La Junta de Andalucía dice que defenderá "con uñas y dientes" el Estatuto frente a la reforma local que "vulnera competencias"

El director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Camacho, han informado este miércoles en Málaga sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentará la Junta contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que, ha dicho, "no sólo colisiona y vulnera las competencias autonómicas, sino, especialmente, las competencias municipales y la autonomía local", asegurando que la Comunidad Autónoma Andaluza defenderá "con uñas y dientes" su Estatuto.

Camacho ha explicado, junto con el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y la responsable de la Oficina de la Vicepresidencia, Fátima Berlanga, las consecuencias que tendría en la provincia la aplicación de la ley, sobre todo en lo que se refiere a determinados servicios públicos como las oficinas municipales de información al consumidor, centros municipales de la mujer, mancomunidades, transportes o políticas y actividades formativas de empleo.

Así, ha incidido en que la Comunidad Autónoma Andaluza "va a defender con uñas y dientes su Estatuto de Autonomía, así como su legislación local", y se ha referido a la necesidad de diálogo porque esta reforma "toca el modelo y la estructura del Estado". "Una ley como ésta, que es troncal, no puede estar al albur de una coyuntura económica o política, porque se trata de instituciones, de servicios públicos, y no se puede hacer unilateralmente, sin diálogo", ha manifestado.

Ha abundado en que no se trata de un problema de políticos sino de ciudadanía y de servicios públicos esenciales, y también ha negado que se pretenda con ella conseguir la estabilidad presupuestaria dado que se había logrado antes de la ley. "Los ayuntamientos ya cumplen la ley de estabilidad presupuestaria, esta reforma lo que intenta en realidad es adelgazar el Estado", ha lamentado Camacho.

En cuanto a las repercusiones en la provincia de Málaga, ha informado de que se verían afectadas 23 oficinas municipales de información al consumidor, que prestan servicio a un total de 1.470.113 habitantes, el 80 por ciento de la población.

Asimismo, perjudicaría a las tres mancomunidades de municipios. En el caso de la Sierra de las Nieves, "tendrían que prescindir de las competencias de desarrollo económico y social, así como las que tienen en promoción de la educación y participación de la juventud".

En el caso de las mancomunidades de la Costa del Sol Occidental y Costa del Sol Axarquía, "la principal competencia afectada es la relativa a políticas de desarrollo económico, social, empleo y actividades formativas", ha dicho, apuntando que, asimismo, "tendrían que renunciar a sus competencias en servicios sociales, playas y mataderos".

También se verán afectados, ha continuado, los 19 centros municipales de la mujer en la provincia y el Consorcio Metropolitano de Transportes que está participado al 50 por ciento por 12 municipios, el 45 por ciento por la Junta y el cinco por ciento por Diputación, y presta servicio a 819.384 habitantes, el 50 por ciento de la población malagueña.

Camacho también ha apuntado la "inestabilidad jurídica y financiera y los perjuicios que va a ocasionar la disparidad de interpretaciones que pueden tener los interventores sobre qué ley prevalece, si la estatal o la de las comunidades autónomas, algo que solo puede dirimir el Tribunal Constitucional", por lo que ha destacado que el Gobierno central "debe establecer una moratoria mientras se pronuncia este órgano judicial".

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga ha destacado que esta norma supone "un ataque frontal no sólo a las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia sino, sobre todo, a la propia capacidad de autogobierno de las entidades locales, que en Andalucía reforzó el Estatuto de Autonomía de 2007 y su posterior desarrollo legislativo".

Para Ruiz Espejo, con esta ley "se desvirtúa el carácter democrático de los ayuntamientos para convertirlos, sobre todo en las pequeñas poblaciones, en simples instancias administrativas". En este sentido, ha indicado que los municipios malagueños "verán afectada su autonomía por la reforma, ya que implica una recentralización y control por parte del Gobierno, especialmente en los 85 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes".

Fuente: Europa Press

La oposición critica que la Diputación de León pretenda cobrar a las juntas vecinales por llevar a cabo su contabilidad

Los grupos políticos de la oposición en la Diputación de León, PSOE, UPL y Grupo Mixto, han criticado la intención de la institución provincial de establecer un precio público y cobrar a las juntas vecinales por realizar su Informe Anual de Cuentas, requisito imprescindible para su supervivencia tras la aprobación de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, y prestar servicios de contabilidad y gestión de cuentas.

Poner precio a este servicio, que anteriormente la Diputación prestaba de forma gratuita, es "poner trabas" las más de 1.200 juntas vecinales que posee la provincia de León y que en su mayoría "no tienen recursos y su presupuesto es cero", ha criticado el portavoz de UPL, Lázaro García Bayón.

