ISSN: 2695-4621
La Xunta señala que casi todas las autonomías recurrieron "a normas similares" para facilitar la aplicación de la ley estatal.
El Gobierno central discrepa de parte del contenido de la ley gallega de medidas urgentes aprobada a finales del pasado mes de mayo para interpretar y disipar dudas de los municipios ante la reforma local impulsada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro que, entre otras cuestiones, obliga a reconsiderar la delegación de competencias si no están dotadas de financiación.
El Diario Oficial de Galicia (DOG) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) publican un acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Xunta y el Estado para iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación al artículo 3 de esta ley medidas urgentes, centrado en el ejercicio de nuevas competencias por parte de entidades locales, y la disposición adicional tercera de la misma norma.
Con tal fin, determina la designación de un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. Por si no se produce el consenso, se decide además advertir mediante una comunicación al Tribunal Constitucional del conflicto, un paso previo regulado y preciso para activar, si no hay acuerdo, un procedimiento de inconstitucionalidad.
Fuentes de la Xunta han explicado a Europa Press que la discrepancia se centra en la necesidad de someter a los informes de duplicidad y sostenibilidad financiera el ejercicio por parte de las entidades locales de aquellas competencias, distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, que ya se ejercían con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma local.
También han admitido "algunas diferencias de matiz" sobre el proceso de adaptación a la nueva legislación de los convenios de colaboración existentes entre la Xunta y los ayuntamientos.
"SOSTENIBILIDAD FINANCIERA"
Entre otros extremos, el artículo 3 de la norma autonómica constata que el ejercicio de nuevas competencias municipales que sean distintas a las atribuidas como propias por la legislación, y cuyo ejercicio no se encontrase delegado, "sólo será posible cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal".
El mismo artículo determina que, antes del ejercicio de nuevas competencias, serán preceptivos los informes previos de la Administración competente en los que se ratifique la inexistencia de duplicidades, y de la Consellería de Facenda, como titular de la competencia de tutela financiera sobre las entidades locales gallegas, sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.
En cuanto a la disposición adicional tercera, se centra en que la adaptación al régimen de la reforma local de los acuerdos ya suscritos cuando entró en vigor de esa ley.
Dentro de la misma norma autonómica, en otra disposición adicional con la que, sin embargo, no confronta el Estado, se determina que los servicios sociales seguirán siendo prestados por los municipios en tanto "no se den las condiciones previstas" para su traspaso y, en particular, el establecimiento del nuevo sistema de financiación autonómica y local.
"NORMAS SIMILARES" EN OTRAS CC.AA.
Mientras Galicia trabajaba en esta norma, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya había advertido que estudiaría su contenido "con minuciosidad" para determinar si había causa de inconstitucionalidad.
En el caso de haberla, había explicado que se trataría de llegar a un acuerdo en un seis meses --plazo que se abre a partir de ahora-- y que, de no ser posible, pasaría a interponer un recurso. Para ello habilita este acuerdo publicado este lunes, que deriva de la reunión bilateral celebrada el pasado 29 de julio.
Fuentes de la Vicepresidencia de la Xunta han ratificado a Europa Press que los representantes del Gobierno autonómico acudirán a las citas de la negociación "con el máximo espíritu de diálogo y consenso", con el fin de alcanzar una solución que evite un recurso ante el Constitucional.
Igualmente, han recordado que "casi todas" las autonomías, "siguiendo la estela" de la ley gallega, recurrieron a "normas similares" con el objetivo de facilitar la aplicación de la nueva norma estatal -aportando criterios de interpretación "claros y homogéneos"- y "garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos" en el ámbito local.
Fuente: Europa Press
Salamanca y Elgoibar (Guipuzcoa) han recibido sendas medallas de oro de los premiosde la Semana Española de la Movilidad Sostenible SEMS 2014, en la modalidad de municipios de más de 50.000 habitantes y de entre 3.000 y 50.000, respectivamente, en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Córdoba y Huesca han recibido las medallas de plata y bronce entre las grandes ciudades, mientras que Miajadas (Cáceres), Villamayor (Salamanca) y Peal del Becerro (Jaén), exeaquo, recibieron los mismos galardones en la categoría de pequeños municipios.
En el acto de entrega de los premios, que reconocen las mejores iniciativas de movilidad sostenible impulsadas por Ayuntamientos, empresas, organizaciones y entidades, han participado las Directoras Generales de Tráfico y Calidad Ambiental, María Seguí y Guillermina Yanguas, y el Director General de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral.
