El Gobierno asegura al PSOE que la Reforma Local no impedirá que los ayuntamientos sigan prestando servicios sociales

El Gobierno de la Nación, en respuesta a preguntas de la portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, la cordobesa Rosa Aguilar, ha asegurado que la Reforma de la Administración Local que promueve "no impide que se continúe la prestación y atención de servicios sociales por parte de los ayuntamientos".

Así se recoge en la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que ha dado el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy a la portavoz socialista, la cual había dirigido al Gobierno central una batería de preguntas para saber "¿cómo se llevará a cabo la implicación de los servicios sociales de las entidades locales en la lucha contra la pobreza cuando entre en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que priva a estas administraciones de la competencia en servicios sociales?".

También preguntó Rosa Aguilar "cómo se va a compatibilizar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016" con la Reforma de la Administración Local y "¿cómo se va a desarrollar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 con la reducción del personal en los servicios sociales, trabajadores sociales, educadores, etcétera, cuando se aplique la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local?".

Ante estas cuestiones, el Gobierno de España ha señalado que la Reforma Local no impide que los ayuntamientos sigan prestando servicios sociales dado que, "en la modificación que realiza del artículo 26.1 apartado c) se establece que en los municipios de población superior a 20.000 habitantes deberán prestar en todo caso los siguientes servicios: protección civil, evaluación e información de las situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social"

A esto ha añadido el Ejecutivo central en su respuesta que "la asunción por las comunidades autónomas de la titularidad de las competencias relativas a servicios sociales está prevista (...) que se realice con fecha 31 de diciembre de 2015. Si en dicha fecha las comunidades autónomas no hubieren asumido dichas competencias seguirían prestándose por los municipios, con cargo a la administración autonómica".

Además, según ha recordado el Gobierno, "en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 se mantienen las aplicaciones presupuestarias correspondientes a la cofinanciación con las comunidades autónomas de los programas sociales" y también "se dispone de un crédito extraordinario de 17 millones de euros destinados a luchar contra la pobreza infantil".

Junto a ello, en la respuesta del Ejecutivo se señala que la Reforma de la Administración Local "no modifica la obligación de las administraciones de ofertar unos servicios sociales cercanos al ciudadano, sino solamente la atribución de competencias de los mismos, a fin de incrementar su eficiencia y eficacia en la atención al ciudadano".

De hecho, según ha subrayado el Gobierno, "el propio Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAin) 2013-2016, en los objetivos operativos 9, 10 y 11, apuesta por potenciar la eficacia y el acceso a los servicios sociales, mejorando los servicios de información para poder asignar recursos de forma más eficiente, fortaleciendo la intervención dentro de las familias y fomentando la coordinación de éstos con los educativos y sanitarios. Las diversas actuaciones recogidas en estos objetivos operativos están mayoritariarnente asignadas a las comunidades autónomas y corporaciones locales, prestadoras de los servicios".

Por último, el Gobierno ha afirmado que "la Ley 27/2013 (Reforma Local) está dirigida a que los servicios sociales se presten por una única administración, en este caso las comunidades autónomas, aunque siempre pueden delegar la prestación de este servicio a los ayuntamientos mediante convenio", si bien "las comunidades autónomas han asumido la competencia exclusiva en materia de 'asistencia social', en virtud del artículo 148.1.20 de la Constitución Española, por lo que son estas administraciones las que, mediante su propia normativa y recursos, tienen absoluta libertad para organizar su sistema de servicios sociales".

También, según ha insistido finalmente el Gobierno en su respuesta a la diputada del PSOE por Córdoba, "hay que tener en cuenta que hasta el 31 de diciembre de 2015 no entrarán en vigor los cambios de la reorganización competencial incluidos en la Ley 27/2013, por lo que es muy pronto para poder valorar las futuras consecuencias de esta legislación" y, "en consecuencia, se seguirá con la línea mantenida hasta la actualidad de colaboración técnica y financiera entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para la realización de programas de servicios sociales".

Fuente: Europa Press

El Gobierno demanda a 80 alcaldes catalanes por no izar la bandera española

El Estado presenta 270 recursos contra ayuntamientos por su apoyo al soberanismo.

Mariano Rajoy y Artur Mas no dialogan y el Parlamento catalán y el Congreso apelan a legitimidades diferentes para amparar o rechazar la consulta soberanista. La crisis independentista se refleja desde diferentes prismas y uno de ellos se dirime en los juzgados. La Delegación del Gobierno y los Ayuntamientos catalanes mantienen una batalla judicial inagotable a propósito de las decisiones de Consistorios que respaldan el secesionismo. La institución que dirige Llanos de Luna ha presentado de oficio desde 2011 hasta 270 recursos contenciosos-administrativos contra decisiones de consistorios vinculadas al soberanismo. De estos recursos, 80 son para obligarles a izar la bandera española. La Asociación de Municipios por la Independencia, a la que se han adherido 692 municipios de 947 que hay en Cataluña, además de 38 consejos comarcales (hay 41) y Diputaciones, lamenta que el Estado gaste partidas por no estar conforme con decisiones políticas. La AMI tiene constancia de 230 demandas y subraya que el Estado ha perdido o no ha conseguido que se admitieran a trámite 24 recursos.

