PP y PSOE negocian un acuerdo sobre las enmiendas al proyecto de ley para aplicar la reforma local en Castilla y León

IU mantiene su voluntad de pacto pero critica que se la invite a posteriori y UPL es la única que ha presentado en plazo sus propuestas en las que pide claridad.

Los grupos Popular y Socialista buscan el acuerdo, sin prisa pero sin pausa y desde la discreción, para la aprobación como proyecto de ley del decreto de aplicación en Castilla y León de la reforma local del Gobierno, mientras que IU apuesta por el pacto para "descafeinar" los efectos de la llamada ley Montoro y UPL requiere claridad para que los ayuntamientos y las entidades locales menores sepan a qué deben atenerse en la prestación de los servicios y en los plazos.

Fuente: Icalnews

La mitad de los 8.000 millones de ahorro de la reforma local se recortará en servicios sociales

El Consejo General del Trabajo Social alerta del "desmantelamiento de los servicios sociales" que prevé la reforma de la Administración local aprobada por el Gobierno en diciembre.

Los Ayuntamientos perderán competencias en los servicios sociales básicos, que dependerán de las Comunidades Autónomas "ahogadas por las deudas".

Representantes de los trabajadores sociales, nacionales y extranjeros, debaten este fin de semana en Madrid cómo han afectado las políticas de austeridad a la atención social.

Los recortes en sanidad y educación ocupan muchos titulares, pero el recorte de los servicios sociales pasa más desapercibido, lamenta Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social. "A los trabajadores sociales no nos están escuchando y somos testigos directos de cómo está afectando la crisis", expone. Y alerta de lo que se avecina, del "desmantelamiento de los servicios sociales" que resultará "del ahorro de unos 4.000 millones de euros en estas partidas".

"La reforma local incluye muchos aspectos, como el sueldo de los alcaldes, pero que contiene cambios sustanciales en el modelo de los servicios sociales", apunta. El Gobierno aprobó en diciembre la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, con la que asumen un ahorro para las arcas públicas de 8.000 millones. "De estos más de 3.400 aparecen detallados como servicios sociales, a los que hay que sumar otras partidas que también nos afectarán", explica la presidenta del Consejo.

Al lado de Ana Lima, Cristina Martins, presidenta de la Federación Internacional del Trabajo Social (FITS) en Europa y Rory Truell, secretario general de la FITS Mundial, han apoyado en un acto a los profesionales españoles en su lucha por visibilizar los efectos de las políticas de austeridad para la asistencia social "en el momento en el que es más necesaria, una crisis económica".

El Consejo General del Trabajo Social presentó el pasado octubre el primer informe ISSE, sobre los Servicios Sociales en España, en el que se cifró en un 74% el aumento de la demanda de atención en el último año. El estudio destaca que "la mitad de estos nuevos usuarios petenecen a la clase media". "Personas que ni siquiera sabían dónde estaban los servicios sociales", abunda Lima.

De cara a las elecciones europeas del 25 de mayo, los profesionales piden a los diputados que resulten electos el abandono de "decisiones basadas en los intereses del mercado. Hay otra forma de hacer las cosas", añade Lima. Rory Truell hace un llamamiento a la inversión económica. "La base fundamental para una economía fuerte es una comunidad fuerte", apunta.

Los costes de la austeridad

Los ponentes destacan el incremento en los índices de pobreza en el continente. En los últimos cinco años los niveles de pobreza han alcanzado a 10 millones de personas más, hasta llegar a los 124 millones, apuntan desde la Federación Internacional. En este sentido, España ocupa los primeros puestos de las clasificaciones internacionales: el país está entre los diez primeros con una mayor tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social, y es el tercero con mayor índice de personas en situación de pobreza después de haber recibido las transferencias sociales, según los datos de Eurostat de 2012.

