ISSN: 2695-4621
Para gestionar las competencias.
Destaca que los proyectos de desarrollo económico, como el 'Córdoba Emplea' y el 'Halal', "se van a seguir ejerciendo" desde el Ayuntamiento.
El concejal de Empleo, Turismo y Agricultura del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Navas (PP), ha advertido de que "la voluntad de la Junta de apostar por la administración local o no se verá" a la hora de firmar los convenios con el Consistorio para la gestión de las competencias que son tuteladas por el Gobierno andaluz, como en materia de Empleo y Agricultura, entre otras, y que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida Ley de reforma local, considera "impropias" del Consistorio.
En una entrevista con Europa Press, el también primer teniente de alcalde comenta que por ejemplo en Empleo "algunas cosas serían gestión de la Junta y otras se le pedirá que las convenie" y que "ponga el dinero para ello", y de este modo seguir ejerciendo las competencias desde la administración local. Así, precisa que en este caso el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), del que él es su presidente, "ahora mismo tiene una función otorgada y dentro del marco competencial que tenemos le daremos el contenido que sea necesario para cumplir los objetivos".
En el caso de Agricultura, recuerda que las competencias de la administración local "son muy pocas" y principalmente enfocadas "al desarrollo económico", como con la creación de la Fundación Agrópolis, "para el impulso y la diferenciación de Córdoba como centro de inversión y captación de proyectos de investigación agroalimentaria con la estructura que tenemos". Al respecto, cita el desarrollo del Parque Empresarial 'Halal'.
De este modo, el edil informa de que no se puede dar el caso que se quede solo con las competencias en Turismo, porque, según explica, "cuando hablamos de Empleo, también es desarrollo económico y es un abanico muy amplio que la administración local sí va a seguir ejerciendo", como en este caso apunta a los proyectos del 'Córdoba Emplea' y el 'Halal'.
Entretanto, defiende que "es una ley muy buena para España, Andalucía y los ayuntamientos", porque "clarifica qué tiene que hacer cada uno", de tal manera que "los problemas" con la Junta, como en materia de Empleo, "se evitarían", según apunta Navas, quien subraya que "quién está preocupada es la Junta porque le va a sacar sus vergüenzas a relucir", dado que, a su juicio, "se va a demostrar con esta Ley quién tiene las competencias y quién no las ejecuta".
Al respecto, tras aseverar que el gobierno local "hace su trabajo y lo tiene cumplido con creces", el concejal señala que "esta normativa dice una administración, una competencia", a lo que agrega que "los ayuntamientos son la administración más cercana y la ley obliga a dedicarnos a las competencias del Consistorio y si lo cumplimos poder hacer otras cosas, pero con la premisa de conveniar con la administración competente y que ponga el dinero para ello", puntualiza el edil.
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El número de concejales con dedicación exclusiva disminuye de 25 a 22.
El Ayuntamiento de Málaga aplicará desde el 1 de mayo la reducción de trabajadores eventuales que recoge la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; de esta forma, pasará de tener 45 a 34. Asimismo, en aplicación de la nueva normativa, el número de concejales con dedicación exclusiva disminuye de 25 a 22.
Según la ley, "los ayuntamientos de municipios con población superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder el 0,7 por ciento del total de puestos de trabajo", calculada según el Sistema Europeo de Cuentas (SEC).
Teniendo en cuenta que la norma determina que los eventuales se asignarán preferentemente a los servicios centrales y utilizando un criterio de proporcionalidad en función de la representación obtenida por cada partido en las elecciones de 2011, el PP -con 19 concejales-, se quedará con cuatro técnicos, aunque le corresponderían cinco; el PSOE -con ocho ediles-, hasta ahora con tres técnicos -tras la reciente amortización del cuarto puesto-, pasará a tener dos, e IU -con tres munícipes-, hasta ahora con cuatro, contará con uno.
