Hacienda analiza las leyes de Castilla y León y Galicia que suavizan la reforma local y las recurrirá si es necesario

La secretaria general de Secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro, ha asegurado este miércoles que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está analizando "minuciosamente" las normas que están impulsando los Gobiernos autonómicos de Castilla y León y Galicia para suavizar la aplicación de la reforma local y no ha descartado la posibilidad de recurrirlas al Tribunal Constitucional si es necesario.

Así lo ha señalado durante su intervención en el en el XXVII Curso de Economía para Periodistas de Información Económica 2014 ofrecido por la Asociación de Periodistas de Información Económica.

De este modo, Navarro ha señalado que en este momento el Ministerio está estudiando las dos normas impulsadas por las citadas Comunidades Autónomas, para determinar si hay causa de inconstitucionalidad. En el caso de haberla, ha informado de que en primer lugar se tratará de llegar a un acuerdo en seis meses, y si no, se interpondrá un recurso.

La Junta de Castilla y León ha elevado a rango de ley el mantenimiento de las competencias de los municipios de la Comunidad Autónoma a través de un decreto-ley de medidas urgentes para garantizar y dar continuidad a la prestación de los servicios públicos que pretende clarificar esas competencias de las entidades locales tras la entrada en vigor de la "compleja" Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Reforma Local del Gobierno.

Por su parte, la Xunta de Galicia prepara una ley autonómica "interpretativa" de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con el fin de resolver "dudas" surgidas en su aplicación.

Fuente: Europa Press

El PP reúne en Valencia a alcaldes y concejales para reivindicar su municipalismo, en un gran acto que clausurará Rajoy

El PP reunirá el viernes y el sábado en Valencia a todo su poder local en unas jornadas organizadas para reivindicar su municipalismo y una de las grandes leyes de lo que va de legislatura, la reforma de la administración local, aprobada en diciembre tras año y medio de fuerte debate interno y externo. Las dos jornadas de trabajo serán clausuradas por el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy.

La organización en Valencia de este encuentro intermunicipal, en plena precampaña por las europeas, significa un respaldo del partido a su organización en la Comunidad, feudo tradicional de los 'populares' donde las encuestas indican un descenso de votos que pone en peligro la mayoría absoluta. Fuentes del PP consultadas por Europa Press no ocultan su preocupación por la situación.

La del sábado será además la primera visita del presidente del Gobierno a la Comunidad desde junio de 2013, cuando participó en la Convención Regional del PPCV en Peñíscola (Castellón). En el acto de clausura, tomará la palabra antes de él el presidente del partido en la Comunidad y de la Generalitat, Alberto Fabra.

La cita de Valencia llega además sin que se conozca quién encabezará la lista 'popular' a las elecciones europeas de mayo. Se mantiene la incógnita sobre si este será el escenario en el que debutará el candidato elegido por Mariano Rajoy.

El PP insiste en que tiene de plazo hasta el 21 de abril para diseñar y presentar su lista, pero el de Valencia es el único acto político de grandes dimensiones previsto antes de Semana Santa, lo que facilita la especulación sobre si es el escaparate en el que podría estrenarse el candidato.

MONTORO Y MATO

El programa previsto está centrado en el debate sobre las entidades locales e incluye la presencia de dos ministros en las mesas de trabajo organizadas: Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, responsable de la reforma de la administración local, y Ana Mato, ministra de Sanidad y Asuntos Sociales.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, inaugurará la 21ª Unión Intermunicipal el viernes a las 11,30 horas, en el Palau de la Música de Valencia. Junto a ella, intervendrán la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, y el secretario ejecutivo de Política Local del PP, Manuel Cobo.

Sobre las 12,30 horas, comenzará la primera mesa de trabajo, moderada por Javier Arenas, vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, y dedicada a la aportación municipal en la salida de la crisis. En ella intervendrán, entre otros, el director de la Oficina Económica del Presidente, Álvaro Nadal, y los alcaldes de Madrid, Sevilla, Coruña y Cáceres: Ana Botella, Juan Ignacio Zoido, Carlos Negreira y Elena Nevado.

