Un total de 803 de los 947 ayuntamientos de Catalunya llevarán la reforma local al TC

Un total de 803 de los 947 municipios que tiene Cataluña (90,28%) han presentado la documentación correspondiente para poder llevar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) al Tribunal Constitucional (TC).

Este martes, el Ayuntamiento de Barcelona ha formalizado que quiere recurrir la reforma local, después de que así lo aprobase el plenario municipal el viernes.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha recibido al Consell de Governs Locals de Catalunya (CGLC), y el concejal de Presidencia, Jordi Martí, ha explicado después en rueda de prensa que el consistorio rechaza la reforma porque "limita y atenta contra la autonomía local, un principio sagrado en el ordenamiento jurídico".

CONDICIONES PARA EL RECURSO

El presidente del CGLC y de la Associació de Municipis i Comarques (ACM), Miquel Buch, ha concretado dos condiciones para que prospere el recurso al TC: 1.159 municipios que lo secunden y que sumen 7,5 millones de habitantes.

La segunda condición ya prácticamente la cumplen --representan 7,44 millones de habitantes, y aún faltan por sumarse una cincuentena de entes locales--; la primera también la lograrán, puesto que hay otros ayuntamientos del resto de España dispuestos a recurrir.

Según Buch --que también es alcalde de Premià de Mar (Barcelona)--, la reforma local es retrógrada, vulnera y ataca el principio de autonomía local, y "va a hacer daño a los ciudadanos", y tanto la Generalitat como el Parlament también van a recurrir.

Según Xavier Amor, vicepresidente del CGLC y presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la reforma "no soluciona problemas, sino que genera muchas dudas y mucha crispación".

Tanto Buch como Amor --que también es alcalde de Pineda de Mar (Barcelona)-- han destacado la unidad en torno al rechazo a esta reforma, que une a representantes de todos los partidos salvo el PP.

Fuente: Europa Press

Feijóo corrige al Gobierno y deja a los alcaldes prestar servicios sociales

La Xunta ultima una ley que enmienda la reforma de Montoro e invoca las competencias plenas sobre los ayuntamientos que le confiere el Estatuto gallego.

La Xunta intenta legislar contra reloj para contrarrestar los efectos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre. El departamento de Vicepresidencia, que dirige Alfonso Rueda, ultima un anteproyecto de ley en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para devolver a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes las competencias en política social que les arrebató la norma del Gobierno central y evitar así un caos en la prestación de los servicios sociales a partir de mediados de 2015, cuando expira el plazo impuesto por el ministerio para recentralizar las competencias.

El propio enunciado del anteproyecto de ley “de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la ley 27/2013” evidencia su intento por solventar el escenario abierto por la ley de Montoro, que ha provocado el rechazo de alcaldes y concejales de todos los partidos, incluido el PP. La exposición de motivos explica que el texto trata de “evitar que la inexistencia de una normativa de desarrollo produzca resultados indeseables o disfuncionalidades en el funcionamiento de los servicios públicos que perjudiquen a los ciudadanos”.

La redacción de la futura norma —a la que ha tenido acceso EL PAÍS— invoca el Estatuto de Autonomía para recordar que, según su artículo 27, Galicia “tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de régimen local” y que la tutela efectiva sobre los entes locales debe “respetar la autonomía que le reconocen los artículos 140 y 142 de la Constitución”.

El texto lo están negociando el PP y el PSOE dentro de la Fegamp —el BNG ha presentado un recurso ante el Constitucional y se desmarca de las negociaciones— con el recién nombrado director general de Administración Local, Alberto Pazos, que ha participado en varias reuniones junto a técnicos de Vicepresidencia. Aunque el acuerdo no está cerrado, la filosofía de ambos partidos pasa por dejar las cosas como están y que los ayuntamientos, como institución más cercana al ciudadano, puedan seguir ofreciendo prestaciones sociales. Son muchos los juristas que pronostican que con la ley Montoro en la mano, los secretarios e interventores municipales deberán oponerse a autorizar partidas de gasto para política social. Eso es lo que intenta corregir el anteproyecto que faculta a la Xunta para ceder competencias a los ayuntamientos siempre que no implique “incurrir en duplicidades ni aumente el coste para las administraciones públicas”.