Premiados 2014
En la categoría de Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, la Medalla de Oro ha sido para el Ayuntamiento de Salamanca por el Proyecto “Rescatame” y su esfuerzo continuo en la mejora del tráfico en la ciudad a través de una intensa colaboración internacional de excelencia, que también ha sido premiado como uno de los mejores proyectos de 2013 en Green Week.
La Plata ha sido concedida al Ayuntamiento de Córdoba por su larga trayectoria y meritoria ejecución en la promoción de los hábitos de transporte saludable, con especial incidencia en las edades juvenil e infantil. Y, finalmente, el premio de Bronce ha recaído sobre el Ayuntamiento de Huesca por su intensa modificación del casco urbano y del transporte público para mejorar la sostenibilidad de la movilidad en su ciudad.
En la categoría de menos de 50.000 habitantes, el Ayuntamiento de Elgoibar ha recibido el Oro por su estrategia de movilidad sostenible y su novedoso sistema combinado de préstamo de bicicletas y coches eléctricos.
El galardón de plata ha recaído sobre el Ayuntamiento de Miajadas (Cáceres) por su sólida promoción del uso de la bicicleta, especialmente entre la población joven, y por su apuesta por un centro urbano amigable para los peatones. Medalla de Bronce exaequo para los Ayuntamientos de Villamayor (Salamanca) y Peal del Becerro (Jaén).
En la categoría de Organizaciones, Instituciones y Empresas, la Medalla de Oro ha sido para la empresa Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA FOOD) por su apuesta decidida por una movilidad sostenible y rentable, y por el esfuerzo realizado parar llevar esta estrategia a todos los elementos de su actividad: proveedores, clientes y trabajadores. La Plata ha recaído en SEUR , dada su larga trayectoria y sus nuevas medidas de movilidad sostenible rentable, así como por su implicación en proyectos internacionales de gran impacto.
Finalmente y, como novedad, este año se ha creado una nueva categoría para profesionales de los medios de comunicación, premiando al mejor trabajo publicado o difundido en los medios de comunicación para impulsar los valores de la movilidad sostenible en los años 2012 y/o 2013, al equipo del programa ‘Hoy por hoy Zaragoza’, de Radio Zaragoza, cadena SER; por su apartado ‘curso de bici’ que constituye un enfoque eficaz y ameno de la función social de la radio, como medio para mejorar la información de los ciudadanos y la convivencia ciudadana en pro de la movilidad sostenible favoreciendo el uso compartido entre peatones, ciclistas y automóviles.
Fuente: FEMP
El aspirante a la Secretaría Autonómica del PSOE Julio Villarrubia ha defendido hoy la autonomía del mundo rural y ha criticado el ataque del Gobierno a los pueblos con una reforma de la administración local que, ha dicho, "atenta contra los municipios y entidades locales menores".
Villarrubia ha hecho estas declaraciones hoy durante su visita al municipio leonés de Valencia de Don Juan, donde ha mantenido un encuentro con militantes de la agrupación local de la localidad y de otras agrupaciones de la zona sur de la provincia de León.
En relación con las entidades locales menores, Villarrubia ha defendido la labor "de tantos concejales en esta comunidad que cada día dedican sus esfuerzos para el desarrollo de sus pueblos".
Además, ha defendido la participación de los concejales y alcaldes socialistas en la vida interna del partido, y su implicación, por ejemplo, en la toma de decisiones que competen directamente al ámbito municipal.
Fuente: La Vanguardia
El Índice DEC denuncia que solo el 1,5% del PIB se destina a las personas más desfavorecidas.
País Vasco, Navarra y Castilla y León sacan la mejor nota en servicios sociales, mientras que otras ocho regiones suspenden.
El sector de los servicios sociales y la dependencia es uno de los apartados donde más han recortado las administraciones autonómicas y locales. Cerca de 2.212 millones entre 2011 y 2013, según ha denunciado hoy la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en su Índice DCE 2014. Esta radiografía de la dependencia en España asegura que el gasto en este ámbito (que afecta a ocho millones de personas) ha pasado de los 355,02 euros por habitante en 2011 a los 306,91 euros que se contabilizaron el año pasado. Esto supone una rebaja de 47,11 euros por habitante (un 13,3% menos). Globalmente, el gasto en servicios sociales de todas las administraciones públicas representa el 1,5% del PIB: 14.982 millones en 2013.
