ISSN: 2695-4621
¿Por qué quiebran las empresas municipales de vivienda y suelo?
La desregulación de sus órganos de gobierno y la falta de controles adecuados se suman a los problemas de gestión.
Por Eulalio Avila Cano
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 recoge expresamente el derecho a la vivienda en su artículo 25.1. Satisfacer este derecho universal y constitucional es, pues, una obligación de las administraciones públicas en el marco de nuestro estado social y democrático de derecho en el que la palabra "social" ha ido perdiendo, ahora más que nunca, su sentido como criterio informador de todo el ordenamiento jurídico y de la actividad de todas las instituciones públicas del Estado, como lo son los municipios. Afortunadamente la reciente reforma local sigue contemplando la vivienda protegida como competencia propia de los municipios en todo caso.
La actividad urbanística es una actividad pública y se puede llevar a cabo no solo por sociedades mercantiles públicas, sino también directamente por los municipios (o las Comunidades Autónomas en su caso), sin necesidad de creación de entes instrumentales.
Las empresas públicas de vivienda y suelo son sociedades mercantiles y por tanto, por definición, actúan en el mercado sujetas a la dinámica de pérdidas y ganancias en términos puramente económicos o monetarios. Sin embargo, a poco que pensemos en este tipo de actividad pública caeremos en la cuenta de que si esta actividad consiste fundamentalmente en la urbanización de suelo y en la edificación de viviendas para su enajenación en propiedad o para su arrendamiento en alquiler a ciudadanos con niveles bajos de renta, las administraciones públicas han de aportar un determinado capital para que los adquirentes o arrendatarios puedan disponer de una vivienda a precios inferiores a los de mercado, pues de otra manera les es imposible acceder a la misma. Luego, en principio, lo lógico y lo normal es que hubiese pérdidas, y eso no debiera extrañar ni escandalizar. Es la rentabilidad social y no la económica la que hay que poner como meta de la actividad pública.
Dicho esto, es necesario acabar con la desregulación actual en lo que a sus órganos de dirección, asesoramiento y control se refiere. Hasta 2004, cualquier persona, sin mayores requisitos, podía ser designado Director o Gerente de este tipo de empresas. Tras la Ley de Modernización del Gobierno Local, lo puede ser cualquier titulado superior, no se exige ningún otro requisito, y el principio de mérito y capacidad brilla por su ausencia.
Además, existe un amplísimo margen de discrecionalidad en la conformación de los consejos de administración, y ni el asesoramiento jurídico ni tampoco el control previo de carácter económico están atribuidos al secretario ni al interventor de la entidad local y las auditorías de cuentas no suelen ser lo rigurosas que debieran como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas.
Esto ha hecho también que la gestión, en muchos casos (hay honrosas excepciones), no haya sido la más adecuada. A título solo de ejemplo, en la auditoría de una sociedad de un importante municipio castellano-leonés se ponían de relieve cuestiones tan elementales como las siguientes: "no se ha dado una adecuada segregación de funciones, ni una adecuada supervisión de las mismas, no realizándose funciones básicas tales como la conciliación escrita de los saldos contables bancarios con los extractos bancarios o la inestable gestión de recursos humanos con una elevada rotación de personal clave (Gerentes)"; se han producido "errores de cientos de miles de euros en declaraciones de IVA".
Por último, existen también importantes razones de carácter económico-financiero difíciles de solventar y que afectan tanto a las empresas públicas como a las privadas del sector y la construcción, muchas de estas últimas quebradas y desaparecidas en bastante mayor porcentaje que las públicas. Las entidades financieras han endurecido fuertemente sus condiciones crediticias y la vivienda en propiedad ha cedido frente a la de alquiler, lo que hace que el recurso al crédito haya de ser mayor y más a largo plazo. Muchas empresas municipales adquirieron suelos en los años de las vacas gordas cuyo valor es hoy muchísimo menor, con lo cual el balance deja de cuadrar en el momento en que se actualizan esos valores. En general, tampoco se han anticipado a la crisis, abordando por ejemplo mayor número de actuaciones de rehabilitación y conservación de viviendas, a la par que el flujo de los ingresos procedentes de la actividad urbanística se ha desplomado y la capacidad adquisitiva de los clientes potenciales ha descendido enormemente.
Sin embargo, aplicar criterios estrictamente mercantiles a esta finalidad social no debe ser el centro del debate.