De entrada, el borrador de Vicepresidencia argumenta que “los servicios complementarios que venían realizando otras administraciones (distintas de la autonómica) en base al artículo 28 ya derogado [...] no puede ahora sin más desconocerse sin que peligre esa prestación de servicios públicos, muchas veces esencial para el ciudadano”. En ocho artículos establece las condiciones para que la Xunta transfiera competencias a los ayuntamientos siempre mediante una memoria económica y con la “suficiente dotación presupuestaria”. Pero es una disposición adicional, la cuarta, la que implica una enmienda a la totalidad de la ley Montoro: “Las competencias que debe asumir la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de educación, salud y servicios sociales continuarán siendo prestadas por los municipios mientras no se den las condiciones previstas para su traspaso en la normativa básica y el establecimiento de un nuevo sistema de financiación autónomico y de las haciendas locales”.

Sanidade asumirá en 2019 el gasto de los centros de salud

El borrador de la norma incluye una disposición adicional para dar cumplimiento al Pacto Local —acordado por los alcaldes y el Gobierno bipartito el 20 de enero de 2006— y que por fin se transfieran a la Xunta los costes derivados del mantenimiento de los centros de salud, una vieja reivindicación de los ayuntamientos. Las facturas de electricidad, teléfono, calefacción y servicio de limpieza las venían asumiendo tradicionalmente los gobiernos municipales donde están ubicados. Recién llegado, en 2009, el Gobierno de Feijóo transfirió una treintena de centros al Servizo Galego de Saúde. Y en 2012 el Sergas asumió otro paquete de unos 20 centros. Pero todavía más de un centenar de ayuntamientos siguen asumiendo esos gastos.

El nuevo calendario que establece la Xunta da un margen de cinco años para cederlos. El texto provisional establece que “la asunción de los costes se efectuará a razón de un 20% anual para  cada uno de los centros de salud referidos”. Con lo que la transferencia acabará en 2019. Será “una comisión paritaria entre la Consellería de Sanidade y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) la que determinará los centros de salud cuya titularidad será cedida gratuitamente por los municipios” a la Xunta en cada ejercicio mediante convenios con cada ayuntamiento.

El texto establece además que los ambulatorios quedarán integrados en el Sergas y, en caso de supresión del servicio, dichos bienes revertirán en el ayuntamiento.

Fuente: El País

El Consultivo avala el recurso de la Junta contra la reforma local del Gobierno

Considera "contrarias a la Constitución o al Estatuto de Autonomía para Andalucía" un total de 15 normas de la Ley.

El Consejo Consultivo de Andalucía avala la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reforma la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En un examen estrictamente jurídico, el consejo considera "contrarias a la Constitución o al Estatuto de Autonomía para Andalucía" un total de 15 normas de la Ley, entre ellas la que confiere a las diputaciones el papel de coordinar la prestación de servicios en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

Según informa en un comunicado el Consultivo, la coordinación prevista en la Ley "encierra un eufemismo", ya que "en la práctica supondrá la asunción por las diputaciones de la prestación de servicios locales básicos, lesionando la autonomía municipal garantizada en los artículos 137 y 140 de la Constitución".

En su dictamen señala además que el órgano que decide finalmente sobre las formas de gestión de estos servicios municipales propuestas por las diputaciones es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, "invadiendo las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de régimen local".

En relación con la prohibición de que, en las poblaciones de menos de 1.000 habitantes, los miembros de los ayuntamientos puedan tener dedicación exclusiva y con la previsión de que, sólo con carácter excepcional, puedan tener dedicación parcial, el Consejo Consultivo considera que se trata de una modificación que introduce "una importante restricción", que no puede ser comparada con otros supuestos de limitación del régimen retributivo de cargos electos (como el que ha validado recientemente el Tribunal Constitucional en relación con el de las retribuciones de los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha).

El Consejo considera que "no existe una jurisprudencia constitucional determinante para resolver la cuestión" y por ello, ante la duda de constitucionalidad suscitada, considera "justificado" que el Gobierno andaluz impugne esta regulación.

El dictamen destaca asimismo que el Consejo Consultivo ha considerado que, precisamente porque la estabilidad presupuestaria adquiere "un valor verdaderamente estructural y condicionante en la Constitución", se ha reservado a una ley orgánica el desarrollo de dicho principio.

Esta es la razón por la que se considera inconstitucional que el Estado haya procedido a desarrollar en la ley impugnada (que es una ley ordinaria) el plan económico-financiero de las corporaciones locales y determinadas medidas de redimensionamiento del sector público local como supuestos de responsabilidad de las corporaciones Locales en el caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, "sin respetar la reserva de ley orgánica que impone la Constitución".

Asimismo, entre otras cuestiones que justifican el recurso del Gobierno andaluz, el Consejo Consultivo estima que puede incurrir en inconstitucionalidad la norma que priva al Pleno de la Corporación de su competencia cuando, en determinados acuerdos, no alcance en una primera votación la mayoría necesaria para su adopción.

