De la Serna cree que la Reforma Local no vulnera la autonomía municipal, que la FEMP defendió con "uñas y dientes"

Ha manifestado su "respeto" por el "derecho" de los más de 2.000 ayuntamientos que se han sumado al recurso de inconstitucionalidad.

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Iñigo de la Serna, ha considerado este miércoles que la Reforma Local ya en vigor, desde el pasado 1 de enero, no vulnera la autonomía de los municipios, que la FEMP defendió "con uñas y dientes" porque, ha reconocido, esa vulneración "sí existía" en los documentos anteriores de la reforma.

Cuestionado sobre los más de 2.000 municipios que se han sumado ya al recurso de inconstitucionalidad contra esta Reforma, el también alcalde de Santander ha manifestado su "respeto" por el "derecho" de esos ayuntamientos a plantear el recurso.

No obstante, ha explicado que "una cosa es que se cumpla con los requisitos para poderlo presentar en cuanto al número de municipios y de población, y otra es que prospere" ya que para ello necesitan algunos informes, entre ellos, ha apuntado, el del Consejo de Estado.

"Aquello que se dice en relación a unos aspectos como la vulneración de la autonomía local, la mayoría democrática de la FEMP determina que no existe en estos momentos, en los términos que está redactada la ley, esa vulneración, pero ante un recurso de inconstitucionalidad no nos corresponde a nosotros decirlo, le corresponderá en primera instancia al informe que deba emitir el Consejo de Estado y en su caso, si prosperará, al ámbito judicial", ha indicado.

El presidente de la FEMP ha señalado que la entidad mantiene el "absoluto respeto" por esas iniciativas que "clarísimamente están movidas desde algunos partidos políticos", entre ellos el PSOE, del que ha opinado que los criterios que establece para presentar el recurso y que están basados en la vulneración de la autonomía local "si existían en los documentos anteriores" de la reforma pero ya no.

"Los defendimos con uñas y dientes desde la Federación y luchamos contra el coste estándar de los servicios, quitamos la intervención de municipios de menos de 5.000 habitantes, luchamos por que se evitará la supresión de los municipios o se asumieran las competencias sin la voluntad de los municipios", ha afirmado De la Serna que, además, ha criticado que "en el último tramo" los 'populares' "lucharon solos".

Por otro lado, el presidente de la Federación ha valorado "muy positivamente" que el PSOE haya vuelto a mantener las reuniones de la Junta de Gobierno de la FEMP donde, ha dicho, "estamos todos comprometidos, independientemente del color político, en sacar adelante otras muchas cosas que son importantes para el municipalismo".

En este sentido, ha apuntado que ahora se les "viene encima" el modelo de financiación local, que es "tan importante" que ha llamado a un "esfuerzo colectivo" de los partidos para "intentar aunar esfuerzos y posiciones de cara a la defensa del municipalismo".

Fuente: Europa Press

INAP: Convocatoria acciones formativas descentralizadas, incluidas en el plan de formación en colaboración con las entidades locales para el año 2014

Resolución de 10 de marzo de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas, incluidas en el plan de formación en colaboración con las entidades locales para el año 2014. (13/3/2014)

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Un ayuntamiento canario, el primero en rebelarse contra la Ley de Reforma Local

Suspende las ayudas a los centros y a las asociaciones de padres.

El Consistorio socialista de Teror suspende las actividades extraescolares.

En ellas, participaban alrededor de 1.500 alumnos.

La nueva norma impide ejercer estas competencias a los municipiosEl alcalde del Ayuntamiento de Teror, el socialista Juan de Dios Ramos, se ha convertido en el primer edil de España en rebelarse contra la ley de reforma local promulgada por el PP. La corporación de este pueblo del centro de Gran Canaria, con 12.000 habitantes, ha suspendido todas las actividades extraescolares que desde hace varios años lleva a cabo en los centros educativos. De Ramos se ha visto arrastrado a "una medida tan drástica" obligado por la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Las actividades extraescolares agrupaban a unos 1.500 niños en diferentes ramas: culturales, deportivas, de prevención de drogodependencias y sensibilización contra la violencia de género. Todas han quedado paralizadas sin previo aviso.

El Ayuntamiento, uno de los más pintorescos de las Islas al albergar el santuario de la patrona de la Diócesis de Canarias, la Virgen del Pino, también suspenderá las ayudas a los centros educativos y a las asociaciones de padres de alumnos.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local prevé que los ayuntamientos, en materia de educación, sólo participen en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperación con las administraciones educativas en la obtención de solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, primaria o educación especial.

Un portavoz oficial del alcalde ha reiterado su discordancia con la nueva ley. "Tal y como ha expresado nuestro alcalde, afecta a la calidad de vida de los ciudadanos y en especial a los que menos recursos tienen".

'Niños y jóvenes, los perjudicados'

La corporación denuncia que "los niños y jóvenes son los perjudicados", por lo que desde el Ayuntamiento se han abierto "gestiones" con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que dirige el socialista José Miguel Pérez, y la Federación Canaria de Municipios, "para buscar soluciones a esta lamentable situación creada por el Gobierno de España".

El Pleno de la Corporación ya aprobó el pasado 27 de febrero, con los votos a favor del PSOE y CC-VU y en contra del PP, recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Racionalización y Sostenibilidad.

Los asesores del vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación anunciaron a EL MUNDO que intensificarán las gestiones para "encontrar soluciones allí donde el PP no llega".

