El PSOE de Galicia apuesta por una agencia gallega de servicios sociales consensuada con los ayuntamientos

Por el cambio de la situación económica y el marco comptetencial.

La parlamentaria socialista Carmen Gallego ha registrado en el Parlamento gallego una moción en la que se insta a la Xunta a dialogar con los ayuntamientos de toda Galicia para consensuar el modelo de gestión de los servicios sociales y clarificar el reparto competencial de los mismos.

De este modo, el PSOE de Galicia defiende que, de acuerdo con las peticiones que hace reiteradamente la Federación Galega de Municipios e Provincias, se les "devolvería" a los ayuntamientos las competencias que tenían antes de la reforma de la legislación en materia de Administración local, hecha por el Gobierno central.

La iniciativa de la diputada socialista pretende replantear la creación de la agencia gallega de servicios sociales, teniendo en cuenta que el marco competencial y la situación económica cambiaron.

El PSOE de Galicia ha expuesto que de este modo los ayuntamientos podrían tener una representación que refleje "al menos" su peso en la gestión de servicios sociales, la pluralidad democrática, la población a la que representan y dan servicios, entre otros.

La portavoz del Grupo socialista ha propuesto "asumir el compromiso" de cualquiera modificación que se introduzca en la gestión de los servicios prestados por los gobiernos locales y la Administración autonómica, que no debería suponer ni "mayor carga económica" para los ayuntamientos, ni para las personas usuarias, ni para las entidades del tercer sector de iniciativa social.

Fuente: Europa Press

Extremadura recurrirá la reforma de la Ley de Administración Local

Con el voto en contra del PP.

El Parlamento de Extremadura interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, planteada por el Gobierno central.

La iniciativa para interponer este recurso de inconstitucionalidad ha sido presentada de forma conjunta por todos los grupos parlamentarios de la oposición en el Parlamento extremeño, PSOE, IU y Prex-Crex, y por tanto ha salido adelante con la mayoría absoluta de la Cámara regional, frente a los votos en contra del Grupo Popular.

La presentación de este recurso ha sido aprobada en el pleno de este jueves, en el que también se ha acordado que los representantes del Parlamento extremeño ante el Tribunal Constitucional serán los portavoces de los grupos de PSOE, IU y Prex-Crex, Valentín García, Pedro Escobar y Damián Beneyto, respectivamente.

JUSTIFICACIÓN DE LA OPOSICIÓN

En la justificación de esta iniciativa, el portavoz del Grupo Parlamentario Prex-Crex, Damián Beneyto, ha tachado de "mala ley para Extremadura" la Ley de Administración Local, ya que la región extremeña tiene muchos municipios muy pequeños, y esta norma "quita autonomía" a los ayuntamientos en favor de las diputaciones.

Beneyto ha señalado que esta ley "vulnera el principio democrático en el ámbito local", ya que establece que si en el pleno municipal no hay acuerdo, el equipo de gobierno podrá tomar las decisiones, por lo que "hurta a la oposición el control" de la labor del ejecutivo.

“Solo por estas dos razones, esta ley ya es inconstitucional", ha señalado Beneyto, quien ha añadido que "esta ley no resuelve la financiación de los ayuntamientos", por lo que se trata de una norma "inútil" porque "no resuelve el principal problema de estas administraciones".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Pedro Escobar, ve "múltiples razones" para presentar un recurso de inconstitucionalidad a esta ley de administración local.

Para Escobar, es necesario racionalizar la administración local, pero "no es el sentido en el que se está haciendo" por parte del Gobierno central, sino que ha apostado por "consolidar el tercer nivel de descentralización desde la administración autonómica hasta los ayuntamientos"

"La administración local hasta ahora ha funcionado relativamente, pero no pueden tomar decisiones que pueden condicionar la vida de los ayuntamientos", ha señalado Escobar, quien ha considerado que esta reforma "va a crear más problemas de los ya hay", por lo que esta ley "debe ser guardada  en un cajón".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, esta ley "vulnera gravemente los derechos de los ciudadanos", y además "no aborda" el "principal problema" que tienen los ayuntamientos que es la financiación local.

García ha destacado que es un "hecho extraordinario" que la Asamblea de Extremadura presente un recurso de inscontitucionalidad contra una ley del gobierno central, al igual que es un "hecho extraordinario" que en el Congreso, todos los grupos de la oposición estén "unidos" contra este ley, como ha ocurrido en el Parlamento regional.

