La Junta de Andalucía intenta evitar que los alcaldes dejen de prestar servicios públicos

Un nuevo decreto andaluz busca “desactivar” la reforma local del Ejecutivo central.

El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley que pretende clarificar las competencias que mantienen Ayuntamientos y Diputaciones tras la entrada en vigor en enero de la reforma local diseñada por el Ministerio de Hacienda, que afecta, principalmente, a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Diego Valderas, vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, ha presentado este martes esta norma como un blindaje de las competencias que tienen ahora los alcaldes y, a la vez, como un instrumento para evitar que algún municipio se desentienda de servicios públicos que hasta ahora daban. "Ningún Ayuntamiento ni Diputación podrá escudarse en la reforma local para dejar de prestar un servicio", asegura Valderas.

El Ejecutivo andaluz sostiene que la reforma del ministerio entra en conflicto con el Estatuto y las leyes locales aprobadas antes por el Gobierno autónomo. Entiende que la nueva ley estatal no puede modificar este marco ni el reparto de competencias. Por eso la Junta saca adelante ahora un decreto que pretende “desactivar” la reforma local del PP, según Valderas. En el decreto andaluz se establecen las competencias concretas que son de los Consistorios, como las relativas a la vivienda protegida, los servicios sociales y algunas sobre escolarización y salud pública. En total, 28 áreas en las que los alcaldes tienen responsabilidades. Andalucía, además, recurrió ante el Tribunal Constitucional la reforma local a finales de marzo al entender que invadía competencias autonómicas.

No hay conflicto alguno, ha sido la respuesta que ha recibido la Junta por parte del Ministerio de Hacienda. “No creemos conflictos donde no los hay”, ha dicho este martes el ministro Cristóbal Montoro, de visita en Sevilla en un acto del PP con empresarios. Según su interpretación, la norma estatal “no entra para nada en la definición de competencias que tienen los Estatutos de autonomía”. Por ello Montoro considera “innecesario” que la Junta apruebe un decreto que delimitar las competencias de Ayuntamientos y Diputaciones. El ministro ha anunciado que el Gobierno convocará una comisión mixta —un instrumento de diálogo bilateral entre el Estado y las comunidades— para abordar este asunto. En esa reunión, el Gobierno explicará a Andalucía que “no hay ningún problema de competencia: la Junta tiene las que tiene en ámbito local y nadie las discute y son las del Estatuto”, ha sostenido Montoro. Valderas ha lamentado que Hacienda no haya querido reunirse con su equipo hasta que la Junta ha aprobado el decreto ley.

En un contexto en el que las relaciones entre La Moncloa y San Telmo se han basado en recursos de inconstitucionalidad, la convocatoria de la comisión mixta supone un paso importante para intentar resolver un problema entre las dos Administraciones. Sin embargo, la convocatoria de la comisión no impide que el Gobierno pueda recurrir también la norma en el futuro.

Otras comunidades autónomas, ha recordado Valderas, han aprobado decretos “del mismo tenor” que el presentado este martes por el Gobierno andaluz. Es el caso de la Junta de Castilla y León, en manos del PP, que a finales de marzo publicó un decreto ley muy parecido al andaluz. Pero, al contrario de lo expuesto este martes por Valderas, el Gobierno castellanoleonés consideró “que la norma estatal es constitucional y estatutaria y, en consecuencia, municipalista”. Castilla y León argumentó que su decreto buscaba clarificar “las competencias de las entidades locales” para evitar “resultados indeseables o disfuncionalidades en la prestación de servicios”.

Al margen del conflicto que pueda surgir entre la Administración central y andaluza por el nuevo decreto ley, en los últimos meses ya se han dado algunos encontronazos entre la Junta y alguna capital gobernada por el PP. Los Ayuntamientos de Jaén y Sevilla han empleado la reforma local como argumento para dejar de prestar algún servicio. En el caso de la capital andaluza con la supresión de programas de empleo. En Jaén, con la eliminación de servicios de dependencia. En ambos casos, se trata de competencias que no son municipales. Pero los Ayuntamientos estaban prestándolas a través de convenios firmados con la Junta. El decreto aprobado este martes también establece el procedimiento para “la adaptación de los convenios firmados” por ambas Administraciones.

Fuente: El País

El Gobierno de Aragón responde al Ayuntamiento que las competencias consultadas son municipales

En aplicación de la Ley de Administración Local.

El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha firmado este lunes, 19 de mayo, el oficio de remisión en respuesta a la consulta realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre una serie de competencias que el consistorio consideraba que no le correspondían en aplicación de la nueva ley de Administración local, pero que le "son propias" y "las puede seguir prestando".

