Los municipios recibirán con medio año de retraso las ayudas al empleo

El Gobierno libera 16 millones para que los consistorios contraten 2.500 parados.

El Gobierno vasco ha liberado ya los fondos que los ayuntamientos estaban esperando para poner en marcha sus planes de empleo y contratar a parados. Finalmente, los municipios dispondrán de 16 millones de euros para ejecutar un total de 1.149 proyectos que permitirán dar trabajo a 2.500 personas. Las ayudas del Departamento de Empleo, reclamadas en los últimos días por consistorios y partidos de la oposición, llegan con “varios meses” de retraso, según fuentes del Ejecutivo, por “problemas administrativos”. La concesión de estos fondos para la “reactivación” económica fue recogida en un programa de apoyo a las entidades locales aprobado en octubre del año pasado. Las tres capitales vascas consumirán la mitad de la consignación económica, dirigida a un total de 49 ayuntamientos.

Pese a que las ayudas se comprometieron el año pasado, el montante económico irá con cargo al presupuesto de este año, pactado por el PNV y los socialistas, y el Ejecutivo no descarta abrir una nueva convocatoria a finales de este año con la misma finalidad, que se imputaría a las cuentas del próximo ejercicio. Lanbide ya ha comunicado por carta a las entidades locales la disposición de la partida presupuestaria. Las ayudas totalizan 16 millones, mientras que otros cuatro millones (el 20%) quedan retenidos hasta que se certifique que los ayuntamientos han ejecutado los programas de empleo subvencionados.

El Gobierno desbloquea esta línea de ayudas cuando han arreciado las críticas de los socialistas por el “retraso en los pagos de facturas por problemas de tesorería”, como denunció la semana pasada el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor.

El objetivo de estas ayudas a las entidades locales es, según informa la consejería de Empleo y Políticas Sociales, “poner en marcha proyectos dirigidos a la creación de empleo que repercutan en el desarrollo socioeconómico y modernización del territorio”. Así, se impulsarán 1.149 actuaciones de emprendimiento y otras 226 acciones de desarrollo local.

El Programa de Reactivación del Empleo 2013-2016 establece que las contrataciones se realicen en el “mercado no ordinario”, con la finalidad de dar empleo a “personas con dificultades especiales de inserción laboral”. Se pretende contratar a colectivos como personas menores o iguales de 35 años, mayores de 45 que lleven inscritos como demandantes de empleo al menos 6 meses, personas desempleadas de larga duración, personas en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares y mujeres víctimas de violencia de género.

Con el desbloqueo de estas ayudas, Vitoria podrá gestionar 2,73 millones, Bilbao percibirá 4,07 millones y San Sebastián, 1,30 millones, lo que representa el 50% de la partida presupuestaria.

La primera remesa de ayudas que concedió el Gobierno para fomentar el empleo en los municipios se remonta a 2009, cuando el Ejecutivo dispuso de una partida plurianual de 63 millones, con los que se iban a impulsar 7.000 empleos.

Por otro lado, el gasto destinado en 2013 a prestaciones de los desempleados ascendió en Euskadi a 1.254 millones, lo que representa un 1,2% menos que el año pasado, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Trabajo. Este capítulo se ha incrementado de forma notable en los últimos años, al pasar de los 724,1 millones de 2008 a los 1.254 del último curso. El gasto por prestaciones de Euskadi representa el 4,2% del total del país, donde el año pasado disminuyó un 5,9%.

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El PP de Galicia aguarda sumar apoyos para la reforma del Consejo Consultivo y las medidas urgentes para adaptar la reforma local

El portavoz del PP en el Parlamento gallego, Pedro Puy, ha expresado hoy su deseo de que en el pleno de la Cámara autonómica que comienza mañana su partido pueda sumar apoyos al dictamen sobre la reforma del Consello Consultivo y al proyecto de medidas urgentes para adaptar la reforma de la ley local a Galicia.

En una conferencia de prensa previa a la celebración del pleno parlamentario de esta semana, Puy ha destacado que el texto sobre la reforma del Consello Consultivo "se ha mejorado" durante el trámite en comisión, por lo que aguarda "que suscite mayor apoyo que el del PP".

El diputado del PPdeG ha confiado en que la oposición "se comporte de modo responsable" mañana y que apoye, como hará el PP, el texto presentado por la Xunta de medidas urgentes para adaptar "a las peculiaridades" de Galicia la reforma local del Gobierno.

