Dictamen del Consejo de Estado

Dictamen del Consejo de  Estado  relativo a la presentación del conflicto en defensa de la autonomía local, presentado por el Ayuntamiento de Barcelona y otros,  en relación con  ley 27/2013, 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

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El PP de Galicia aprueba la ley que adapta la reforma local entre críticas al "ataque a la autonomía" de ayuntamientos

La oposición cuestiona la constitucionalidad de la norma de Montoro y los populares advierten de que el recurso supondría "paralización".

El PP de Galicia ha aprobado con sus votos la ley de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la reforma local impulsada por el ministro Cristóbal Montoro, entre la crítica unánime de los grupos de la oposición –PSdeG, AGE y BNG-- al "ataque a la autonomía local" que entienden que supone el texto.

En el pleno del Parlamento gallego, la popular Paula Prado, portavoz del grupo mayoritario en el debate del dictamen elaborado por la comisión institucional al respecto, ha apelado a "la responsabilidad" de la oposición, a cuyos diputados ha dicho que "aún" estaban "a tiempo de apoyar una norma que favorece la autonomía local".

Sin embargo, en la votación, en la que los populares han rechazado las enmiendas que se mantenían de todos los grupos de la oposición, estos han votado en contra de la norma al poner en duda la constitucionalidad de la ley estatal, reprobar la deriva "recentralizadora" del Gobierno de Mariano Rajoy y advertir de que la normativa que adapta la reforma local en Galicia, en concreto, "no garantiza la prestación de servicios por los ayuntamientos".

Dicha normativa, la que ha sido aprobada este martes en la Cámara autonómica, incorporó en el trámite parlamentario novedades como la obligación de "reconsiderar" la delegación de las competencias que realice la Xunta de Galicia si la financiación que se lleva a cabo "resultase insuficiente".

Las modificaciones realizadas en ponencia suponen, por ejemplo, que en la delegación de las competencias que recoge el artículo 2 --las que podrá llevar a cabo la Xunta a los municipios para que sigan prestando determinados servicios--, "deberá determinarse su duración, las posibles prórrogas y los medios personales, materiales y económicos asignados". Además, en el caso de que la financiación de la delegación "resulte insuficiente, deberá procederse a su reconsideración", según fija ahora la ley.

Incorpora un nuevo artículo por el que se "deberá establecer un marco de coordinación y colaboración efectiva entre la Administración autonómica y local" para la prestación y mantenimiento de los servicios ante la ciudadanía, "debiendo promover su mejora y garantizar su prestación efectiva".

ANDALUCÍA, "MANU MILITARI"

Prado ha basado su intervención en la contraposición de la forma de actuar en Galicia, "con transparencia y dando participación a los grupos de la oposición" y en Andalucía, donde "socialistas y comunistas" acaban de aprobar un real decreto "manu militari". "Copiando la ley gallega", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz socialista en el debate, José Luis Méndez Romeu, ha replicado que "es sorprendente" que la argumentación de Prado se fundamente en lo que hace la Comunidad andaluza, pues puso un recurso ante el Tribunal Constitucional.

"¿Quiere hacer una propuesta 'in voce' para hacer ese recurso?", le ha preguntado antes de acusar a los populares de hacer "una mala norma, que cercena la autonomía local, que tiene ribetes de inconstitucionalidad y que expropia las competencias de los ayuntamientos".

"RECORTA EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN"

Méndez Romeu, así, ha rechazado la "subordinación de los poderes locales a los autonómicos" por constituir un hecho "dudosamente constitucional" y, además, ha lamentado que el PP "recorta autonomía política de los ayuntamientos recortando su ámbito de actuación", por el "traspaso" de servicios sociales, salud pública y educación a la Comunidad Autónoma de Galicia, lo que, según sus cálculos, "representa cercenar el 12% de la actividad de los presupuestos de los ayuntamientos gallegos".

Por su parte, la viceportavoz de Alternativa, Yolanda Díaz, ha vuelto a instar a la Xunta a interponer recurso de inconstitucionalidad "ante una invasión competencial gruesa", por una ley que, según ha asegurado, viene a "cargarse directamente las parroquias y las comarcas" de Galicia.

"SAQUEAN LO PÚBLICO"

Díaz también ha afirmado que con esta norma los populares "saquean lo público para favorecer la iniciativa privada en los ayuntamientos" y ha mostrado su rechazo a las diputaciones provinciales, "antidemocráticas y caciquiles".

A mayores, la viceportavoz de AGE ha criticado que "por la puerta de atrás se cargan las funciones de los plenos de las corporaciones" y, con ello, según ha dicho, están "secuestrando la democracia".

Mientras, la nacionalista Tereixa Paz, que también ha reclamado ese recurso de inconstitucionalidad, ha visto en las "externalizaciones" un intento de "privatización, en román paladín" y ha censurado que el "único objetivo de esta ley" sea "cumplir el principio de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera".