En tales supuestos, "bajo una supuesta situación de excepcionalidad que en realidad no concurre según el dictamen", la norma traslada a la Junta de Gobierno Local la competencia para adoptar acuerdos de "gran relevancia" como el presupuesto, los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio, los de ajuste, los de saneamiento, los de reducción de deudas y la entrada en los mecanismos extraordinarios de financiación.

Fuente: Europa Press

Más de 130 alcaldes denunciaron en 2013 cobros abusivos de las eléctricas

La federación de municipios asesorará a los regidores para reclamar por vía penal.

Las compañías eléctricas han estado aplicando cobros indebidos “a la práctica totalidad de los Ayuntamientos”. La Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) reconoce que tiene acumuladas desde hace un año quejas de al menos 130 alcaldes relativas en su mayoría a facturaciones excesivas en relación con el alumbrado público, el principal gasto municipal. Los alcaldes contratan la tarifa nocturna y acaban pagando el consumo al precio, más caro, de la diurna, según la queja generalizada. Con la intención de poner fin a estos cobros indebidos que han comenzado a denunciar ahora ante la Consellería de Industria los regidores de la provincia de Ourense —y que ha llevado a la Xunta a abrir expediente sancionador a Gas Natural Fenosa— la Fegamp trasladó el año pasado las protestas a los directivos de las eléctricas, que “mostraron su receptividad y su disposición a colaborar en todas las cuestiones que se les expusieron”, según confirma un portavoz de la federación. Pese a ello, los alcaldes han seguido pagando precios excesivos y han comenzado a denunciar ahora, un año después, alertados por técnicos que revisaron casualmente sus facturas de consumo eléctrico.

 Ayer, el regidor de Vilar de Santos, Xan Jardón, afectado también por el cobro indebido de Gas Natural, se preguntaba: “¿Dónde está la Fegamp que no nos protege?”. El organismo municipalista asegura que está al tanto de la situación y se pone a disposición de los alcaldes.

En abril de 2013, la federación de municipios incluía en su página web la noticia del inicio de conversaciones con los directivos de las eléctricas en Galicia para poner fin a la situación “de impotencia” de los alcaldes frente a estas compañías “que eluden cualquier control o atención”. Y entre las principales incidencias que la federación municipalista trasladaba a las eléctricas destacaban “la desproporción de las facturas estimadas respecto al consumo habitual” y el “incumplimiento de las tarifas contratadas y de los descuentos acordados”. Motivo de reclamación habitual era también “la discrecionalidad de las eléctricas para aplicar la facturación mensual o bimensual, así como el descontrol en la emisión de las facturas, llegando a remitir a los Ayuntamientos algunas ya pagadas o duplicadas. Y todo, bajo la amenaza de un posible corte en el suministro en el caso de no ser abonadas. Los mismos problemas de “cobro abusivo” que los regidores ourensanos denuncian ahora y que Fenosa asume como errores, comprometiéndose a devolver el dinero indebidamente facturado, aunque solo el correspondiente a la última anualidad frente al de los cuatro años anteriores que reclaman los alcaldes.

Con el objetivo de amparar a los Ayuntamientos que se viesen obligados a reclamar o acudir o contenciosos contra abusos de las eléctricas, la Fegamp firmó el año pasado un convenio con la Consellería de Industria. Pero no se aplicó. “Se frenó por problemas burocráticos”, explica la federación que, en cualquier caso, advierte de que los alcaldes cuentan con “el respaldo total” de este organismo, muy molesto con la actuación de las eléctricas: “Ya hemos hecho todo por las buenas y si no ha servido para nada, ofreceremos asistencia jurídica [a los regidores que reclamen]”, añadió el citado portavoz.

A las denuncias contra la eléctrica que anuncian 12 alcaldes ourensanos y a los que Fenosa solo accede a devolverles el exceso de facturación del último año, se sumó ayer el de Vilar de Santos. “Gas Natural ha llevado a cabo una estafa continuada en la facturación a los Ayuntamientos”, protestó ayer Jardón quien, ante la proporción que alcanza el cobro indebido, reclama al Gobierno gallego la revisión de todas las facturas emitidas por las empresas de distribución de energía eléctrica en Galicia entre 2008 y 2013 “tanto las de los Ayuntamientos como las de los particulares y empresas”. El alcalde, de Compromiso por Galicia (CxG), teme que las compañías eléctricas hayan podido incurrir en un error generalizado en la facturación a todos sus clientes.

Fuente: El País