ISSN: 2695-4621
La Junta de Portavoces, excepto UPN y PPN, ha tomado esta decisión tras conocer el dictamen del Consejo de Navarra
El Consejo "llega a la conclusión de que en el apartado de las convocatorias se conculcan las competencias de Navarra"
La Junta de Portavoces del Parlamento foral ha acordado, con los votos en contra de UPN y PPN, la presentación de un escrito ante el Tribunal Constitucional de adhesión a otras impugnaciones en curso contra la LOMCE tras conocer el dictamen del Consejo de Navarra. Ha acordado también recurrir ante el TC la reforma local del PP.
La Mesa y la Junta de Portavoces se han dado por enteradas este lunes del dictamen del Consejo de Navarra sobre adecuación a la Constitución y respeto al ámbito competencial de Navarra de determinados preceptos de la LOMCE.
En la reunión de esta mañana, la Junta de Portavoces ha acordado, con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E, presentar un escrito de adhesión a otras impugnaciones. El plazo para presentar recursos finalizó el pasado día 10 de marzo y, según el portavoz de Aralar-NaBai, Patxi Zabaleta, el informe del Consejo de Navarra llegó al Parlamento el día 11.
Según el parlamentario, en el dictamen el Consejo "llega a la conclusión de que en el apartado de las convocatorias se conculcan las competencias de Navarra".
Ha explicado así que, a pesar de estar fuera de plazo, "hemos decidido la personación porque el tema tiene mucha importancia de tipo educativo y social". A su juicio, "el Gobierno de Navarra no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha presentado ningún recurso".
Por su parte, el parlamentario socialista Juan José Lizarbe ha indicado que "como el Consejo de Navarra ha hecho el informe el último día no se puede materializar el recurso como tal, pero se tratará de adherir a alguno de los recursos y así poner en conocimiento del TC el contenido del informe del Consejo de Navarra".
En otro orden de cosas, la Junta de Portavoces ha acordado interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 27/2013 de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, a propuesta del PSN. Han votado a favor del acuerdo los representantes de PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E y en contra, UPN y PPN.
USO DE LOS SÍMBOLOS
Por otra parte, la Mesa y la Junta de Portavoces se han dado por enteradas del informe sobre la admisibilidad de la iniciativa legislativa popular para "el respeto a la pluralidad y a la decisión democrática de la ciudadanía en el uso de los símbolos de Navarra".
El informe de los servicios jurídicos del Parlamento concluye que "desde un punto de vista formal, la proposición de iniciativa legislativa popular se adecúa a las exigencias de la LFILP". No obstante, el informe concluye, asimismo, que "desde la perspectiva material, la iniciativa legislativa popular puede exceder el ejercicio legítimo de las competencias de Navarra, al incidir en la regulación de la utilización de símbolos políticos ajenos a la Comunidad foral".
Igualmente, recoge el informe, "puede afectar a materias reguladas en una Ley Foral de mayoría absoluta, cual es la relativa a las consultas populares, en la forma y con el alcance que se han precisado en este informe".
Por ello, a juicio de los servicios jurídicos del Parlamento, "concurre la causa de inadmisibilidad". La Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces, habrá de valorar la concurrencia de tales causas, a los efectos de la admisión o inadmisión a trámite de la iniciativa legislativa popular".
Han votado a favor los vicepresidentes primero y segundo, Samuel Caro y Txentxo Jiménez, y los secretarios primero y segundo, Maite Esporrin y Koldo Amezketa; mientras que ha votado en contra de la tramitación el presidente, Alberto Catalán. En la Junta de Portavoces han expresado su parecer favorable a la tramitación los representantes de PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E, y en contra se han manifestado UPN y PPN.
Fuente: Diario de Navarra
Nacionalistas y socialistas ya habían avisado que lanzarían una ofensiva en el Constitucional para combatir la ley.
Los grupos parlamentarios nacionalista y socialista han elevado ya a la Mesa de la Cámara la solicitud de un pleno extraordinario para que el principal órgano político de la región, en que son mayoría, interponga en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la ley de reforma local. Junto con la petición, Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) también han dirigido a la Mesa la proposición no de ley (PNL) que se debatirá en esa sesión plenaria y en que exponen los argumentos del recurso.