Ha dicho que en el Castilla y León, donde gobierna el PP, el PSOE dio su apoyo a una medida "semejante" que en esa comunidad se aprobó mediante decreto ley.

Además de estas iniciativas, Puy ha destacado que su grupo defenderá dos proposiciones no de ley para facilitar el acceso a libros de texto, en colaboración con las Anpas, los bancos de material escolar y otros, y también una iniciativa sobre las medidas que debe realizar la Xunta en el 35 aniversario de la muerte de Eduardo Blanco Amor.

También ha descartado la propuesta del PSdeG para crear una comisión de estudio sobre el modelo de financiación autonómica y ha dicho que el Gobierno buscará el mayor grado de consenso en esta cuestión, "como siempre se hizo".

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La Cámara de Cuentas de Andalucía pide clarificar el papel de mancomunidades o incluir ayudas extraordinarias en Ley de Transparencia

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, ha pedido que el proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía clarifique la presencia de las mancomunidades para que se "sometan" a dicha norma, y ha demandado que se incluyan en dicho proyecto de ley ciertos ámbitos de la contratación administrativa, sobre los procedimientos que se declaran desiertos o nulos, o las ayudas y subvenciones consideradas extraordinarias, de forma que, en el último caso "se ofrezca al ciudadano una información suficiente sobre las razones que justifican la no existencia de convocatoria pública" en ese caso.

López ha comparecido en la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz para dar su opinión sobre el proyecto de Ley de Transparencia, que, a su juicio, supone "un avance muy importante" en materia de transparencia aunque considera que "hay aspectos susceptibles de mejora".

Así, considera necesario "una mayor delimitación de la aplicación de la ley, incluyendo entidades instrumentales de las universidades públicas, como sociedades mercantiles o fundaciones públicas universitarias". Asimismo, aboga por "clarificar el sometimiento de las mancomunidades al ámbito de la ley", toda vez que dicha norma "alude a organismos de ayuntamientos y diputaciones, dejando fuera a los de las mancomunidades", por lo que cree que "se debe dejar claro el sometimiento a la ley y se debe promover su inclusión, al ser entidades de enorme trascendencia".

Además, en línea con la propuesta del Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas además considera que en el área de contratación administrativa puedan ser incluidos otros ámbitos en la publicidad, incluyendo los procedimientos declarados desiertos, los nulos y las posibles revisiones de precios y cesión de contratos.

Asimismo, considera que "existen determinadas ayudas de carácter extraordinario que carecen de convocatoria y de bases reguladoras" y que no estarían dentro de esta norma, pero sí se debe "ofrecer al ciudadano información suficiente sobre las razones que justifican la no existencia de dicha convocatoria pública". Demanda que en la medida de lo posible las distintas subvenciones se engloben dentro de planes estratégicos.

López asimismo ha demandado la incorporación de un representante de la Cámara de Cuentas en la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos.

Además, ha aprovechado para demandar el desarrollo de medidas "que fomenten la rendición, lo cual redundará en una administración más transparente y comprometida en la gestión de fondos públicos".

REFORMA DE LA LEY DE LA CÁMARA DE CUENTAS

López ha recordado una serie de propuestas y medidas dirigidas al fomento de la rendición de cuentas y que, a su juicio, se podrían incorporar en la modificación de la Ley de Cámara de Cuentas, como acortar plazos en la rendición de la Cuenta General de la Junta, para mejorar su oportunidad; incrementar la rendición de cuentas de las corporaciones locales, a través de la imposición de multas coercitivas y suspensión a las entidades que no rindan, de la entrega de subvenciones, transferencias o su participación en los tributos de la Comunidad; o que entidades fiscalizadas comuniquen a la Cámara de Cuentas las medidas que han adoptado para el cumplimiento de sus obligaciones y recomendaciones.

López, quien reconoce que en los últimos años se ha producido un clima de "incertidumbre y desconfianza" hacia las instituciones públicas, ha destacado que la transparencia "permite aumentar la credibilidad y la confianza" y considera que la transparencia y la rendición de cuentas "van unidas, aunque no deben confundirse".

Considera que la tarea fiscalizadora de la Cámara de Cuentas "puede verse muy favorecida en el desarrollo de su trabajo con las obligaciones que se imponen a todos los componentes del sector público andaluz, en concreto los relativos a la información sobre contratos, convenios, subvenciones o inventario de entes o de bienes y derechos de la Comunidad".

