ISSN: 2695-4621
Niega que haya "ninguneado" a los representantes de las entidades locales.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reconocido "la complejidad" que existe a la hora de aplicar la reforma de la Administración local pero ha expresado la "mejor voluntad" por parte del Gobierno "para hacerla cada vez más efectiva en su desarrollo". Asimismo, ha asegurado que el Gobierno no va a derogarla.
Así lo ha manifestado el ministro en el Pleno del Senado donde este martes ha debatido una interpelación de la senadora de Entesa pel Progrés de Catalunya (EPC) María Jesús Sequera sobre la valoración del Gobierno en relación con los resultados de la aplicación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Montoro ha defendido la aprobación de la reforma local asegurando que gracias a la nueva norma "hoy las administraciones locales pueden llevar adelante una supresión de su déficit" y pueden "ofrecer las cifras tan positivas de superávit". "Esto está favoreciendo la recuperación económica de España", ha aseverado al respecto.
Según Montoro, gracias al "esfuerzo" de las entidades locales, España ha cumplido su objetivo de déficit en 2014 y ello, a su juicio, ha contribuido a superar la crisis económica. "Eso da sentido a su función", ha contestado Montoro a la senadora, que ha cuestionado la utilidad de la ley.
Para el ministro, la ley consigue el objetivo de clarificar las competencias, responde a la finalidad de garantizar la prestación de servicios públicos y sociales, al mismo tiempo que ha defendido la necesidad de suprimir las duplicidades.
Montoro ha asegurado que derogar la norma "no está en el ánimo del Gobierno" ni de "la mayoría de la Cámara" y, ante las criticas de la senadora de "ningunear" a los representantes de las entidades locales, lo ha negado: "Hemos seguido las recomendaciones del Consejo de Estado en lo más sustancial", ha manifestado. De hecho, sostiene que "nunca se había formalizado tanto la existencia" de la instituciones locales.
El ministro ha defendido la ley y ha subrayado el "diálogo sincero" que el Gobierno mantuvo con diferentes instituciones de cara a la redacción de la reforma. Asimismo, ha dicho querer contribuir a mejorar "el funcionamiento y eficiencia" de todas las administraciones publicas.
"Ley confusa"
Por su parte, la senadora Sequera, que ha pedido que se derogue la ley, ha puesto de relieve la "confusión" que a su juicio produce la reforma tanto en su redacción como en su aplicación y ha denunciado que ha necesitado de "muchas aclaraciones" y "explicaciones".
Asimismo, ha cuestionado al ministro sobre la finalidad de esta ley: "Si la única administración que cumple (objetivo de deuda) y ha cumplido en el 2013 antes de la aprobación de la ley es la administración local y alcanza los objetivos que se le marcan, ¿qué finalidad tiene?", ha señalado.
Además, ha preguntado al ministro por su intención de gestionar mejor la Administración estatal y la autonómica. "Si la Administración local ha sido capaz de ajustarse, cualquier estrato de la administración puede serlo", ha concluido.
En su opinión, la ley "nada tiene que ver con reducir el gasto público" y además cuenta con varias "incongruencias" en ámbitos como en la delimitación de competencias. De hecho, cree que el objetivo de la norma de clarificar las competencias "no es útil".
Sobre los reproches de la senadora de no suprimir recursos en la Administración Central, el ministro ha ironizado: "Sólo hemos reducido el primer año los gastos de los ministerios un 20%".
Fuente: eldiario.es

La Universidad Carlos III y el Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente organizan una "Jornada sobre aspectos actuales del Derecho de la Energía".
En ella intervendrán Luciano Parejo Alfonso, Juan castro Gil, Iñigo del Guayo, Borja López - Jurado, Manuel Gámez Mejías, Francisco Villa Rojas y Mariano Bacigalupo.
La Jornada tendrá lugar el 24 de abril en el Salón de Grados de la Universidad Carlos III (Edificio Rectorado), calle Madrid, 126, Getafe.
Más información: Programa e inscripciones

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de Galicia deja en pie los pilares de la norma autonómica, que salvaba el grueso de los problemas que la reforma local planteaba a los concellos
La reforma local que Rajoy anunció en el verano del 2012 como una revolución para meter en cintura a los ayuntamientos se va por el desagüe. Los aspectos con los que el Gobierno central buscaba lanzar un guiño a una ciudadanía asfixiada por los recortes, con medidas como el drástico recorte de ediles y de sus retribuciones, fueron suprimidos antes incluso de la aprobación de la norma. El Ejecutivo cedió a la presión de los alcaldes. Pero preservó, en cambio, una regulación que supondría un vuelco en el mapa de servicios que prestan los ayuntamientos para reforzar a las diputaciones. Ante esa amenaza, las comunidades autónomas echaron mano de sus competencias estatutarias sobre el régimen local para desactivar el impacto que tendría la reforma en la gestión municipal. El Gobierno de Feijoo lo hizo a través de una ley de medidas urgentes que blindaba los servicios básicos de los concellos. Su aprobación en solitario por el PP, hace un año, abrió un conflicto con el Ejecutivo central, con el riesgo de acabar en el Constitucional si no había acuerdo entre las partes.