CC y PSC-PSOE anunciaron en enero que habían constituido una comisión para trazar la estrategia contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la cual calificaron ya entonces de «chapuza». La semana pasada, los grupos que apoyan al ejecutivo de Paulino Rivero registraron al unísono la solicitud de un pleno «fuera de calendario» en el que debatir una PNL, que presentaron el mismo día, para interponer un «recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos» de la ley por «invasión de competencias» de la comunidad autónoma. En concreto, los dos escritos fueron elevados el último miércoles, día 12, tal como han confirmado a ABC fuentes de ambas fuerzas políticas.
Nacionalistas y socialistas ven inconstitucionales los epígrafes uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, 17, 18, 19, 21, 30, 36 y 38 del artículo primero; el punto dos del artículo segundo; las disposiciones adicionales novena y decimoquinta; y las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Así consta en el texto de la PNL, al que ha tenido acceso este diario y en que CC y PSC-PSOE aseguran que los susodichos preceptos «están impregnados del recorte que significa su espíritu contrario a la autonomía local».
La estrategia de Ferraz
El secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, vino en su día a Canarias para acercar ideas al respecto con el secretario general de CC, José Miguel Barragán. Zarrías explicó que desde Ferraz intentarían promover recursos de los gobiernos y parlamentos regionales contra la ley estatal, que convierte a los ayuntamientos, dijo entonces, en «meras oficinas administrativas».
En el Archipiélago, la reforma local ha suscitado críticas también de su Ejecutivo y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). La Fecam, que preside el alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia, viene vertiendo un sinfín de críticas hacia la norma y hacia el gabinete de Mariano Rajoy. No en vano, el organismo considera la ley «centralista» y, en consonancia con el argumentario del PSOE, advierte que va en detrimento de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
La proposición no de ley de Coalición y PSC-PSOE, que suscriben los portavoces de sus respectivos grupos parlamentarios, Barragán y Manuel Fajardo, ahonda en este asunto y pide a la Cámara su asenso a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. En la exposición de motivos de la PNL, los partidos del Gobierno canario afirman que «toda» la norma «está inspirada por el principio de estabilidad presupuestaria y orientada hacia el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera».
Fuente: ABC
Una nueva página web, Transparecia de Cuentas Públicas, permite que cada ciudadano escudriñe los datos de su Administración.
Miguel Fiandor es sólo un ingeniero, pero por su trabajo parece que sea capaz de multiplicarse por muchos. Tiene una tarea titánica: recoger, agrupar, ordenar y hacer visibles las cuentas públicas de las administraciones. ¿Cuánto le cuesta de media a un ciudadano los gastos en personal de su consistorio? ¿Cuánto le cuesta mantener limpias sus calles y en buen estado el mobiliario urbano? ¿Cuánto dinero consigue su ayuntamiento por inversiones patrimoniales? Son sólo algunos ejemplos de las preguntas a las que ahora Fiandor ha contestado a través de la página web TransparenciadeCuentasPublicas.es, donde transforma miles de datos económicos en información útil y comprensible: mapas, desgloses, diagramas de barras, comparativas e informes.
El ingeniero informático, autor y desarrollador de la página, reconoce que existían muchos datos publicados «por defecto» a través del Ministerio de Hacienda cuyo formato era «bastante accesible». Sin embargo, para un ciudadano de a pie, su visibilidad y acceso era más complicado. Ahora, dice, «hay que hacer que la gente se mentalice». «Es más fácil opinar con todos estos datos sobre la mesa. Sin ellos, las opiniones carecen de fundamento». La nueva ley de Transparencia ayuda, aunque el cambio es poco, dice. «Lo que noto es que si la información ya era accesible, ahora también se actualiza con más frecuencia».