Fuente: El País
Las instituciones ignoraron el 57% de las solicitudes de acceso a la información durante 2013, el ‘año de la transparencia’
El silencio administrativo, primer baremo de la opacidad institucional, aumentó respecto a 2012 pese a que las instituciones deberían estar trabajando ya para cumplir pronto la nueva norma
Tan sólo el 13% de las solicitudes recibió la información que se pedía
Mientras las comunidades autónomas mejoraron su respuesta, ayuntamientos, cabildos y otros organismos de proximidad ignoraron el 81% de las solicitudes, un 11% más que el año anterior
Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio presentan el Informe Tuderechoasaber.es 2013, que analiza las solicitudes de información enviadas a las instituciones desde esta web
En 2013, el año de la tramitación y aprobación de la Ley de Transparencia, las administraciones públicas españolas recurrieron en más ocasiones que en 2012 al silencio administrativo. A menos de ocho meses para la entrada en vigor de esta nueva norma en las instituciones de rango nacional, el 57% de las solicitudes de acceso a la información enviadas desde Tuderechoasaber.es, la primera web que simplifica este proceso en España, no recibió ninguna contestación. Este ratio supone un aumento del 3% respecto al año anterior. Así lo revela el Informe Tuderechoasaber.es 2013 que hoy publican Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, las dos organizaciones responsables de esta iniciativa.
Ver Informe Tuderechoasaber.es 2013
Fuente: Civio.es
3 Millones de personas perderán asistencia con la Reforma Local, según los expertos
Más de tres millones de personas corren el riesgo de dejar de ser atendidas por los servicios sociales de sus ayuntamientos como consecuencia de la entrada en vigor de la Reforma local llevada a cabo por el Gobierno, según cálculos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Además, la mitad de los 5.618,56 millones (el 9 % de su gasto total) que los ayuntamientos dedican a los servicios sociales (según datos de 2012) también podría verse afectada por la nueva ley.
Los servicios más amenazados son los de atención a la dependencia y los de promoción social (que dejan de considerarse competencias propias de los municipios) y a los que destinan 2.348,5 millones anuales, así como el gasto que realizan los municipios con menos de 20.000 habitantes (993,4 millones), partidas que suman 3.342 millones.
Estas son las principales conclusiones del documento "Contenidos de la competencia municipal en servicios sociales tras la aprobación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local", elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado hoy.
El informe analiza de forma detallada y con datos del Ministerio de Hacienda el efecto que la reforma local tendrá en las entidades locales y las comunidades autónomas a la hora de fijar los servicios sociales que deberán prestar, un proceso que debe concluir a finales de 2015.
La competencia local, tal y como estable la citada Ley incluye todos los servicios sociales de proximidad, es decir, los que se deben prestar en el propio domicilio o en el entorno de convivencia.
Es así, por tanto, responsabilidad de los ayuntamientos los servicios de información, evaluación, asesoramiento y orientación, las intervenciones profesionales en el domicilio o en el entorno vecinal, las ayudas económicas de urgente necesidad a personas y familias y la ayuda a domicilio para situaciones que no estén atendidas en el Sistema de Atención a la Dependencia.
Tendrán que gestionar también los servicios de alojamiento y atención a personas sin hogar y para personas y familias en situaciones de emergencia, así como otros servicios materiales para atender necesidades de subsistencia (comedores, roperos, servicios de higiene...).
También deberán gestionar los servicios domiciliarios del Sistema de Atención a la Dependencia, y los de promoción social (centros de convivencia de personas mayores, de promoción de la mujer o de la infancia).Según el informe, de 2010 a 2012 el gasto local en servicios sociales se redujo en 1.100 millones (17,8 %).
El mayor recorte se produjo en subvenciones a entidades y prestaciones económicas a personas y familias, con 501 millones menos y al gasto de personal propio (300 millones).
Los directores de Servicios Sociales explican que un 45 % del gasto local en servicios sociales se destina a servicios básicos para personas y familias, un 28,5 % a atención a la dependencia, un 13,3 % a administración general y un 9,9 % a promoción social de diversos colectivos (mayores, mujeres, infancia o inmigrantes).
Aclaran, además, que el 71,5 % del gasto local (4.089 millones de euros) es esfuerzo propio de los ayuntamientos, mientras que un 22,7 % es financiación de las Comunidades Autónomas, y un 5,8 % procede de tasas y precios públicos que pagan los usuarios.
En el informe también se recuerda que los ayuntamientos atendieron en 2011 a casi siete millones de personas (de las que más de la mitad perdería la asistencia con la Reforma); gestionan 562 residencias de mayores, con 30.000 plazas, y 2.718 viviendas tuteladas para mayores, y ofrecen ayuda domiciliaria a más de un millón de personas.
Además, los servicios que la reforma considera "impropios" de los municipios y que éstos dejarán de prestar ponen en riesgo el empleo de 60.000 personas.Tras analizar la legislación (leyes autonómicas de servicios sociales), los acuerdos institucionales (Plan Concertado y Plan Nacional de Inclusión), el consenso profesional y los datos de Hacienda, el informe concluye que el "ahorro" de 2.602 millones anunciado por la supresión de servicios en los ayuntamientos y de 473 millones por el traspaso de competencias sanitarias, educativas y de servicios sociales, se refiere a servicios sociales.
