ISSN: 2695-4621
La Diputación de Valladolid solicitará a Hacienda la transferencia de la titularidad de parcelas rurales a ayuntamientos
La Diputación de Valladolid solicitará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la transferencia de la titularidad de las parcelas a los ayuntamientos que los tienen cedidos en precario por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, según se ha aprobado por unanimidad durante la celebración de la sesión plenaria correspondiente al mes de abril.
La proposición, presentada por la diputada 'popular' Consuelo Sánchez está motivada por el "claro perjuicio" a los municipios que poseen estas demarcaciones (las rentas derivadas del patrimonio son un recurso "esencial" con el que cuentan los municipios).
A este respecto, el diputado de IU, Salvador Arpa, ha señalado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "se está ganando a pulso convertirse en una persona non grata".
"Hay que registrar esos terrenos que quedaron en el limbo y, si hay que hacerlo, que sea en beneficio de los ayuntamientos", ha agregado Arpa, antes de que, desde la bancada del PSOE, Cirilo Moro, haya cuestionado la situación de dichos terrenos bajo la gestión de "otras administraciones".
Por otro lado, la Institución ha respaldado unánimemente la propuesta socialista que solicita la construcción de un centro de educación especial en Valladolid. Presentada por Marta Olmedo, la medida contempla exigir a la Junta crédito suficiente en los Presupuestos de 2015 y agilidad en los trámites administrativos.
Además, pide al Gobierno autonómico que con la puesta en marcha del nuevo centro, éste preste el servicio de residencia al alumnado del Centro de Integración Juvenil de la Diputación.
PASIVIDAD DE LA JUNTA
En este sentido, Olmedo ha lamentado que la Junta haya mostrado "desinterés" al no establecer esta inversión como "prioritaria" y que, al continuar sin ejecutar el compromiso de construcción de este espacio, la Diputación se vea "obligada" a asumir una competencia distinta a las propias que supondrá un gasto de 538.620 euros para el año 2014.
Para Arpa, el hecho de que la Región asuma sus competencias es una reclamación que se realiza "insistentemente" y considera que la "mejor forma de hacerlo es que cumpla con lo acordado".
En la actualidad, los padres con niños con discapacidad cuentan con el CEIP María de Molina, un espacio que ni reúne "las condiciones adecuadas", según Olmedo, ni cuenta con las características "necesarias", según el diputado de IU.
En este sentido, el diputado de Cultura e Igualdad, Artemio Domínguez, ha puntualizado que el proyecto esta realizado, "sólo falta la partida económica", y ha indicado a Olmedo que, como recoge el texto, lo importante es que los niños reciban esta atención.
Además, en la sesión plenaria Emiliana Centeno (PSOE) ha logrado la unanimidad de los grupos para que la Diputación solicite al Gobierno nacional que reconsidere la aplicación del tipo general del IVA del 21 por ciento a los servicios de peluquería y volver a aplicar el tipo reducido del 10 por ciento.
Centeno ha informado de que en Valladolid en 2011 existían 800 salones en los que se daba trabajo a 1.500 y que, dos años después, se ha registrado una caída del 28 por ciento, tras el cierre de 160 y el despido de 270 empleados.
"Hay más sectores que revisar", ha señalado Arpa antes de que el diputado de Economía y Turismo, Víctor Alonso, señalara que "echaba en falta" un análisis entre 2008 y 2011, cuando el paro pasó de 8,3 a 21,5 por ciento "por ver los datos de los salones".
Asimismo, ha puntualizado que hay que tener en cuenta que las administraciones pueden controlar el gasto "si hay ingresos suficientes", en relación al aumento de 13 puntos del IVA, a lo que Arpa ha contestado que es "consciente" de que la prestación de servicios es a través de los impuestos.