La alta tasa de paro, otro de los rankings europeos que encabeza España (sólo por detrás de Grecia), es uno de los mayores dramas de las familias. "Hay gente que acude porque no puede dar de comer a sus hijos o pagar la hipoteca porque no tiene trabajo, pero también se da un fenómeno nuevo de gente empleada pero que está en situaciones de problemas y exclusión", dice Lima. Según la presidenta de Consejo, España es el país con un mayor nivel de subempleo, con un 9,2%, "de personas que están trabajando a jornada parcial, pero no porque quieren sino porque no les queda otra opción".

Entre las consecuencias de la austeridad presupuestaria, los trabajadores sociales destacan el aumento de la violencia. "En un momento en el que hay tan pocos recursos, hay un ambiente de crispación y de lucha por los escasos presupuestos", expone Lima. La violencia plasmada en los suicidios ha aumentando entre la población mayor de 45 años, indica Rory Truell.

La culpabilización del usuario de los recursos sociales es otra de las denuncias. "Se transmite un mensaje de que los beneficiarios abusan de las ayudas y estas ¡acaban retirándose! No creo que porque algunas personas defrauden a Hacienda se supriman las políticas tributarias", condena Lima.

Un modelo de beneficencia

La reducción de los presupuestos del Estado, la reforma de la Administración local y el aumento de los contratos con el Tercer Sector, compuestos por ONG y otras organizaciones cívicas, son "un cambio de modelo", según Ana Lima. "Con toda nuestra consideración al trabajo de las ONG, su labor debe ser complementaria. La atención social es responsabilidad del Estado", añade.

La reforma legal en las competencias de los municipios preocupa especialmente al Consejo. "Los políticos no dicen nada porque temen represalias en las elecciones de 2015. Hemos invitado al presidente de la Federación Española de Municipios a las jornadas que celebraremos en junio al respecto y ni siquiera nos ha contestado", dice Lima.

En su opinión, la delegación de servicios al Tercer Sector es un "caramelo envenenado": "Por un lado recortan los servicios estatales y, por otro, aportan presupuesto a las ONG. Cuando aleguen falta de presupuesto, no concederán subvenciones, y ya habrán acabado con el sistema de servicios sociales".

La vía abierta a la privatización de la reforma local también asusta al Consejo. "La pobreza y otras materias sociales no llaman la atención de las empresas privadas, así que la atención para las personas sin recursos quedará a disposición de la beneficencia", lamenta Lima. Por eso, el Consejo reclama una ley marco de servicios sociales, que "establezca un mínimo de atención que no puedan negar las Comunidades Autónomas".

Fuente: eldiario.es

El Gobierno prepara un real decreto que revoluciona la selección de funcionarios

Desaparecerían el INAP, el IEF, el CEPC y el CEJ.

El borrador de real decreto ya está circulando por algunos despachos de la Administración. Y lo que viene a suponer es la creación de un gran centro destinado a formar y reclutar a los futuros funcionarios. Es decir, una especie de ENA a la española -la célebre escuela francesa donde se forma la élite de la política y la administración gala- que aglutinaría a cuatro organismos públicos que hoy tienen voz propia.

En concreto, el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto de Estudios Fiscales, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se integrarían en un nuevo organismo autónomo cuyo nombre todavía está por decidir. Lo que sí se conoce es que tendrá personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y “plena capacidad de obrar”, dice el borrador de real decreto, “dentro de su esfera de competencia”. Sería un movimiento en línea con lo que hizo el Gobierno cuando sacó adelante una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que aglutina la supervisión de varios sectores regulados (energía, telecomunicaciones o competencia).

Es decir, se está hablando de un macro organismo capaz de dar un vuelco al sistema de formación y reclutamiento de funcionarios. Ahora bien, con muchas limitaciones en su nivel de integración, toda vez que los actuales institutos y centros que hoy funcionan seguirían especializados en sus respectivas materias: formación de letrados, expertos en materia tributaria o constitucionalistas. De hecho, el nuevo organismo estará regido por un Consejo Rector cuya presidencia recaerá de forma rotatoria durante un año en cada uno de los cuatro centros de formación e investigación.