Además de los 80 recursos por asuntos de banderas, la Delegación del Gobierno ha presentado un centenar contra otros tantos ayuntamientos que aprobaron lo que denominan “soberanía fiscal”: traspasan directamente los tributos IRPF y el IVA a la Agencia Tributaria de Cataluña en lugar de a Hacienda y después es la Generalitat quien paga a la Administración central. Hay otros 60 recursos contra ayuntamientos que se han declarado “territorio libre y soberano” y 35 más contra los consistorios que pagan cuotas a la AMI, presidida por Josep Maria Vila d'Abadal, alcalde de Vic por CiU, formación en la que ya no milita.

Los partidos soberanistas achacan ese frenesí jurídico a la hostilidad de De Luna contra el secesionismo. El Parlament aprobó hace un año pedir la destitución de la delegada por esa actitud y por no respetar a las instituciones catalanas. El PP y Ciutadans votaron en contra y el PSC se abstuvo. El Ayuntamiento de Girona declaró a De Luna poco después “persona no grata”.

La delegada del Gobierno nunca ha escondido que su objetivo es garantizar la presencia del Estado en Cataluña y cuenta con el apoyo absoluto del Gobierno y del PP, que tachó de "indignidad" la moción del Consistorio de Girona. De Luna defiende que se limita al escrupuloso cumplimiento de la ley, que descansa en dos textos. La delegada apela a la Ley de Banderas, de 1981, que exige la presencia de la insignia española, en este caso junto a la senyera, tanto fuera como en el interior de los edificios oficiales. En segundo lugar, se ampara en dos sentencias del Tribunal Supremo que instan a las instituciones a no invertir dinero público en asuntos que no son de su competencia y las insta comportarse con objetividad al servicio de la comunidad. La Delegación sostiene que la neutralidad de De Luna se refleja, por ejemplo, en que obligó al Consistorio de Bolvir (Girona) a exhibir también la senyera.

Los abogados del Estado están seguros de que puede ganar en el juzgado los recursos contra las banderas —la Delegación afirma que una veintena de Consistorios han accedido a colocarla antes de conocer la sentencia— y la de las cuotas de la AMI.

No está tan clara, sin embargo, la postura que mantienen los jueces respecto a la soberanía fiscal y a la declaración del territorio libre y soberano porque hay algunos que consideran que esas mociones son de carácter político y carecen de efecto jurídico.

La Delegación admite que en el caso de la soberanía fiscal no se han admitido el 20% de los recursos, en su mayoría en juzgados de Tarragona y Girona, aunque resalta que ya tienen tres fallos a su favor en el caso del territorio libre y soberano.

“De los 24 casos que ha perdido el Estado, 9 están relacionados con la soberanía fiscal”, señala un portavoz de la AMI, que cifra en 170 los Ayuntamientos que han dado ese paso. El colectivo esgrime como una victoria la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que rechazó un recurso del abogado del Estado contra la entidad municipal de Jesús, de las Tierras del Ebro, que hace un año aprobó la soberanía fiscal. En el fallo, los magistrados señalan que solo pueden valorar decisiones que tengan la finalidad inmediata de “engendrar o destruir una relación de derecho”. “Y por tanto”, aducen, “tratándose de manifestaciones políticas o declaraciones de intenciones, sin existencia en el mundo del derecho, sin concreción ni efecto práctico ni jurídico posible, las pretensiones deducidas han de declararse inadmisibles”.

Local cedido

“La sentencia legitima la razón de ser de la AMI y sus Ayuntamientos asociados. Siempre hemos defendido que la justicia debe pronunciarse sobre cuestiones jurídicas y no políticas”, señala Vila d'Abadal en la página web de la AMI, en pugna constante con Llanos de Luna, que amenazó con presentarle otro recurso por haber cedido aquel dependencias municipales a la AMI. Fuentes de la Delegación sostienen que el alcalde de Vic dio marcha atrás en su pretensión. La AMI también renunció a ocupar las oficinas en litigio.

La entidad está especialmente molesta con la persecución de sus asociados. “Los Ayuntamientos más pequeños pagan cuotas simbólicas de 75 euros al año a la Asociación. Es una suma ínfima en contraste con el gasto que supone poner en marcha toda la maquinaria judicial del Estado”, afirman fuentes de la entidad. Vila d'Abadal llegó a amenazar con demandar a la Delegación del Gobierno por malversar dinero público.