El informe asevera que este recorte no es consecuencia en exclusiva del “empobrecimiento en general y las dificultades presupuestarias” sino también del “desinterés” de las administraciones para recaudar y generar riqueza. Según esta asociación, en el intervalo entre 2011 y 2013, el Gobierno ha reducido su aportación a los servicios sociales en 937 millones (un descenso del 37,3%), las comunidades autónomas se han gastado 1.253 millones (-10,7%) y las entidades locales han reducido las partidas en 983 millones (-20,7%).
Es en diputaciones y ayuntamientos donde más impacto está teniendo la crisis, donde se han perdido cerca de 10.000 puestos de trabajo. Además, los servicios más próximos han sido, por su parte, los más afectados. El servicio de ayuda a domicilio ha perdido 6.380 beneficiarios en un solo año, mientras que la teleasistencia ha perdido a 7.467 personas. “Estos recortes suponen que ocho millones de usuarios estén más cerca del precipicio de la exclusión social”, ha denunciado José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, quien también ha señalado que la perspectiva para los próximos años es “muy pesimista”. En este sentido, Gustavo García, uno de los coordinadores del informe anual ha señalado que la reforma local afectará de forma “drástica” a los servicios sociales más cercanos y ha denunciado que en los dos últimos años ni planes estratégicos, ni leyes o catálogos para desarrollar estas normas.
Disparidad
El Índice DEC puntúa los derechos de los ciudadanos, los recursos económicos y la cobertura. En su último informe destaca la disparidad entre las diferentes comunidades. Sobre salen de la media tres: País Vasco, con una nota de 7,50 (sobre diez); Navarra (6,85) y Castilla y León (6,65). Otras tres regiones superan los seis puntos de valoración: Cataluña (6,15), La Rioja (6,20) y Asturias (6,35). Aprueba por los pelos Aragón (5,05), seguida por Castilla La Mancha (5,70) y Cantabria (5,85). Por el contrario, hasta ocho regiones suspenden: Extremadura (4,15), Andalucía (4), Baleares (3,85), Madrid (3,70), Galicia (2,85), Canarias (2,60), Murcia (2,10) y Comunidad Valenciana (0,60), donde la asociación afirma que se “ha desmantelado todo”.
El desarrollo es tan dispar que mientras en el País Vasco hay 127,76 plazas de alojamiento para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes, en Extremadura existen 17,48. En Castilla y León, por ejemplo, hay 7,23 plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años; Murcia, por el contrario solo tiene 2,29. Para paliar estas desigualdades, los gestores de servicios sociales exigen al Gobierno una regulación para homogeneizar el sector.
Fuente: Eldiario.es
El Partido Popular ha sido el único grupo parlamentario que ha rechazado este jueves en el Pleno del Congreso un aplazamiento de la reforma del sistema de elección de alcaldes, que la oposición pedía suspender hasta las elecciones municipales de 2015 como recomienda el Consejo de Europa. El Grupo Popular sólo ha sumado al diputado de UPN, partido que concurrió en coalición electoral con el PP.
Su mayoría ha rechazado la moción que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) había pactado con PSOE y CiU y que fue apoyada por el resto de formaciones políticas de la oposición: Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, Amaiur, Esquerra, BNG, CC-NC, Compromís-Equo, Geroa Bai y Foro Astruias.
En el debate celebrado este miércoles, los portavoces de todos los grupos parlamentarios, excepto el del PP, mostraron su rechazo a que el debate sobre el método de elección de alcaldes se abra a menos de ocho meses de los próximos comicios locales y acusaron a los 'populares' de querer "cambiar las reglas del juego en medio del partido" con "intereses partidistas".
El defensor de la iniciativa, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, insistió en la importancia de este acuerdo entre un amplio abanico parlamentario sobre la necesidad de aplazar la reforma y, además, que cualquier modificación cuente con un amplio consenso.
Gorriarán insistió en la importancia de "no cambiar las reglas del juego mientras se está jugando con ellas". "Proponemos algo muy sencillo, y es que renuncien a que se apruebe la entrada en vigor de cualquier reforma electoral hasta las elecciones municipales", subrayando.
La dirigente del PSOE Susana Sumelzo apoyó esta idea y calificó de "inaceptable" la reforma propuesta por el Gobierno, que cree que sólo tiene el objetivo de "solucionar sus problemas por motivos electorales". "Y además lo quieren hacer solos, de forma unilateral, con prisas e injustificadamente", denunció.
