ISSN: 2695-4621
Secretarios municipales denuncian las represalias de los políticos
Funcionarios en el infierno
Secretarios e interventores denuncian casos de alcaldes que los persiguen por no plegarse a sus intereses
El alcalde de Palas de Rei castigó sin sueldo ilegalmente, con el aval de la Xunta, a una funcionaria que denunció corrupción
Aquel día de finales de 2008 en que llegó a trabajar al Ayuntamiento de Palas de Rei (Lugo) empezó para Celia González una vida de thriller, muy alejada de la apacible existencia que aguarda un funcionario cuando recibe como destino un municipio de poco más de 3.500 habitantes. Como secretaria e interventora municipal ha sobrevivido a seis contenciosos fallados a su favor; a año y medio de suspensión ilegal de empleo y sueldo promovida por el alcalde, Pablo Taboada (PP), con el aval de un alto cargo de la Xunta ya dimitido; a los bulos esparcidos por el pueblo sobre su vida privada; al vacío del resto de trabajadores del consistorio; a una avalancha de encargos imposible de atender —“lo que querían es que no cumpliera los plazos”— y a un par de bajas médicas por depresión. Su caso ha sido denunciado junto al de otros dos compañeros (el de Antas de Ulla y la de Barreiros hasta 2012) por el colegio profesional de secretarios de Lugo ante el Gobierno central, la Xunta y la fiscalía sin que se conozcan consecuencias. Son ejemplos de la desprotección en la que se mueven los funcionarios a los que el Estado encarga la vigilancia de las gestiones municipales más tentadoras para un político corrompible.
La casa consistorial de Palas, describe Celia González, es “un pueblo feudal: están los que mandan y los vasallos mal pagados que obedecen”. “Me opuse a prácticas que se hacían en el Ayuntamiento desde tiempo atrás, como falsificar facturas para justificar subvenciones, justificar subvenciones de obras no ejecutadas, modificar asientos del registro de entrada y salida de correspondencia, efectuar pagos sin consignación presupuestaria...”, enumera. Al alcalde de Palas y a su antecesor, Fernando Pensado (también del PP), así como a cuatro empleados municipales, los mantiene imputados una juez de Chantada por acoso, prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones, tras la querella que la secretaria-interventora presentó en mayo de 2011 recopilando las irregularidades detectadas.
González se reincorporó a su puesto el pasado enero gracias a que la justicia anuló en sentencia firme el expediente disciplinario con el que el regidor de Palas se la quitó de en medio, pero el thiller aún no ha llegado a su fin. “Estoy exactamente igual que hace dos años”, lamenta, sin acceso directo a los expedientes —“todo se lo tengo que pedir al alcalde por escrito y me lo da o no”— y con permiso para usar solo la fotocopiadora que tiene memoria —“así controlan lo que copio”—.
El alcalde, sin embargo, considera que la vida discurre en su Ayuntamiento de forma “normal” pese a los dos años de conflicto con la secretaria municipal. “Que yo sepa yo no obstaculizo el trabajo de nadie”, sostiene Taboada, quien se reafirma en que González era merecedora del expediente disciplinario que él le abrió y que luego anuló la justicia porque, esgrime, se negó a redactar un informe sobre una licencia que exigía la ley. “Yo le pido asesoramiento pero si se niega a asesorarme o me asesora mal...”, alega. El popular supone que “expedientes a secretarios se abrirán habitualmente” y desliga su caso de los manejos destapados por las escuchas telefónicas de la Operación Pokémon entre miembros del gobierno popular de Santiago para apartar a un secretario que se negaba a certificar la falsa legalidad de un contrato millonario. En Palas, arguye, las cantidades de dinero que mueven las adjudicaciones son modestas. Y sobre las demandas de mayor protección para los funcionarios que deben vigilar a los políticos, Taboada responde: “Yo pido la máxima protección para los secretarios, los alcaldes y los periodistas”.