Según un experto en la materia, este es uno de los punto débiles del proyecto, toda vez que la reforma no se enmarca en un cambio estructural del sistema de formación de los empleados públicos, como sucede en la ENA francesa, sino que su objetivo es esencialmente ahorrar dinero, pero sin un nuevo modelo de selección y aprendizaje de funcionarios. La ENA, hay que recordarlo, fue creada nada más acabar la Segunda Guerra Mundial por el general De Gaulle, y los enarcas son la élite de la política francesa.

Servicios compartidos

En el caso español, se trataría de aprovechar los servicios comunes a través de una gerencia compartida, aunque el real decreto huye de entrar en el fondo del sistema de formación. De hecho, el cargo de gerente (con categoría de subdirector general) deberá ser pactado entre los ministerios de Justicia, Presidencia y Hacienda y Administraciones Públicas. Igualmente, cada uno de los cuatro directores sería elegido por el ministerio correspondiente.

El nuevo organismo prevé que en cada centro de formación e investigación (los actuales centros e institutos) exista un Consejo Docente integrado por un Presidente y los vocales que en cada caso se establezcan. Es decir, se mantendría el esquema actual, pero con una cabeza única para dar apariencia de que se reduce el número de organismos, que es uno de los objetivos de la Cora, la Comisión creada en su día por el Gobierno para racionalizar la Administración Pública. El borrador de real decreto, en todo caso, deja bien claro que la reforma “no supondrá incremento de gasto público”. Pero tampoco lo acompaña una memoria económica capaz de cuantificar el ahorro.

En la actualidad, el Centro de Estudios Jurídicos -dedicado a la formación de altos funcionarios de la Administración de Justicia- cuenta con un presupuesto de 8,8 millones de euros; mientras que el Instituto de Estudios Fiscales (dependiente de Hacienda) cuenta con un presupuesto de 15,1 millones de euros, de los que más de la mitad se dedican a formar a empleados públicos de Economía y Hacienda.

Por su parte, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales está dotado con 4,6 millones de euros y su misión es analizar la realidad jurídica y sociopolítica a través de publicaciones y debates de opinión. Por último, el Instituto Nacional de Administraciones Públicas tiene como misión fundamental la formación y selección de los funcionarios de la administración general. Cuenta, con diferencia, con el mayor presupuesto de todos ellos: 66,1 millones, y es donde ha levantado más ampollas la idea de Hacienda y Administraciones Públicas de unificar en un solo organismo lo que ahora hacen cuatro. En total, con un presupuesto de 94,6 millones.

La supresión del INAP ha encontrado, por el momento, un fuerte rechazo entre un importante sector de funcionarios y asociaciones de empleados públicos. Hasta el punto de que la asociación de antiguos alumnos del INAP recordaba hace unos días la oposición frontal de la Asamblea General del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), además de otros colectivos de la Administración Pública Gestora estatal.

Fuente: El Confidencial

Extremadura se resiste a demoler el complejo ilegal de Valdecañas

La Junta alega que costaría 34 millones de euros y que es mejor para la zona mantenerla urbanizada. Son terrenos protegidos por la Red Natura 2000.

Apartamentos exclusivos de uno a tres dormitorios, con terrazas de 40 metros cuadrados orientadas al sur y magníficas vistas sobre el embalse de Valdecañas (Cáceres). Así se sigue anunciando la venta de inmuebles en la página web del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, una macrourbanización situada en una isla del pantano, en zona protegida por la Red Natura 2000. “Desde 195.000 euros más IVA”, añade la promoción. Aparentemente, todo sigue como siempre, pero nada es lo que se previó. El Tribunal Supremo ordenó en febrero el derribo de lo ya construido y la paralización de las siguientes fases. Decretó que es ilegal. La Junta de Extremadura, sin embargo, se resiste a cumplir la sentencia. Asegura que la demolición costaría 34 millones de euros y que es mejor para el medio ambiente mantenerlo como está.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Extremadura (PP) han presentado un escrito en el juzgado para pedir que abra un “incidente de imposibilidad de ejecución” de la sentencia del Supremo que determinó que no se puede urbanizar en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, una figura europea de protección ambiental. La Junta alega, entre otras cosas, que “la devolución de la isla a su estado natural tampoco va a devolver a esta ningún valor ambiental, pues carecía de los mismos”. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no solo afirma que la construcción de 185 “villas”, un hotel de 80 habitaciones, un campo de golf y una base náutica con 76 atraques, entre otros, no ha afectado a los valores medioambientales de la zona, sino todo lo contrario. Demoler el complejo, asegura, sería perjudicial.

