Zaragoza inicia el expediente para recurrir la ley de administración local ante el Tribunal Constitucional

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado con los votos favorables de los grupos municipales del PSOE, CHA e IU y el voto en contra del PP la propuesta de Alcaldía para que se inicie el expediente de tramitación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de racionalización y sosteniblidad de la administración local.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha explicado que la finalidad de la presentación de este recurso de inconstitucionalidad es determinar si las normas con rango de ley impugnadas lesionan la autonomía local y para ello se argumentan los aspectos en los que se cree que existe esa vulneración.

Entre los fundamentos jurídicos que se expondrán en el citado recurso, Pérez Anadón ha citado que "el desaponderamiento competencial de los municipios; la inclusión de mecanismos de tutela de otras administraciones en los ayuntamientos que vulneran la autonomía local; y la atribución al Gobierno de la ciudad de competencias sin el acuerdo del Pleno.

El portavoz del grupo municipal de IU, José Manuel Alonso, ha dicho que este recurso es una "obligación presentarlo para todos los cargos que crean en el municipalismo porque la ley nos retrotrae al siglo XIX".

Por su parte, el portavoz del grupo municpal de CHA, Juan Martín, ha estimado que la ley "tiene regusto tardofranquista y paternalista porque es tutelador de la administración local y tiene, también, un regusto de políticas vintage, de políticas retro de hace 45 años, que mira al resto de administraciones públicas como si no fueran Estado" para aseverar que "la ciudad es el modelo más eficaz de la prestacion de servicios".

El portavoz del grupo municipal del PP, Eloy Suárez, ha dicho que la "sorpresa" es que la iniciativa salga de Alcaldía y "después de tres años el alcalde Belloch sale del letargo y siguiendo las directrices de Ferraz, que le indica Pérez Anadón todos los lunes".

"CALENTAR LA CALLE" Y "GÉNOVA"

A su parecer, el recurso ante el TC "es una forma de calentar la calle" y se ha preguntado quien va a pagar esta "juerga" para arremeter contra el PSOE porque "usa las instituciones de forma partidista" y ha aseverado  que "si el Ayuntamiento no estuviera en quiebra no se habría planteado este recurso".

Pérez Anadón le ha replicado que "las juergas las paga el Ayuntamiento con el dinero de los impuestos de los vecinos" y le ha sugerido que "hable menos de Ferraz, aunque quizá es porque no puede hablar de Génova, de donde solo salen policías".

Finalmente, Carlos Pérez Anadón, ha relatado que esta iniciativa contra la ley de la reforma local "la presentan todos los grupos del Congreso de los Diputados menos el PP y el PNV porque el último día, antes de la aprobación en el Congreso, le hicieron una disposición ad hoc para que no entrara en vigor en los ayuntamientos del País Vasco".

Fuente: Europa Press

Smart Telecenter, una apuesta por la revitalización de los telecentros públicos

Las entidades públicas gestoras pueden adherirse al programa y beneficiarse de sus ventajas a través de la web www.smarttelecenter.es. El proyecto ha surgido de la colaboración entre la FEMP y la Fundación FUNDETEC y permite a las Entidades Locales implantar un plan integral de modernización, sostenibilidad y dinamización de sus centros de acceso público a Internet.

La fundación Fundetec y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han puesto en marcha el proyecto Smart Telecenter, que ofrece a las corporaciones locales la posibilidad de implantar un plan integral de modernización, sostenibilidad y dinamización de sus centros de acceso público a Internet (telecentros, bibliotecas), cuyos equipos han quedado en muchos casos obsoletos por el avance de la tecnología y la paralización de las inversiones destinadas a su renovación.

El objetivo de Smart Telecenter es revitalizar la figura de los telecentros como puerta de entrada de los ciudadanos y las pymes a la Sociedad de la Información, y como herramienta eficaz para la mejora de sus competencias digitales. Para ello, ofrece a las entidades públicas gestoras la posibilidad de adquirir equipamiento informático y conectividad en condiciones favorables, incluso contemplando la opción del renting o leasing de los equipos para abordar las inversiones en un plazo de tres años. Asimismo, pone a su disposición contenidos formativos digitales sobre temáticas diversas y atendiendo a las particularidades de los diferentes colectivos (mujeres, mayores, emprendedores, etc.).

Toda la información relativa al proyecto, su planteamiento, sus objetivos, así como el catálogo de equipos y soluciones, puede consultarse en www.smarttelecenter.es, donde las entidades gestoras interesadas pueden encontrar también el procedimiento a seguir para adherirse al  programa y beneficiarse de sus ventajas. Las primeras que lo han hecho han sido el Ayuntamiento de Santander y la Diputación de Palencia.

Fuente: FEMP

Bilbao revisará el Reglamento Orgánico del Pleno para "adaptarlo a las demandas de transparencia y participación"

El Ayuntamiento de Bilbao revisará el Reglamento Orgánico del Pleno, para adaptarlo "a las nuevas necesidades de la ciudad y a las demandas de transparencia y participación de la ciudadanía".

La propuesta partía de una iniciativa socialista, que han salido adelante, frente a una de Bildu, de tenor similar, que ha sido rechazada y que pedía modificar el Reglamento Orgánico del Pleno municipal para garantizar que las proposiciones de la ciudadanía puedan presentarse y defenderse en la sesión plenaria, así como para incorporar el turno popular en los Plenos.