Así lo ha explicado Suárez en rueda de prensa, en la que ha comparecido para informar sobre la afección de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad a las competencias municipales en la Comunidad autónoma. En el caso de la capital aragonesa, ha precisado que las competencias consultadas hacen referencia a los ámbitos de servicios sociales, medio ambiente, consumo, salud, educación y empleo.

Ha añadido que le corresponde al consistorio zaragozano, en aplicación de la legislación sectorial del Estado y de la Comunidad autónoma, por lo que su Departamento no ha emitido el informe vinculante solicitado --sobre la sostenibilidad financiera y posibles duplicidades-- porque no es necesario.

En este punto, ha enfatizado que Aragón cuenta con una ley de Administración local "muy amplia" que "nos da mucho juego", como también lo es, por ejemplo, la Ley de Servicios Sociales aragonesa. Igualmente, ha indicado que por ser competencias del Ayuntamiento la financiación de las mismas le corresponde al municipio.

No obstante, ha aclarado que esto "no modifica" la situación actual por la que el Gobierno de Aragón convenia con el Ayuntamiento para colaborar en la financiación de algunos servicios, posibilidad que, por otra parte, recoge la ley de administración local aragonesa, ha recalcado Suárez, y "no predetermina" tampoco la negociación que el consistorio establecerá en su momento con los correspondientes Departamentos del Gobierno.

Además, el consejero ha comentado que "puede haber alguna otra cosa que sea impropia sobre la que no ha requerido informe", pero no lo son las consultadas, para comentar que desde el Ejecutivo han mantenido un "respetuoso silencio" en esta cuestión para "intentar hacer las cosas bien" y por eso la respuesta ha sido "en plazo y forma".

Así, ha señalado que el Gobierno tenía tres meses para responder y lo ha hecho en dos, al informe que el 20 de marzo pasado le remitió el consistorio por una serie de competencias que estimaba impropias y cuyo coste cifró en algo 106,2 millones de euros.

INTERPRETACIÓN

El consejero de Política Territorial e Interior se ha referido, a preguntas de los medios de comunicación, sobre las críticas del vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, a la circular emitida por el Ejecutivo sobre la aplicación de la reforma local y ha considerado que "se debían medir las palabras" porque "somos la Administración que tenemos la tutela financiera y a la que nos corresponde interpretar la norma".

En este sentido, ha recalcado que esa circular sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad está "avalada" por la nota explicativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de forma que "no inventamos nada" y "cumplimos escrupulosamente la ley".

Según ha manifestado, su objetivo es "tratar de ayudar a los ayuntamientos" y ha sostenido que la circular se envió a todos los municipios por el "conducto ordinario" y está en la página web del Ejecutivo autonómico.

Suárez ha indicado que en los próximos días se contestará al resto de administraciones locales que han solicitado informes, que son la Comarca Andorra Sierra de Arcos y los ayuntamientos de Huesca, Andorra, Fraga, Utebo y Tarazona.

Igualmente, ha dicho que "si con el tiempo detectamos el ejercicio de alguna competencia que no es propia, ni delegada, se lo diríamos a los ayuntamientos correspondientes", si bien hasta el momento "no hemos visto ninguna".

TIPOS DE COMPETENCIAS

El consejero ha precisado que la nueva ley establece "el mínimo de competencias" que pueden tener las entidades locales en su artículo 25.2, como lo indica la nota del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se pueden complementar la con la legislación sectorial estatal o autonómica.

Además, ha relatado que las competencias de educación, sanidad y servicios sociales que no están en el artículo 25.2 y no sean propias por las normas sectoriales "quedarán referencias a la financiación autonómica y local", cuya reforma el Gobierno de España "se ha comprometido a acometer este año".

Esto supone que serán asumidas por la Comunidad en los términos que establezcan las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales por lo que habrá que esperar a que se dicten dichas normas para que dicha asunción competencial tenga efecto.

Asimismo, ha dicho que junto a las competencias propias se contemplan las delegadas, aquellas que una Administración delega en las entidades locales, y que "tienen que ir con cobertura financiera" a través de acuerdos, convenios o encomiendas directas.

En tercer lugar, ha continuado Suárez, hay competencias "que no son propias, ni delegadas" y para las que la ley establece la obligatoriedad de los citados informes vinculantes de sostenibilidad financiera y duplicidad.

Por otra parte, el consejero ha recordado que está en trámite en las Cortes de Aragón la futura ley aragonesa que distribuirá las competencias entre comarcas, diputaciones y ayuntamientos, que "será complementaria con la ley del Estado".