Una reforma de la ley que "vulnera el Estatuto de Autonomía", ya que "vulnera las competencias de la CCAA respecto a los ayuntamientos", y además, según ha apuntado, "despoja a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de sus competencias" que "deposita" en las diputaciones provinciales, con lo cual "está llamando claramente a la privatización" 

De esta forma, señala Valentín García, con esta ley "se va a sacrificar a los ayuntamientos como las administraciones que son las culpables del déficit en este país", cuando son "los que menos déficit y deudas generan", y además "las grandes empresas se están frotando las manos porque ven una oportunidad de privatización".

Una de las consecuencias es que "se va a romper el equilibrio entre el mundo rural y urbano", y además "aleja la administración de los ciudadanos", ha vaticinado Valentín García, quien ha concluido aseverando que es una ley "mala para los ciudadanos", ya que va a servir para que "paguen más tasas y más impuestos y reciban menos servicios".

EL PP RECHAZA EL RECURSO

Finalmente, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Cantero, ha considerado "absolutamente necesaria" esta reforma de la administración local, que busca la "eficiencia" de los ayuntamientos bajo el principio de "no gastar más de lo que se tiene" y "pagar lo que se debe".

Cantero ha acusado al PSOE de "romper el consenso" sobre esta ley, que según ha defendido el portavoz del PP, "clarifica las competencias, evita duplicidades, simplifica la estructura y protege esa financiación legal".

En ese sentido, el portavoz del PP ha invitado a la oposición a que "no continúen engañando al ciudadano y a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes", ha señalado Cantero, quien ha apuntado que "no se va en contra de la administración local ni del principio democrático".

JUSTIFICACIÓN DEL RECURSO

En la iniciativa presentada por los tres grupos de la oposición, se justifica la presentación de este recurso de inconstitucionalidad porque  "lejos de acometer una reforma de la administración local bajo las premisas de la sostenibilidad financiera o la distribución clara de competencias", la realidad es que esta norma "se configura como un instrumento legal contra la autonomía local y contra la voluntad popular expresada en las urnas".

Señalan en su iniciativa que esta ley "no resuelve los principales problemas que aquejan a la administración local", ya que "ni clarifica las competencias, ni evita duplicidades, ni simplifica la estructura ni aborda el principal problema de los ayuntamientos, que es la financiación local".

Añade esta iniciativa que la ley "logrará despojar de las competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes", que suponen el 95 por ciento, y propicia "la privatización de los servicios públicos que aquellos prestan y suponiendo un riesgo serio de destrucción de empleo público en las zonas rurales de nuestro país".

Los grupos parlamentarios firmantes consideran esta ley "invade competencias" de la Comunidad Autónoma de Extremadura contenidas en el Estatuto de Autonomía en lo referente al Título IV de la Organización Territorial, que establece "competencias en los procedimientos de creación, fusión, segregación y supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales".

Fuente: Europa Press

Urbanismo y democracia

Todas las figuras de planeamiento urbanístico son, por imperativo legal, objeto de exposición pública para que los ciudadanos puedan examinar los planes y formular alegaciones. Suele abrirse un debate público, pero la decisión corresponde al órgano municipal o autonómico, y lo que la mayoría de los ciudadanos piensan no es vinculante. No debería ser así cuando una gran mayoría de ciudadanos no está de acuerdo. Lo mismo debería suceder con los proyectos de obras de cierta entidad que afectan a una parte considerable de los vecinos.

En este aspecto, la regulación en España es clarísimamente insuficiente. Es urgente y necesario profundizar en la democratización de las instituciones y en lo que se viene denominando con el término anglosajón empowerment: el empoderamiento ciudadano.

Hace unos años, en la época de las vacas gordas y el urbanismo salvaje, tuve la ocasión de participar en una conversación entre alcaldes, concejales, algunos catedráticos y expertos en Derecho local. La mayoría de los presentes coincidían en que era un signo de modernidad y madurez democrática el hecho de que los ciudadanos deseaban no tener que intervenir en los asuntos públicos locales, salvo a la hora de votar cada cuatro años y preferían vivir despreocupados de las cuestiones que afectaban a la colectividad, lo que suponía para ellos una mayor tranquilidad y bienestar. Por supuesto discrepé rotundamente. Que los ciudadanos se desentiendan de la cosa pública no puede ser de ninguna de las maneras, ni antes ni ahora, un signo de modernización y mucho menos de madurez democrática.