“Los colegios pedimos que las potestades disciplinarias estén lo más alejadas posibles de la persona controlada”, subraya José Antonio Rueda Valenzuela, presidente del colegio de secretarios de A Coruña, quien considera que “a todos los alcaldes les interesa tener una bala en el revólver para usarla en un momento dado”. El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Lugo ha remitido a la fiscalía toda la documentación sobre el expediente disciplinario que se le abrió a la secretaria de Palas porque considera que tanto el alcalde como el ex director general de Administración Local de la Consellería de Presidencia Norberto Uzal cometieron un delito de prevaricación. El segundo, que en los noventa fue jefe territorial de Falange Española Independiente, emitió dos informes avalando que el regidor tenía potestades para castigar a la funcionaria cuando la justicia ha dejado claro que no.
A la ex secretaria municipal de Barreiros el alcalde Alfonso Fuente Parga (PP) le abrió tres expedientes disciplinarios con el aval también del excargo de la Xunta Norberto Uzal. Para ella la pesadilla comenzó en 2006, cuando el gobierno local empezó a aprobar de forma masiva licencias urbanísticas para construir miles de viviendas en parcelas sin accesos ni suministro de agua. Ella les advirtió primero que eran ilegales —los tribunales han ido anulando esos permisos posteriormente— y después redactó informes contrarios que el alcalde ignoró. “Empezaron a machacarme. Me presionaron, me hacían desprecios delante de funcionarios y vecinos...”, recuerda aún con la voz temblorosa María Antonia Martínez Barcia. En 2009 tuvo que coger una baja por depresión y en 2012 optó por escapar a otro destino: “Me costó. No entendía por qué tenía que irme yo si lo único que hacía era cumplir con mi deber. Pero tuve que hacerlo, por mi salud y mi familia”.
En 2011 este periódico publicó que el entonces alcalde de Gondomar por el PP, Martín Urgal, había apartado a la secretaria municipal que emitía informes negativos sobre sus licencias para contratar a un abogado externo dispuesto a darles el visto bueno. Nadie desde otras Administraciones o desde su partido tomó medidas. El pasado noviembre Urgal fue condenado por prevaricación por esta maniobra. La sentencia concluye que se saltó la normativa “de forma bastante grosera”.
Fuente: El País
FEMP y Consejo de Europa trabajan en una herramienta para mejorar la gestión de las finanzas locales
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Consejo de Europa trabajan en un programa piloto que permita en un futuro próximo implementar la herramienta denominada Local Finance Benchmarking (LFB) que tiene como objetivo mejorar la gestión de las finanzas locales.
Según ha informado la FEMP en un comunicado, las conclusiones de este proyecto piloto que se puso en marcha hace un año en las ciudades de Galdakao, Santander y Valladolid se han presentado en Atenas durante el Consejo de Municipios y regiones de Europa (CRME) --institución co-presidida por Iñigo de la Serna, Presidente de la FEMP--.
La herramienta se ha demostrado eficaz para establecer debilidades y fortalezas en el proceso de elaboración, gestión y rendición de cuentas, lo que permite una vez realizada la evaluación poder establecer actuaciones que permitan corregir las debilidades detectadas y consolidar las fortalezas.
El Presidente de la FEMP explicó a los miembros del CRME el esfuerzo que las Entidades Locales españoles están realizando para equilibrar sus cuentas, no gastando más de lo que ingresan, pero sin descuidar la calidad de los servicios públicos que prestan.
De hecho, del análisis efectuado a Galdakao, Santander y Valladolid --cuyo Alcalde Javier León de la Riva también estuvo presente en la reunión celebrada en Atenas-- ha permitido evidenciar y confirmar que los Ayuntamientos españoles, con más de 6.000 en superávit, están "haciendo bien los deberes y ha permitido explorar las oportunidades para mejorar la estabilidad presupuestaria y establecer elementos para una mayor estabilidad financiera.
El proyecto LFB evalúa las buenas prácticas en materia de financiación local, prestando especial atención al diseño de las políticas tributarias municipales, al tiempo que recoge el valor de la transparencia y la participación ciudadana en la mejora de la eficiencia financiera.
