Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo sobre la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

Primera visita de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, al Tribunal Constitucional

1.      El recurso de inconstitucionalidad y su objeto

En junio de 2016 la Generalidad de Cataluña planteó recurso de inconstitucionalidad (recurso 3628/2016) frente a determinadas cuestiones de entre las que se encuentran reguladas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPA/2015):

a) Uso de medios electrónicos y simplificación administrativa:

• Artículo 6.4, párrafo segundo: Atribución a la Administración del Estado (Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas) de la aprobación, con carácter básico, de los modelos de poderes inscribibles en el registro electrónico de apoderamientos.
• Artículo 9.3: Establecimiento, salvo prueba en contrario, de los sistemas de identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.
• Artículo 13 a) y 53.1 a), párrafo segundo: En los que se hace referencia al punto de acceso general electrónico de la Administración, sin especificar en qué consiste.
• Artículo 44 y Disposición adicional tercera: Que mantienen un único emplazamiento electrónico (en el Boletín Oficial del Estado) para todas las notificaciones edictales (establecido por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa).
• Disposición adicional Segunda: Posibilidad de adhesión voluntaria de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado, no adhesión que deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al   artículo 7 de la   Ley Orgánica 2/2012 , de 27 de abril , de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

 b) Iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones

- Artículo 1.2: Posibilidad de  incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la propia LPA/2015

- Artículos 129, 130, 132 y 133: En tanto que vulneran la autonomía política y las competencias de la Generalitat en orden a regular su propia organización y procedimientos, obligan a conferir, con carácter general, su desarrollo reglamentario al Gobierno autonómico

c) Títulos competenciales

- Disposición final Primera, apartados 1 y 2: Que señalan, como apoyo para la aprobación de la LPA/2015 la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y competencia en materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas (artículo 149.1.18 de la Constitución), la Hacienda general (artículo 149.1.14 de la Constitución), así como la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13 de la Constitución).

2.      Declaración de inconstitucionalidad

a)  Uso de medios electrónicos

Se declara la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 6.4 de la LPA/2015 puesto que “en todo caso, si el intercambio fluido o automatizado de información llegara a aconsejar en algún supuesto el manejo de técnicas de normalización, el Estado podría siempre promoverlas mediante instrumentos de colaboración”, planteamiento que se sustenta en la Sentencia 141/2016, de 21 de julio (F. 7) del propio Tribunal Constitucional en la que se estableció que, incluso si se interpreta un determinado Reglamento europeo en el sentido de que España debe contar con una única autoridad de verificación ambiental, ello no significa que el Estado esté autorizado a ejercer competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas para asumir unilateralmente el nombramiento; hay “una variedad de mecanismos de cooperación con que conciliar aquella –hipotética– exigencia del Reglamento (…) con el sistema interno de distribución de competencias”.

b) Simplificación administrativa

Se declara la inconstitucionalidad de los incisos “o Consejo de Gobierno respectivo” y “o de las consejerías de Gobierno” del párrafo tercero del art. 129.4 y del apartado 2 de la disposición final primera de la LPA/2015 porque no es posible “una lectura excesivamente amplia” del artículo 149.1.13 de la Constitución que pudiera “constreñir de contenido o incluso vaciar las competencias sectoriales legítimas de las Comunidades Autónomas”, con referencia la Sentencia 141/2014, de 11 de septiembre, F 2 c) del propio Tribunal Constitucional (Fundamento 3 de la Sentencia) y porque las normas que promueven la “buena regulación” durante la elaboración de proyectos de reglamento y anteproyectos de ley o la implantación de medios electrónicos en la organización y el procedimiento administrativos, aunque desarrollen fórmulas destinadas a abaratar costes (favorecimiento de las plataformas electrónicas compartidas), escapan a la órbita de la “hacienda general” como título competencial (art. 149.1.14 CE).