En primer lugar porque, de entenderlo así, tendríamos que lamentar, como lo estamos haciendo ahora, muchos errores del pasado, muchos casos de actuaciones nacidas del capricho y de las ocurrencias del gobernante de turno que, en nombre de sus representados, pero sin contar con ellos, ungido de la sacrosanta mayoría de votos electorales que le otorga poderes plenipotenciarios y que todo lo justifica, acomete iniciativas con las que la gran mayoría de los ciudadanos afectados no sólo no están de acuerdo, sino que se ven obligados a soportar y a sufrir, a veces para toda su vida. Y sobre todo veríamos, como estamos viendo, una cantidad de casos de corrupción que no tiene por menos que escandalizar a todos y que acrecientan diariamente la ya casi abismal barrera que separa a los ciudadanos de sus, en teoría, representantes políticos, así como el nivel de desprestigio y desinstitucionalización de las entidades locales. Casos concretos al respecto están en la mente de todos.

En segundo lugar porque si de verdad creemos en la democracia, lo que en ningún caso procede es privar a los ciudadanos del legítimo derecho de participar activamente en las decisiones que les afectan. En democracia los poderes públicos tienen la obligación de informar a todos y facilitarles el acceso a las decisiones y a las instituciones y no, por el contrario, instalarse cómodamente en el ejercicio del poder ignorando a aquellos en nombre de los cuales se toman las decisiones y gobiernan, rodeándose de un tranquilo y apacible silencio ciudadano.

Serán pocos todos los esfuerzos por democratizar a fondo las instituciones y erradicar todo aquello que de autoritario aún pervive y continúa vigente en nuestro ordenamiento jurídico y con toda seguridad las iniciativas en este sentido serán bienvenidas y verdadera y sinceramente agradecidas por la sociedad civil.

Por ese camino debemos seguir si queremos construir una verdadera y efectiva democracia que adquiera pleno significado, y dotar de auténtico prestigio a las instituciones locales, sin miedos ni reticencia alguna. Las resistencias a este proceso, que auguro inevitable, no son ni pueden ser otra cosa que reminiscencias del autoritarismo que, por cierto, rezuma en todo el ordenamiento jurídico, y seguirá rezumando mientras no haya cambios de mentalidad profundos y necesarios que conduzcan a su erradicación, pues de una u otra manera todas las normas actuales tienen sus antecedentes en, y son el fruto de la evolución de los códigos y ordenamientos de tiempos pasados, basados fundamental y principalmente en el autoritarismo y la dominación, sea ésta real, nobiliaria, ideológica, económica o de otro tipo.

Eulalio Ávila.

Fuente: El País

Las Cortes de Aragón no recurrirán ante el TC la reforma local

Al abstenerse el PAR y votar en contra el PP.

Las Cortes de Aragón han rechazado este jueves, en sesión plenaria extraordinaria, la propuesta de los Grupos de PSOE, CHA e IU de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. La oposición ha votado a favor y el PP en contra, empatando a 30 votos, mientras que el PAR se ha abstenido.

El presidente del Grupo Socialista, Javier Lambán, ha defendido la presentación del recurso argumentando que la Ley "lesiona" la garantía de la autonomía local, por considerar que promueve el "desapoderamiento competencial", convierte a los ayuntamientos en "meros apéndices" de las diputaciones provinciales y la Administración autonómica y deja a la oposición municipal "sin capacidad para controlar al Gobierno" local.

Lambán ha pronosticado que las consecuencias de la reforma local serán "devastadoras" para los servicios públicos y supondrá "el fin del modelo político y territorial" sobre el que se ha asentado la convivencia durante los últimos 30 años, añadiendo que el Estado dejará de ser "garante" de la autonomía local.

Ha negado que la reforma local sirva para ajustar el gasto público, indicando que el peso relativo de la deuda de los ayuntamientos es "insignificante", para después afirmar que el conjunto de los ayuntamientos han liquidado las cuentas de 2013 con superávit.

En opinión de Javier Lambán "los ayuntamientos gestionan más y mejor con menos dinero". Ha dicho que el principio de 'una competencia, una Administración' es "otro engaño" y además es "imposible", augurando que muchos ciudadanos dejarán de recibir algunos servicios si los municipios no los prestan.

