La adaptación a Galicia de la reforma local llega al Parlamento para su aprobación

La norma, tramitada por la vía de urgencia, permitirá a los ayuntamientos seguir con las mismas competencias que tenían a 31 de diciembre de 2013

El Parlamento gallego aprobará la ley por la que se adecua a Galicia la reforma local impulsada por el Ministerio de Hacienda y en vigor desde el pasado mes de enero. Como característica principal, la ley gallega permitirá a los concellos seguir desempeñando las competencias que tenían a 31 de diciembre de 2013.

Esta ley exprés impulsada por la Consellería de Presidencia pretende resolver las lagunas y dudas provocadas por el nuevo mapa competencial municipal promovido por Hacienda. Para evitar la discrecionalidad de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que dejaba su interpretación en manos de cada interventor municipal, la Xunta sacó su propia adaptación para "facilitar la aplicación e interpretación" de la reforma y "garantizar la eficiente prestación de servicios públicos".

El Ejecutivo gallego establecerá un antes y un después de la reforma local y para ello garantizará la actual cartera de servicios municipales siempre que no supongan un quebranto de la economía local. Pero aquellos ayuntamientos que quieran asumir nuevas competencias, bien propias o delegadas, serán sometidos a una auditoría por parte de la Xunta para comprobar su solvencia financiera y garantizar la eficiencia del servicio.

Esa "memoria económica" será elaborada por la consellería competente sobre el nuevo servicio que requiera la administración local en la que dará cuenta "del impacto de la nueva atribución de competencias sobre los recursos financieros de las administraciones públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad".

Para emitir el correspondiente informe sobre la prestación del nuevo servicio, el plazo será de tres meses y si transcurrido no ha habido respuesta por parte de la Xunta se dará por "desfavorable" su prestación. El Ejecutivo autonómico tendrá en cuenta el déficit, la deuda pública y los plazos de pago de las facturas. Pero deja claro que si finalmente los nuevos servicios otorgados a un ayuntamiento son finalmente dejados de prestar, la Xunta no tendrá la obligación de asumir esa competencia.

Fuente: El Faro de Vigo

Los 17 'futuros' municipios andaluces continuarán su proceso de independencia

Montoro aclara en una carta a la Junta que la reforma local no tiene efecto retroactivo para los expedientes de segregación ya iniciados Dudas del Consejo Consultivo provocan un parón.

La ley de reforma local no afectará a los 17 núcleos que ya han iniciado los trámites para constituirse en municipios autónomos en la comunidad andaluza. La entrada en vigor de la ley y, sobre todo, las dudas del Consejo Consultivo de Andalucía han inquietado en los últimos cuatro meses a estas entidades, algunas de las cuales llevan más de una década con el propósito de independizarse de su municipio de referencia.

Para aclarar esta incertidumbre la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que dirige Diego Valderas (IU), solicitó el criterio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre si las nuevas exigencias de la ley (que los municipios resultantes cuenten con más de 5.000 habitantes) tiene efecto retroactivo para los expedientes ya iniciados.

La duda sobrevino cuando, en la propuesta de desestimiento de a solicitud del núcleo granadino de Carchuna-Calahonda, los juristas del Consejo Consultivo no sólo rechazaron el criterio de distancia necesario con el municipio matriz, sino que de forma espontánea reseñaron que la nueva exigencia de los 5.000 habitantes que incorpora la reforma local hacía estéril esta reivindicación.

La Junta mandó suspender el dictamen del Consultivo hasta una aclaración del legislador, el Ministerio de Hacienda, ante el temor de que el Consultivo rechazase las propuestas de los siguientes municipios a revisar (el malagueño de Montecorto y el granadino de Dehesas Viejas).

La Consejería de Administración Local mantiene que el trámite ya iniciado debe continuar su proceso al haberse iniciado antes que la entrada en vigor de la reforma local, el pasado enero. Se da la circunstancia de que los diecisiete expedientes abiertos en Andalucía están por debajo de ese mínimo de población.

En la respuesta enviada el pasado lunes, el Ministerio de Hacienda comparte con la Junta que, al no haber previsto la ley de reforma local ninguna disposición transitoria respecto a la normativa a aplicar a estos procedimientos, "el criterio interpretativo debe ser el de que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación".

Hacienda resuelve que, "de acuerdo a ambos criterios", la exigencia del requisito de los 5.000 habitantes "no resulta de aplicación a los 17 expedientes de segregación de términos municipales iniciados en Andalucía".

Esta respuesta llegó al Consultivo el miércoles, y según indicaron fuentes de este organismo, será en la primera quincena de junio cuando analicen la respuesta.

La Junta confía en que el Consejo Consultivo asuma este criterio, porque la intención de los representantes de la Consejería de IU es que estos núcleos logren la independencia si cumplen los requisitos vigentes en el momento en el que iniciaron los expedientes. "Creemos en el derecho de autodeterminación de los pueblos por razones históricas, culturales o sociales, y no en función del color político que tengan", señala el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho.

El criterio de la Junta ha sido habitualmente receloso con la segregación de municipios. Veinte han sido rechazados por diez que lo han conseguido, los últimos, en 2009 Villanueva de la Concepción, el 771, y el pasado diciembre el granadino de Valderrubio, que se separó de Pinos Puente, el 772.

Pero en los próximos meses pueden incorporarse más. Camacho vincula esta nueva disposición a la llegada de IU a esta Consejería. "Hasta que no hemos llegado nosotros la Junta era contraria a la segregación", afirma el director general.

