Zarrías ve "dañado" el "prestigio" de la FEMP al convertirse en "quita vergüenzas del Gobierno"

El secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha visto hoy "dañado" el "prestigio" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al convertirse en "quita vergüenzas del Gobierno".

Zarrías se ha desplazado hoy a La Rioja para mantener varias reuniones de trabajo, en Logroño y Arnedo, con los responsables de la política municipal en el PSOE de la Comunidad.

En rueda de prensa junto al secretario general de los socialistas riojanos, Cesa Luena, ha criticado la actitud de la Federación Española de Municipios cuya "tónica general" en la defensa de los municipios se ha visto "anulada".

Así, desde que la Reforma Local entró en el Parlamento español para Zarrías la Federación se ha convertido en "quita vergüenzas" del Gobierno español.

Para Zarrías, el "objetivo final" de la Reforma es "privatizar los servicios municipales". Ha advertido de que los riojanos, comunidad en la que todas las localidades menos dos tienen menos de 20.000 habitantes, no son conscientes del alcance de la misma.

Para Zarrías, la Reforma dejará a los alcaldes de municipios con menos de 20.000 habitantes con la única función de "presidir la procesión de la Virgen". El resto, pasará a la Comunidad que, "al no poder hacerse cargo, se lo entregará a una empresa privada".

Como resultado, los ciudadanos tendrán "peores servicios y más caros". Por eso, el PSOE prepara un recurso que hará llegar al Tribunal Constitucional a través del Consejo de Estado al que ya se han adherido treinta municipios de La Rioja (28 del PSOE, uno, Arnedo, del PP, y uno del PR+).

El recurso se basa en que supone un "desapoderamiento de las competencias municipales, una violación de la política municipal y de la democracia", además de que, ha advertido: "los ayuntamientos no son instituciones de segunda".

Además, ha informado de que, también en La Rioja, el Grupo Municipal Socialista presentará una iniciativa en el Parlamento porque la reforma "también invade las competencias de la Comunidad".

Fuente: Europa Press

Govern, diputaciones y municipios, juntos contra la reforma local

Ortega reúne al mundo local catalán para escenificar la posición contraria a la ley del Gobierno y el recurso al Constitucional.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha avanzado este lunes que la Generalitat recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) la reforma local con el apoyo de las cuatro diputaciones catalanas y de las principales entidades municipalistas.

En un acto en el Palau de la Generalitat, Ortega, los presidentes de las diputaciones, de la Associació Catalana de Municipis y de la Federació de Municipis de Catalunya, han escenificado su rechazo a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) con la firma de un manifiesto en el que se comprometen a apoyar los recursos que se presenten ante el TC. Además del Govern, ya hay unos 700 municipios que preparan recursos a nivel local contra la reforma, según la ACM.

Ortega ha lamentado que el Gobierno no cumpliera con la promesa que hizo a la Generalitat de respetar las competencias exclusivas de Catalunya en materia local, como sí lo ha hecho, según ha dicho, con Navarra y País Vasco, lo que le lleva a pensar que detrás se esconde un "problema político".

Sin embargo, la reforma local "no puede ser una revancha legislativa", ha afirmado Ortega, quien ha avanzado que mañana el Consell Executiu acordará la presentación del recurso ante el TC. Para la vicepresidenta, el acto de hoy pone de relieve el "contundente y enérgico rechazo" de las instituciones catalanas a una ley que afecta "claramente la organización territorial" de Catalunya, "lamina" competencias de la Generalitat y "vulnera" artículos del Estatut, de la Constitución y de la Carta Europea de la Autonomía Local.

Fuente: La Vanguardia

Modificación del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros (disp. final Sexta Ley 1/2014, de 28 de febrero)

La disp. final Sexta de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (publicada en el BOE de 1 de marzo de 2014) contiene dos modificaciones del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros:

     1. Modifica el ámbito de aplicación subjetivo (art. 14.3  del Real Decreto-ley 8/2013), que queda redactado en los siguientes términos:

Se introduce un nuevo párrafo segundo al apartado 3 del art. 14 (subrayado)

«3. Las Entidades Locales a las que se hubieran aplicado las fases anteriores de este mecanismo deberán, con fecha límite 15 de septiembre de 2013, estar al corriente de sus obligaciones de pago con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores para poder formalizar una nueva operación de endeudamiento con el mencionado Fondo de conformidad con lo previsto en este real decreto-ley.

Las Entidades Locales que no cumplieran con el requisito previsto en el párrafo anterior en la fecha mencionada, podrán acogerse a esta fase del mecanismo de pago a proveedores únicamente si con fecha límite el 30 de septiembre de 2013 han presentado la solicitud a la que se refiere el artículo 32».

