La apertura de juicio a siete ediles deja al Ayuntamiento de Santiago al borde de la intervención

El pasado jueves, al final de la reunión semanal del Consello da Xunta, a Alberto Núñez Feijóo se le preguntó si había pensado intervenir directamente en el Ayuntamiento de Santiago después de que la jueza Ana López Suevos hubiera confirmado la imputación de siete ediles –la mitad más uno– del equipo de gobierno por prevaricación. El presidente señaló que "por el momento" no tenía prevista actuación ninguna, esto es, ni iba a forzar la dimisión de las personas imputadas ni iba a solicitar que el Gobierno central disolviera la corporación y nombrara una gestora hasta las próximas elecciones. Menos de una semana después, la situación se le complica aun más a los conservadores en la capital de Galicia.

Después de que, a finales de la pasada semana, la Fiscalía ratificara la imputación de los tres concejales y cuatro concejalas y pidiera para ellos nueve años de inhabilitaciónl, la magistrada determinó este lunes, el primer día hábil después de la decisión del ministerio público, la apertura de juicio oral. En este contexto, a Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis Bello solo les queda la esperanza de que la Audiencia Provincial acepte su recurso para no tener que responder en el banquillo de los acusados por su decisión de pagar con fondos públicos el abogado de Adrián Varela, el concejal de Deportes, imputado en la operación Pokémon.

Dado que el recurso ante la Audiencia no paraliza el proceso, los ediles tienen ahora diez días para formular un escrito de "conformidad o desconformidad con la acusación" que se les imputa en este caso, que le corresponderá a uno de los dos juzgados del penal de Compostela. Este complejo escenario judicial complica aun más el plano político de la cuestión, ya que el código ético del PP establece que ante la apertura de juicio oral los dirigentes deben poner sus cargos públicos a la disposición del partido.

Si esos ceses se llegaran a producir, la situación sería poco menos que insostenible en el consistorio. La marcha de siete ediles implicaría que el alcalde Ángel Currás tendría que formar un gobierno prácticamente desde cero. Junto al regidor, imputado en la Pokémon, se sentarían dos ediles más encausados en el mismo proceso, los tres concejales que en la actualidad no tienen sobre sí ninguna imputación y las siete personas que figuraron entre los puestos 17 y 24 de la candidatura del PP en 2011. En caso de que uno solo de ellos renunciara –el número 16 ya lo hizo cuando fue llamado para sustituir al dimitido Albino Vázquez– tendría que entrar el número 25, Agustín Hernández, actual conselleiro de Infraestructuras que cerró simbolicamente la lista y quien figura en múltiples quinielas como próximo cartel electoral del PP en la ciudad. Por detrás de él solo hay cuatro suplentes. La otra opción implica hacer uso de la ley de grandes ciudades e introducir ediles no electos.

Llamada de atención del TSXG

El auto de apertura de juicio oral llegaba pocas horas después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hiciera público su malestar por las declaraciones de varios dirigentes del PP respecto a este proceso. Después de que la portavoz del Ayuntamiento compostelano, María Pardo, considerara las imputaciones como "un ataque" al Gobierno local y mientras el propio Alberto Núñez Feijóo dudó en público de la pertinencia de la decisión de la jueza, el alto tribunal mostró su "rechazo" a "comentarios que insinúen" que la magistrada "puede tener algún otro interés que el propio de su función constitucional".

Ante las dudas sembradas sobre López Suevos, que ya había sufrido acusaciones más o menos abiertamente en anteriores ocasiones por su talante progresista, el TSXG "reclama respeto para los jueces que actúan en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la obligada independencia judicial y sin otros intereses que administrar una recta e imparcial Justicia". Del mismo modo, el tribunal "recuerda" que "en la fase de instrucción se valoran indicios" y que ahora "dependerá del juzgado de lo Penal competente el dictar sentencia en uno o en otro sentido".

Fuente: eldiario.es

El PSOE exige al Gobierno que evite el colapso económico de los ayuntamientos con los intereses del pago a proveedores

Zarrias anuncia que va a superarse el número de ayuntamientos necesarios para recurrir al Constitucional la Reforma Local.

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha anunciado este miércoles que su partido llevará al Congreso de los Diputados una iniciativa para que el Gobierno del PP ponga los mecanismos necesarios "para evitar el colapso" económico que van a sufrir algunos ayuntamientos debido a los intereses que tienen que abonar por los préstamos que en su día recibieron para el pago a proveedores, cuyo periodo de carencia concluye el próximo mayo.