Para el caso de los organismos provinciales, ha solicitado "un ejercicio claro para ir vaciándolos competencialmente", de forma que se dejen "claras cuáles son las únicas competencias que tienen que prestar y que no puedan convertirse en un elemento que siga cuestionando las competencias locales". "En ningún caso pueden tener el carácter expansivo que le quiere dar el PP", ha incidido.

RESPUESTA DE PRADO

Prado, en respuesta a esto, ha señalado que presentar un recurso de inconstitucionalidad "supondría una paralización de cuatro o cinco años" y el PP "no va por esa vía", sino por la de "resolver problemas a los ciudadanos" y aportar "soluciones" a los consistorios, entre los que ha citado al de Pontevedra, gobernado por el Bloque, que, según ha indicado, "tiene problemas en el pago de los comedores escolares".

Además, ha afirmado que los grupos de la oposición "mienten" cuando dicen que desaparecerán las comarcas y lo atribuyen al texto debatido este martes, al igual que la acusación de dar facilidades a la iniciativa privada. "Eso lo hace la normativa estatal", ha resuelto.

"INFLAR FACTURAS"

Durante las intervenciones de réplica, la parlamentaria del BNG Tereixa Paz ha hecho alusión a su oposición a "las prácticas corruptas de inflar facturas", en alusión velada a Paula Prado y operaciones que investiga la jueza instructora de la 'Operación Pokémon'.

Igualmente, Yolanda Díaz ha recomendado a la popular que "de control presupuestario mejor que no hable" pues "debería estar callada". "Nosotros también estamos en contra de inflar facturas de ninguna empresa y de las empresas fantasmas y muchas cosas en que ustedes tienen un doble discurso", ha replicado la portavoz del PP de Galicia.

Fuente: Europa Press

La Central de Contratación de la FEMP licita en los próximos días siete nuevos servicios y suministros para Entidades Locales

Empiezan a trabajar los grupos sobre aplicación de la reforma local y sobre techo de gasto y estabilidad presupuestaria. Íñigo de la Serna ha pedido que se flexibilice el crecimiento del techo de gasto ante la buena evolución de los Gobiernos Locales españoles. La Federación presentará sus alegaciones a las propuestas de metodología para el cálculo del coste efectivo y el del periodo medio de pago a proveedores

El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, ha anunciado a los miembros de la Junta de Gobierno, reunidos esta mañana, la inmediata apertura de la licitación de nuevos servicios y suministros que la FEMP prestará a sus asociados desde la Central de Contratación.

Los primeros servicios a licitar serán suministro de combustible para automoción y calefacción, asistencia técnica y colaboración para la gestión, notificación, recaudación voluntaria y ejecutiva de multas de tráfico, y contratación de pólizas de seguros para las Entidades Locales (y entidades dependientes) adheridas al servicio de mediación de riesgos y seguros de la FEMP. A continuación se licitarán los de suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión, servicios de telefonía fija, móvil y ADSL, servicios postales y telegráficos, publicidad, paquetería, buzoneo, servicios on-line y práctica de notificaciones presenciales y telemáticas, y suministro de gas natural.

Todos ellos se suman a los tres ya existentes (de riesgos y seguros, optimización del gasto y cobro de sanciones en el extranjero), y al de consultoría, asesoramiento y soporte técnico para la instalación de una plataforma de contratación centralizada, que se encuentra en proceso de licitación.

Casi 200 Entidades Locales, entre ellas, varias Diputaciones Provinciales, forman parte ya de la Central de Contratación de la FEMP. A través de la Federación se están suministrando ya a estas Entidades más de 500 servicios.

Flexibilización del techo de gasto

El Presidente ha dado cuenta de los avances realizados sobre los acuerdos que se adoptaron en la última Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), celebrada el pasado 8 de mayo. Así, ha explicado las nuevas condiciones para la devolución de los créditos correspondientes a la primera fase del Plan de Pago a Proveedores, y se refirió a la puesta en marcha de varios de los grupos de trabajo comprometidos y a la elaboración de observaciones a algunos de los textos propuestos por los representantes ministeriales.

Una de las cuestiones más relevantes es la relativa a la flexibilización del techo de gasto. A juicio de la Federación, la buena evolución registrada por los Ayuntamientos en los últimos años hace necesaria esta flexibilización, y así lo transmitirá al Gobierno. También propondrá fijar el cálculo del techo de gasto sobre las previsiones iniciales del presupuesto del año anterior, regulando reglamentariamente los principios y excepciones en los ajustes por grado de ejecución del gasto. Esta cuestión es una de las que se analizarán en el grupo de trabajo establecido entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, marco en el que se aborda la normativa sobre estabilidad presupuestaria.

Otro de los grupos trabajará en el análisis de la implantación de la reforma local al objeto establecer las pautas que garanticen que la norma se aplique de forma similar en todas las Entidades Locales.

