IU cree que con el dictamen del Consejo de Estado y la decisión del TC ha empezado "el fin" de la reforma local

El responsable de Política Municipal de Izquierda Unida, Manuel Fuentes, considera que hoy ha empezado "el principio del fin de la Ley de Reforma Local impuesta por el Gobierno del PP". Fuentes hace esta valoración tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite los nueve recursos presentados en marzo por distintas instituciones y formaciones políticas, entre ellas Izquierda Unida, contra esta norma.

Además, este jueves se ha conocido también el dictamen solicitado al Consejo de Estado, cuyo contenido "supone un segundo, y esperemos que definitivo, duro golpe en el mismo día respecto a esta reforma antidemocrática y reaccionaria del gobierno local para acabar con la autonomía municipal emprendida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy", en palabras del dirigente federal de IU.

Así, exige al Gobierno del PP en nombre de IU la "inmediata paralización de la ejecución y desarrollo del contenido de la reforma local. Existen elementos más que suficientes para hacerlo así ante los argumentos conocidos hoy".

"Desde IU -afirma- queremos que se frene de inmediato esta ley y que su aplicación se deje desde ya mismo lejos de las pue  rtas de los ayuntamientos mientras el Constitucional hace su trabajo".

Advierte que debe ponerse "en cuarentena el contenido de una norma que nunca debió aprobarse" y que sólo lo fue por el "empecinamiento" del Ejecutivo de Rajoy, de su ministro Montoro y de un Partido Popular que vio en ella una "gran oportunidad" para "cercenar" todos los "avances democráticos conseguidos con tanto esfuerzo en materia de política municipal y de cercanía con los ciudadanos a los que la derecha siempre ha tenido tanto miedo".

Fuente: Europa Press

La FEMP ´traducirá´ la reforma local para unificar su aplicación

La FEMP ´traducirá´ la reforma local para unificar su aplicación.

El vicepresidente Martínez Maíllo reconoce "disfunciones" en la implantación de la ley que entró en vigor en enero.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) creará un grupo de trabajo para guiar a las administraciones locales en la implantación de la llamada "ley Montoro", que entró en vigor el pasado uno de enero. Esta fue una de las principales comunicaciones en la junta de gobierno de ayer en la institución de la que es vicepresidente el zamorano Fernando Martínez Maíllo.

En la última asamblea de la Comisión Nacional de Administraciones Locales (Cnal), Martínez Maíllo ya reflejó que se habían detectado "disfunciones" en la puesta en marcha de la norma, que tiene un amplio recorrido hasta su total implantación, dado que incluye el progresivo traspaso de las llamadas competencias impropias. Montoro adelantó entonces que el Gobierno "guiará" la puesta en marcha del nuevo texto, aunque desde la FEMP harán su propio trabajo con la creación de este grupo de apoyo para "establecer las pautas que garanticen que la norma se aplica de forma similar en todas las entidades locales".

Por otro lado, la junta de gobierno de la FEMP valoró las nuevas condiciones que tendrán los ayuntamientos en la devolución del crédito para pagar a los proveedores. Las entidades locales podrán aplazar el abono hasta 2016, beneficiarse de una reducción en el tipo de interés o incrementar el periodo de carencia y de devolución.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Zamora -la institución que recurrió a un préstamo más importante- ha obviado las nuevas condiciones planteadas por el Ministerio de Hacienda para proceder a la devolución con una negociación directa con las entidades bancarias que, según avanzó la institución, ahorrará un millón de euros.

Fuente: La Opinión de Zamora

Zarrías (PSOE) pide al Gobierno que suspenda la reforma local ante el "varapalo" del Consejo de Estado

El Secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha pedido al Gobierno que suspenda al reforma local ante el "varapalo" que supone el dictamen del Consejo de Estado respecto a la Reforma del Gobierno local, que permite a los ayuntamientos presentar recurso ante el Tribunal Constitucional.

Zarrías ha celebrado que el informe "avale" las tesis del PSOE. "Ha afirmado, sin ningún género de dudas, que el texto de la Reforma Local del Gobierno vulnera gravemente la autonomía local constitucionalmente garantizada".

"Ante el varapalo del Consejo de Estado", ha dicho Zarrías, "exigimos al Gobierno que suspenda la aplicación de la Reforma Local que está privando a la ciudadanía de los servicios municipales, mientras dicta sentencia el Constitucional".

El dirigente socialista se refería así al dictamen emitido por el Consejo de Estado sobre el recurso que plantearon más de 3.000 municipios españoles, en representación de más de 17 millones de ciudadanos y que les habilita ahora a presentar su recurso ante el Tribunal Constitucional, "dándoles vía libre para protegerse ante la agresión inconstitucional que la reforma local del gobierno supone para las entidades locales al limitar sus capacidad de prestar servicios a la ciudadanía y la democracia sobre la que están sustentadas".