También favorece el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y analiza otros parámetros como la política fiscal general, la información y la publicidad, los padrones de la administración tributaria, la auditoría de sistemas, tasas, ingresos y precios, objetivos de política fiscal y ajustes, entre otros aspectos.
REUNIONES BILATERALES
El Presidente de la FEMP y alcalde de Santander, aprovechando su estancia en Grecia, ha mantenido una reunión bilateral con el alcalde de Atenas, Yiorgos Kaminis, quién se interesó por el proceso de reforma local en España, así como por otras cuestiones cómo el proyecto de Agenda Urbana Europea y las próximas elecciones europeas que coinciden con las municipales en la capital griega.
También está previsto que De la Serna se reúna con el Presidente del Comité de las Regiones, el español Ramón Luis Valcárcel, Presidente a su vez de la Región de Murcia. Ambos participan en la 6ª Cumbre del Comité de las Regiones, que se celebra hoy y mañana, y en la que se hará un balance de los esfuerzos realizados para la recuperación económica y la creación de empleo desde los ámbitos europeo, nacional, regional y local.
Fuente: Europa Press
El Principado de Asturias advierte de que la Ley de Administración Local no aclara quién tiene que asumir las competencias
Se compromete a garantizar la homogeneidad en los servicios.
Podría plantear un recurso de inconstitucionalidad si el Ejecutivo central hace recaer la devolución en la comunidad sin ser "responsable" de ese tributo.
La consejera de Hacienda y Sector Público del Principado, Dolores Carcedo, ha advertido este jueves en el pleno de la Junta General que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no clarifica quién tiene que asumir las competencias.
No obstante, ha comprometido ante la Cámara autonómica que el Principado liderará el proceso para garantizar la homogeneidad de la prestación de servicios públicos en todos los municipios de Asturias. Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación de la diputada de IU Marta Pulgar, que ha instado al Gobierno asturiano a trabajar en un diseño global que garantice "que se violente lo menos posible la autonomía local" y se asegure la prestación de los servicios sociales que se desarrollan en el ámbito municipal, mientras se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad de la ley.
“No cabe duda de que tenemos que liderar el proceso para garantizar homogeneidad en la prestación de los servicios públicos", ha dicho la consejera, incidiendo en que se está analizando el coste y circunstancias de los diferentes ayuntamientos en un proceso "muy complejo". "Cabe todo menos la improvisación", ha aseverado.
Además, la titular de Hacienda y Sector Público respondió a la diputada del PP Emma Ramos, que le pidió su interpretación sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, conocido como el 'céntimo sanitario', al tiempo que remarcó que en Asturias se implantó en la época del Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces con una finalidad "meramente recaudatoria".
En la réplica, Dolores Carcedo incidió en que se trata de un impuesto "que creó y gestionó el Gobierno central" y lo cedió a las comunidades marcando un fin concreto. "Qué asuma las consecuencias", apuntó, afirmando que el Principado podría plantear un recurso de inconstitucionalidad si el Ejecutivo central hiciera recaer la devolución en la comunidad sin ser ésta "responsable" de ese tributo.
Fuente: Europa Press
La FEMP cree que Europa debe contar más con los Gobiernos Locales en su estrategia para crecer
Así se la ha trasladado el Presidente de la FEMP a Ramón Luis Valcárcel, presidente del Comité de las Regiones en la reunión que han mantenido en Atenas. También le entregó el Manifiesto Electoral del Consejo de Municipios y Regiones de Europa en el que se destaca que el empleo juvenil deberá ser una prioridad para el futuro Parlamento Europeo.
El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, se ha reunido en Atenas con el Presidente del Comité de las Regiones, Ramón Luis Valcárcel, a quien ha trasladado la necesidad de que Europa tengan más en cuenta a los Gobiernos Locales en su estrategia de crecimiento.