Por la tarde, se ha previsto otra mesa redonda sobre los ayuntamientos como garantes de los servicios a los ciudadanos, moderada por el vicesecretario general de Estudios y Programas, Esteban González Pons. El ponente será Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, y participarán entre otros los alcaldes de Zamora, Tarancón o Labastida, Rosa Valdeón, María Jesús Bonilla e Ignacio Gil.

La tercera mesa de trabajo estará moderada por Carlos Floriano, vicesecretario de Organización, y contará con Cristóbal Montoro, además de los alcaldes de Murcia o Elche, Miguel Ángel Cámara y Mercedes Alonso. El centro del debate será la reforma local y la nueva distribución de competencias que establece.

El cuarto y último grupo de trabajo organizado estará coordinado por Iñigo de la Serna y contará con Ana Mato. Su título, "Las oportunidades y la sociedad del bienestar" y en él intervendrán entre otros los alcaldes de Logroño y Oviedo, Cuca Gamarra y Agustín Iglesias.

Antes de la clausura, el sábado por la mañana, está previsto también que se reúna el Comité de Gobiernos Locales del PP, formado por los alcaldes de las capitales de provincia y los presidentes de las diputaciones provinciales.

Fuente: Europa Press

La FEMP destaca que se han evitado más ajustes en España gracias a los 4.000 millones de superávit de los ayuntamientos

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha destacado este miércoles que sin el 0,41% de superávit alcanzado por las entidades locales en 2013, alrededor de 4.000 millones de euros, España habría tenido "probablemente" que poner en marcha nuevas medidas de ajuste para cumplir los compromisos acordados con la Unión Europea.

"Si casi se han cumplido los objetivos ha sido gracias al superávit de los ayuntamientos y al esfuerzo de ajuste de sus cuentas públicas", ha asegurado durante su intervención en el XXVII Curso de Economía para Periodistas de Información Económica 2014 ofrecido por la Asociación de Periodistas de Información Económica.

Según De la Serna, el volumen de deuda con el que las corporaciones locales cerraron el 2013, casi 41.500 millones, significa que han hecho "los deberes" porque supone el 4,1% del PIB, frente al 20% que representan la deuda de las Comunidades Autónomas. "La suma de toda la deuda de las entidades locales es una parte muy pequeña del pastel. La situación de la deuda pública en España no puede asignarse a las entidades locales", ha remachado.

Entre las causas que están detrás de los buenos resultados, el también alcalde de Santander ha destacado, por un lado, el "ajuste importante" que han llevado a cabo los ayuntamientos, como el que tienen ver con el personal. Así De la Serna ha señalado que desde 2011 se ha reducido la plantilla de los ayuntamientos en 100.000 personas, lo que ha supuesto más de 15% de adelgazamiento de su personal.

Por otro lado, también ha atribuido dichos resultados a las medidas adoptadas por el Gobierno, como la reforma local o la ley de estabilidad presupuestaria, el Plan de Pago a Proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

"El Plan de Pago a Proveedores ha significado la consolidación de muchos puestos de trabajo que se hubieran perdido. El FLA también ha ayudado a resolver el problema de la enorme cantidad de dinero que nos debían las Comunidades Autónomas. Se ha conseguido que nos paguen casi 1.000 millones de euros que nos debían en 2013", ha apuntado.

No obstante, De la Serna ha afirmado que desde la FEMP van a solicitar nuevas medidas para seguir trabajando en esta línea, como por ejemplo, que se prorrogue el mecanismo para que los ayuntamientos puedan hacer uso de su superávit en inversiones sostenibles, o se rebajen los tipos de del plan de pago a proveedores para los ayuntamientos.

Asimismo, ha reclamado la necesidad de que se tenga en cuenta a los ayuntamientos a la hora de reformar el sistema de financiación autonómica y que su voz "sea equiparable a la de las Comunidades Autónomas". "Nos gustaría que en el nuevo modelo tuvieran en consideración la actividad económica que se genera en nuestras ciudades", ha recalcado.

Fuente: Europa Press

Insultar al alcalde, 1.000 euros

El Ayuntamiento de Alcorcón impone multas de varios centenares de euros por insultar a su regidor, a sus concejales o a policías.