"Si se continúan quitando ayudas e imponiendo gastos se va a condenar a las juntas vecinales a su desaparición", ha agregado el diputado leonesista.

El PSOE se ha sumado a estas críticas y ha insistido en que la Diputación debe "seguir manteniendo este servicio a las juntas vecinales" porque, con la aprobación de la reforma de la administración local, "no se trata de un buen momento para empezar a cobrar por la realización de las cuentas".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Matías Llorente, ha instado a la institución provincial a que "quite este aval y dé el servicio que le corresponde" ya que, en su opinión, "se trata de una competencia propia de la Diputación".

El portavoz de la Diputación, Jaime González, ha contestado a la oposición que "por el momento" la institución provincial no está cobrando a las juntas vecinales por prestar este servicio.

No obstante, ha agregado el diputado popular, la obligatoriedad de llevar a cabo la contabilidad de las juntas vecinales corresponde a las entidades locales, por lo que si la Diputación presta ese servicio en algún caso es "por omisión de un ayuntamiento".

Además, ha afirmado que llevar la contabilidad y presupuesto a las juntas vecinales "no es una función propia de la institución provincial" y se trata de un cometido que también puede llevar a cabo el sector privado.

Por estas razones, ha aseverado, la institución provincial se ve "obligada por ley" a establecer un precio público para la prestación de este servicio. En este momento, ha añadido González, se están realizando las gestiones necesarias para fijarlo.

Fuente: Europa Press

El Parlamento andaluz decide interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local

Con los votos del PSOE e IU y el rechazo del PP.

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha acordado este miércoles, con los votos de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, que la institución interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, conocida como la reforma local.

La Cámara ha celebrado un pleno específico tras la propuesta conjunta de PSOE-A e IULV-CA, socios en la Junta, planteando que la institución presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la citada norma. El Parlamento ha decidido plantear recurso después de que el Gobierno andaluz acordara ayer también recurrir la norma ante el TC.

En defensa del recurso, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha manifestado que el Gobierno de Mariano Rajoy persigue hacer desaparecer, con "su nefasta y flagrantemente inconstitucional" reforma local, a los ayuntamientos, que jugaron un papel crucial en la consecución de la autonomía de Andalucía.

Ha indicado que, en justa reciprocidad, corresponde ahora a la comunidad autónoma salir en defensa de la democracia municipal. Ha mostrado su preocupación por que el "reformazo del Gobierno del PP  impone un desmontaje del edificio constitucional por la puerta falsa" y va contra la Constitución y el Título III del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que regula la organización territorial de la comunidad y donde se apuesta por la autonomía local.

Jiménez ha recalcado que la ley es "manifiesta, escandalosa y obscenamente inconstitucional", porque va contra el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades y recoge preceptos que van contra la autonomía local y contra artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Según Mario Jiménez, esta reforma abre la puerta a la pérdida de más de 40.000 empleos públicos en Andalucía y será una fuente de profunda desigualdad, porque "destroza" los servicios públicos municipales.

"Se busca hacer caja con el bienestar de la ciudadanía", según ha alertado el portavoz socialista, en relación con la "privatización" de los servicios públicos municipales. Ha indicado que esta ley, "que empezó mal, sin consenso, y que terminará mal", es uno de los "mayores ataques perpetrados contra la democracia en España".

"FALSEDADES" DEL PSOE-A SOBRE LA LEY

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Sanz ha criticado las "falsedades" del PSOE-A sobre la ley, que "no interviene" a los municipios de menos de 5.000 habitantes mientras que no plantea diferencias de competencias entre municipios mayores de 20.000 habitantes y menores. Ha indicado que el portavoz del PSOE-A ha hecho el "ridículo", demostrando que "no se ha leído" la norma.

Ha señalado que si el PSOE-A y la Junta querían defender a los municipios, en lugar de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local, deberían empezar por pagar lo que el Gobierno andaluz debe a los ayuntamientos y por cumplir con el Plan de Cooperación Municipal. Ha indicado que la Junta no puede presumir de defender a las corporaciones locales, cuando los ayuntamientos han perdido desde 2010 y hasta 2014, 1.587 millones por el Plan de Cooperación Municipal.

Para Sanz, el único programa de gobierno de la Junta es el Tribunal Constitucional, y le ha reprochado que ahora salga en defensa de la autonomía local, cuando se salta todos los días "la autonomía andaluza". "Sin confrontación no son nada, viven de ella porque no saben qué hacer con Andalucía", ha dicho el diputado del PP-A.