Así, dejó claro que los socialistas rechazan "rotundamente" el cambio de elección de alcaldes que propone el PP y no está dispuesto a participar en esta propuesta "trampa" que considera "una inaceptable manipulación electoral". "Se puede decir más alto pero no más claro", enfatizó apelando al "sentido de Estado" de los 'populares'.
También el portavoz municipal de CiU, Carles Pàramo, acusó al PP de querer "blindar" su poder municipal con una medida que, auguró, llevaría al municipalismo a "una mayor polarización" y convertiría las elecciones locales "en una simple pugna entre los dos partidos dominantes", dividiendo a los electores "en dos mitades, sin matices".
Pero además, pidió al Gobierno que no utilice un lenguaje "tramposo" y no hable de elección directa de los alcaldes, ya que su propuesta no pasa por permitir las listas abiertas o desbloqueadas sino por el gobierno de la candidatura más votada, de forma que "no se permite que los ciudadanos escojan directamente a sus representantes".
IU: SE BENEFICIARÍAN LOS CORRUPTOS
Desde Izquierda Plural, el diputado Joan Josep Nuet advirtió al PP de que se ha quedado solo "con sus alcaldes asustados" que están buscando "desesperadamente" soluciones "con atajos no muy democráticos". "El problema de sus alcaldes no es crear una nueva ley, es que si la gente no los quiere los va a echar", advirtió.
En este sentido, acusó a los 'populares' de querer "acabar con la democracia" y "acallar la voz" de los partidos no mayoritarios, convirtiendo además a los ayuntamientos en organismos "opacos y poco democráticos". "Su verdadero objetivo es no perder poder en los ayuntamientos ahora que el viento no sopla a favor del PP", insistió señalando que los únicos que aplaudirían esta propuesta serían "los corruptos" que se benefician de las "redes clientelares que se han establecido en algunas administraciones".
También ERC se opuso a la reforma propuesta por el PP pese a que, según reconoció su portavoz, Alfred Bosch, podría beneficiar a su formación si se cumplen los resultados que pronostican las encuestas. "Pero ni así. Estamos en contra, es antidemocrático", zanjó Bosch acusando al PP de tratar de hacerse "un traje a medida" que considera "escandaloso".
Los diputados de CC-NC Pedro Quevedo y de Compromís, Joan Baldoví, también calificaron de "pucherazo" la propuesta del Ejecutivo y le pidieron que reconsidere su idea de sacarla adelante en los próximos meses. "Les pedimos que reflexionen para no hacer un daño aún mayor al que ya está sufriendo el desprestigio de la política y las instituciones", apuntó Quevedo.
EL PP NO ACLARA LOS PLAZOS
Desde el PP, su diputado Juan Carlos Vera no dio detalles sobre la iniciativa que quiere sacar adelante el Gobierno ni los plazos que baraja, pero insistió en defender su oportunidad para garantizar el respeto a la voluntad de los ciudadanos y mejorar la democracia local.
Vera sostuvo que los ciudadanos no votan para que su municipio sea gobernado por "una coalición de perdedores" sobre un programa "que desconocen o sobre el que no se han podido pronunciar" y, por tanto, es "razonable" que sea alcalde el candidato de la lista que más apoyos ha recibido.
Y aunque apeló a su voluntad de alcanzar el mayor consenso posible, recordó a los socialistas que su partido reformó sin apoyo del PP la ley electoral hasta en dos ocasiones, en el año 1983 bajo el mandato de Felipe González y en 2006 para introducir la paridad en las listas electorales.
"Pero como no somos como ustedes, nosotros queremos llevar la propuesta al ámbito de la negociación y esperamos sus opiniones", emplazó en defensa de una medida que, a su juicio, "da estabilidad a los gobiernos municipales, respeta la voluntad de los ciudadanos y garantiza la transparencia evitando que las mayorías sean sustituidas por pactos ocultos".
UN SISTEMA MÁS PROPORCIONAL Y EQUITATIVO
El acuerdo alcanzado por los grupos de la oposición también incluía un último punto que pedía al Gobierno estudiar "en todo caso" la modificación del sistema de elección de alcaldes dentro de una reforma global de la Loreg que la haga "más proporcional y equitativa".
El PNV, que apoya aplazar la reforma y también quiere que se haga con acuerdo, no está conforme sin embargo con este último punto de la moción porque cree que no se debe aprovechar el texto para incluir condiciones sobre las que situarse una futura modificación electoral.
Fuente: Europa Press