       2. Modifica las transferencias  a las Comunidades Autónomas (art. 9 del Real Decreto-ley 8/2013), que queda redactado en los siguientes términos:

Se modifica la redacción del art. 9 que coincide con la efectuada por medio del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, de Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social

«Artículo 9. Transferencias de las Comunidades Autónomas.

1. Se podrán incluir en esta nueva fase las obligaciones pendientes de pago con los proveedores siempre que sean vencidas, líquidas y exigibles, con anterioridad al 31 de mayo de 2013 y, estén contabilizadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 11

2. Además de las relaciones jurídicas previstas en el artículo 3, se incluirán las transferencias de las Comunidades Autónomas a Entidades Locales hasta el límite de las obligaciones pendientes de pago por parte de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre de 2012, a las citadas Entidades, y siempre que la Entidad Local tenga obligaciones pendientes de pago que haya debido incluir en esta nueva fase del mecanismo.

3. No obstante, una vez determinada la cuantía final de la deuda de esta fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, se podrán incluir en esta nueva fase las obligaciones pendientes de pago de los consejos comarcales con sus proveedores siempre que sean vencidas, líquidas y exigibles, con anterioridad al 31 de mayo de 2013, estén contabilizadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, y deriven de alguna de las relaciones jurídicas previstas en el artículo 3 hasta el límite de las obligaciones pendientes de pago por parte de la Comunidad Autónoma al consejo comarcal a 31 de diciembre de 2012.

Para superar el límite previsto en el párrafo anterior, será necesario que la Comunidad Autónoma recabe el consentimiento del consejo comarcal y acuerde con él un plan de ajuste con medidas específicas y cuantificadas con un calendario de aplicación que garanticen el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas por la Comunidad Autónoma. Este plan de ajuste formará parte a su vez del plan de ajuste que la Comunidad Autónoma remita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se establecerán los plazos y el procedimiento para que las obligaciones pendientes de pago de los consejos comarcales puedan ser atendidas con cargo a este mecanismo de acuerdo con lo previsto en este real decreto-ley».

El Consell de Garanties Estatutaries de Cataluña considera que la reforma local es inconstitucional

Detecta 24 preceptos que invaden competencias de la Generalitat y vulneran el Estatut.

El Consell de Garanties Estatuàries ha juzgado contraria a la Constitución y al Estatut la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local que impulsa el Gobierno.

Según el órgano consultivo de la Generalitat, vulnera las competencias de la Generalitat y la autonomía local.

El dictamen, aprobado por unanimidad, asegura que 24 preceptos relacionados con el articulo primero de la norma --que modifica aspectos de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local-- vulneran competencias de la Generalitat y "no encuentran amparo" en la Constitución.

El Govern y los grupos parlamentarios de ERC y PSC pidieron al Consell de Garanties que analizase la reforma local que impulsa el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, paso previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo catalán y del Parlament.

Los magistrados sostienen que la reforma limita "significativamente" la lista de materias que son competencia exclusiva de los municipios, y no deja margen a la Generalitat para que pueda ampliar estas competencias en función de las peculiaridades de cada ayuntamiento.

Así, la mayoría de preceptos que vulneran las competencias de la Generalitat en autonomía local previstas en el Estatut lo hacen porque el Estado sobrepasa su capacidad para fijar un mínimo común denominador sobre las competencias municipales e impide que el Ejecutivo catalán pueda ampliarlas.

RETRIBUCIONES A EDILES

El órgano consultivo de la Generalitat ve inconstitucional también que la ley determine los sueldos que alcaldes basándose en el tamaño de los municipios, ya que considera que la propuesta del Gobierno central no deja "margen suficiente para que las autonomías puedan adaptarlo a las particularidades de determinados municipios".

El Consell considera que la escala de retribuciones prevista impide a la Generalitat tener en cuenta aspectos como los servicios a prestar por los ayuntamientos o la complejidad organizativa de los municipios de gran población "para desarrollar sus propias políticas de contención del gasto".

El dictamen cuestiona también que se reduzca la capacidad de la Generalitat para incidir en la creación y fusión de municipios, y pone en entredicho que se otorguen a las diputaciones provinciales capacidad para impulsar servicios municipales siempre que considere que puede abaratar el coste efectivo de los mismos.

REACCIÓN DEL MUNICIPALISMO

Tras este dictamen, el Govern, las cuatro diputaciones catalanas y la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) celebrarán en el Palau de la Generalitat un acto unitario de rechazo a la reforma local.

Animados por la ACM y la FMC, numerosos ayuntamientos catalanes ya se han sumado a la iniciativa promovida por la oposición para que 3.500 consistorios de toda España presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Fuente: Europa Press