En rueda de prensa, Zarrías ha señalado que es necesario presentar esta iniciativa, a través de una proposición no de Ley (PNL), para evitar el "estrangulamiento (económico) innecesario a un montón de ayuntamientos", que deberán abonar unos intereses en torno a un cinco o un seis por ciento a cuenta del plan de pago a proveedores, "cuando el Banco Central Europeo está prestándolo a un uno por ciento" a los bancos.

Zarrías, quien se ha reunido en la sede del PSOE de Córdoba con alcaldes socialistas de toda España, la secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, Rafaela Crespín; el presidente del Consejo Municipal del PSOE-A, Fernando Rodríguez Villalobos; el secretario general del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán, y miembros del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, ha explicado que la iniciativa tiene tres objetivos, que pasan por pedir la ampliación del período de carencia, la ampliación del plazo de amortización y "una bajada significativa del tipo de interés".

Gaspar Zarrías también se ha referido al recurso que van a presentar los ayuntamientos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Reforma de la Administración Local y para el que, según ha pronosticado, se va a superar la cifra de 1.160 consistorios y 7,5 millones de habitantes que son preceptivos.

De hecho, según ha subrayado Zarrías, "vamos a conseguir superar ese tope" y llegaremos a los 2.500 ó 3.000 ayuntamientos sin problema". Es más, según ha detallado, por su parte, la secretaria de Política Municipal del PSOE-A, Rafaela Crespín, más de 400 ayuntamientos andaluces ya han aprobado presentar el recurso.

En este sentido, Crespín, ha abogado por la importancia de los ayuntamientos, que suponen, según ha dicho, "la puerta de entrada de todos los problemas de la ciudadanía" y, por ello, es necesario que "todos conozcan las repercusiones que va suponer la Reforma Local en su vida cotidiana".

Para Crespín, "nos encontramos en el peor de los momentos" para suprimir la prestación de servicios sociales a través de los ayuntamientos, aunque no serán solo éstos, según ha señalado, por su lado, el secretario general del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán, los únicos que dejarán de prestarse desde los consistorios, sino que tampoco estarán los de guardería municipal, actividades deportivas o atención a los mayores.

Fuente: Europa Press

El PSOE quiere que el superávit municipal pueda ir a vivienda, pensiones, fomento del empleo o cultura

Además de las partidas que ya propuso el PP.

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para regular las partidas presupuestarias a las que los ayuntamientos con superávit que no hayan sobrepasado los límites de deuda que tengan autorizados puedan destinar esas cantidades, entre las que incluyen vivienda, pensiones, fomento del empleo, cultura o deportes, además de las áreas que los 'populares' ya habían planteado.

La portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Socialista, Meritxell Batet, defiende en su texto que es necesario autorizar a las corporaciones municipales a emplear su superávit presupuestario a "reactivar la economía, crear empleo, promover el bienestar social o la atención a los más necesitados".

"Es una medida que premia a las administraciones eficientemente gestionadas y que coloca a cada ayuntamiento beneficiario como ejemplo de política a seguir. Así, se quiere apostar de forma decidida por el protagonismo de las entidades locales en la detección de las fórmulas más idóneas para la dinamización de la economía y para la solución de los problemas acuciantes de sus vecinos", añade la diputada catalana.

DAR MARGEN DE MANIOBRA

Para ello, la socialista plantea añadir una disposición a la Ley de Haciendas Locales con un listado "lo suficientemente comprensivo" de áreas donde invertir ese excedente presupuestario como para que los ayuntamientos tengan "margen de maniobra" y "diferentes opciones" de inversión.

En concreto, se propone que los fondos puedan ir a vivienda, pensiones, servicios sociales, dependencia, fomento del empleo, salud, educación, cultura, fiestas populares y festejos, industria, deportes, desarrollo empresarial o carreteras, además de otras áreas como aguas, residuos, alumbrado público, medioambiente, estructuras agropecuarias, energía, comercio, promoción turística, transportes, recursos hidráulicos, investigación científica o sociedad de la información, que ya había planteado el PP.

Y es que la Ley de Deuda Comercial modificó la normativa de Estabilidad Presupuestaria para permitir a las haciendas locales con superávit a destinar ese dinero a inversiones, y emplazaba al Ejecutivo a regular en otro texto legal la definición de 'inversión financieramente sostenible' para hacer efectiva esta posibilidad.

El partido que da sustento al Gobierno presentó entonces una enmienda a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios proponiendo que se considerara que una inversión es financieramente sostenible cuando "contribuye al crecimiento económico a largo plazo", considerando "exclusivamente" las inversiones que se recojan en los programas presupuestarios mencionados.