Fiandor comenzó centrándose en la situación de los Consistorios: sus ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas, sus ingresos por activos financieros, sus gastos en inversiones reales, en servicios públicos básicos… y así hasta 25 indicadores diferentes. Ahora, su análisis se está extendiendo también a los informes provinciales. Unos informes que pretenden ser el sustento financiero del proyecto que ha conseguido arrancar gracias a una campaña de crowdfunding. En esos nuevos informes, se puede comprobar, por ejemplo, la evolución en los últimos años del gasto en inversiones por obras e infraestructuras. En Teruel, por ejemplo, han caído de los 85.325.138 euros a los 40.117.251 entre 2010 y 2012. Es decir, han pasado de suponer un 41,4% de sus gastos totales a tan sólo el 27% [Lea aquí el informe de Teruel completo].
Más adelante, si el proyecto funciona, también se extenderá a diputaciones, cabildos insulares y comunidades autónomas. Por ahora, para aquellos a quien interese, los datos están disponibles. Lo que sugiere Fiandor con los datos que ha publicado hasta ahora es que quizá sea adecuado empezar por lo más cercano.
Los datos
Los datos que utiliza TransparenciadeCuentasPublicas.es son públicos, de fuentes oficiales como el Tribunal de Cuentas o el Ministerio de Hacienda. De los 8.114 ayuntamientos que existen en España, la base de datos de la web maneja 7.681. Es decir, el 94,6 por ciento. Estos son algunos de ellos:
—Los gastos en personal
El coste medio por habitante en gastos de personal más bajo corresponde a los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra con 212 euros, mientras que los más altos son los de Álava, con 476 euros. En Madrid el gasto medio es de 360 euros por habitante, aunque dentro de ese dato hay grandes diferencias: desde los 2.409 euros que, de media, les cuesta a los 56 vecinos de La Hiruela el personal público hasta los 148 euros que corresponden a los más de cuatro mil habitantes de Valdetorres de Jarama. También es cierto, no obstante, que estos datos varían según los servicios que ofrezca cada Ayuntamiento. A más servicios se puede deducir que mayores serán los gastos por personal.
—¿Quién gasta más en obras e infraestructuras?
La provincia de Barcelona presenta la inversión más alta en obras e infraestructuras en términos absolutos (751 millones de euros), mientras que Teruel lo es en términos relativos (285 euros por habitante).
—¿Cuál es la provincia que menos datos publica?
Preguntado por la transparencia, Fiandor explica que «en este tipo de datos es más un tema de puntualidad: quién publica antes o después, aunque suele haber despistados para los que no hay datos del año 2010 por ejemplo, y probablemente de años anteriores tampoco. El Tribunal de Cuentas publica en sus informes los datos sobre estos rezagados, ya que también le rinden cuentas a él. Para datos de 2012, ha sido Navarra la provincia cuyos ayuntamientos han sido los últimos en publicar, destacando Pamplona».
—¿Qué ayuntamientos han aumentado más sus ingresos gracias a las tasas en los últimos años?
El ayuntamiento que más ha visto aumentados sus ingresos vía tasas entre 2010 y 2012, ha sido Aldeire (Granada) con una media de 3.628 euros por habitante, seguido de la Puebla de Castro (Huesca), con un incremento de 2.728 euros por habitante, e Ituero y Lama (Segovia) con 2.691. En este concepto se incluye la contraprestación de servicios públicos y tasas fiscales que cada ayuntamiento determina con cierta libertad: la tasa de basuras, uso de instalaciones deportivas, transporte público, licencias urbanísticas y comerciales...
En el extremo opuesto, los que más mermados han visto sus ingresos entre 2010 y 2012 por este concepto son el Gordo (Cáceres), que ha dejado de ingresar hasta 4.308 euros por habitante, Benagéber (Valencia), con 3.229.08 euros menos por habitante y San Salvador (Valladolid), con 3.144 euros menos por habitante.
—¿Qué ayuntamiento ha conseguido mayores ingresos gracias al rendimiento del patrimonio de la administración?