3.      Declaración de contrarios al orden constitucional de competencias

 En materia de iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones

- Se declara que los artículos 129, 130, 132 y 133 de la LPA/2015 son contrarios al orden constitucional de competencias y que, en consecuencia, no son aplicables a las iniciativas legislativas de las Comunidades Autónomas, por lo que se ha producido una invasión de competencias de las Comunidades Autónomas, estatutariamente atribuidas, en orden a organizarse y regular la elaboración de sus leyes porque “no son aplicables a las iniciativas legislativas de las Comunidades Autónomas”, sin que ello determine su nulidad, puesto que se trata de artículos que se refieren también a las iniciativas legislativas del Gobierno nacional, lo que no ha suscitado controversia alguna en este proceso. De modo que, para remediar la invasión competencial señalada, basta declarar que estos preceptos son contrarios al orden constitucional de competencias y que, en consecuencia, no son aplicables a las iniciativas legislativas de las Comunidades Autónomas (Fundamento 7 b de la Sentencia que contiene expresa referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 50/1999, de 6 de abril, F. 7 y 8).

- Los artículos 132 y 133 de la LPA/2015, en tanto que suponen una regulación de carácter marcadamente formal o procedimental que desciende a cuestiones de detalle (como son como la periodicidad, contenido y lugar de publicación del plan normativo), no pueden entenderse amparadas por el artículo 149.1.18 de la Constitución, de lo que se deriva que se ha producido invasión de las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas (Fundamento 7 c de la Sentencia que contiene expresa referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 91/2017, de 6 de julio, F. 6).

4.      Desestimación del resto de cuestiones planteadas

Declaración que, realizada en el Fallo de la Sentenciadesestima el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.

5.      A modo de conclusión

La resolución que el Tribunal Constitucional realiza del recurso de inconstitucionalidad formulado por la Generalidad de Cataluña permite determinar que:

1. La impugnación general que se pretendía queda limitada a la declaración de inconstitucionalidad de  cuestiones muy concretas (un párrafo del artículo 6.4 y dos incisos del párrafo tercero del artículo 124.3 y del apartado segundo de la disposición final de la LPA/2015). Se trata de excesos de medida y de un exabrupto en cuanto a la determinación de los títulos competenciales.
2. A cambio se mantiene el pilar de la competencia establecida en el artículo 148.1.18 de la Constitución en materia de procedimiento administrativo común
3. El ataque a la regulación efectuada en los artículos 127 a 133 de la LPA/2015 sobre la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones se salda con la declaración de ser contrarios al orden constitucional de competencias (que no con la declaración de inconstitucionalidad) de los artículos 129 (salvo el apartado cuarto, párrafos segundo y tercero), 130, 132 y 133 de la LPA/2015 y del (de nuevo) artículo 132 y el artículo 133 (salvo el inciso de su apartado primero “Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública” y el primer párrafo de su apartado cuarto.
4. El hecho de que la declaración lo sea (como ha quedado señalado) de ser contrarios al orden constitucional de competencias y no de inconstitucionalidad determina que no son expulsados del ordenamiento y mantienen su vigencia.
5. De esta forma, nada se dice (al menos de momento) sobre el ejercicio de la potestad reglamentaria (artículo 128 de la LPA/2015) que queda incluida dentro de la competencia exclusiva del Estado del artículo 149.1.18ª sobre las bases del procedimiento administrativo común, de manera que ese régimen, el establecido en los artículos 127 a 133 de la LPA/2015 resultaría aplicable para el ejercicio de toda la potestad reglamentaria, ya sea la que corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, o a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la LBRL, tal y como dispone el art. 128.1 de la LPA/2015.

Sobre los requisitos de los contratos menores: Interpretación del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público

Por F. Javier Fuertes 

1.      El expediente de contratación en contratos menores

Una de las muchas cuestiones que se han visto afectadas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP/2017), es la regulación de eso que se ha venido en denominar contratos menores.

A nadie escapa, por su evidencia, que la LCSP/2017 ha limitado su ámbito de aplicación al reducir, de manera general, los importes al que pueden estar referidos esos contratos menores, y pasar de 50.000 euros a 40.000 euros en los contratos de obras y de 18.000 euros a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios (artículo 118 de la LCSP/2017).

Este tipo de contratos o, más propiamente, este excepcional procedimiento de adjudicación, nunca ha gozado de buena prensa, y su uso ha dado lugar a suspicacias y sospechas, especialmente por todos aquellos que no resultaban agraciados con su adjudicación como nicho adecuado en el que instalarse la corrupción.

Lo cierto es que se trata de una forma de actuar que no se corresponde, ni se compadece, con las garantías que persigue la regulación de la contratación pública y, tampoco, con los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, que predica el artículo 1 de la LCSP/2017, puesto que tal y como dispone el artículo 131.3 de la LCSP/2018 “los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118”, previsión que se viene a corresponder con la que establecía el art. 138.3 de la anterior regulación (el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, TRLCSP/2011).