El insultar al alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), o a algún integrante de su equipo de gobierno puede resultar muy caro para el ciudadano. El Ayuntamiento ha puesto a través de la Concejalía de Seguridad y Movilidad una veintena de multas que han alcanzado hasta los 1.000 euros de cuantía. En ningún caso han bajado de los 300. El grupo municipal socialista considera estas sanciones “absolutamente desproporcionadas”, mientras que desde el equipo de gobierno recuerdan que la ley (en este caso la ordenanza municipal) está para ser cumplida y que no puede salir gratis que una persona ataque a un concejal en medio de la vía pública.

Unos duros insultos le soltó, supuestamente, una vecina de Alcorcón, Marina N. G., a David Pérez el 16 de abril del año pasado cuando se encontraba en la confluencia de la avenida de las Retamas con la calle de Los Chopos. De lo que no se percató la señora es que junto al primer edil estaban varios policías municipales de paisano. Uno de estos se dirigió a la mujer y le pidió su documentación. Meses después la notificación oficial lo decía muy claro. Había cometido una infracción grave recogida en el artículo 9.1 de la ordenanza para la convivencia ciudadana y prevención de las actuaciones antisociales. Consecuencia: 1.000 euros de sanción.

Esta señora no fue la única. Un vecino recibió al alcalde con frases amenazantes y malsonantes durante el encendido de las luces navideñas el 12 de diciembre de 2012. De nuevo, junto al regidor había varios policías que no dudaron en hacer bajar al individuo del poste en el que estaba encaramado y tramitar la correspondiente denuncia. En este caso, le supuso 800 euros. Y de nuevo por el famoso artículo 9 de la ordenanza: “Está prohibida toda conducta de desprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, ya sea de contexto xenófobo, racista, sexista o de cualquier otra condición personal o social mediante insultos, burlas, molestias, coacciones, agresiones o conductas análogas de hecho, de palabra o por escrito”.

Las sanciones que impone la ordenanza son desde luego altas. Si esto se llevara al ámbito penal, posiblemente le saldría más barato al afectado. Los insultos suelen estar considerados como una falta leve de injurias, tipificada en el artículo 620 del Código Penal. Este recoge una multa de 10 a 20 días. Las multas-día tienen una cuantía que oscila entre los dos y los 400 euros. De este modo, aplicando la mínima condena, lo que tendría que ingresar el infractor sería apenas 20 euros, en el caso más favorable para él.

El juez debe tener en cuenta además la capacidad económica del culpable y siempre suelen imponer multas bajas, salvo a los reincidentes. El único problema es que las debe iniciar mediante denuncia el agraviado o su representante legal. Es decir, que el alcalde o el concejal afectado tendría que ir a comisaría o al juzgado cada vez que un ciudadano le profiriera algún insulto.

Las sanciones no han estado dirigidas solo contra ciudadanos particulares que se hayan abalanzado contra el alcalde. Los propios ediles de la Corporación municipal han visto mermados sus ingresos por las multas. Es el caso de al menos tres concejales socialistas que han sido multados con 100 euros tras ser expulsados del pleno municipal, tras ser llamado al orden hasta en tres ocasiones por el regidor. Este hecho está considerado como falta grave según el Reglamento de Organización Municipal (ROM), cuya sanción puede llegar hasta los 1.500 euros. La cuantía definitiva es bastante más benévola, ya que suele concluirse con 100 euros, como ocurrió en el caso del edil socialista Antonio Elviro.

Las multas de varios cientos de euros también se han tramitado cuando los policías municipales de la ciudad han sido insultados por vecinos.

“Son multas muy altas que no se corresponden con una gravedad tan alta de los insultos. Se nota la forma de gobernar que tiene el alcalde de Alcorcón de acallar cualquier tipo de crítica por parte de los ciudadanos e incluso de los concejales de la oposición”, critica la portavoz socialista en Alcorcón, Natalia de Andrés. Por su parte, fuentes del equipo de gobierno recuerdan que la normativa permite llegar hasta los 1.500 euros. “Cuando una persona insulta en medio de la calle debe saber que hay una ordenanza para erradicar este tipo de agresiones contra una persona simplemente por ser el alcalde”, añaden.

Fuente: El País