La Xunta aplaza la reforma local gallega hasta la nueva financiación y descarta llevar al TC la de Montoro

Aprueba la ley de medidas urgentes que "aclara" la reforma estatal y garantiza que los municipios "sigan prestando los servicios".

El Gobierno gallego no llevará al Tribunal Constitucional (TC) la reforma local impulsada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y, tras aprobar la norma de medidas urgentes que aclara dudas en su aplicación, ha ratificado que la nueva la ley gallega de administración local no se hará hasta que esté el nuevo modelo de financiación. Eso sí, a partir de ese momento, la Xunta se da un plazo máximo de seis meses para presentarla.

De esta "reflexión sobre los plazos" que dificulta que la nueva ley gallega esté lista antes de las próximas municipales ha informado el vicepresidente, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consejo de la Xunta, que ha presidido ante la ausencia del presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien regresa este jueves de su viaje institucional a México y Panamá.

En su intervención, Rueda ha informado de la aprobación de la ley de medidas urgentes para facilitar la aplicación de la reforma local de Montoro, que previsiblemente estará lista antes de verano si se agilizan los trámites parlamentarios, y ha ratificado que la Xunta --pese a la petición de PSdeG y BNG-- no llevará la reforma estatal al TC, aunque no renuncia a introducir "mejoras".

Al tiempo, ha ligado estas "mejoras" al desarrollo de una nueva ley gallega de la administración local y ha defendido que, teniendo en cuenta las competencias que la reforma local obliga a asumir las comunidades, lo "lógico" es que la norma gallega global que la "mejorará" y adecuará a las necesidades autonómicas se diseñe ya con el nuevo modelo de financiación sobre la mesa, que ha urgido.

"Nosotros estamos trabajando, pero lo más urgente y práctico era el proyecto de hoy, complementario a todo el resto. Si la reforma de financiación se hiciera en plazo breve, nosotros cumpliríamos nuestro compromiso. No estamos perdiendo el tiempo en absoluto", ha remarcado.

Rueda ha reivindicado que esta norma nace para solventar incertezas y se ha mostrado convencido de que los ayuntamientos la agradecerán, si bien la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) informó favorablemente de la misma sólo con el apoyo del PPdeG.

COMPETENCIAS EN MANOS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Precisamente, la propia ley de medidas urgentes aprobada este jueves recoge que las competencias que "debe asumir" la Comunidad en educación, salud y servicios sociales "seguirán siendo prestadas por los ayuntamientos" mientras "no se den" las condiciones previstas para su traspaso, que condiciona al nuevo de sistema de financiación autonómico y de las haciendas locales.

Dicha normativa añade que en el marco del que dispongan las normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades y de las haciendas locales, el Consejo de la Xunta regulará las condiciones del correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales, sin que "la gestión por las comunidades" de dichos servicios pueda suponer "un mayor gasto" para el conjunto de las administraciones.

Ante las "dudas" legales de interventores y alcaldes para continuar prestando servicios a sus vecinos, la ley de medidas urgentes también regula el ejercicio de nuevas competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación que, conforme la legislación básica, sólo será posible cuando no se ponga en riesgo "la sostenibilidad financiera" del conjunto de la hacienda local y no haya duplicidades.

Con tal fin, regula la forma de apreciación de la existencia o no de duplicidades y también la solicitud de informes competencia de la administración autonómica, el procedimiento y plazo para su emisión, así como su carácter vinculante y contenido. Al tiempo, unifica criterios y clarifica qué "no se entenderá como ejercicio de nuevas competencias".

No se entenderá como tal la "continuidad" en la prestación de los servicios ya establecidos"; las obras, servicios, ayudas, adquisiciones o suministros de emergencia; o la colaboración entre administraciones entendida como "el trabajo en común" para solventar problemas también "comunes" y que pudiesen formularse "más allá de la concreta repartición competencial en los distintos sectores de la acción pública".