Ambos han coincidido en que el éxito futuro de la Estrategia 2020 de la UE dependerá de que se tengan en cuenta a los niveles territoriales de forma que Entes Locales y Regionales se sientan implicados en la consecución de la promesa europea de crear una economía inteligente, sostenible e integradora.
Asimismo, De la Serna, en su calidad de Co-Presidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), ha hecho entrega a Valcárcel del Manifiesto Electoral aprobado por la institución en el que se hace especial hincapié en que el empleo juvenil sea una prioridad para el Parlamento Europeo que resulte de los próximos comicios.
Este Manifiesto Electoral pretende recuperar el entusiasmo de los ciudadanos por el proyecto europeo, en un momento en el que la indiferencia y el escepticismo con respecto a los procedimientos de la UE son muy intensos debido a la crisis política e institucional que padece Europa.
El Alcalde de Santander, que se encuentra en Atenas participando en la 6ª Cumbre Europea de Regiones y Ciudades que se clausura hoy, ha expresado a Valcárcel su apoyo a la denominada “Declaración de Atenas”, una declaración política del Comité de las Regiones en la que, en línea con lo defendido por la FEMP, se sostiene que el éxito futuro de la estrategia de crecimiento de la UE dependerá del mayor grado de participación de los entes locales y regionales en su desarrollo.
Tal y como se defendió en la sesión inaugural de la Cumbre, De la Serna sostiene que las últimas previsiones económicas demuestran que vuelve a haber indicios de crecimiento en Europa, por lo que se precisa reconsiderar la estrategia de manera que las ciudades y regiones puedan asumirla como propia. Y es que los entes locales y regionales, al ser responsables de un tercio del gasto público y de dos tercios de las inversiones públicas, están en una posición inmejorable para hacer realidad las prioridades de la UE.
Fuente: FEMP
El vicepresidente de la Junta de Andalucía ve la reforma de la Administración Local "inaplicable" y critica que no cuente con "una memoria económica"
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, considera que la reforma de la Administración Local se torna "inaplicable" para los municipios al plantearse "sin memoria histórica alguna".
En declaraciones a los periodistas tras inaugurar las jornadas denominadas 'La nueva realidad de las entidades locales tras la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local', Valderas ha remarcado "el impacto" que puede tener la normativa para los empleos municipales, así como para los servicios públicos que ofrecen los entes locales.
En esta misma línea, el vicepresidente ha recordado que ha encargado un estudio a los servicios jurídicos del Gobierno andaluz sobre la posibilidad de presentar un recurso al Tribunal Supremo (TS) para paralizar la aplicación de la reforma local mientras que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncia en relación al recurso presentado por el Ejecutivo andaluz contra esta normativa estatal.
Así, ha recordado que ya ha solicitado un encuentro con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al objeto de solicitarle una moratoria para esta norma, al tiempo que ha explicado que sólo a través del TS se puede paralizar la normativa, más allá de que el Gobierno central quiera hacerlo de 'motu propio', tal y como se lo ha reclamado el Gobierno andaluz.
Del mismo modo, el vicepresidente ha insistido en que el cumplimiento de la reforma local se contempla "inaplicable" para los municipios al plantearse "sin memoria económica", a la par que ha criticado que el Gobierno haya elaborado la normativa "sin diálogo, ni delicadeza" con las comunidades autónomas.
Asimismo, se ha planteado, si finalmente el Tribunal Constitucional da la razón al Gobierno andaluz, "quién repone el daño al empleo, a la autonomía local lesionada".
Convencido de la importancia de "ir de la mano" con el conjunto de los ayuntamientos, ha sostenido que "defenderá" los derechos recogidos del Estatuto, así como las leyes de autonomía local y de participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad.
Tras apuntar que "la ley se ha hecho desde un pensamiento contable y no autonomista", Valderas ha destacado "la invasión" que supone la normativa al Estatuto, alertando de que está orientada para "el desmantelamiento de la administración local tal y como se ha desarrollado desde 1979".
Fuente: Europa Press
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