Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE 19/9/2020)

Hacienda suspende la regla de gasto tras el fracaso de su decreto en el Congreso para que los Ayuntamientos puedan usar su superávit

Ante el rechazo parlamentario al acuerdo de la FEMP, Montero anuncia un nuevo decreto con impacto de más de 3.000 millones de euros para que los ayuntamientos eviten la regla de gasto de 2012 y tengan la opción de usar el superávit de 2018 y de 2019.

El ministerio de Hacienda ha decidido dejar en suspenso la regla de gasto para que los Ayuntamientos puedan acceder sin restricciones a su superávit, tras el histórico fracaso del plan del Gobierno para el uso de los remanentes municipales, que no fue convalidado la semana pasada en el Congreso.

El Gobierno pone así fin a la regla de gasto para los ayuntamientos españoles, una herramienta de control presupuestario llamada a evitar desfases con respecto a los ingresos en el ámbito local. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado en una entrevista en La Sexta que el techo actual "se suspende para el año 2020" y además ha avisado que el Ejecutivo tiene el propósito de que la regla de gasto tampoco limite las actuaciones del próximo año: "Mi vocación es que en el año 2021 las reglas fiscales también estén suspendidas", ha explicado la ministra portavoz. De esta forma, los consistorios podrán utilizar el superávit que a día de hoy tuvieran pendiente de los años 2018 y 2019.

Montero ha justificado esta medida para los ayuntamientos a una situación de "urgente y de extrema necesidad" en el país a causa del coronavirus: "Estamos intentando que accedan en condiciones legales a esos recursos, ahora que es cuando se necesitan". A juicio de Montero, "los ayuntamientos van a tener problemas para llegar a final de año". Fuentes de su Ministerio señalan a EL MUNDO que se persigue la tramitación más pronta posible y reconocen que este nuevo decreto no hace sino tomar los aspectos que más consenso parlamentario pueden recabar en el ámbito parlamentario, quedando a un lado el controvertido uso de los remanentes que propició el rechazo del Congreso la pasada semana.

La primera reacción por parte de la oposición ha llegado por boca de José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid ha resaltado que la suspensión de la regla de gasto es "una muy buena noticia" y "un paso adelante" del Gobierno para que la negociación con los ayuntamientos vaya "en la buena dirección", informa Pablo R. Roces: "Todo lo que sea permitir gastar el superávit e incumplir la regla del gasto va en la línea de lo que todos estábamos pidiendo", ha añadido, para subrayar también "la necesidad" de "ayudar a más de 3.000 ayuntamientos" que no tienen remanente de tesorería: "Que no tengan superávit, no quiere decir que no puedan tener fondos".

La decisión del Ejecutivo tiene lugar después de su frustrado intento de convalidar un decreto para que los ayuntamientos cedieran voluntariamente sus remanentes. Este asunto ha provocado la primera derrota parlamentaria del Gobierno en coalición desde que comenzara esta legislatura para PSOE y Unidas Podemos. En opinión de Pablo Casado, al frente del PP, "la votación" contraria al Gobierno fue "un triunfo del municipalismo y una derrota histórica del Gobierno". Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha celebrado este lunes "que los ahorros de los vecinos se utilicen para atender sus necesidades y no al Gobierno más caro de la historia. Sólo aciertan cuando hacen caso al PP".

El Gobierno pretende "impulsar un decreto ley que permita que el 85% de las medidas que contaban con un amplísimo consenso" canalice en otra norma reformulada; en definitiva, suspender la regla de gasto mientras se decide qué ocurre con el remanente.

El Departamento liderado por Montero estima que la nueva norma tendrá en conjunto un impacto de más de 3.000 millones de euros, gracias a entregas a cuenta (de 2020) y liquidaciones (de 2018) por valor de casi 1.500 millones, a lo que se suma la mencionada suspensión de la regla de gasto (ya recogida en el decreto tumbado la semana pasada) y la presentación de "mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas", según plasma un comunicado del Ejecutivo.