RETIRADA DE LA ENMIENDA

Sin embargo, los socialistas exigieron la retirada de dicha enmienda por no guardar ninguna relación con el proyecto de ley de Consumidores y Usuarios, queja que los 'populares' atendieron. Por eso, el PSOE presenta ahora esta proposición de ley, que amplía el listado de apartados donde estaría permitida la inversión del superávit.

No obstante, el PSOE plantea que el único requisito para que una inversión sea considerada financieramente sostenible sea que "contribuya al crecimiento económico a largo plazo" y que "no comprometa, durante su vida útil, la sostenibilidad financiera de la corporación local" bien porque genere recursos suficientes para financiar su funcionamiento o porque propicie un ahorro superior a su coste.

Sin embargo, la propuesta del PP preveía excluir las inversiones con una vida útil inferior a los cinco años, así como las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehículos "salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte". De forma excepcional podrían incluirse indemnizaciones o compensaciones por la rescisión de contratos "siempre que tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión".

En el caso de las diputaciones provinciales, los consejos y los cabildos insulares, los 'populares' estaban dispuestos a incluir las transferencias de capital destinadas a financiar inversiones que cumplan con los requisitos anteriores.

MEMORIA DE IMPACTO

Los dos partidos mayoritarios sí coinciden en que, para controlar que estas inversiones no ponen en riesgo la estabilidad financiera de la corporación municipal, el expediente deberá contar con una memoria económica específica que recoja una "proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil".

No obstante, el PSOE plantea que el Pleno municipal tenga conocimiento anual del grado de cumplimiento de todos estos criterios a la vez que se detalla la liquidación presupuestaria, y que la inversión de los superávits de 2012 y 2013 no computen en el déficit de este ejercicio, precepto que los 'populares' no mencionaban en su enmienda.

SUPERAR EL MARCO COMPETENCIAL DE LA REFORMA LOCAL

Maritxell Batet cree asimismo que con esta proposición de ley se podría "superar el marco competencial definido tras la reforma de la Ley de Régimen Local, que constriñe en exceso las posibilidades de gasto de los municipios" y que "supondrá el brutal desapoderamiento de los ayuntamientos, a los que se va a impedir llevar a cabo su tarea, al desmantelar buena parte de los servicios que hoy se prestan a los ciudadanos".

"Ante la dura situación de crisis económica, los ayuntamientos de  toda España, al margen del partido que los gobierne, están exigiendo con urgencia una solución para poder hacer uso del superávit en inversiones productivas y sociales que contribuyan al crecimiento económico a largo plazo y mejoren las condiciones de vida de sus habitantes", insiste la diputada.

Finalmente, ha criticado que "tras dos meses desde la publicación en el BOE" de la Ley de Deuda Comercial, el Gobierno "no ha cumplido" con la previsión de regular las inversiones financieramente sostenibles ni ha aprobado ninguna ley que clarifique la posibilidad de invertir el superávit. Asimismo, ha reprochado que el Ministerio de Hacienda "tampoco ha cumplido el compromiso de modificar temporalmente la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los ayuntamientos que tienen superávit puedan dedicarlo a inversiones".

Fuente: Europa Press

Valderas encarga un estudio a los servicios jurídicos de Junta de Andalucía sobre un recurso al TS para paralizar la reforma local

Mientras el Tribunal Constitucional se pronuncia.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha encargado un estudio a los servicios jurídicos del Gobierno andaluz sobre la posibilidad de presentar un recurso al Tribunal Supremo (TS) para paralizar la aplicación de la reforma local mientras que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncia en relación al recurso presentado por el Ejecutivo andaluz contra esta normativa estatal.

Así lo ha anunciado Valderas, en declaraciones a los periodistas, momentos antes de comparecer en comisión parlamentaria, donde ha explicado que sólo a través del TS se puede paralizar la normativa, más allá de que el Gobierno central quiera hacerlo de 'motu propio', tal y como se lo ha reclamado el Gobierno andaluz.

Tras indicar que el cumplimiento de la reforma local se torna "inaplicable y peligroso" para los municipios al plantearse "sin recursos", el vicepresidente de la Junta ha anunciado que su departamento inicia un ciclo de encuentro a nivel provincial con alcaldes, concejales, mancomunidades y consorcios para fijar con mucha claridad cuál es la posición del Gobierno andaluz.

En este sentido, ha destacado que su departamento adquiere un compromiso colectivo con el conjunto de los ayuntamientos para defender "codo con codo" los derechos recogidos del Estatuto, así como las leyes de autonomía local y de participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad.

Valderas, que también ha señalado que va mantener un encuentro con las mancomunidades para saber cuál es su situación actual, ha advertido de que existe peligro de desaparición de algunas de estas instituciones con la aplicación de la reforma local.

Fuente: Europa Press