Montoro devolverá la extra de 2012 de forma progresiva, pero no dice cuándo

El ministro avanza que «facilitará» esa recuperación salarial cuando lo permitan los objetivos presupuestarios y el PNV le pregunta que si la economía va bien, «¿a qué esperan»?

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha subrayado que la devolución de la paga extra de Navidad que fue retirada a los funcionarios en 2012 para poder hacer frente a la crisis se devolverá en vista de que «tenemos delante mejores condiciones económicas y presupuestarias», aunque no se ha comprometido en ningún plazo. «Vamos a facilitar la progresiva recuperación de la paga en tiempos y cuantías que permitan el cumplimiento de los objetivos presupuestarios», ha expuesto el ministro en contestación a una pregunta en la sesión de control al Gobierno del diputado del PNV Pedro Azpiazu, que ha lamentado la falta de concreción de Montoro.

En su réplica, Azpiazu ha sugerido al titular de Hacienda que se reintegre ahora a los funcionarios el 50% de lo que, según un real-decreto ley de julio de 2012, corresponde reponerles, y el resto el próximo año. El diputado vasco ha apoyado su propuesta en el hecho de que «el Gobierno insiste día a día en la mejora de la economía», por lo que se ha preguntado «¿a qué espera?» para hacer el reintegro cuanto antes.

El responsable de Hacienda defendió que los empleados públicos «han hecho y siguen haciendo una importante aportación» a la salida de la crisis, pues su esfuerzo ha sido «enormemente útil» para resolver la difícil coyuntura. Por ello, se avanzará en la devolución de la paga extraordinaria según lo permitan las condiciones económicas y financieras, algo que «mejora de sus condiciones de vida, en este caso de sus condiciones salariales».

Fuente: ABC

La ley gallega que adapta la reforma local obliga a "reconsiderar" la delegación de competencias

Si su financiación no basta.

La ley de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la reforma local impulsada por el ministro Cristóbal Montoro obligará a "reconsiderar" la delegación de las competencias que realice la Xunta de Galicia si la financiación que se lleva a cabo "resultase insuficiente".

Ésta es una de las novedades que ha incorporado la normativa que el Gobierno autonómico ha calificado como "interpretativa" de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la cual fue aprobada a finales del pasado año en las Cortes.

Así, la ley gallega ha superado este martes el trámite de ponencia y comisión y ha quedado lista para su aprobación en pleno tras las elecciones europeas. Lo ha hecho con el voto en contra de toda la oposición y tras incorporar siete enmiendas del PSdeG y una disposición adicional del PPdeG, que tiene como objetivo aclarar las competencias en cuanto a la incoación de expedientes a funcionarios.

Las modificaciones realizadas en ponencia suponen, por ejemplo, que en la delegación de las competencias que recoge el artículo 2 --las que podrá llevar a cabo la Xunta a los municipios para que sigan prestando determinados servicios--, "deberá determinarse su duración, las posibles prórrogas y los medios personales, materiales y económicos asignados". Además, en el caso de que la financiación de la delegación "resulte insuficiente, deberá procederse a su reconsideración", según fija la ley.

Asimismo, con este paso por el Parlamento, la ley incorpora un nuevo artículo, por el que se "deberá establecer un marco de coordinación y colaboración efectiva entre la Administración autonómica y local" para la prestación y mantenimiento de los servicios ante la ciudadanía, "debiendo promover su mejora y garantizar su prestación efectiva".

TRABAJO EN COMÚN

Este ámbito de colaboración deberá servir para "promover el trabajo en común para la solución de los problemas que se puedan presentar más allá del concreto reparto competencial en los distintos sectores de la acción pública", añade este nuevo artículo incorporado al final de la ley.

Los socialistas también han logrado introducir un cambio en la exposición de motivos de la normativa, que sirve para hacer hincapié en que debe "respetarse la Carta Europea de Autonomía Local", la cual "consagra los principios de autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales".

