo impugnaron esta norma ante el tribunal de garantías al considerar que priva a los ayuntamientos de su autonomía política y de su financiación y que supone "uno de los mayores ataques a la democracia".

Por su parte, el Parlament de Cataluña recurrió la Ley por entender que 24 preceptos vulneran competencias de la Generalitat y "no encuentran amparo" en la Constitución.

En las nueve providencias dictadas este jueves el TC acuerda dar traslado de las demandas al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en los distintos procedimientos y formular alegaciones.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas, según ha aclarado el alto tribunal.

Por lo que respecta a los recursos presentados por la oposición, fuera recurso sólo quedaron los parlamentarios del PP, del PNV --que apoyó la reforma local en su tramitación en las Cortes Generales--, CiU --que presentó recurso desde el Gobierno y el Parlamento catalán-- y varias formaciones del Grupo Mixto.

ARGUMENTOS

Consideran los recurrentes que la ley, en vigor desde el 31 de diciembre de 2013, provoca enormes dificultades para la gestión de los ayuntamientos al privarles su capacidad de gestión de la política social, de recursos y de instrumentos para poder llegar cerca de la gente necesitada, algo "absolutamente imprescindible en la España de la pobreza de hoy".

Por su parte, el Parlament de Cataluña recurrió la Ley por entender que 24 preceptos vulneran competencias de la Generalitat y "no encuentran amparo" en la Constitución.

La Generalitat ve inconstitucional también que la ley determine los sueldos que alcaldes basándose en el tamaño de los municipios, ya que considera que la propuesta del Gobierno central no deja "margen suficiente para que las autonomías puedan adaptarlo a las particularidades de determinados municipios".

Fuente: Europa Press