GARANTIZAR LOS SERVICIOS

Suárez ha subrayado que la finalidad de la reforma estatal es "garantizar la prestación de todos los servicios públicos, con independencia de qué Administración sea la que los preste", bajo el principio de 'una competencia-una administración', para "tratar de ordenarlos", y hacerlo "ganando en eficacia y eficiencia", de forma que "no haya duplicación de gasto".

Además, ha matizado que desde la aprobación en diciembre de 2013 de la reforma "no se ha producido ningún caos" y los ciudadanos "han continuado recibiendo los servicios y seguirán".

Sobre los cambios que introduce, el consejero ha reconocido que el primera borrador de la reforma, de la primavera de 2012, "tiene muy poco parecido" con la norma aprobada gracias al proceso de aportaciones de todas las Comunidades autónomas, "importantes desde Aragón" y también de la Federación España de Municipios y Provincias.

Por su parte, la directora general de Administración Local, Paula Bardavío, ha explicado que entre las modificaciones de la nueva ley estatal se encuentra la desaparición de la cláusula universal de competencias, que permitía a los ayuntamientos asumir aquellas que iban "en beneficio de la comunidad vecinal".

Ahora, todas aquellas que no sean propias o delegadas deberán recibir el informe previo vinculante sobre la sostenibilidad financiera y no duplicidad, haciendo "un control previo" que antes no existía.

Fuente: Europas Press

Gobierno convocará a la Junta de Andalucía en comisión mixta para explicar que no hay conflicto de competencias con consistorios

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado este martes que convocará la comisión mixta con la Junta de Andalucía ante el "innecesario" decreto ley de medidas urgentes que la Administración andaluza prevé aprobar en Consejo de Gobierno para la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, con el que pretende "blindar" competencias de los municipios, en virtud de lo contemplado en el Estatuto de Autonomía y en las leyes de Autonomía local (Laula) y de participación en los tributos de la comunidad (Patrica).

En un acto del PP con empresarios de la provincia de Sevilla, Montoro ha señalado que este nueva normativa andaluza "no hace ninguna falta" porque las competencias de las administraciones locales están definidas por ley estatal.

Así, ha apuntado que la lealtad del Gobierno "no se ve correspondida" con la decisión de la Junta de promover un decreto "innecesario" de "limitación" de las competencias de los ayuntamientos. "No queremos conflictos donde no los hay", ha subrayado el ministro.

Ante esto "la respuesta del Gobierno" va a ser convocar la comisión mixta para resolver este conflicto de competencias y "explicar a la Junta que no hay problemas de competencias".

"La Junta tiene las competencias que tiene en el ámbito local, nadie las discute. La Junta puede delegar a través de convenios competencias a los ayuntamiento, como las políticas sociales, y el Gobierno tiene atribuida la tutela financiera para que no ocurra como antes, que se delegan competencias "pero no llega la financiación", ha señalado.

BAJADA DEL IRPF

Por otra parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas también ha insistido en que a partir del 1 de enero de 2015 se bajará el IRPF para "todos los contribuyentes" y, "sobre todo, a clases medias, familias, personas con alguna discapacidad y en asuntos de dependencia". Esta medida, según ha detallado, "favorecerá el crecimiento económico y provocará un aumento del consumo".

De igual manera, ha afirmado que el Gobierno cambiará la estructura del Impuesto de Sociedades de cara a la autofinanciación de proyectos empresariales con sus propios beneficios.

Estas reformas, que son las siguientes, vienen precedidas de otras como la reforma laboral, bancaria y de las Administraciones Públicas que son "las que están permitiendo" que la "recuperación económica sea ya una realidad".

En este sentido, ha hecho hincapié en que España lidera la salida de Europa de la crisis e "irá a más". "En 2015 España irá a la cabeza en crecimiento económico", ha estimado Montoro, quien ha señalado que esta recuperación traerá empleo.

"CONTINUIDAD" EN LA CREACIÓN DE EMPLEO

"Nunca antes con crecimientos tan bajos ha subido el empleo, pero está ocurriendo y se reforzará en meses previos al verano y tendrá continuidad en 2015", ha previsto. Así también ha destacado que la balanza de pagos de España está en positivo, "cerrará en positivo y también lo hará en los años siguientes".

Montoro también ha valorado que la estimación del Gobierno, a través del Programa de Estabilidad, de crecimiento de empleo era "moderada", pero es "muy factible" que en 2014 supere estas expectativas.

En este punto, ha hecho referencia "a un nuevo escenario económico" que encuentra síntomas "firmes" en que la recaudación del IVA proveniente de pymes en el mes de abril, sin incluir la Semana Santa, ha aumento un 6,8 por ciento.