FINANCIACIÓN DE OZA-CESURAS

Sin abandonar el ámbito municipal, Rueda ha defendido que la Xunta seguirá primando a los ayuntamientos que opten por la vía de la fusión y ha remarcado que el Gobierno central también "corrigió" un error en relación a la financiación de Oza-Cesuras.

"No me acuerdo de memoria, pero creo que la cifra del fondo estatal de cooperación que está recibiendo es de 120.000 euros más de lo que recibiría cada uno (de los municipios fusionados) por separado", ha argumentado.

Igualmente, ha apuntado que la ley estatal alude a "ventajas claras" para los ayuntamientos que opten por esta vía, para añadir que la Xunta ha hablado con el Ejecutivo para indicarle que "no tendría sentido" que una fusión autorizada poco antes de que entrase en vigor "quedase fuera" de estos beneficios. "Seguiremos insistiendo en ello, espero que no haya ningún problema", ha zanjado.

Fuente: Europa Press

Valderas pide por carta una reunión a Montoro para abordar la reforma local y la devolución de préstamos a ayuntamientos

Le traslada que haya más de 495 corporaciones con "imposibilidad financiera" para devolver los préstamos en las condiciones pactadas.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha remitido este martes una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le solicita una reunión "urgente" para abordar la aplicación de la reforma local y la devolución de los préstamos concedidos a ayuntamientos en el marco del sistema de pago a proveedores, entre otras cuestiones.

Así lo ha anunciado este miércoles el propio Valderas, momentos antes de mantener un encuentro con representantes de mancomunidades sobre el impacto de la reforma local del Gobierno, en el que también han participado el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho González.

En la citada misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Valderas explica que se advierten contradicciones jurídicas entre el marco estatutario andaluz y la Ley de reforma local que generan "dificultades aplicativas" y que requieren de un "enjuiciamiento constitucional" para su correcta articulación, lo que llevará al Gobierno andaluz a presentar un recurso de insconstitucionalidad a esta norma, que se registrará el día 26 o 27 del presente mes.

En esta línea, el vicepresidente de la Junta demanda a Montoro que, antes de que se proceda una aplicación normativa por parte de los distintos ámbitos de gobierno de la citada ley cuyos efectos puedan ser "irreversibles", se estudie alguna solución que permita posponer la eficacia de la ley, o al menos, aquellos aspectos que "mayor controversia" suscitan.

Por otro lado, y ante la proximidad de la finalización de los periodos de carencia para la devolución de los préstamos concertados en el marco del sistema de pago a proveedores, Valderas destaca en la carta la "imposibilidad" financiera de más de 495 ayuntamientos de poder afrontar su devolución en los términos que pactaron.

"Creemos necesario operar una ampliación tanto del periodo de carencia como del periodo de abono, de forma que sea compatible con la suficiencia financiera de las entidades locales involucradas", ha indicado Valderas, quien también informa al ministro de la "gravísima" situación económica que se está generando en determinados municipios de las provincias de Cádiz y Sevilla por la disolución de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y la obligada distribución del volumen de déficit entre los municipios mancomunados.

El vicepresidente de la Junta añade que la importante magnitud del riesgo para instituciones, así como "la responsabilidad que debemos ejercer quienes compartimos funciones de Estado, requiere de la posibilidad de sentarnos tanto para tomar completo conocimiento de los asuntos mencionados como para poder articular medidas adecuadas y eficaces en nuestros respectivos ámbitos de gobierno".

Asimismo, Valderas ha explicado a los medios que está dispuesto a hablar con Montoro de todas las cuestiones que el ministro considere "necesarias". Si bien, cree que "no es necesaria" la relativa al recurso de inconstitucional al decreto-ley de la Junta sobre la apertura de la mina de Aznalcóllar en Sevilla. "No es necesario porque el Gobierno se salta el Estatuto de Autonomía y no entiendo ningún Gobierno que ponga un recurso a la creación de empleo en los yacimientos mineros", ha añadido.