Desaparecerán una dirección técnica de Alcaldía --cuyo titular asumirá una dirección general y, por tanto, la condición de directivo-- y la del Área de Ingresos --función que desempeña el gerente de Gestrisam--.
Se amortizarán, asimismo, la dirección técnica de Accesibilidad y dos asesores, además de un puesto de eventual que en su momento fue ocupado por la dirección técnica de Coordinación de Distritos, desempeñada por el concejal de Churriana, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Málaga.
CONCEJALES
En cuanto a los concejales, el Ayuntamiento de Málaga cuenta con 25 que prestan sus servicios en régimen de dedicación exclusiva; sin embargo, según la reforma de la Administración local impulsada por el Gobierno, ahora no podrán exceder de 22.
Así, el equipo de gobierno del PP mantendrá los 16 concejales con dedicación exclusiva -tres continúan sin ella-, teniendo en cuenta que todos tienen responsabilidad de gobierno; el PSOE pasará a cinco -tenía siete-, e IU contará solo con uno -hasta ahora eran dos-.
Por otra parte, desde el Ayuntamiento han destacado el pago puntual a proveedores -en una media de 26 días el año pasado, por debajo del límite legal- y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad -determinados por el plan de ajuste 2013-2020- y la deuda -sin contar con los créditos para la construcción de vivienda protegida-.
No obstante, las limitaciones referidas a personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva tienen que aplicarse ahora porque la ley, que entró en vigor en enero, toma como referencia el 31 de diciembre de 2013, cuando la deuda superaba el 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
Sin contar con la deuda por préstamos hipotecarios de viviendas protegidas, en la actualidad, el endeudamiento del Ayuntamiento de Málaga asciende al 103,83 por ciento.
La Ley de Presupuestos del Estado para 2010 elevó el porcentaje de deuda de las corporaciones locales del 110 al 125 por ciento. Posteriormente, para 2011 redujo el porcentaje, fijándolo en el 75 por ciento, aunque a efectos de plantilla eventual se tiene en cuenta el 110 por ciento.
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La Diputación de Valencia creará una comisión informativa especial formada por grupos políticos y por técnicos para ayudar e informar a los ayuntamientos sobre las dudas y problemas que les surjan a la hora de aplicar la nueva Ley de Reforma Local.
Así lo ha aprobado hoy el pleno de la Corporación provincial, a propuesta del grupo socialista, con la unanimidad de todos los grupos políticos, que han coincidido en defender que las competencias de los ayuntamientos deben aumentar en vez de disminuir.
Tras el debate de la moción, el presidente del Diputación, Alfonso Rus, ha defendido la "importancia" de esta comisión "a nivel político y público", que los interventores municipales se reúnan para "aunar criterios" y que los municipios tengan más competencias "contando con el dinero necesario".
El diputado del PSPV Toni Gaspar, en la defensa de su moción, ha enmarcado la creación de esta comisión "dentro del nuevo marco legal" aunque ha manifestado su rechazo al nuevo modelo aprobado en la reforma local.
Por el contrario, el popular Juan Jose Medina se ha mostrado a favor de la nueva legislación aunque ha coincidido en reclamar "las máximas competencias" para los ayuntamientos, "acompañadas de la cuantía económica necesaria", para lo que ha reivindicado una ley de financiación local, y ha asegurado que "toca" hacer esa comisión.
En la misma línea, la diputada de EU Rosa Pérez ha reclamado más competencias para los ayuntamientos en el nuevo marco legal y el diputado de Compromís Emili Altur ha abogado por este tipo de "consensos que favorezcan a los ayuntamientos".
Igualmente, el pleno ha aprobado una moción alternativa del PP a la presentada por Altur para que la Diputación cuantifique el coste del denominado "céntimo sanitario" en su parque móvil y de sus empresas públicas, después de que el Tribunal de Estrasburgo lo haya considerado nulo.