Por último, ha apuntado que Andalucía ha recibido en 2014 más de 4.000 millones de euros entre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros mecanismos de financiación. Asimismo, en 2012 recibió del FLA unos 2.792 millones; en 2013, unos 4.544 millones y en 2014, unos 3.383 millones de euros, lo que supone cada año el aproximadamente el 20 por ciento del total que reciben las comunidades autónomas.

Fuente: Europa Press

Las páginas web de las grandes ciudades andaluzas suspenden en transparencia

Solo 11 de los 29 ayuntamientos con más de 50.000 habitantes ofrecen información suficiente.

El Ayuntamiento de Huelva incluye en su página web una biografía o currículum de su alcalde, pero no del resto de concejales que forman la Corporación local. Tampoco exhibe un calendario de trabajo de los órganos de gobierno ni publica las retribuciones de los cargos electos ni la relación de puestos de trabajo. Hay otros indicadores vinculados a la transparencia que también obvia este portal de internet, algo generalizado en todo el territorio andaluz. Según un proyecto de investigación desarrollado por un equipo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, solo 11 de los 29 ayuntamientos de la región con más de 50.000 habitantes superan el aprobado en la información que ofrecen al ciudadano sobre sus recursos y gestión.

En el caso de las capitales de provincia, cuatro suspenden esta evaluación. El Ayuntamiento de Huelva es el peor parado y consigue un 26,83% de cumplimiento de los apartados analizados. Tampoco logran el suficiente las corporaciones de Jaén y Granada (29,27% cada uno) y la de Almería (31,71%). Sevilla y Málaga, las ciudades más pobladas de Andalucía, son las capitales menos opacas y alcanzan el 65,85% y el 58,54%, respectivamente. Córdoba y Cádiz pasan la prueba, pero por los pelos, como indica el 51,22% de acierto en la publicación de datos.

El estudio, que ha evaluado las páginas de internet de 152 municipios andaluces (a partir de 10.000 habitantes), ha tenido en cuenta 41 indicadores en torno a cuatro preguntas sobre las que los ciudadanos, en teoría, deberían tener derecho a una respuesta: quiénes son sus representantes políticos; cómo se gestionan los recursos colectivos; cómo se informa de su gestión; y qué herramientas existen para la participación ciudadana en el control democrático. El resultado se puede consultar en la web www.mapainfoparticipa.com, en la que también aparecen las conclusiones del análisis realizado en otras cinco comunidades autónomas (Cataluña, Aragón, Madrid, Canarias y Galicia).

La página de Chiclana de la Frontera (Cádiz) es la única que rebasa el 75% de indicadores positivos, franja señalada en el estudio de color verde oscuro. Jerez de la Frontera (65,85%) y Marbella (63.41%) superan la evaluación, algo que no sucede con Algeciras (39,02%) y Dos Hermanas (29,27%), ciudades que, como las anteriores, tienen más de 100.000 habitantes. Tampoco aprueban El Ejido (39,02%), Linares y Roquetas de Mar (26,83% cada una) y Motril (24,39%).

“La información es deficitaria y hay opacidad”, concluye Teresa Vera, vicedecana de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga y responsable del equipo de investigación andaluz. En el caso de los municipios pequeños y medianos, con una población de entre 10.000 y 50.000 habitantes, los resultados son aún más desoladores. Solo Palma del Río, en Córdoba, pasa la evaluación (58,54%). Los otros 122 suspenden y casi la mitad (54) no llegan ni al 25% de indicadores positivos, tramo marcado de color blanco en el estudio. El Ayuntamiento de Íllora, en Granada y con un censo algo superior a los 10.700 habitantes, no tiene página web.

La falta de transparencia en los portales de los Ayuntamientos es independiente del partido político que ostenta el poder. El resultado, además, es similar en todas las comunidades autónomas analizadas. “La tonalidad es bastante parecida”, explica Amparo Moreno, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinadora del estudio a nivel nacional. Cataluña fue pionera en el análisis de los indicadores de transparencia en estas webs y ya va por la segunda oleada. En la primera aprobaron 54 de los 947 Ayuntamientos estudiados y en la segunda, 129 han superado el nivel de suficiente. Moreno afirma que aparecer en los medios de comunicación por su opacidad “los lleva a mejorar”.

Tras el estudio, los investigadores contactarán con los Ayuntamientos para sugerir los cambios necesarios para mejorar los niveles de transparencia. El objetivo es que en mayo de 2015, fecha de las próximas elecciones municipales, se haya producido una mejora en la información pública que llega al ciudadano.

Fuente: El País