Los ayuntamientos que han tenido mayores ingresos gracias al rendimiento de su patrimonio han sido, en términos absolutos, Madrid, con más de 146 millones de euros; Barcelona, con más de 44 millones; y Vitoria-Gasteiz (Álava) con más de 32 millones. En el extremo opuesto, y con indicadores negativos, aparecen Estella/Lizarra (Navarra), con pérdidas de 427 mil euros, Vall de Uxó (Castellón), con casi 26 mil euros, y Algueña (Alicante) con casi tres mil euros.
—¿El Ayuntamiento que más se gasta en protección y promoción social?
Hasta 5.136 euros por habitante se gasta Tollos (Alicante) en actuaciones de protección y promoción social, con una población de apenas 45 habitantes. Por eso, en datos absolutos, queda muy lejos de Elche, con los más de 23 millones que destina (el mayor dato de la provincia) a este apartado que incluye pensiones, servicios sociales o fomento del empleo. O más lejos aún de Madrid, con sus 385 millones, y Barcelona, con 209 millones, que encabezan la lista nacional en este tipo de gastos.
—¿Y en el caso de gastos en producción de bienes públicos de carácter preferente?
Es inevitable que, en datos absolutos, sean (casi) siempre Madrid y Barcelona las que encabecen todos los ranking. También ocurre con los gastos en Educación, Sanidad, Cultura y Deporte. Según los datos de 2012, Madrid destinó más de 414 millones a estos menesteres, mientras en Barcelona fueron 366 millones. Sin embargo, en términos relativos, el ayuntamiento que encabeza la lista está en Salamanca y es el de Sardón de los Frailes: fueron 18.366 euros de media por habitante los que empleó. A este le sigue Suellacabras (Soria), con 12.986 euros, y Villarroya (La Rioja), con 12.511 euros por habitante.
—¿Cuáles son los ayuntamientos que más y menos se gastan en bienes corrientes y servicios?
Bezares (La Rioja) gasta más de cinco mil euros por habitante para que todo funcione correctamente: alumbrado, agua, limpieza, recogida de basura, mantenimiento de colegios, jardines... Después de él, están Tejada (Burgos), que gasta 4.343 euros por habitante y Olmedilla de Alarcón (Cuenca), que gasta 4.099 euros por habitante. ¿Los que menos? Muelas de los Caballeros (Zamora), ayuntamiento al que tan sólo le cuesta 63 euros por habitante, Rebolledo de la Torre (Burgos), con 70 euros, y Rábanos (Burgos) con otros 70 euros.
—Superávit/Déficit
En este punto, Madrid encabeza la lista de ayuntamientos con superávit: tanto el total como por cuenta corriente. El primero con más de mil millones. El segundo, con más de 990 millones. En el extremo opuesto de la tabla, el «premio» al mayor déficit total se lo lleva el ayuntamiento de Parla (Madrid), con 21 millones de euros, mientras que el mayor déficit por cuenta corriente se lo lleva León, con 38 millones.
Fuente: ABC
Gas Natural Fenosa asegura, en un comunicado, que la compañía "considera todas las reclamaciones que recibe" y "reintegra" a cada ayuntamiento las cantidades "correspondientes a un año de refacturación".
Explica, en ese sentido, que siguió "las pautas marcadas" por el regulador eléctrico, que "unificó criterios para todo el sector", y apunta que, en un informe de la Comisión Nacional de la Energía aprobado en el año 2013, se determina que "no cabría exigir la refacturación por periodos superiores a un año en la medida en que el decreto 1955/2000 limita a dicho periodo la posibilidad de refacturación".
Asimismo, Fenosa señala que ese mismo informe apunta que la normativa "ha resultado lo suficientemente imprecisa como para generar disparidad de criterios interpretativos entre los principales destinatarios de la misma", en referencia al colectivo de distribuidores.
Por ello, añade el documento que esgrime la compañía eléctrica, "ha de tenerse en cuenta que las facturaciones por energía que hayan tenido lugar a lo largo del periodo de vigencia del real decreto 1164/2001 (el referido anteriormente) han debido ser incorporadas a las declaraciones de ingresos regulados en los ejercicios correspondientes" y, de esta manera, "en ningún caso se habría producido un enriquecimiento injusto de los distribuidores".