Ha advertido además a los socialistas y al Gobierno andaluz de que los recursos ante el TC no les hacen más autonomistas y de que por ese camino "no se va a ningún sitio". Ha pedido a la Junta "más lealtad institucional y menos confrontación", así como "más gobierno y menos oposición". A su juicio, el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local "no tiene base ninguna".

El portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, ha manifestado que esta ley es "invasiva" e "injusta", porque persigue la privatización de los servicios municipales y el desmantelamiento del actual modelo local. Con esta ley, nos encontramos, según ha precisado, ante un cambio total de modelo que vulnera el principio de autonomía local y la Carta Europea de Autonomía Local y ha señalado que la posición del Gobierno del PP, que representa el "lado oscuro" de la política, va contra "la lógica" y contra todo lo construido en la democracia.

Ha señalado que esa norma ignora las competencias autonómicas sobre régimen local reflejadas del Estatuto de Autonomía y "desprecia" a los ayuntamientos en comparación con otras administraciones. Ha indicado que esta ley afectará de manera fundamental a la cohesión económica, social y territorial y romperá el principio constitucional de igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos residan donde residan.

Ha mostrado su preocupación por la diferencia arbitraria que establece la ley entre los municipios según tengan más o menos de 20.000 habitantes. Castro ha señalado que el Estado establece mecanismos de tutela y se va a intervenir a ayuntamientos para fortalecer instituciones como las diputaciones, a las que se va a atribuir la privatización de ciertos servicios. El portavoz de IU-CA ha reclamado al Gobierno una moratoria en la aplicación de la norma hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre los recursos.

Fuente: Europa Press

El PSIB quiere que el Consell apoye a los ayuntamientos en su recurso al TC contra la reforma local

El PSIB pretende que el Consell de Mallorca muestre su "apoyo público" a los ayuntamientos de la isla que han tomado la decisión de recurrir la reforma de la Ley de administración local ante el Tribunal Constitucional puesto que se trata de "la norma más represiva y represora de la autonomía local que se ha aprobado en democracia".

Así se ha manifestado la consellera del PSIB en el Consell, Sílvia Cano, durante la presentación de la iniciativa, donde también ha mostrado su intención de que la institución insular pida un dictamen del Consejo de Estado al respeto.

Cano ha recordado que la Federación Socialista de Mallorca aprobó recientemente en su Consejo Político una resolución en este sentido y ha asegurado que los socialistas ya están presentando mociones para formalizar el conflicto en defensa de la autonomía local contra esta ley, ante el Tribunal Constitucional.

De esta manera, el PSIB se suma a nivel municipal a las iniciativas ya anunciadas por el PSOE a nivel estatal y de las Comunidades Autónomas no gobernadas por el PP.

"Nosotros hemos manifestado reiteradamente nuestra oposición a esta ley, que es un golpe a la autonomía local y al modelo de cohesión social de los últimos 30 años, con una intervención de facto en todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son el 95 por ciento de los ayuntamientos de España", ha explicado Cano.

"Los alcaldes se convertirán en una figura meramente decorativa", con un escaso margen de maniobra ante las imposiciones marcadas y el control económico supramunicipal, que podrá tomar decisiones e imponer prioridades. "Los ayuntamientos quedan intervenidos de facto", ha opinado Cano.

"La ley vacía a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de todas sus competencias básicas y les deja sólo la gestión de los cementerios", ha explicado el socialista Miquel Àngel Coll. Si los municipios quieren mantener alguna otra competencia tendrán que demostrar que lo pueden hacer de forma más económica que los Consells o las diputaciones. La centralización de los servicios municipales es un primer paso hacia su privatización, ha señalado.

Según el PSIB, la nueva norma supondrá también un "retroceso democrático" porque establece que los presupuestos que no puedan ser aprobados por mayoría absoluta, se podrán aprobar, en segunda instancia, por el equipo de Gobierno. De esta forma "los que gobiernan podrán hacer y deshacer como quieran, secuestrando el voto de la ciudadanía a todo el resto de fuerzas políticas", ha apuntado Coll.

"Lejos de atender las reivindicaciones históricas del mundo local, esta ley reduce lo público para sustituirlo por lo privado, vacía los ayuntamientos de competencias y es un claro retroceso democrático porque dejará oposición sin capacidad de negociar y controlar asuntos tan fundamentales como sueño las aprobaciones de presupuestos".

Por todo ello, reclaman que la institución insular solicite un dictamen del Consejo de Estado.

Fuente: Europa Press