Ha considerado "más razonable" que las competencias estén repartidas entre distintas Administraciones, puntualizando que se pueden asignar funciones concretas a una sola Administración, pero, dirigiéndose al PP, ha dicho que "lo razonable les interesa poco cuando tratan de enmascarar sus argumentos".

La reforma local conlleva "un recorte brutal" de servicios, democracia y libertad, ha continuado el presidente del Grupo Socialista, quien ha agregado que "se abre el camino a la desaparición de muchos pueblos pequeños".

El modelo socialista de arquitectura institucional, ha comentado, se asienta en "una comunidad fuerte y unos ayuntamientos fuertes" que sean garantes de la calidad de los servicios públicos y el equilibrio territorial. Ha anunciado en sede parlamentaria la presentación de una proposición de ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma.

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha negado que se pueda redistribuir y ahorrar porque "no hay tantas duplicidades" y ha hecho hincapié en que los ayuntamientos son las Administraciones menos deficitarias, tras lo que ha alertado de las "tentaciones" del "pensamiento conservador" de nombrar directamente a los alcaldes, en un contexto de "recentralización y falta de democracia".

Con la reforma local, ha proseguido Briz, el Estatuto de Autonomía queda "alicorto, podado vilmente", mientras que las leyes de Administración Local y de Comarcalización salen "muy malparadas". También ha aseverado que las diputaciones "y no las comarcas" prestarán los servicios que dejen de proporcionar los ayuntamientos.

La reforma "desapodera a los ayuntamientos" y empobrece su capacidad de actuación, ha dicho el parlamentario de CHA, quien también ha criticado que a los alcaldes presidencialistas les ponen "un camino de plata" para aprobar algo "fundamental" --los planes financieros-- "sin contar con el Pleno".

En representación de IU, Luis Ángel Romero ha afirmado que la reforma local es "el mayor ataque de la democracia a la autonomía local" porque el Estado se convierte en "el legislador único", dejando sin margen de actuación a la comunidad autónoma y los municipios.

Ha asegurado que algunos artículos del Estatuto de Autonomía quedan "erosionados" con esta Ley y que se invaden competencias recogidas en la legislación aragonesa.

A esto ha añadido que se lesiona la autonomía local y se vulnera el principio democrático en el ámbito local, ya que el Pleno municipal quedará en un segundo plano "y se le da demasiado poder a los alcaldes".

El único objetivo de esta ley, ha considerado Romero, es controlar el gasto reduciendo los servicios públicos, el personal y la calidad en la prestación de estos servicios. Se ha dirigido al PAR para recordarle que la oposición del Congreso de los Diputados ha firmado un acuerdo para promover recursos de inconstitucionalidad en los ayuntamientos en los que gobierna.   

Esta es la Ley "del fuerte contra el débil, del Estado contra los municipios", ha aseverado el diputado de IU, quien ha apelado al sentido común y ha pedido a los alcaldes aragoneses que voten a favor de la presentación de los recursos.

PROYECTO MEJORADO

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha dejado claro que este partido ha mostrado su rechazo a la Ley en diversas fases de su tramitación, resaltando que el proyecto de ley "mejoró bastante" al ser debatido y ha traído a colación la aprobación de una enmienda negociada con el PP para que se contemplen en la Ley las comarcas.

"Para nosotros es determinante" que en una ley básica se diga que  Aragón tiene un "sistema propio" en cuanto a la arquitectura institucional, poniendo de relieve la "legitimidad política" de las comarcas, pero también su insuficiencia financiera. Ahora "una ley básica del Estado las contempla como un elemento esencial".

El portavoz del Grupo Popular, Antonio Torres, ha rechazado de plano la presentación del recurso, apelando al informe favorable del Consejo de Estado. Ha dicho que el recurso se ha elaborado "al por mayor, igual para Aragón que para Andalucía o Galicia".

Torres ha negado que haya una extralimitación de la legislación básica estatal y que se lesione la autonomía local, ya que es el legislador el que puede ejercer en un sentido u otro su voluntad.

Ha defendido la Ley para cumplir el artículo 135 de la Constitución, que establece el techo de gasto público, y ha añadido que la ley refuerza a los ayuntamientos, clarifica las competencias, impulsa la competitividad, "acaba con los desequilibrios, garantiza la sostenibilidad de los servicios, refuerza la coordinación entre las Administraciones, pone orden en el desorden de las empresas públicas" locales.

Fuente: Europa Press