DENUNCIA VILAR DE SANTOS
El Ayuntamiento de Vilar de Santos (Ourense) ha calificado de "estafa y no mala lectura del contador" la sobrefacturación de la empresa Gas Natural-Fenosa de 58.000 euros en cinco años, en relación al consumo eléctrico en su alumbrado público, pues lo cobraron al precio más caro a pesar de que el consumo se hizo en las horas de tarifación más barata, según el sistema de discriminación horaria.
El alcalde de Vilar de Santos, Xan Jardón Pedras, el secretario xeral de Compromiso por Galicia Xoan Bascuas, y el responsable territorial en Ourense de CXG, Xosé Manuel Pérez Bouza, denunciaron, en rueda de prensa, la sobrefacturación y la posible "extrapolación a parte de los 315 ayuntamientos gallegos, a los que no solo no se les bonifica por mantener la mayor producción eléctrica, sino que se les castiga con estos costes", en palabras del líder de la formación.
Fuente: Europa Press
Pleno extraordinario.
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes, en un pleno extraordinario y con el voto de todos los grupos salvo el PP, sumarse al grupo de municipios catalanes que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de reforma de la administración local del Gobierno central.
Esta sesión extraordinaria ha convocado después de que en el pleno ordinario de febrero se aprobara una proposición del PSC para rechazar esta reforma y formalizar la adscripción del consistorio al conjunto de localidades que recurrirán la ley.
El primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, ha argumentado que de esta forma Barcelona ejerce de capital catalana y "se pone al lado de los municipios que más sufrirían los efectos negativos de esta reforma", ya que ha argumentado que sin su liderazgo, hacer llegar este rechazo sería mucho más difícil.
Ha reconocido que la ley incluye una disposición adicional que sirve para preservar el régimen especial del Ayuntamiento de Barcelona recogido por la Carta Municipal, y ha destacado la aportación del grupo municipal del PP en este sentido, pero ha considerado que el consistorio debe "levantar la mirada" y no tener en cuenta solo su situación.
Forn ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy esconde tras la excusa de la racionalización una "voluntad recentralizadora y uniformista, un ataque al autogobierno y una desconfianza en los municipios", y ha subrayado que Barcelona no necesita ninguna ley que le diga qué hacer en cuanto a racionalización y sostenibilidad.
El líder del grupo del PSC, Jordi Martí, ha celebrado el apoyo de la mayoría de los concejales, y también ha reconocido el "esfuerzo" del grupo popular para salvaguardar la Carta Municipal, pero ha reprochado el silencio del alcalde, Xavier Trias, en el pleno, y le ha pedido liderazgo en la interposición del recurso.
"Le queremos ver al frente. No se esconda. Es una de las batallas que el municipialismo tiene que hacer, y Barcelona tiene que estar al frente", ha sostenido.
El líder del grupo municipal del PP, Alberto Fernández, ha defendido que con esta reforma "no se suprimirá ningún servicio", sino que se eliminarán las duplicidades, y ha destacado que la ley permite que los consistorios con equilibrio presupuestario puedan ofrecer los servicios que consideren oportunos además de los obligatorios.
Ha criticado que esta votación responde a una "sumisión a intereses de partido del PSOE y de CiU" y no los intereses de la ciudad, y ha reclamado a Trias que ejerza de alcalde de Barcelona y no de delegado de la Generalitat.
El líder de ICV-EUiA en el consistorio, Ricard Gomà, ha calificado la norma de recentralizadora y de involución democrática, ya que provoca que los ayuntamientos se asemejen más a los de la última época del franquismo que a los del siglo XXI: "Quieren recuperar el pasado porque saben que han perdido el futuro", ha sostenido.
El presidente de UpB, Jordi Portabella (ERC), ha advertido de que las competencias del Ayuntamiento no quedan íntegramente protegidas por la Carta de Barcelona y que, por tanto, también está afectado por la nueva ley local, y ha pedido que el TC suspenda cautelarmente su aplicación mientras toma una decisión.
Fuente: Europa Press