En cuanto a los textos propuestos en la CNAL, sobre criterios para el cálculo de coste efectivo y el relativo a periodos medios de pago, la FEMP ya ha preparado sus observaciones y las remitirá al Ministerio en breve. Uno de los puntos que resultan más complejos, por lo que a coste efectivo se refiere, es la determinación de las pautas que permitan contemplar determinadas peculiaridades municipales para asegurar una comparación más homogénea a la hora de realizar el cálculo.

Convenios sociales de la FEMP

Finalmente, la Junta de Gobierno dio esta mañana su aprobación a la firma de diversos convenios de colaboración, entre ellos, varios que vienen a reforzar el carácter social de las iniciativas de la Federación. El acuerdo para la gestión del Servicio Telefónico de Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Género, el destinado a favorecer actuaciones municipales en materia de drogodependencias, o el correspondiente a Servicios de Teleasistencia en la Comunidad de Madrid, son algunos ejemplos.

Otras cuestiones

Además de informar los temas mencionados, la Junta de Gobierno también ha analizado en su reunión las alegaciones elaboradas el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y ha dado su aprobación a un modelo de ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización.

En su intervención, el Presidente de la FEMP también ha tenido palabras de recuerdo para la fallecida Presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.

Fuente: FEMP

La Diputación de Córdoba acoge la presentación del libro 'Aspectos financieros de la reforma local'

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del libro 'Aspectos financieros de la reforma local', escrito por la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Rosa Ana Navarro, y coordinado por el abogado cordobés y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Martín.

Según ha informado la Diputación, esta publicación es uno de los primeros estudios sistemáticos de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, siendo una revisión actualizada y en profundidad del marco en el que se desenvuelven las relaciones de los municipios españoles con sus ciudadanos.

Ofrece una visión integral de los aspectos financieros más novedosos que plantea la adaptación del estatuto jurídico de la Administración Local, el nuevo marco competencial y su adaptación en términos de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad, las formas de gestión de los servicios públicos, las medidas presupuestarias que incorpora el nuevo texto y las nuevas situaciones del personal de la Administración Local.

Rosa Ana Navarro ha explicado que "la presentación de este libro viene a aclarar los aspectos financieros de la reforma local llevada a cabo por la Ley 27/2013. En lo referido al Plan de Pago a Proveedores, se han sacado de los cajones más de dos millones de facturas por un total de 11.600 millones de euros a nivel de todas las entidades locales, por lo que ha inyectado recursos a la economía, generando una actividad económica, manteniendo un total de 120.000 puestos de trabajo y siendo los proveedores locales los que se han beneficiado de esta medida, que ha afectado en un 99% a pymes y autónomos".

Por otra parte, la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha argumentado que "en la provincia de Córdoba y su Diputación se han pagado en las dos fases un total de 38.835 facturas, por importe de 61,5 millones de euros y han sido 45 entidades locales las que se han sumado a este plan".

En este sentido, Navarro ha anunciado que "este plan de pagos había que devolverlo en diez años, pero hace una semana, por un acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se ha adoptado la decisión de ampliar el plazo de devolución de diez a 20 años para aquellas entidades que tengan unas necesidades especiales, en el total de los ayuntamientos españoles podemos hablar de 360 entidades que podrán acogerse a esta prorroga y todas las entidades locales se van a beneficiar de una reducción de los tipos de interés de este Plan de Pagos".

Junto a ello, ha señalado que "con los esfuerzos de los ayuntamientos hemos llegado a un cierre de unas cuentas del conjunto de entidades locales en 2012 de +0,22 y en 2013 con un superávit de +0,41. Este sector ha pasado de ser aquel que ponía en duda la solvencia de las entidades y administraciones españolas ante la Unión Europea (UE) a darle la solvencia a toda la Administración pública. Gracias al superávit de las administraciones locales se han salvado las cuentas del Reino de España".

Igualmente, ha detallado que, "de las 76 entidades de la provincia de Córdoba, 75 ayuntamientos y la Diputación, solo había 13 entidades locales con déficit en 2012", mientras que "la mejoría de 2013 hace que el Ayuntamiento de Córdoba multiplique por seis su superávit, y pase de 7,3 a 45 millones de euros, y la Diputación termina con un cierre de cuentas en 2012 de 23,5 millones, elevándolo a 31,5 en 2013. Esta norma lo que va a hacer es profundizar el saneamiento y la sostenibilidad de las cuentas públicas, para las entidades que estén bien, y que se corrijan los desequilibrios de las que no lo están".

Por su parte, el abogado cordobés y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Martín, ha apostillado que "hay que reconocer que esta norma ha supuesto una auténtica revolución en los ayuntamientos y diputaciones españolas, sin embargo es una reforma que va en la línea que el Gobierno inició con la Reforma de la Administración central, que no supone una atadura para las competencias de las administraciones si no todo lo contrario".

Además, según ha concluido, "se deja muy claro que el Estado asume en esta ley sus competencias en materia de régimen local, pero que después las comunidades autónomas, partiendo de sus estatutos, también podrán desarrollar aquellas materias que sean de su competencia".

Fuente: Europa Press