Con esta nueva medida, los consistorios podrían prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones sostenibles (con un impacto de 987 millones de euros), y se permitiría concluir en 2021 los proyectos iniciados en 2019 y financiados con superávit de 2018 (con un impacto de 621 millones). Además, los municipios que prevean equilibrio presupuestario en el presente año, podrían servirse del superávit de 2019 para financiar su gasto.

ACUERDO EN LA FEMP Y REBELIÓN

El decreto ley frustrado recogía el acuerdo fraguado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes locales, medida controvertida pero finalmente fraguada por el presidente de esa federación y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, que además emitió el voto decisivo para acabar con un empate y apuntalar el pacto.

Alcaldes de distinto signo político se rebelaron contra ese planteamiento de la cesión del remanente por parte de los ayuntamientos a la Administración Central, un monto de alrededor de 14.000 millones de euros, a cambio de la posterior devolución en el plazo de 10 años por parte del Gobierno y la habilitación de un fondo suplementario de 5.000 millones (2.000 para este año y 3.000 para 2021) a cargo de los Presupuestos. Sólo las localidades que hubiesen aportado tendrían a su disposición esos fondos, no obstante.

APOYO DE MONTORO Y EL PP

Tanto Caballero como Montero valoraban que ese mecanismo abría la posibilidad de que los ayuntamientos dispusieran de ese dinero sin contravenir la Ley de Estabilidad de 2012. Sin embargo, el artífice de esa norma, el popular Cristóbal Montoro, ha reconocido recientemente que dicha regla carece de sentido en las circunstancias actuales, alteradas por la covid-19: "No tienen sentido reglas económicas en situaciones de excepcionalidad", dijo la semana pasada en TVE. Tras el rechazo del Congreso y observado el ánimo por parte de la oposición de suspender la regla de gasto, el Gobierno lanza un nuevo decreto para que "las entidades locales tengan más recursos y un mayor margen presupuestario".

En una rueda de prensa una vez conocidos los nuevos planes del Gobierno, Caballero ha reclamado alternativas para "recuperar" los 5.000 millones de euros a fondo perdido comprometidos por el Gobierno como contrapartida al uso de los remanentes locales para su posterior devolución, y ha valorado que Hacienda "tome la iniciativa para reconstruir una parte que aquella votación demolió".

Fuente: El Mundo

Gobierno y sindicatos pactan el teletrabajo para 3,2 millones de empleados públicos

La Mesa General de las Administraciones Públicas tiene previsto ratificar el acuerdo el próximo lunes

El Gobierno y los sindicatos de la función pública han cerrado ya un pacto para reconocer en la ley y regular el teletrabajo en las Administraciones públicas. Este acuerdo será ratificado previsiblemente el próximo lunes en la Mesa General de las Administraciones Públicas, donde están, además del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los sindicatos CC OO, UGT, CSIF, CIGA y LAB.

Por primera vez los 3,2 millones de trabajadores del sector público –funcionarios y personal laboral– verán reconocido en la norma la posibilidad de desempeñar su trabajo a distancia. Este derecho quedará recogido en el artículo 47 bis del Estatuo Básico del Empleado Público y se definirá como “aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación”.

Asimismo, la ley precisa que el teletrabajo en las administraciones “habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial”. Y, en todo caso, “tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados”.

No obstante, la norma remite los términos concretos para desarrollar el teletrabajo “a la negociación colectiva del ámbito correspondiente”.

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT declararon ayer que firmarán este acuerdo porque, entre otras cosas también “garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía, cuando sea precisa” y regula el teletrabajo “para todos los empleados públicos” de manera “estable” tanto de forma estructural como para situaciones coyunturales como las del Covid-19. En esta misma línea, CC OO celebra que la norma “garantiza tanto la prestación presencial del servicio público a la ciudadanía como los derechos de las empleadas y empleados públicos”. Por su parte, CSIF “valora de manera positiva este acuerdo y espera poder abrir cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público”.