Se ha aprobado también una enmienda de modificación del Equipo de Gobierno a una propuesta del PP, que pedía la municipalización del ascensor de Begoña.

En esta enmienda de modificación, el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao "vuelve a expresar", como ya hiciera, que debe garantizarse el mantenimiento del patrimonio arquitectónico y el servicio del ascensor de Begoña, que el "concesionario quiere cerrar de manera unilateral", según ha indicado el concejal de Transportes, Asier Abauza.

Se ha aprobado también por unanimidad una enmienda del PSE-EE para solicitar al Gobierno vasco que proceda a la declaración del barrio de Irala como área de Rehabilitación Integral, y a la Junta de Gobierno de la Villa, que una vez sea declarada como tal, delegue en Surbisa las competencias relativas a la tramitación de licencia de obras y régimen edificatorio respecto a los edificios comprendidos en la zona.

Ha salido igualmente adelante una enmienda del Equipo de Gobierno en la que el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao emplaza a la Junta de Gobierno a seguir con el diseño de la urbanización del tramo final de Sabino Arana, participando con el vecindario y comunidades de propietarios de la zona, así como con las comisiones técnicas de los Consejos de Distrito afectados.

Se trata de una enmienda de modificación a una proposición del PP que pedía que "el proceso de urbanización de Sabino Arana sea conocido por la ciudadanía de Bilbao y los grupos políticos, a fin de lograr una mayor participación ciudadana y el máximo consenso posible".

Se ha aprobado también una propuesta popular que solicitaba impulsar nuevas acciones para incrementar el número de visitas de turistas, a fin de "revertir" su tendencia a la baja que, según han dicho, "pone en cuestión la apuesta por un sector estratégico para la Villa".

A esta proposición se ha sumado una enmienda de adición del Equipo de Gobierno en la que el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao solicita al conjunto de administraciones implicadas en los elementos fundamentales de la política turística de Bilbao, que trabajen conjuntamente con la administración municipal en temas como conectividad, generación de infraestructuras turísticas, creación de tejido económico del sector turístico, generación de actividad y promoción turística.

Fuente: Europa Press

La Junta de Andalucía critica "el vaciado de competencias" del 96% de los municipios granadinos con la reforma local

La Junta de Andalucía ha advertido este jueves del "vaciado de competencias" que se producirá en el 96 por ciento de los municipios granadinos a causa de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre.

El viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta, José Luis Pérez Tapias, ha expuesto en rueda de prensa los efectos de esta ley y los motivos que han llevado al Gobierno andaluz a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la misma ante el Tribunal Constitucional.

Tapias ha estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, quien ha precisado que sólo siete municipios de la provincia de Granada no se verían afectados por esta ley de reforma local.

Según sus datos, a partir de 2015 en la provincia desaparecerán unas 32 Oficinas Municipales de Consumidor que atienden a más de 624.000 granadinos, 22 centros Municipales de la Mujer y su atención a la violencia de género, y los consorcios de transportes que atienden a más de 500.000 habitantes.

Deberán reformase 15 de las 18 mancomunidades al perder las competencias de desarrollo económico de formación y empleo, además de la competencias en temas de servicios sanitarios, educativos o de la Ley de Dependencia que pasarían a recaer en la Diputación.

Tapias ha comentado que Andalucía es la primera comunidad que recurre esta reforma al considerar que invade las competencias exclusivas en materia de régimen local recogidas en el Estatuto de Andalucía y se ha hecho "poniendo en valor nuestra capacidad de autogobierno, conquistada por el pueblo andaluz y que hoy nos quieren recortar significativamente con reformas como esta".

"El Gobierno andaluz irá al Constitucional junto con el Parlamento de Andalucía, así como por acuerdo del Consejo de Concertación Local, y de centenares de ayuntamientos andaluces que se están uniendo para el mismo fin".

Para el viceconsejero, el espíritu municipalista del Estatuto "queda en entredicho por una norma estatal que es una ataque a la democracia y a las leyes andaluzas, no se ha aprobado con consenso ya que no ha habido negociación de ningún tipo, al tiempo que cuestiona la Patrica y supone una doble vara de medir, ya que hay comunidades como País Vasco y Navarra que tienen el privilegio de no aplicarla, bien en su totalidad o parcialmente, basándose en sus derechos forales".

Asimismo, ha señalado que la reforma "pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia". Los ámbitos de gestión "más amenazados", que pasarían a las comunidades autónomas, son los relativos a educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo o consumo. "Sólo en servicios sociales la cifra de puestos de trabajo en peligro asciende a 32.000 personas. Ello supondrá la entrada de empresas privadas en la administración local", ha indicado.

Por último, el viceconsejero ha señalado que en el recurso pedirán al Gobierno central una moratoria para que su aplicación no sea efectiva hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional. El recurso de la Junta de Andalucía, se centra en 19 artículos, cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias y una final que, en líneas generales, alteran el marco competencial vigente desde hace más de treinta años, así como el principio descentralizador recogido en la Constitución Española.

Fuente: Europa Press