REPERCUSIÓN DE LA LEY EN LAS MANCOMUNIDADES

De otro lado y en relación a la reunión con representantes de mancomunidades sobre el impacto de la reforma local del Gobierno que se va a celebrar este miércoles, Valderas ha explicado que el objetivo es intercambiar opiniones, ver cuál puede ser el alcance de esta normativa y en qué situación quedan las 71 mancomunidades andaluzas, "quienes vienen cumpliendo, prácticamente el cien por cien de ellas, un papel importante para ejercer la prestación de servicios en las mejores condiciones".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villobos, ha dicho que los municipalistas podrán en el marco de esta reunión debatir "tranquilamente" y poniendo el sentido común "por encima de todo". Según ha indicado, los entes supramunicipales han servido fundamentalmente para equilibrar el territorio y para ese "emigración" que ocurría en la década de los 50 y 60 cuando "los pueblos empezaban a tambalearse".

Finalmente, Francisco Javier Camacho González ha explicado que la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales va a mantener encuentros con todos los ayuntamientos de Andalucía en las ocho provincias y con todas las mancomunidades para abordar la reforma local, "que pone en un precipicio a los entes supramunicipales, ya que en seis meses, o adaptan sus estatutos o hay que disolver 52 mancomunidades en Andalucía".

Fuente: Europa Press

IU da "un tirón de orejas" a De la Serna por defender intereses del PP en lugar de municipalistas

Se han tramitado 1.500 recursos de inconstitucionalidad de la reforma local por parte de ayuntamientos.

El responsable de Política Municipal de Izquierda Unida Federal, Manuel Fuentes, ha dado un "tirón de orejas" al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, al que ha acusado de defender los intereses de su partido, el PP, en lugar de los municipalistas.

En su opinión, el también alcalde de Santander se ha convertido en un "instrumento útil y necesario" para defender los intereses partidistas e ideológicos del PP, cuando la FEMP "no es un instrumento a favor de ningún grupo político sino del municipalismo".

Para Fuentes, es una "vergüenza que quien tenía que defender el municipalismo, la autonomía de los ayuntamientos, la gestión desde la proximidad, el que tenía que tramitar el recurso de inconstitucionalidad como asociación municipalista (contra la reforma de la Administración Local), ha hecho todo lo contrario".

En este sentido, ha subrayado que De la Serna ha propuesto desde la FEMP que "los plenos municipales dejen de tener competencias para dárselas a la junta de Gobierno local", tales como la aprobación de presupuestos prorrogados, planes de ajustes, planes económico-financieros, y la representación municipal en los órganos colegiados.

"Es lamentable", ha valorado el responsable de IU, que ha instado a De la Serna a que le explique "si eso es lo mejor" para las entidades locales.

"Cuando todos estamos luchando por más democracia y más autonomía en los ayuntamientos, el alcalde de Santander ha propuesto a su partido en el Gobierno justo lo contrario: menos democracia", ha denunciado.

Fuentes se ha pronunciado así en una rueda de prensa que ha ofrecido en Santander junto con el coordinador de IU Cantabria, Jorge Crespo, en la que han abordado la reforma de la administración local.

En la misma, Fuentes ha informado que, a 14 de marzo, se han tramitado 1.500 recursos de inconstitucionalidad de la reforma local por parte de los ayuntamientos, que suman más de ocho millones de habitantes. En Cantabria los han presentado los municipios de Colindres, Limpias, Mazcuerras, Peñarrubia, Santillana del Mar, Val de San Vicente y Treviso, han indicado.

En este sentido, Crespo ha denunciado que la reforma local "va a hacer trizas" a Cantabria, y ha recordado que el presidente, Ignacio Diego, ya ha reconocido que la comunidad no tiene recursos para hacer frente a competencias ahora municipales, con lo que "se pasará de lo público a lo privado" y se producirá un "sobrecoste".

La consecuencia, a su juicio, es que los cántabros "van a vivir peor" y se producirá un "trasvase" de dinero público.