A la antigua ley de demarcación le sucedió en 2010 la ley de autonomía local que exige para ser independiente la aprobación del municipio matriz y un informe de viabilidad económica. Los técnicos de la Consejería han empezado a interpretar esta viabilidad económica como un factor estructural, no coyuntural. Incluso han animado a núcleos a solicitar esta reivindicación. Es el caso de los jerezanos de la Barca de la Florida o Torrecera, aunque se ha solicitado un informe a Jerez para que aclare si está a favor. O de Balanegra, enfrentada con su municipio matriz, Berja, pero al que una sentencia del TSJA el pasado marzo ha devuelto a la carrera por la segregación siete años después de haber sido rechazada por la Administración autonómica.

Balanegra o San Martín del Tesorillo, población de 3.000 habitantes que representa un 30% de Jimena, tienen expedientes anteriores a la Laula y no tendrían por qué acreditar el consenso de su municipio de referencia. "Espero que se hayan eliminado todas las dudas", subraya Belén Jarillo (PP), alcaldesa pedánea del núcleo gaditano. Otro caso particular es Tharsis, cuya pelea con Alosno ha llevado a la Diputación de Huelva a gestionar el expediente.

Con la autonomía en la punta de los dedos están los malagueños de Montecorto y Serrato, que tienen de municipio de referencia a Ronda. "Prefiero ser prudente, sobre todo con las interpretaciones jurídicas. Sólo espero que no se frenen los expedientes", afirma Francisco López (PSOE), alcalde pedáneo de Serrato, población de unos 500 habitantes y cuyo expediente queda ahora a la espera del dictamen del Consejo Consultivo.

La Consejería de Administración Local avisa de que, de no atender el Consultivo el criterio de las administraciones, obligará a posicionarse al Consejo de Gobierno en contra de la opinión de este órgano consultivo.

Fuente: Diario de Sevilla

Andalucía también corrige como Galicia la reforma local

A diferencia de la Xunta, la Junta ha presentado un recurso ante el Constitucional que afecta a 23 artículos de la reforma del Gobierno central.

Galicia no es la única comunidad que ha recurrido a sus competencias estatutarias para esquivar el que es uno de los escollos más importantes que plantea la reforma local de Rajoy para la gestión de los ayuntamientos. Al igual que el Gobierno gallego, también la Junta de Andalucía ha establecido medidas urgentes para preservar la situación actual. El Ejecutivo que preside la socialista Susana Díaz aprobó el martes pasado un decreto ley en el que invoca que el Estatuto de Andalucía atribuye a la comunidad la «competencia exclusiva sobre régimen local» para determinar «las competencias y potestades propias de los municipios y de los demás entes locales».

Con arreglo a esa potestad, el Gobierno andaluz regula en ese decreto ley el procedimiento para que los ayuntamientos puedan obtener los informes que los facultan para el ejercicio de competencias adicionales a las que les son propias o atribuidas por delegación, en cuanto a la inexistencia de duplicidades en esos servicios y a la sostenibilidad financiera para asumirlos. Este esquema va en línea con el que el Ejecutivo gallego delimitó en la ley de medidas urgentes que el Parlamento ya aprobó hace un mes, valiéndose de la mayoría del PP en la Cámara. Los grupos de la oposición recriminaron a la Xunta que no presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la discutida reforma del Gobierno central. Andalucía sí lo ha hecho, con un recurso que afecta a 23 artículos, pero además ha seguido el camino de Galicia y de Castilla y León (también con gobierno del PP) para que la reforma no implique un vuelco mayor en los municipios.

Fuente: La Voz de Galicia

Entidades locales expresan su respaldo al decreto de la Junta que "blinda" competencias municipales

La Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales (FAEM) ha valorado este viernes, por un lado, la interpretación favorable a sus tesis por parte del Gobierno central en cuanto a la irretroactividad de la reforma local y, por otro, el decreto ley de  la Junta que persigue "blindar" las competencias locales frente a la norma estatal en tanto el Tribunal Constitucional dirime si es o no constitucional.

En un comunicado, el presidente de FAEM, Antonio Martín, ha manifestado que el decreto de la Junta es muy importante para las entidades locales, "porque salvaguarda los derechos de aquellos pueblos andaluces con expedientes de segregación pendientes de resolución antes de finales de 2013, con respecto al límite de población para posibilitar esta segregación, que la nueva ley establece en 5.000 habitantes".

Ha indicado que algunos órganos de las administraciones Públicas y consejos consultivos de comunidades autónomas "habían considerado que el derecho de estas entidades decaía con la entrada en vigor de la Ley que actuaba de manera retroactiva".

Ha señalado que la FAEM ya elaboró un informe en el que se ponía de manifiesto que el Consejo Consultivo de Andalucía "se equivocaba al pronunciarse denegando la segregación de Carchuna-Calahonda por no cumplir ese límite de población que establecía la reforma local, a pesar de que el expediente de este caso databa de 2010".

Desde la FAEM se han mostrado muy satisfecho por la decisión del Gobierno sobre la irretroactividad, dado que "esta situación es extrapolable a todas las entidades locales del país".

La federación ha considerado que se trata de "una doble victoria" para las entidades locales que pretenden convertirse en municipios porque, por un lado, desde Andalucía se salvaguarda la autonomía local y, por otro, desde Madrid, se reconoce la irretroactividad de la Ley y, en ese sentido, el derecho de las entidades locales que ya tenían sus expedientes de segregación en marcha antes del 31 de diciembre de 2013.

Ha advertido de que, de aplicarse la ley estatal con carácter retroactivo, se hubiesen denegado todos los expedientes, dado que ninguno de los pueblos tiene más de 5.000 habitantes.

Fuente: Europa Press