Por ello, insta al Gobierno que suspenda la aplicación de la ley que "lleva meses causando estragos en los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía". Y remacha que debe hacerlo antes de que "se produzca el bochorno de que el TC declare inconstitucionales todos los aspectos básicos de su reforma".

Zarrías avanzó que el PSOE dará el siguiente paso presentando un recurso ante el TC para que "declare inconstitucional esta reforma impuesta por el PP".

Así, ha concluido señalando que "no se debe consentir que por prejuicios y por desconocimiento, se siga criminalizando y culpando a la instancia de gobierno que más ha contribuido a mejorar las ratios de cumplimiento de déficit y de reducción de deuda, que son los Ayuntamientos, y más en concreto, los Ayuntamientos de menor tamaño".

Fuente: Europa Press

La Junta de Andalucía reprocha a Montoro que no convoque reunión sobre la reforma local

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha criticado este miércoles que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aún no haya dado respuesta a la petición que se le hizo el pasado 18 de abril de mantener una reunión urgente para abordar la reforma local y, en cambio, pretenda que las relaciones entre el Estado y Andalucía "se gestionen a través de titulares de prensa".

Valderas ha informado en el Parlamento que el decreto aprobado por la Junta que blinda las competencias municipales frente a la reforma local del Gobierno central permitirá que los ayuntamientos puedan seguir prestando servicios municipales tan importantes  como son los servicios sociales o los relacionados con la educación, la salud o el consumo; salva 40.000 empleos públicos municipales; desactiva los perjuicios que la misma causaría a Andalucía y  pone un dique de contención al desmantelamiento de los servicios públicos que se pretende con la reforma.   

Asimismo, ha señalado que "ningún ayuntamiento, ni ninguna diputación en Andalucía" podrán escudarse en la Ley de Reforma Local para dejar de prestar un servicio público trascendente en sus municipios o provincias. Ha recalcado que en Andalucía, con este decreto ley se preservan los derechos conquistados por el municipalismo andaluz hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que se ha planteado contra la ley de reforma local.

Ha reprochado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que no haya "querido nunca el diálogo" sobre la reforma local y se ha mostrado convencido de que el Tribunal Constitucional, al final, terminará dando la razón a Andalucía.

Asimismo, Valderas ha acusado al PP-A de no creer en Andalucía ni en su Estatuto de Autonomía.

El vicepresidente ha explicado que "el Gobierno andaluz no está solo en la defensa del mundo local" y ha recordado que el Parlamento de Andalucía ha presentado también un recurso, así como diez fuerzas políticas (que representan a casi el 50 por ciento de la población española) y 2.303 municipios, de los que 369 son andaluces (7 de ellos del PP). También ha recurrido la ley de reforma local las comunidades de Canarias, Cataluña y Asturias.     

Para Valderas con el decreto aprobado, la Junta de Andalucía establece que siguen siendo competencias de los ayuntamientos las 29 que recoge el Estatuto y desarrolla la Laula (Ley de Autonomía Local), al tiempo que cumple con su obligación de "proteger como gobierno el Estatuto, los derechos y los intereses del pueblo andaluz".

Por su parte, la diputada del PP-A Ana Mestre ha acusado al consejero de utilizar "subterfugios" para amparar el decreto de la Junta, "que no cuenta con el respaldo" de los ayuntamientos del Partido Popular. Ha indicado que la Junta tiene dos opciones,   trabajar para salir de la crisis desde el entendimiento con otras administraciones o instalarse en "la mediocridad de lo malos que son los otros" y ha optado por "la oposición constante" contra el Gobierno central, instalado en el "victimismo".

Ha recalcado que durante esta legislatura, la Junta se ha dedicado más a "confrontar que a legislar" y la realidad es que a día de hoy  tiene una deuda de 153,3 millones de euros con los ayuntamientos de esta comunidad.

La parlamentaria del PSOE-A Clara Aguilera ha manifestado que el Gobierno andaluz está defendiendo a los ayuntamientos, frente al recorte de 8.000 millones de euros para la prestación de servicios que se pretende con la reforma local, que ha sido la norma más "contestada" y recurrida que se recuerda, por seis comunidades, más de 2.000 ayuntamientos y el Parlamento andaluz.

Ha puesto en valor la decisión de la Junta de Andalucía de "blindar las políticas y los servicios públicos" de los ayuntamientos.

El diputado de IULV-CA Juan Serrano ha felicitado a Valderas por cumplir sus compromisos y obligaciones a la hora de defender los derechos reconocidos en el Estatuto y a los ayuntamientos contra las "agresiones" de un Gobierno que legisla "de manera temeraria y peligrosa". Ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de pretender decidir lo bueno y lo malo sin escuchar a los que sufrimos la reforma local, que deja a los ayuntamientos sin capacidad para gestionar los servicios públicos.

Fuente: Europa Press