SERVICIOS MUNICIPALES
Por otro lado, la Diputación ha aprobado por unanimidad el mantenimiento de la totalidad de los programas y servicios municipales derivados de las competencias delegables o distintas a las propias, de forma que se garantice la oferta de servicios a los ciudadanos de la provincia y solicitar a la Junta y al Gobierno financiación "suficiente y adecuada" para ello.
Esta propuesta ha sido presentada por el portavoz del Grupo Provincial del PSOE, Juan José Zancada, no si debate y con varios matices. Así, Alfonso Centeno (PP) ha señalado que obtendría el respaldo 'popular' si incluía un apartado en el que se contemple la solicitud de los informes necesarios conformes a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como así fue finalmente.
Además, en lugar de exigir una financiación necesaria a la Junta de Castilla y León y al Estado, la proposición ha contemplado solicitar a la Junta una financiación "local adecuada y suficiente" en la que se estudiarían, en su caso, los convenios vigentes en los términos establecidos en la Disposición adicional de dicha Ley.
En este sentido, Zancada ha aseverado que la Reforma Local "sólo" ha servido para crear confusión y que "tanto caos" sirve para que "siga pagando los mismos"; la Diputación, "que destinará 26 millones en competencias no propias" y los ayuntamientos rurales, "cuyos alcaldes tienen que buscarse la vida para continuar dando los servicios".
"Hay sensación de criminalización del mundo local: los ayuntamientos eran los responsables de todos los males y esto es una falacia porque han tenido superávit", ha lamentado Zancada.
Por el contrario, la sesión plenaria ha rechaza dos propuestas, presentadas por IU, para mejorar la reactividad de la denominada Comunidad Urbana de Valladolid (CUVA) y para la mejora de las condiciones de trabajo del servicio de prevención y extinción de incendios forestales.
En la primera, Arpa ha defendido la necesidad de impulsar la actividad de la CUVA, cuyos resultados han sido "escasos" desde su creación, en 2012, por lo que sería necesario un programa "amplio" de trabajo y que la Junta lo integre en el Plan de Ordenación Territorial.
Sin embargo, ha sido rechazada con la abstención del PSOE, cuyo diputado Félix Velasco considera que se requieren acuerdos entre ayuntamientos y permisos de las administraciones, y el voto en contra del PP, al entenderse que "no era el foro" para debatirla y se estarían "usurpando sus competencias", según el alcalde de Laguna de Duero y diputado 'popular', Luis Minguela.
TRABAJADORES FORESTALES
Asimismo, Arpa ha obtenido 16 votos en contra en la propuesta que instaba a la Junta a que regule la condiciones laborales de los trabajadores del servicio de prevención y extinción de incendios Forestales.
A pesar del apoyo de la socialista María Jesús Lobo, que ha incidido en la necesidad de dotar de estabilidad laboral la sector, Agapito Hernández (PP) ha señalado que no está de acuerdo con los términos en los que se plantea, pues "se exige a la Junta cómo tiene que organizarse".
En el turno de ruegos y preguntas, Zancada ha pedido al presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, que "vuelva" a hacer un esfuerzo por defender los juzgados de Paz y los partidos judiciales de Medina de Rioseco y del Campo, a lo que Carnero ha solicitado a los tres grupos que presenten una proposición conjunta en la sesión de mayo.
Por último, la socialista María Blanco ha interpelado al Equipo de Gobierno por el funcionamiento del Servicio de Recogida de residuos de construcción y demolición, transcurridos dos años desde su puesta en marcha.
Desde la bancada popular, Máximo Gómez, ha respondido que la valoración es "positiva", con más de dos millones de kilos recogidos, 70.000 vecinos atendidos y más de 110 contenedores repartidos por la provincia.
Blanco ha matizado que cuando todo parte de cero "siempre es positivo" y que "aún" quedan escombreras, por lo que sería necesario poner servicios complementarios para evitarlos y se requieren labores de sensibilización.