Durante el debate en la Comisión Institucional, las portavoces de la oposición --Beatriz Sestayo (PSdeG), Yolanda Díaz (AGE) y Tereixa Paz (BNG)-- han censurado que el Gobierno gallego optase por una normativa aclaratoria en lugar de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional a la ley de Montoro y han advertido de que esta "chapuza de ley", además, "nace muerta", ya que el ministro ya ha amenazado con recurrirla.

Por su parte, la portavoz del PPdeG en el debate, Paula Prado, ha reprochado a Sestayo y Yolanda Díaz que arremetan contra una normativa que el Gobierno andaluz de socialistas e IU, presidido por Susana Díaz, "ha cortado y copiado" en un decreto de ley con el mismo fin que Galicia, ha dicho. A ello, las diputadas aludidas replicaron recordándole que Andalucía llevó la ley estatal al Constitucional.

Fuente: Europa Press

INAP: Jornadas sobre la "Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local"

Resolución de 12 de mayo de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan jornadas sobre la "Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local" para su ejecución descentralizada, en colaboración con federaciones y asociaciones territoriales de municipios. (15/5/2014)

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Beteta reconoce que "en algunos casos" los entes públicos han caído en la "tentación" de "meter personas innecesarias"

Defiende que “el conjunto de la clase política” es ejemplar.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recocido este martes que aunque "el conjunto de la clase política" es "ejemplar en su trabajo", sí ha habido "algunos casos" en los que las administraciones podrían haber caído en la tentación de utilizar las empresas públicas para emplear "alguna persona innecesaria".

"Que efectivamente en algunos casos, o en varios, sí ha habido la tentación de que se haya caído en determinados momentos en meter alguna persona innecesaria, pues pudiera ser, pero hemos tomado medidas. Por ejemplo, en la reforma local hemos establecido por primera vez limitación al sueldo de los cargos locales", ha señalado en un desayuno informativo organizado por la revista Capital, en el que ha negado que todas las empresas públicas estuvieran "dedicadas a soportar los llamados 'amiguetes'". "No", ha sentenciado.

En este sentido, ha defendido que la clase política es "ejemplar" en su conjunto y que este hecho no se puede negar con "cifras de los políticos que nada tienen que ver con la realidad". "La gran mayoría de las personas que trabajan en las corporaciones locales no cobra nada sino que les cuesta su esfuerzo y su dinero sacar a su pueblo adelante", ha destacado.

Así, ha señalado que el que haya "una situación de crisis" que ha obligado a "tomar medidas difíciles", a reforzar la "eficacia" y la "priorización" y a suprimir parte de los entes públicos dependientes de las administraciones, "no quita mérito a la importante labor de servicio público que se llevan a cabo los políticos".

No obstante, ha asegurado que, al margen del "alto servicio" de las administraciones para "ayudar al país a salir de la crisis", los "abusos" que se han cometido "tienen que ser corregidos". "Tienen que actuar los tribunales y sancionar las conductas con todo el rigor que dice la ley", ha remachado.

SECTOR TERRITORIAL, "A LA ALTURA"

En esta línea, Beteta ha defendido durante su intervención que tanto las Comunidades Autónomas como las Entidades Locales han estado "a la altura del reto" y han conseguido sostener el Estado del Bienestar. "No ha sido fácil, pero los resultados están ahí y son positivos.

"A veces esto se olvida al demonizar una gestión que en algunos casos puede no haber sido acertada pero que en la mayoría de los casos sí lo ha sido y ha permitido que los ciudadanos dispongan de Sanidad o Educación", ha afirmado, tras rechazar el "mantra" que "ha ido creciendo durante la crisis" de que el mayor problema del país eran las administraciones territoriales.

Asimismo, ha celebrado que gracias a los datos de déficit de 2013, ejercicio que las entidades locales cerraron con un superávit del 0,41%, "hoy ya nadie ve el sector territorial español como un problema de gestión económica". "Está cumpliendo sobradamente con los objetivos de déficit y deuda fijados", ha apostillado.

Fuente: Europa Press