Considera que un mayor control de los fondos públicos se consigue "promoviendo la cultura de la rendición de cuentas" y resalta que el ámbito de aplicación de esta norma "se extienda a organizaciones que no son públicas pero con relevancia constitucional, como son partidos, sindicatos y asociaciones empresariales".

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La reforma que bloquea los concellos

La discutida norma del Gobierno de Rajoy para disciplinar los ayuntamientos y fortalecer las diputaciones complica la gestión municipal y refuerza el rol fiscalizador del interventor.

Su gestación fue un despropósito y su aplicación está provocando colapsos en la actividad de los concellos. Despreciada por el municipalismo, sin distinción de colores políticos, y cuestionada incluso por el Ejecutivo de Feijoo, que ha tramitado un proyecto de ley que básicamente busca dejarlo todo como está, la reforma local ya está complicando la gestión cotidiana de los ayuntamientos. La interpretación restrictiva que hacen del nuevo marco legal los interventores, reforzados en un papel fiscalizador que los convierte en el coco de los alcaldes, está creando problemas hasta para la contratación de socorristas.

La clave de la reforma está en la nueva regulación que introduce de los servicios que prestan los concellos. Determina que deberán atender los siguientes: alumbrado público, cementerio, recogida de basura, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías públicas, y control de alimentos y bebidas. A mayores, los municipios de más de 5.000 habitantes tendrán que ocuparse de parques públicos, bibliotecas, mercados y del tratamiento de residuos. Los de más de 20.000 vecinos sumarán a los anteriores protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios, e instalaciones deportivas de uso público. Y los que superen los 50.000 deberán gestionar el transporte colectivo urbano y la protección del medio ambiente. Además, la reforma contempla que los concellos podrán prestar otros servicios con carácter opcional, y siempre que les sean delegados por el Estado o la Xunta. Ahí entran desde la «atención inmediata» a personas en situación o riesgo de exclusión, a la creación, mantenimiento y gestión de centros de primer ciclo de educación infantil. La lista incluye servicios sociales de los que ya se ocupan muchos municipios, como promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. Ahí entran la conservación de centros sanitarios asistenciales de la Xunta, y la creación, mantenimiento y gestión de escuelas infantiles.

El problema surge con las líneas rojas que traza la reforma para que los concellos puedan ejercer nuevas competencias, distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. La ley solo lo permite «cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal». En ese caso, la Administración que tenga atribuida la materia en cuestión deberá emitir un informe previo en el que acredite que no se dará una duplicidad en la prestación de ese servicio y no se pondrá en riesgo la solvencia financiera del ayuntamiento.

Aquí surge el problema. La norma crea dudas en los ayuntamientos, y los alcaldes están a expensas de la lectura que realicen los interventores sobre lo que pueden hacer o no. Muchos concellos ya han trasladado a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y a la propia Xunta esas dificultades. Los ámbitos en los que se están detectando más problemas son la contratación de personal para brigadas contra incendios, oficinas de atención a la juventud, mantenimiento y trabajadores de casas de acogida, y escuelas de música y conservatorios. Los concellos también tienen dudas sobre a qué Administración corresponde atender determinados servicios y cuándo pueden solicitar algunas subvenciones.

La respuesta de la Xunta a esas dificultades que bloquean el normal funcionamiento de los concellos es el proyecto de Lei de Medidas Urxentes, que salva el origen del problema al determinar que las competencias que ya están prestando los concellos no serán consideradas como nuevas. La regla se extiende a la ampliación de servicios. Por ejemplo, un ayuntamiento con servicios sociales podría incorporar otro de asistencia a mujeres víctimas de violencia sin que compute como nuevo. En ese sentido, la norma autonómica solo considera nuevas las competencias incorporadas a partir del pasado 1 de enero, es decir, desde que entró en vigor la ley de la reforma local. A la Xunta también le interesa preservar en lo posible el mapa de servicios actual. Asumir todos los que prestan los concellos le costaría casi 300 millones al año.

Papel de las diputaciones

En paralelo a las limitaciones que impone a los ayuntamientos, la reforma local fortalece a las diputaciones, en pleno debate sobre su supresión. En los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son 292 de los 314 de Galicia, las diputaciones coordinarán la prestación de los servicios básicos (como basuras, agua, alumbrado viario, pavimentación y accesos a núcleos), y realizarán el seguimiento de los costes efectivos de los que desempeñen los concellos de la provincia. Cuando detecte que son superiores a los que coordina o presta ella, la diputación ofrecerá una gestión coordinada. Los alcaldes se ven desbordados por los cambios de la reforma y maniatados por el poder de los interventores.

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