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Tomás Gómez critica la Reforma Local porque "elimina los servicios sociales" y los "instrumentos de cohesión social"
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha criticado la propuesta de Reforma Local que pretende llevar a cabo el Gobierno nacional porque "significa eliminar los servicios sociales, todos los instrumentos de cohesión social, eliminar la participación y por lo tanto parte de la democracia de las entidades locales".
Según ha informado el partido político este sábado en un comunicado, Gómez ha indicado que "los gobiernos socialistas" no son "insensibles" ante las necesidades de sus vecinos, por lo que seguirán "prestando servicios sociales a los ciudadanos".
El líder socialista hizo estas declaraciones en el acto en el que el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, entregó la Medallas de la Ciudad a sus dos predecesores, Manuel de la Rocha y José Quintana. Gómez tildó el reconocimiento de "acierto" al considerar que ambos galardonados "han sido en gran medida artífices de la transformación de un pueblo dormitorio en una gran ciudad como es hoy".
Robles quiso recordar además "la importancia de aquellos primeros representantes que tomaron posesión el 19 de abril de 1979 y que fueron los protagonistas del inicio del proceso de normalidad democrática y del comienzo real de la gran transformación política, social y económica de España".
Por su parte, De la Rocha aseguró que Fuenlabrada no habría llegado a ser la ciudad que es actualmente con una Reforma Local como la que propone el PP y destacó que la medalla es un reconocimiento al gobierno que constituyó el primer ayuntamiento democrático en la localidad.
Además, José Quintana hizo hincapié en que la reforma propuesta pone "en riesgo" que "los servicios sociales sigan en manos de los ayuntamientos", e instó a recuperar el espacio y el valor de la política como elemento transformador.
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La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía prevé que la reforma local "repercuta en 600 millones más" en Junta, aunque "podría elevarse a 1.500 millones"
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, prevé que la reforma de la administración local promovida por el Gobierno central "repercutirá en 600 millones de euros más", un gasto que se asumiría en las arcas de la Junta al año, aunque estima que ese impacto "podría ser mucho mayor" y "podría elevarse a 1.500 millones de euros" si se confirma que a nivel nacional se estima un ahorro de más de 8.000 millones de euros.
Montero ha indicado que desde su departamento han comenzado a cuantificar la aplicación de la reforma, con una previsión inicial de un aumento del gasto para Andalucía de unos 600 millones de euros anuales. Asimismo, ha hecho referencia a los datos de liquidación en 2012 del Ministerio de Hacienda, que cifraba en 8.331 millones de euros el gasto de las entidades locales, de los que 2.410 millones correspondieron a educación, 802 millones a sanidad y 5.118 a servicios sociales. Ha agregado que, extrapolando las cifras a Andalucía, el impacto para la comunidad sería de 1.500 millones.
En su comparecencia parlamentaria en comisión, la consejera, quien ha recordado que la Junta ha recurrido dicha reforma ante el Tribunal Constitucional, considera que la reforma de la administración local "no resolverá los problemas de financiación, ni de distribución de competencias, ni de duplicidades" de la administración local; lo único que consigue es la vulneración de la autonomía municipal y abrir la vía a la privatización de los servicios sociales".
"La Junta no tiene conocimiento de que vaya a haber financiación para permitir ese traspaso de competencias desde los ayuntamientos", agrega la consejera, quien reclama que esa financiación sobre servicios que venían prestando los ayuntamientos y que ahora prestará la Junta por considerarlas competencias "impropias" de los ayuntamientos, proceda del Estado, ya que "si no es así, tendremos que recortar de algunas partidas en sanidad, educación, dependencia o vivienda".
La consejera ha indicado que su impacto financiero se producirá a partir de diciembre de 2015, que es el plazo que fija la ley para que las comunidades autónomas asuman las competencias en servicios sociales. No obstante, ha expresado la preocupación del Gobierno andaluz por las consecuencias para la hacienda pública en futuros ejercicios.