La diputada de EU Rosa Pérez ha apoyado la moción como lo ha hecho la del PSPV Concha Andrés, quien además ha incidido en la necesidad de que la Diputación oriente a los ayuntamientos para que formulen su reclamación.
El diputado popular Máximo Caturla ha propuesto que la Diputación siga con los trabajos que ya ha iniciado para tener la cifra "con mayor exactitud" para llevarla posteriormente al pleno para su aprobación, lo que ha sido aceptado por el resto de los grupos.
Por el contrario, los votos del PP han rechazado una moción conjunta de los tres grupos de la oposición para solicitar que se constituya una mesa autonómica para el control y desarrollo de la Ley de Reforma Local, al considerar el diputado Medina que sería competencia de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
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Con el título "Calidad de los servicios públicos en tiempos de austeridad", acaba de publicar AEVAL el Informe sobre la percepción de la Calidad de los Servicios Públicos en España correspondiente a 2013.
En este documento se aborda el análisis de la percepción de los españoles con respecto a distintas políticas y servicios públicos y su evolución en los últimos años. En concreto, en este año de austeridad, se estudia la importancia que los ciudadanos conceden a los servicios públicos y el grado de satisfacción con un abanico amplio de políticas y servicios sectoriales.
Como otros años también se analizan en detalle las opiniones y hábitos de los ciudadanos en relación con los servicios públicos de carácter administrativo y con la administración electrónica. Por último, con el objetivo de proponer mejoras, se detallan, las actitudes de la ciudadanía hacia el importante programa de quejas y sugerencias
Ver Informe Calidad de los Servicios en tiempos de austeridad
Fuente: AEVAL
Emucesa, Gegsa Emuvissa, Emasagra y Mercagranada están en el límite que marca la Ley con 9 consejeros.
Los consejos de administración de las cinco empresas municipales en las que está presente el Ayuntamiento de Granada (Emucesa, Gegsa, Emuvissa, Emasagra y Mercagranada) están 'a salvo' de los recortes que impone la polémica ley de reforma de la administración local que el Congreso de los Diputados aprobó a finales de diciembre.
La ley establece la creación de tres grupos según criterios como la cifra de negocio, el volumen inversor o el número de trabajadores. En función de esas coordenadas se deciden los recortes. Las sociedades incluidas en el grupo primero son las que tienen una cifra de negocio superior a 5 millones de euros o un número de trabajadores superior a 50. En este caso solo pueden tener 15 consejeros y entre uno y cinco directivos.
En el segundo grupo quedan encuadradas las sociedades con una cifra de negocio entre uno y cinco millones de euros o un número de empleados entre 11 y 50. Éstos tendrán entre uno y dos directivos y 12 consejeros en el consejo de administración.
Y en el grupo tercero se incluyen las sociedades con un volumen de negocios de hasta un millón de euros o un número de empleados de entre cero y diez, unos organismos que tendrán un directivo y nueve consejeros.
Las empresas municipales de Granada tienen 9 consejeros, por lo que no están obligadas a hacer ningún tipo de reestructuración. "Emucesa y Emasagra, que son las que están participadas por empresas privadas tampoco superan los 9 consejeros, así que no será necesario llegar a ningún acuerdo para adaptarnos a la ley de reforma local", apuntó el concejal de Personal en el Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes.
Por participar en los consejos de administración de Gegsa ningún concejal cobra dinero. En el caso de Emuvissa, Mercagranada y Emucesa se celebran cada año unos 2-3 consejos de administración. Por la asistencia a cada uno de los ellos los concejales cobran 171 euros.
Claro que el sueldo de los gerentes de cada una de estos organismos municipales tampoco baja de los 60.000 euros, según explicó el portavoz de IU en Granada, Francisco Puentedura.
La ley de reforma local también establece los sueldos máximos para estos directivos, los del grupo 1 podrán cobrar un máximo de 105.000 euros, los del grupo 2 un máximo de 80.000 y los del grupo 3, un máximo de 55.000 euros.
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