El Gobierno canario fue uno de los pioneros en España en mantener abiertos los colegios durante el verano para garantizar al menos dos comidas a los niños con mayor precariedad económica.

Fuente: El Mundo

Más de 2.000 municipios se suman al recurso contra la reforma local

Los Ayuntamientos creen que la ley vulnera sus competencias constitucionales.

Zaragoza abre un frente por las competencias.

De la Serna (FEMP): “La reforma va a ser muy compleja y difícil de aplicar”.

La reducción en sueldos de concejales será de 146 millones, el 2% del ahorro.

El PP ha logrado algo difícil: aunar la voluntad de más de 2.000 Ayuntamientos (de los 8.117 que hay en España) contra una de las reformas estratégicas del Gobierno: la ley local que entró en vigor el 1 de enero. Ese es el número de plenos que a estas alturas ya se ha sumado al recurso de inconstitucionalidad contra la ley que, según el Ejecutivo, recortará 8.000 millones. El recurso ataca que la reforma no respete “la configuración constitucional de la autonomía local, recogida en los artículos 137 y 140 de la ley fundamental”. “Crea dos clases de municipios, los grandes y los de menos de 20.000 habitantes, abocados en convertirse en meros foros de discusión política sin capacidad de gestionar servicios [...] Desapodera a los pequeños y establece controles de oportunidad por parte de otras administraciones que sitúan a las entidades locales en posición de subordinación”.

La cifra de Ayuntamientos opositores seguirá creciendo en las próximas semanas hasta apurar el plazo (termina el 31 de marzo) de la impugnación. Sus promotores, PSOE, PSC, Izquierda Plural (IU, ICV, CHA), BNG, CiU, ERC y UPyD, aseguran que han superado con creces los requisitos legales, que exigían el acuerdo de 1.160 consistorios que representasen una sexta parte de la población española (7,8 millones). “Calculamos que al final rebasaremos los 3.000, con más de diez millones de ciudadanos”, asegura el diputado socialista Gaspar Zarrías, quien cree que la norma es un instrumento “pensado para dar entrada al sector privado en la gestión de los servicios públicos y poner todo el poder en manos de las diputaciones”.

Una de las últimas mociones la firmará el próximo día 14 el Ayuntamiento de Barcelona (CiU). Por ser el de mayor población se encargará de canalizar hacia el Constitucional las impugnaciones. El diputado de CiU y edil en Roses (Girona) Carles Pàramo lo resume así: “Los concejales del PP nos dicen con la boca pequeña que también cruzan los dedos para que tumbemos la ley”. En su municipio, la moción de apoyo al recurso ha salido adelante gracias a la abstención de los concejales conservadores. La iniciativa también ha fructificado con los votos del PP en una docena de localidades como Chipiona (Cádiz) o en municipios donde el PP gobierna sin mayoría, como Alcalá o Getafe (Madrid), evidenciando la irritación de los alcaldes. En Galicia, donde los alcaldes populares amenazaron con un motín, el Gobierno autónomo de Alberto Núñez Feijóo (PP) ha conseguido aplacar sus críticas preparando a toda prisa una ley de medidas urgentes que evite “resultados indeseables o disfuncionalidades” en los servicios.

En Cataluña el recurso ha conseguido 724 apoyos, y los partidos esperan “otros 200”, según el pronóstico de Manuel Fuentes, responsable de política municipal de IU. En Madrid las adhesiones aglutinan poblaciones con más de un millón de habitantes.

 Zaragoza abre un frente por las competencias

Primero fue la pelea por aclarar los topes en los sueldos de los alcaldes y ahora la reforma local ha abierto la espita de una guerra de competencias entre Administraciones.

El Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido por Juan Alberto Belloch (PSOE), ha enviado al Gobierno de Aragón (PP) un informe para aplicar de forma “pacífica y progresiva” la norma. El documento, que enumera servicios que dejarían de ser competencia del municipio, está desatando una agria polémica, que amenaza con extenderse a otros Ayuntamientos. Belloch reclama 113 millones por seguir haciéndose cargo de la casa de la mujer, los programas de juventud, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, el servicio de animación sociocomunitaria, los 31 centros de convivencia de personas mayores, el conservatorio de música, la escuela de danza, las oficinas de atención al consumidor e incluso por la gestión de los taxis. La Universidad Popular, la escuela de jardinería, el programa de erradicación del chabolismo o el centro de prevención de adicciones también entrarían, según el Ayuntamiento de Zaragoza, en la lista de las competencias atribuidas a la comunidad autónoma y que, con la ley en vigor, necesitan financiación específica del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi. 726 personas trabajan para prestar estos servicios.

El consistorio, que no ha recibido ninguna respuesta a su reclamación, acaba de sumarse al recurso de inconstitucionalidad planteado ya en más de 2.000 Ayuntamientos.

La batalla política entre Administraciones gobernadas por partidos distintos subyace a esta reclamación de competencias y se extiende a pueblos pequeños. Malagón (8.556 habitantes, Ciudad Real), junto a Bolaños de Calatrava, Almodóvar del Campo y Villarrubia de los Ojos, gobernados por el PP en la misma provincia, han exigido por carta a la Diputación, en manos del PSOE, que deje de pasarles la cuota del servicio de bomberos. Otro ejemplo está en Alicante, donde el municipio de El Campello, gobernado por el PP, ha congelado las ayudas al transporte para jóvenes que estudian fuera.

Fuente: El País