Montero, quien lamenta que esta reforma "de tanto calado haya siro remitida a las comunidades autónomas "sin memoria económica y con alto grado de indeterminación", ha lamentado la falta de diálogo del Gobierno con las entidades locales y las comunidades autónomas, que son las administraciones encargadas de aplicar la ley. La consejera ha llamado la atención sobre la falta de concreción económica de la ley y sobre la negativa del Gobierno a atender el dictamen del Consejo de Estado "inusitadamente duro y con advertencias de inconstitucionalidad".
A su juicio, este es un "debate trampa", con el que "se quiere poner en cuestión la arquitectura local con la que nos dotó la Constitución, y se quiere conseguir una pérdida importante de la identidad municipal".
La consejera ha demandado "vías de diálogo" para discutir como se van a financiar las competencias que estaban en el ámbito local "sin que se vean afectadas la sanidad, educación, servicios sociales ni dependencia", y ha pedido la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para abordar esta y otras cuestiones, como la reforma fiscal o el sistema de financiación autonómica. Ha recordado que el CPFF aún no se ha convocado "a pesar de que se anunció que se celebraría antes de finales de este mes y hay materia más que suficiente".
Montero ha querido expresar un mensaje de "compromiso" hacia los ciudadanos y trabajadores del ámbito local, a los que garantiza "la defensa de esos ciudadanos con las vías jurídicas y de diálogo, pues no permitiremos que se vulneren los derechos de las personas".
MENOS EFICIENCIA Y VACIAMIENTO DE COMPETENCIAS
La consejera ha defendido que Andalucía no comparte la reforma por motivos ideológicos, "porque creemos en la autonomía municipal", y también por cuestiones de eficiencia "que tienen que ver con una gestión sostenible de las cuentas públicas y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad".
"La eficiencia es la mejor garantía para sostener lo público, pero esta reforma parece que busca todo lo contrario", ha afirmado. Pues "una vez más se obliga a las comunidades a un esfuerzo adicional en la senda de consolidación fiscal". La consejera ha señalado como el dictamen del Consejo de Estado ya alertaba que la asunción de servicios municipales por las comunidades autónomas supone un coste adicional "que no todas están en condiciones de sufragar, sin afectar a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
Considera que el modelo propuesto por el Gobierno central "no es ni más eficaz ni más económico", al contrario provocará "servicios de peor calidad y a un coste más elevado para el ciudadano". Como consecuencia, aumentarán los problemas en la prestación de servicios básicos como recogida y tratamiento de residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua, acceso a los núcleos de población o pavimentación de las vías. Asimismo, generará "incertidumbre", poniendo en riesgo las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos, alertaba la consejera.
La consejera ha reivindicado una reforma de la ley de haciendas locales "coherente con el nuevo modelo de financiación autonómica" para abordar el problema de la financiación de las corporaciones locales "en su conjunto" y actualizar el régimen de bases del régimen local de manera seria, dialogada y que respete los principios constitucionales.
La consejera lamenta que "nadie responde a nuestras preguntas y los ayuntamientos empiezan a ponerse nerviosos sobre quien va a prestar esos servicios", y ha precisado que actualmente esos servicios los pagan los ayuntamientos a través de sus recursos propios.
"O cambian el modelo de financiación autonómica o las cuentas no saldrán, pues la reforma local nos obliga a asumir nuevas competencias sin financiación adicional", ha agregado la consejera, quien alerta del "vaciamiento de competencias" que tendrán los ayuntamientos.
PÉRDIDA DE 40.000 EMPLEOS, SEGÚN IU
Por su parte, el diputado de IU Ignacio García considera que la reforma local "genera inseguridad jurídica para todos" y lamenta las "muchas contradicciones" de dicha norma, que "genera una grave ansiedad en España, en especial en el ámbito local".
Así, ha advertido de que "se pueden perder 40.000 puestos de trabajo en el ámbito local en Andalucía" si se aplican los contenidos de dicha reforma.
García espera que "las cosas se reconduzcan y todo vuelva a su cauce".