Pero la comisión bilateral entre la Administración del Estado y la comunidad autónoma alumbró el entendimiento. El acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia deja en pie los pilares de la norma autonómica, que salvaba el grueso de los problemas que la reforma local planteaba a los concellos al establecer que los servicios que ya prestaban antes de la entrada en vigor de esa ley, el 1 de enero del 2014, no serán considerados nuevos.
Convenios con la Axencia
El acuerdo subraya que, tanto para prestar competencias distintas a las propias como para las que tuvieran delegadas cuando entró en vigor la reforma y las nuevas, los concellos deberán cumplir los requisitos de no incurrir en duplicidades con otra Administración y no poner en peligro su sostenibilidad. La autorización de la Xunta solo será necesaria para los servicios que no prestaban antes del 1 de enero del 2014. La Administración autonómica evaluará que el concello tiene la suficiencia financiera para asumir el servicio y no duplica su prestación. El director xeral de Administración Local, Alberto Pazos, destaca que el conflicto con el Estado «se resolvió favorablemente, desde la lealtad institucional». Como Galicia, otras 9 comunidades impulsaron leyes y decretos para preservar los servicios. Pazos sostiene que «nunca fue un pulso de las comunidades al Gobierno. Es más una cuestión técnica», matiza.
Por otra parte, la conselleira de Benestar, Beatriz Mato, garantizó ayer a la dirección de la Fegamp que el traspaso de servicios que prestan 127 concellos dentro del Consorcio a la Axencia de Servizos Sociais no implicará una mayor aportación económica municipal. «É máis, na inmensa maioría dos casos será inferior», señaló Mato, que resaltó la «legalidade e flexibilidade» de los nuevos convenios.
La Fegamp presentó ayer una ordenanza tipo para que los 314 concellos puedan cumplir la ley que, desde el 1 de enero próximo, les obligará a realizar las licitaciones de forma telemática. En su elaboración colaboraron la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia y el Colexio de Enxeñaría en Informática.
Fuente: La Voz de Galicia
Creen que permitiría construir una Euskadi 'más justa, más moderna y más eficiente'
La secretaria general del PSE-EE, Idoia, Mendia, ha tenido hoy su mano al resto de partidos políticos vascos para acometer la reforma de la Ley de Territorios Históricos (LTH) con el fin de construir una Euskadi "más justa, más moderna y más eficiente",
Idoia Mendia se ha pronunciado de esta manera durante su intervención en el acto de presentación de la candidatura del PSE-EE al Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) con la que intentará prolongar cuatro años más el mandato de su actual alcalde, Alfonso García.
Mendia ha criticado la reforma local aprobada por el gobierno del PP durante esta legislatura y la falta de aprobación de una Ley Municipal vasca que defina claramente las competencias y financiación de los Ayuntamientos vascos.
Tras recordar que el PSE-EE de Euskadi aboga porque los Ayuntamietnos puedan decidir su propia financiación "como lo hacen el Gobierno vasco y las Diputaciones", Mendia ha expresado su deseo de "reformar nuestro sistema institucional".
"Por eso -ha agregado-, hemos planteado una reforma de la Ley de Territorios Históricos".
"Una reforma que cambie de arriba abajo este país, porque somos un país pequeño, y nadie entiende hoy que tengamos impuestos distintos, servicios distintos y un entramado institucional que a día de hoy mucha gente todavía no entiende por la cantidad de sociedades, niveles institucionales etc", ha criticado.
Mendia ha apuntado que los socialistas vascos proponen "una reforma que nos permita repensar nuestra arquitectura institucional, aclarar las competencias de las instituciones y eliminar los solapamientos y duplicidades entre ellas".
Tras reconocer que "no va a ser fácil sacar adelante esta reforma", Mendia ha hecho su ofrecimiento al resto de partidos vascos para "acometer esta modernización de nuestro país.
"Debemos aprovechar esta legislatura para sentar las bases de la Euskadi moderna que nos exige la gente", ha concluido.
Fuente: El Mundo
Resolución de 30 de marzo de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en el ámbito local para el año 2015 (BOE 6/4/2015)