Ahora bien, esa equivalencia regulatoria, entre la anterior ordenación y la vigente, se agota ahí, ya que no se produce entre los preceptos que, en el TRLCSP/2017 y en la LCSP/2017, regulaban y regulan el expediente de contratación en contratos menores, como consecuencia de la introducción de nuevos requisitos en el artículo 118 de la LCSP/2017 frente a los que, de manera previa, se establecían en el artículo 111 del TRLCSP/2011.

Y es que el art. 111 del TRLCSP/2011 se limitaba a establecer que el expediente de contratación en contratos menores “solo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente” y al que “deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras”, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran y de que debería solicitarse el informe de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, condiciones, todas ellas que se mantienen en el artículo 118.1 de la LCSP/2017.

Ahora bien, este artículo 118.3 de la LCSP/2017 añade una serie de requisitos adicionales, tanto de fondo como de forma, que no estaban previstos en el régimen anterior, nuevas previsiones, en cuanto al control de adecuación de los límites económicos establecidos, que se concretan en:

1)      Que “en el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación”

2)      Que “el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo”

Previsiones a las que se añade que “el órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla”, y expresa exclusión de los suministros o los servicios que solo puedan ser encomendados a un empresario conforme a lo dispuesto en el artículo 168 a) 2º de la propia LCSP/2017 (artículo 118.3 LCSP/2017).

Al lado de estos requisitos de fondo se añade el de forma al establecerse que los contratos menores que superen los 5.000 euros habrán de ser publicados en el perfil del contratante (siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores), siendo preceptiva, conforme a lo previsto en el artículo 63.4 de la LCSP/2017 la publicación, al menos trimestralmente, de su objeto, duración, el importe de adjudicación (incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido) y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario (artículo 118.4 LCSP/2017).

 2.      La justificación en el expediente y la comprobación por el órgano de contratación

Como se acaba de señalar son dos los requisitos, además de la limitación del valor estimado, que el art. 118.3 de la LCSP/2017 impone al órgano de contratación para la adjudicación de un contrato como menor y habrán de ser justificadas en el expediente de contratación.

2.1. Justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación

El objetivo del legislador, sin que ninguna duda quepa sobre ello, es evitar que el órgano de contratación eluda las normas generales establecidas mediante el fraccionamiento del contrato, mediante la adjudicación de diversos contratos allá dónde, por la propia naturaleza  de su objeto, debiera existir un único contrato.

Se trata, y la práctica así lo ha mostrado (sin que resulte preciso ahondar en mayores explicaciones), de la adjudicación de varios contratos, todos ellos con un valor estimado que permite su adjudicación como contratos menores, cuando las necesidades que con ellos pretenden cubrirse conforman una unidad que se ha fraccionado con la finalidad de eludir las normas generales de preparación y adjudicación establecidas para la celebración de ese contrato.

La previsión ahora contenida en el primer inciso del artículo 118.3 de la LCSP/2017  (y que se concreta en que “en el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación”).

Obligación de “justificar” que ha de entenderse como necesidad de “motivar” que la adjudicación del contrato menor no supone elusión de las normas establecidas, exigencia que “se orienta a evitar el fraccionamiento de los contratos, salvo en el caso de su división en lotes, y esta previsión sería ya suficiente para el cumplimento de tal objetivo” puesto que “la prohibición de fraccionamiento en los contratos ya se recogía en el artículo 86 del TRLCSP, si bien ahora la ley da un paso más y obliga al órgano de contratación a justificar este extremo” (Informe 1/2018, de 11 de abril, de la Junta Consultiva de la Comunidad de Madrid sobre adjudicación de contratos menores en la nueva ley de Contratos del Sector Público).

En este sentido, a nuestro juicio, la primera de las reglas que ha de comprobar el órgano de contratación –justificar que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación- se orienta a evitar el fraccionamiento de los contratos, salvo en el caso de su división en lotes, y esta previsión sería ya suficiente para el cumplimento de tal objetivo. Téngase en cuenta que la prohibición de fraccionamiento en los contratos ya se recogía en el artículo 86 del TRLCSP, si bien ahora la ley da un paso más y obliga al órgano de contratación a justificar este extremo (Informe 1/2018, de 11 de abril, de la Junta Consultiva de la Comunidad de Madrid sobre adjudicación de contratos menores en la nueva ley de Contratos del Sector Público).