RECURSOS

En un sentido similar, el responsable federal ha afirmado que la reforma local influye negativamente en los ayuntamientos por la incapacidad económica de las comunidades autónomas de afrontar los servicios que éstos dejarán de prestar, con lo que se perderán servicios de proximidad, se privatizarán otros, se reducirá la calidad y aumentará el desempleo, ha advertido.

Por eso, "todo el municipalismo de bien" está presentando recursos de inconstitucionalidad contra la reforma local, pese a la "complejidad" de los mismos y la "dificultad" por los plazos. La semana pasada ya se había conseguido el mínimo legal de un sexto de ayuntamientos (1.160) y un séptimo de población (ocho millones) y el objetivo de IU es superar los 2.000 municipios y los 15 millones de habitantes, un hecho "histórico" que "nunca se ha dado en democracia" contra la "reformas antidemocráticas impuestas" por el PP.

"El Partido Popular ha conseguido el récord del consenso en contra suya", ha destacado Fuentes, que ha confiado en que la vía de recurrir desde los ayuntamientos, a la que se suman otras como las de los parlamentos y gobiernos regionales y la de los grupos parlamentarios del Congreso, tengan "el resultado que se merece".

Todos los recursos municipales se canalizan a través del Ayuntamiento de Barcelona --el mayor de España que los apoya-- y de ahí irán al Consejo de Estado y al Tribunal Constitucional.

ELECCIONES

En otro orden, Fuentes ha destacado que IU tiene "muy buenas expectativas" electorales de cara a los próximos comicios europeos y locales, incluida Cantabria, donde espera conseguir "muy buenos resultados" gracias a la ampliación de las candidaturas.

Ha subrayado que Izquierda Unida "quiere estar en las instituciones" para hacer políticas distintas a las que han llevado al "austericidio".

En relación a las elecciones europeas, ha pedido al PSOE y su candidata, Elena Valenciano, que "dejen de engañar" a los ciudadanos cuando hablan de "voto útil" y, tras recordar medidas en las que los socialistas han apoyado al PP, le ha preguntado si secundará las mociones que IU presentará en los ayuntamientos de apoyo a las necesidades ciudadanas antes que al pago de la deuda y de revalorización de las pensiones.

"Queremos no ser cargos públicos sino cargos para lo público, para que no se privaticen los servicios y para poner en marcha políticas de gestión", ha concluido.

Fuente: Europa Press

El PSOE insta a las Cortes de Castilla – La Mancha a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reforma Local

El PSOE de Castilla-La Mancha ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en la piden a las Cortes regionales la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada el pasado mes de diciembre por el Gobierno central

Según la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas piden la inconstitucionalidad de esta Ley por "vulneración" del espacio competencial autonómico y la atribución de competencias a las comunidades autónomas a través de una ley ordinaria del Estado, "de forma unilateral y coercitiva".

Del mismo modo, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideran que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local "lesiona" la autonomía local y que "vulnera" el principio democrático en el ámbito local.

Centrándose en aspectos concretos de la Ley, el PSOE considera inconstitucional un total de 19 aspectos que se desarrollan en el articulado de esta Ley como el hecho de que se exijan dos informes vinculantes de otras administraciones para que el municipio pueda ejercer competencias distintas a las propias y delegadas, y otros más por exceder.

También cree que vulnera la Constitución el hecho de que la Ley "desapodere competencialmente" a los municipios menores de 20.000 habitantes, y "especialmente" a los menores de 5.000 y haga depender de otra administración la propuesta y la decisión sobre la forma de prestar los servicios de competencia municipal exigiendo que otra administración "lo considere acreditado".

Asimismo, considera inconstitucional, entre otros, que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establezca la colaboración entre Comunidad Autónoma y Diputación en el seguimiento de la aplicación de las medidas incluidas en el Plan económico-financiero "por extralimitación de la competencia básica estatal".

Fuente: Europa Press