El texto alega que en el terreno nunca se había asentado ninguna especie de fauna o flora relevante o protegida: ni pagaza piconegra, ni gansos, ni grullas. La construcción del complejo, en cambio, tuvo un efecto “altamente positivo”, razona la Junta, porque se talaron 6.772 eucaliptos que se sustituyeron con arbolado autóctono: encinas, pinos piñoneros, fresnos, plátanos... De ejecutarse la sentencia, habría que “proceder a la tala” de casi 8.000 árboles y 100.000 matorrales plantados durante la construcción y que ayudaron a “mejorar notablemente la calidad paisajística de la zona”.

El Supremo ha ordenado el derribo de lo que ya está construido

En lo que respecta a las aves, el escrito enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) señala que la desaparición del complejo supondría la pérdida de la vigilancia existente. Y dado que este servicio “ha eliminado el furtivismo” y ha permitido que, gracias a “las condiciones de tranquilidad y sosiego”, la población de gansos, grullas y pagazas piconegras haya aumentado en el entorno de la isla, en la ZEPA (zona de especial protección de aves) Embalse de Valdecañas, si se retira puede producirse un “recrudecimiento de esas prácticas” y “la eliminación de la tranquilidad que ha provocado el fuerte incremento en la población”. La Junta alega también que ejecutar la sentencia supone “la desaparición” de dos depuradoras, con lo que se volvería “a la situación anterior, de vertidos de aguas sin depurar”.

José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, califica de “peregrinos” los argumentos de la Junta y asegura que ejecutar la sentencia del Supremo no significa que haya que “demoler depuradoras, que la Directiva de Aguas obliga a construir, ni mucho menos arrancar árboles”. Se trata únicamente de “revertir la urbanización de lo que era un espacio natural”, algo que la ley obliga a hacer con una estricta evaluación ambiental. Trillo recuerda que se ha llegado a la situación actual por culpa de la desidia de la Administración, puesto que las organizaciones ambientales (Ecologistas en Acción y Adenex) llevan años pidiendo la suspensión cautelar de las obras del complejo.

El Gobierno de Extremadura aprobó, en 2007, el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, con el que se recalificaban los terrenos para permitir la construcción de un complejo turístico de lujo. Los ecologistas lo recurrieron en el TSJE que, cuatro años después, en marzo de 2011, les dio la razón al declarar la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. Tres semanas después de ese fallo el Parlamento extremeño modificó la Ley del Suelo de la región para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000. Es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico, un lugar en el que, según publicó el diario ecónomico Expansión, tienen casas directivos de empresas como Telefónica, Banco Santander, Credit Suisse y Rothschild.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en febrero pasado y declaró la nulidad del PIR. El TSJE dio un plazo a la Junta de Extremadura, que es la que debe demoler el complejo, para ejecutar voluntariamente la sentencia. En lugar de hacerlo, ahora pide al TSJE que le exima. A estas alturas, la primera fase de Isla de Valdecañas ya está acabada. El coste de que entre la piqueta ahora, si entra, es de 34 millones de euros, según argumenta el Gobierno de Extremadura en su escrito, que también alega otras “razones socioeconómicas” para dejar las cosas como están: los puestos de trabajo creados, los intereses de los que han comprado propiedades allí y los perjuicios económicos para los dos municipios afectados (Berrocalejo y El Gordo) en licencias urbanísticas e impuestos como el IBI.

Fuente: El País