Fuente: El País

La alcaldía de Zaragoza tiene un agujero de 362 millones

El quinto municipio más importante de España.

La Cámara de Cuentas dice que el Ayuntamiento 'no expresa la imagen fiel del patrimonio'.

El agujero equivale al 55% del presupuesto anual del Ayuntamiento de Zaragoza.

El Ayuntamiento de Zaragoza, el quinto municipio más importante de España, presenta un agujero contable superior en cuantía al que tuvo el Consistorio de Marbella cuando fue intervenido por el Estado, según se desprende de un duro informe de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Esta institución presenta el funcionamiento del Ayuntamiento de Zaragoza, que preside el ex ministro socialista Juan Alberto Belloch desde 2003, como propio del Tercer Mundo, con un agujero de 362 millones, que es equivalente al 55% de su presupuesto anual.

Ésta es la cifra detectada en el último ejercicio que acaba de fiscalizar, correspondiente a 2011, según el apartado de conclusiones del informe al que ha tenido acceso EL MUNDO.

«En opinión de la Cámara de Cuentas de Aragón, debido al efecto muy significativo de las salvedades que se enumeran a continuación, la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2011 no expresa la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza a 31 de diciembre de 2011, ni de los resultados de sus operaciones, ni de la liquidación de sus presupuestos correspondientes al ejercicio anual 2011», afirma el gravísimo documento.

Describe hasta 27 irregularidades de maquillaje y desorden contable, e incluso apunta que la situación puede ser mucho peor de la expresada: «No se puede garantizar que se haya detectado la totalidad de las irregularidades de que pueda adolecer la Cuenta General».

'No hay ningún agujero'

Tras este escándalo, avanzado por El Heraldo de Aragón, el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, aseguró el pasado viernes que «no hay ningún agujero» y que «nadie se ha llevado dinero». Afirmó que la Corporación presentará alegaciones a la Cámara de Cuentas antes de que ésta publique un informe definitivo, aunque pidió un mes más de plazo para entregárselas.

El Ayuntamiento de Zaragoza figura entre los que han recibido rescate del Estado por valor de 171 millones, según otro informe del Tribunal de Cuentas, que lo sitúa entre los que más facturas tenía sin contabilizar.

Entre las 27 irregularidades, se incluyen múltiples sobrevaloraciones en las cuentas. Un ejemplo es que tiene contabilizados derechos de cobro por venta de terrenos por valor de 47,2 millones «sin que exista contrato de compraventa».

Afirma que la deuda real es de 1.495 millones, 251 millones más de lo reconocido por el Ayuntamiento que preside Belloch, que fue ministro de Justicia e Interior en la última etapa de Felipe González. Sólo en el proyecto del tranvía zaragozano, «la deuda no reconocida asciende a 181 millones».

También echa en falta una provisión por insolvencias de 78,8 millones y asegura que ha descubierto «23 cuentas bancarias con un saldo de 544.961 euros sin contabilizar». Por su parte, el 60% de los acreedores del Ayuntamiento aseguró a la Cámara de Cuentas que la corporación municipal les debía 36,9 millones más de lo que ésta reconocía oficialmente. Por otra parte, «el 45% de las subvenciones se realiza de forma directa» y sin competencia. De ellas, «el 67% no cumple los requisitos que justifiquen tal forma de concesión».

El Corredor Verde

«Desde el ejercicio 2011, el Ayuntamiento no mantiene ni realiza apunte contable alguno, relativo a los gastos que están generando las obras de construcción del llamado Corredor Verde», afirma el informe dentro de la catarata de irregularidades. En cuanto al plazo de pago a proveedores en 2011, ascendía a 221 días, según el documento.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza y diputado nacional, Eloy Suárez, aseguró a este diario que arreglar ahora tales cuentas supondría tal ajuste que sólo con pagar a los funcionarios y los intereses de la deuda se agotaría el presupuesto del año. «No quedaría dinero para prestar ni un servicio público a los ciudadanos».

Suárez, interventor de profesión, evoca que, «en Marbella, el agujero era de 253 millones; por tanto, inferior». El socialista Gimeno indicó que cualquier crítica a las cuentas del Ayuntamiento dificulta la relación de éste con los bancos para la refinanciación de la deuda. El Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas aún no se ha pronunciado públicamente sobre la situación de este relevante Ayuntamiento.

Fuente: El Mundo

Los Gobiernos Locales renuevan su compromiso contra el cambio climático

Sevilla acoge una jornada informativa y la asamblea anual de la Red Española de Ciudades por el Clima de la FEMP. La Red apuesta por una economía baja en carbono, que genere empleo y mejore la calidad de vida.