De esta forma, los negociadores del sector público han adelantado a los del privado, que aún están ultimando el acuerdo del teletrabajo para el sector empresarial. Si bien, en el Gobierno hay prisas por aprobar la nueva Ley del Trabajo a Distancia porque el próximo, martes, 22 de septiembre termina el carácter preferente del teletrabajo decretado por la regulación aprobada para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Por este motivo desde el Ministerio de Trabajo han iniciado los trámites para que este anteproyecto de ley se apruebe por decreto en el Consejo de Ministros del próximo martes. Patronal y sindicatos se reunieron ayer para intentar acelerar el acuerdo. Pero el secretario general de CC OO, Unai Sordo, declaró ayer en Intereconomía que ya sea con “acuerdo o desacuerdo” esta norma se aprobará el martes.

Fuente: Cinco Días

Hacienda suspende la regla de gasto de los Ayuntamientos y retoca el decreto tras su fracaso en el Congreso

El Gobierno aprobará un texto con 3.000 millones para los municipios sin tocar los remanentes

El Gobierno ha decidido suspender en 2020 la regla de gasto para los Ayuntamientos, el mecanismo que limita el aumento de los gastos en los Presupuestos y que marca la cifra a partir de la cual se construyen las cuentas públicas, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Hacienda. La decisión llega cuatro días después de que el Ejecutivo sufriera una severa derrota en el Congreso, que rechazó de forma generalizada la convalidación del real decreto sobre los remanentes de los Ayuntamientos, unos 14.000 millones de ahorro que los consistorios tienen congelados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había advertido antes de la votación del pasado jueves que no habría otra oportunidad, pero este lunes ha anunciado que volverá a presentar el mismo texto legal aunque sin el capítulo sobre los remanentes.

El nuevo texto aliviará la situación financiera de los Consistorios, que exigían ayudas ante la crisis económica derivada de la pandemia, pero solo a medias. La suspensión de la regla de gasto les permitirá aumentar sus compromisos e inversiones en los próximos meses. A la vez, el decreto incluirá medidas por valor de 3.000 millones, lo que les permitirá cumplir sus metas de déficit. Sin embargo, el texto no resuelve el gran problema de los remanentes municipales, una de las demandas de los alcaldes que, en el contexto actual, pedían una fórmula para usar esos 14.000 millones de superávit que se han ido acumulando en los bancos desde la aprobación en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El real decreto tumbado por el Congreso la semana pasada fue la respuesta al rechazo de todas las fuerzas políticas, salvo el PSOE y Unidas Podemos, a la propuesta del Gobierno de dar 5.000 millones de esos ahorros a los municipios a cambio de prestar al Estado el resto de sus superávits acumulados durante años. Una medida calificada de insuficiente por los alcaldes. Para tratar de calmar la situación, en la que los ayuntamientos se quedaban como estaban, Hacienda aprobará ahora el mismo decreto con solo aquellas medidas que sí suscitaban consenso y pretende prorrogar para 2020 el posible destino del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones. La medida supondrá un buen respiro para los regidores.

En cualquier caso, el tema de los ahorros municipales, a los que impide acceder tanto la Ley de 2012 como la Constitución -y cuya modificación requeriría de acuerdos políticos que difícilmente podrían salir adelante en el actual estado de crispación parlamentaria-, queda en el aire. Fuentes de Hacienda sostienen que más adelante, "cuando haya acuerdo, se intentará vehicular esa medida” que permitía a los ayuntamientos acceder a 5.000 millones y que fue rechazada el jueves.

El decreto permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciado en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.

El decreto que ultima el Gobierno permitirá que las entidades locales con problemas financieros puedan pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. Se permitirá también que las entidades locales cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos Ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería.

La norma establecerá las instrucciones esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación de los tributos del Estado de 2018, lo que supone para los Ayuntamientos 634 millones. Además, se instrumentan los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado para fin de ejercicio. Hay que recordar que estos importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. Las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020.

El texto legal, según Hacienda, permitiría que las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los consistorios más apurados. Establecerá un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria.

Fuente: El País