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Los expertos remarcan que la corrupción no se ataja incrementando penas sino con más medios y agilizando procedimientos
Comparecencias en le Congreso de los Diputados.
Retrasar la prescripción, prohibir pagos a partidos en metálico y simplificar los tipos de cohecho, entre sus propuestas.
Los dos profesores de Derecho Penal que han comparecido este jueves ante la Comisión Constitucional del Congreso han coincido en remarcar que para atajar la corrupción no es necesario incrementar penas ni crear nuevos tipos delictivos, sino impulsar medidas de prevención, dotar de más medios a la Justicia, garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones y agilizar los procedimientos judiciales, especialmente en la fase de instrucción.
Así lo han puesto de relieve tanto el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas Javier Gómez Lanz, quien ha comparecido ha propuesta del PP, como su colega de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo Dopico, invitado por el PSOE.
"Crear más penas o nuevos delitos no es la panacea", ha afirmado Gómez Lanz, quien ha hecho hincapié en la necesidad de que se garanticen mejores posibilidades de persecución de los delitos y para el cumplimiento efectivo de las sanciones. "La lista de espera para la ejecución de las penas es surrealista", ha alertado Dopico.
LA INSTRUCCIÓN, A LOS FISCALES
Gómez Lanz ha recalcado que "la reforma del proceso penal es mucho más importante que la reforma penal", tesis en la que ha incidido Dopico, para quien "el arsenal punitivo" español es "bastante amplio" y en lo que hay que trabajar es en incrementar los medios humanos y materiales y en modificar la fase de instrucción pasándola de los jueces a los fiscales.
En opinión de Dopico, actualmente en la fase de instrucción se tratan asuntos que deberían circunscribirse a la parte del enjuciamiento lo que ralentiza considerablemente su ritmo, por ejemplo, con la constante presentación de recursos. "La lentitud de la instrucción penal no puede resolverse con pequeños parches; requiere una respuesta general", ha puntualizado.
Además, ha pedido que se corrijan los plazos de prescripción para los delitos de cuello blanco que, ha comentado, suelen tardar tiempo en llegar a los tribunales, con el consiguiente riesgo de que prescriban.
FINANCIACIÓN ILEGAL
En cuanto a la financiación ilegal de los partidos, Dopico considera que los tipos penales no plantean "lagunas graves", aunque sí advierte de que el delito de falsedad contable o de 'contabilidad b' ha tenido hasta ahora "un juego muy reducido" porque se limita al ámbito electoral. Por eso sugiere que se saque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) donde sólo se penaliza al administrador de una candidatura de manera que se pueda perseguir otros responsables de las fianzas de los partidos.
En conexión con la financiación ilegal están las donaciones. Dopico apuesta por penar tanto al que dona como al que recibe la donación y demanda que "se tome en serio la prohibición de pagos de cierta cuantía en metálico y que se consagre el pago estrictamente bancario". También pide que se cierren todos los "atajos" que, a su juicio, contempla la legislación actual para soslayar la prohibición de determinadas donaciones y que se equipare el tratamiento en este ámbito para partidos y fundaciones.
En relación con los contratos públicos y la incidencia de los casos de corrupción en el ámbito local, tanto Dopico como Lanz han llamado la atención sobre la situación de los interventores de los ayuntamientos y han reclamado medidas para preservar su independencia y facilitar su labor de control.
CONTROL DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS
En concreto, Dopico ha denunciado el "incontrolable poder" político que tienen los ayuntamientos a la hora de cerrar contratos públicos y la sistemática "desactivación del cuerpo de interventores" que son en su mayoría interinos y dependen tanto disciplinaria como económicamente de los gobiernos locales a los que tienen que controlar.
Por su parte, Gómez Lanz ha abogado por atribuir la responsabilidad criminal de las personas jurídicas además de a partidos y sindicatos como se hizo en 2012 a las agencias o entidades públicas empresariales cuando se verifique han sido creadas con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal, así como en los casos de delitos electorales.