Además, los gerentes consideran "imposible" conocer el coste de trasladar a otras administraciones los servicios que la nueva ley considera "impropios" de los ayuntamientos, y tildan de "inaceptable socialmente" y "financieramente imposible" el ahorro propuesto.
Fuente: lainformación.com
UPyD pide cambios normativos para evitar cualquier injerencia política en los secretarios municipales
Tras el cese de Dora Alonso.
El Coordinador Local de Unión, Progreso y Democracia en Gijón, Manuel Iñarra, ha defendido este miércoles que la labor de los funcionarios con habilitación de carácter estatal permanezca ajena a cualquier injerencia política, por lo que ha pedido cambiar la Ley para evitar la libre designación como sistema de nombramiento de los secretarios municipales.
Así lo ha indicado, a través de una nota de prensa, después de que los tribunales dieran la razón al Ayuntamiento gijonés respecto a la destitución de la secretaria municipal, Dora Alonso, por pérdida de confianza pese a haber actuado para cumplir la Ley.
En este sentido, Iñarra ha reclamado la urgencia de acometer una reforma de la legislación de régimen local, que impida de forma efectiva que el nombramiento del titular de la Secretaría del Pleno en los municipios de gran población dependa de la voluntad política del Equipo de Gobierno de cada momento.
Es más, ha lamentado que la reciente Ley de Reforma Local mantenga la libre designación como sistema de nombramiento de los Secretarios de los Ayuntamientos de mayor tamaño.
"Reforzar el papel de estos funcionarios para que puedan ejercer sus funciones con plena independencia y neutralidad política, fortalecerá sin duda, a juicio de la formación, la transparencia y eficacia de la Administración Local", ha argumentado.
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La adaptación de la reforma local en Castilla y León se tramitará como proyecto de ley
Las Cortes de Castilla y León tramitarán como proyecto de ley el Decreto-ley aprobado por la Junta y convalidado hoy, con el acuerdo del PP y el PSOE, para adaptar la reforma local estatal y dar garantía a la prestación de los servicios por parte de los Ayuntamientos.
Tras el debate en torno a la convalidación del Decreto-ley, los tres grupos parlamentarios han solicitado la tramitación como proyecto de ley del texto, por lo que ahora tendrán la posibilidad de proponer enmiendas.
Sin embargo, por tratarse de un "procedimiento de urgencia", no existirá la posibilidad de plantear enmiendas de devolución, tal y como ha avisado la presidenta de las Cortes, Josefa García Cirac.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha defendido ante el Pleno la necesidad de aprobar esta normativa para ayudar a los Ayuntamientos y entidades locales a cumplir con su cometido en la prestación de servicios y clarificar sus competencias tras la aprobación de la denominada 'reforma local' estatal.
"Los Ayuntamientos no son el problema, forman parte de la solución para prestar servicios de cercanía", ha remarcado el consejero, convencido de que "la mayoría" de gobiernos autonómicos aprobará próximamente normas equivalentes a la convalidada hoy en Castilla y León.
El apoyo al Decreto-ley del grupo mayoritario de la oposición, el socialista, que estaba condicionado a que posteriormente se tramitase como proyecto de ley, ha llegado con críticas previas al Partido Popular por intentar desarrollar una reforma local con "principios ideológicos de baratillo", en palabras del procurador del PSOE, Francisco Ramos.
Para el representante socialista, este Decreto-ley es la alternativa que ha buscado la Junta de Castilla y León para no presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local estatal, aunque ha considerado ambas opciones equivalentes.
En opinión de Ramos, el Decreto-ley contiene una serie de "cuidados paliativos" a favor de los ayuntamientos, pero ha reclamado la elaboración de una figurada "ley de salud" para los gobiernos locales y especialmente para garantizar la prestación de los servicios municipales.
También se ha mostrado crítico con la norma el portavoz del Grupo Mixto, José María González, quien antes de abstenerse ha opinado que la Junta ha aprobado este Decreto-ley para "salvar la cara" a los numerosos alcaldes del PP que gobiernan en esta Comunidad y ante una normativa estatal que perjudica la prestación de servicios municipales.
En representación del Grupo Popular, mayoritario en las Cortes, ha intervenido el procurador Juan José Sanz Vitorio, quien ha pronosticado que la normativa de Castilla y León se convertirá en una referencia para otras autonomías en esta materia y ha animado al resto de grupos a trabajar en la aprobación de esta ley y la de ordenación del territorio, porque "es lo que están esperando los alcaldes".
El Decreto-ley convalidado hoy pretende evitar disfuncionalidades y vacíos competenciales en los ayuntamientos a raíz de la reforma local estatal, desde la premisa de que los municipios no pierden competencias y la continuidad de los servicios públicos está garantizada
Fuente: La Vanguardia
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