Los Gobiernos Locales son conscientes de su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático y saben aprovechar las oportunidades que brindan las políticas sostenibles para generar riqueza. Así se ha expresado la Presidenta de la Red Española de Ciudades por el Clima, la Alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, en la apertura de la Asamblea de esta Red, que se está celebrando en Sevilla.

El encuentro ha sido inaugurado por el Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, la Presidenta de la Red Española de Ciudades por el Clima, la Alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, y el Secretario General de la FEMP, Ángel Fernández.

La Presidenta de la Red de la FEMP, ha destacado que más de un 60% de los municipios españoles de más de 150.000 habitantes cuentan con políticas de sostenibilidad cuyo principal objetivo es la reducción de gases de efecto invernadero. También ha reconocido que todavía queda mucho por hacer, tanto a nivel europeo como de España, y aludió a la iniciativa Pacto de Alcaldes como un buen instrumento para lograrlo.

María Ángeles Muñoz reconoció que hay que tener un planteamiento político muy firme para ver la necesidad de invertir en sostenibilidad en momentos de crisis, pero que ahí es donde se ven las posibilidades de las iniciativas puestas en marcha y el trabajo conjunto que realizan las Entidades Locales.

Al respecto, mostró el compromiso de los municipios adheridos a la Red en materia de eficiencia energética, el impulso de las energías renovables, un urbanismo sostenible y una gestión razonable y eficiente de los recursos. En definitiva, por avanzar “hacia una economía baja en carbono, que genere empleo y mejore la calidad de vida de los ciudadanos”.

Aliados imprescindibles

El Secretario General de la FEMP, Ángel Fernández, por su parte, destacó la colaboración entre el Ministerio y la Federación para promover y facilitar el desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático, por el “importante papel que pueden desempeñar las políticas municipales en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.

En este sentido, señaló que la actuación que realicen las Entidades Locales será fundamental para lograr los objetivos que tiene marcados nuestro Gobierno respecto a Europa y que, por ello, son "aliados imprescindibles” de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómicas, apuntó.

Asimismo, recordó que la FEMP actúa como Promotor del Pacto de Alcaldes con el fin de apoyar esta iniciativa europea que supone el compromiso oficial de las ciudades adheridas de superar los objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO2, mediante actuaciones de eficiencia energética y otras relacionadas con fuentes de energía renovables.

En la actualidad, España es, después de Italia, el segundo país europeo en número de Entidades Locales que han firmado el Pacto de los Alcaldes, con un total de 1.453 municipios, del total de firmantes (5.131 municipios).

En cuanto al trabajo que lleva a cabo la Red Española de Ciudades por el Clima, aludió a la convocatoria  del V Premio Buenas Prácticas Locales por el Clima, que pone en valor las iniciativas municipales, “una de las tareas fundamentales que debemos realizar desde la Red”.

El Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, dio la bienvenida a los asistentes al encuentro y reconoció la labor de la Red Española de Ciudades por el Clima y su compromiso por mejorar la sostenibilidad de las ciudades. También destacó el trabajo que se está llevando a cabo en su ciudad en esta materia, que como explicó después su primer Teniente de Alcalde, Maximiliano Vílchez, tiene como principales exponentes la adhesión a la Agenda Local 21 y al Pacto de Alcaldes, con el objetivo de lograr una reducción de gases de efecto invernadero de casi el 30% para 2021.

Bajo el título de "Las Oportunidades del Cambio Climático para los Gobiernos Locales", la Jornada de Sevilla da continuidad a la Campaña de Información y Sensibilización sobre el Cambio Climático que la FEMP viene realizando desde el año pasado conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en diferentes lugares de España.

Asimismo, ha tenido lugar una reunión con la Oficina del Pacto de Alcaldes para evaluar la situación de los municipios españoles en relación con este acuerdo suscrito a nivel europeo y estudiar una propuesta de colaboración conjunta para facilitar su desarrollo en nuestro país.

Premios Buenas Prácticas

En el transcurso de la Asamblea han sido presentadas las bases del “V Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima”, que tiene como objetivo reconocer a las Entidades Locales sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y difundir las actuaciones desarrolladas en este campo. Está dirigido a Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares adheridos a la Red.

Una de las novedades de esta edición es la creación de una categoría dirigida a premiar a aquellas actuaciones de sensibilización y concienciación ciudadana de lucha contra el cambio climático, a través de campañas informativas dirigidas a la población en general, escolares, mayores, etc.

Además, hay otras cuatro categorías que corresponden a Movilidad, Energía, Eco-innovación y Ordenación del Territorio, Urbanismo y Edificación

El 30 de mayo finaliza el plazo para la presentación de propuestas y en junio un Comité Calificador seleccionará las cuatro prácticas ganadoras. La entrega de premios se realizará durante el cuarto trimestre de este año.

Fuente: FEMP