Respecto a la malversación, Gómez Lanz considera que la nueva regulación mejorará la vigente si bien ha puesto algunas pegas a determinados puntos relativos al tipo atenuado de malversación y a la denominada malversación imprudente, para la que, a su juicio de contempla una pena excesiva.
Además, ha sugerido que simplifique la regulación del cohecho porque considera que el ordenamiento español recoge demasiados tipos de este delito (propio, impropio, activo, pasivo...). En su opinión, debería "castigarse sin más" la aceptación y solicitud de una dádiva o soborno sin vincularlo expresamente al acto pretendido por el cohechador.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Gómez Lanz ha explicado que la Convención contra la Corrupción de la ONU contempla el delito de enriquecimiento ilícito un tipo delictivo que, para él, plantea varios problemas como "la inversión de la carga de la prueba" --ya que es el reo quien debe justificar razonablemente el incremento de su patrimonio--.
En este punto, ha advertido de que si se decide incorporar este delito su pena "debe ser significativamente más leve" que la prevista para otros delitos contra la administración pública y recoger medidas para evitar la doble punición (por el delito contra la administración y los que hayan podido cometer en paralelo).
Por otra parte, Gómez Lanz también ha expresado sus reservas acerca de la limitación del ejercicio de la acción popular que ha planteado el Gobierno, sobre todo en los procesos por delitos de corrupción.
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El Gobierno del Principado de Asturias concretará el alcance de la reforma local para evitar litigios entre administraciones
Los ayuntamientos tendrán que demostrar que cumplen con la estabilidad financiera y precisar las competencias impropias que desarrollan.
El Gobierno asturiano aprobará en las próximas semanas un documento en el que establecerá con precisión la incidencia de la reforma local en el ámbito autonómico y las consecuencias que tiene su desarrollo para los ayuntamientos y el propio Principado. Según explicó ayer en Gijón el viceconsejero de Administraciones Públicas, Álvaro Álvarez, el Ejecutivo con esta iniciativa pretende ofrecer una única interpretación de la ley y evitar así posibles conflictos entre las diferentes administraciones. «Debemos aclarar con detalle el alcance de la norma», aseguró Álvarez, que ofreció ayer una conferencia en la sede del PSOE gijonés bajo el título 'Consecuencias de la reforma local del PP: la perspectiva de las comunidades autónomas'.
El Principado tiene previsto exigir a los ayuntamientos sendos certificados en los cuales se constate, por una parte, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, y por otra, defina qué competencias impropias desarrollan. El objetivo, abundó el viceconsejero, es impedir que más de una administración se haga cargo de la misma atribución.
Álvarez salió al paso de las últimas críticas dirigidas por algunos ayuntamientos, que acusaron al Principado de rehuir sus responsabilidades y no asumir el pago de determinados servicios. En concreto, el viceconsejero de Administraciones Públicas se refirió a Gozón, cuyo alcalde criticó al Ejecutivo regional por no asumir el coste de los servicios de salvamento. «Esa responsabilidad no es del Principado», detalló Álvarez, que aseguró que la titularidad corresponde al Estado, que asignó a los ayuntamientos la competencia a través de la Ley de Costas. «La Administración regional asume el 30% del coste, aunque no tengamos obligación alguna», ahondó.
Lo mismo ocurre, según Álvarez, con el gasto energético de los colegios. La opinión de los ayuntamientos asturianos es que debe ser el Principado, como titular de las competencias de Educación, quien asuma este gasto. «Los municipios tendrán que seguir costeando este pago hasta que no se produzca la reforma de la financiación autonómica y local, donde se precisen las responsabilidades de cada administración», añadió el viceconsejero, que advirtió de que los ayuntamientos tendrán menos competencias con la reforma. Gijón, por ejemplo, perderá parte de las políticas de empleo que ahora desarrolla.
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