Y es que con el régimen anterior (el previsto en el art. 111 del TRLCSP/2001) ya se entendía que el contrato menor no era el mecanismo más adecuado y conforme con la normativa de contratación pública para responder a necesidades de carácter recurrente, periódico o permanente (Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña).

De manera que el art. 118.3 de la LCSP/2017 “debe ser objeto de una interpretación teleológica que permite considerar que la finalidad del precepto es justificar en el expediente de contratación de los contratos menores que no se ha alterado indebidamente el objeto del contrato con el fin de defraudar los umbrales previstos para el contrato menor” (Expediente 41/2017 de 2 de marzo de 2018 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado).

En definitiva, la exigencia de justificación obliga a que por el órgano de contratación se deje constancia en el expediente del cumplimiento de los requisitos que permiten el uso, en ese caso, de la adjudicación por el procedimiento de contrato menor.

2.2. Justificación de que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra establecida

La pretensión del legislador es, de nuevo, la de establecer un control frente a quien pretenda eludir las normas generales de adjudicación fraccionado en varios contratos lo que debiera ser un único contrato, control que en este caso se dirige a verificar que un mismo contratista ha suscrito varios contratos que superan el umbral establecido para los contratos menores (40.000 euros en los contratos de obras y 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios).

Se trata, por tanto, de una medida que permita controlar adjudicaciones sucesivas a un mismo contratista por un importe superior al fijado como límite máximo de los contratos menores.

La cuestión que se plantea es la de la interpretación de los términos en los que se fija esta previsión legal en el segundo inciso del artículo 118.3 de la LCSP/2017  (y que se concreta en “y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo”).

Y ello porque una interpretación literal de esos términos lleva a la conclusión que de un órgano de contratación no puede adjudicar, en ningún caso, a un mismo contratista contratos menores por importe superior al fijado (esos 40.000 euros en los contratos de obras y esos 15.000 euros en los contratos de suministro o de servicios).

No parece lógico que este requisito se interprete al margen de su contexto (constituido por el propio artículo 118 de la LCSP/2017) pues, aisladamente, podría entenderse que está vedado adjudicar, al mismo contratista, contratos con diferentes objetos y sin que, en modo alguno, se fije el plazo de tiempo al que alcanzaría esa prohibición.

Tal planteamiento hace preciso poner en relación los dos requisitos que establece el art. 118.3 LCSP/2017 en cuanto exigen una doble justificación al órgano de contratación. De un lado que no se está alterando el objeto del contrato y, de otro, la cuantía establecida como límite de adjudicación.

Así lo ha entendido la Junta Consultiva de la Contratación del Estado señalando que “bajo esta premisa parece claro que la interpretación separada de los dos requisitos que cita el precepto conduce al absurdo, tal como hemos expuesto, de modo que procedería considerar ambas condiciones como cumulativas y conectadas con un fin último coincidente” de lo que se deriva que “la exigencia de que el contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen el umbral establecido debe interpretarse de modo que lo que la norma impide no es que se celebren otros contratos menores por el mismo operador económico sin límite alguno, sino que la conducta prohibida y que, por consecuencia, debe ser objeto de la necesaria justificación, consiste en que se celebren sucesivos contratos cuyas prestaciones constituyan una unidad y cuya fragmentación resulte injustificada en dos supuestos: bien por haber existido un previo contrato de cuantía superior al umbral y que, sin embargo, se desgaja sin motivo en otros contratos menores posteriores con prestaciones que debieron formar parte del primer contrato, o bien porque esto se haga fraccionando indebidamente el objeto en sucesivos contratos menores” llegando a la conclusión de que “la ley no contempla una limitación a la celebración de contratos menores con un mismo operador económico cuando las prestaciones objeto de los mismos sean cualitativamente diferentes y no formen una unidad” y que, “por ello, fuera de los casos de alteración fraudulenta del objeto del contrato, sí es posible celebrar otros contratos menores con el mismo contratista, pero en este caso habrá de justificarse adecuadamente en el expediente que no se dan las circunstancias prohibidas por la norma” (Expediente 41/2017 de 2 de marzo de 2018 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado).

De igual manera la Junta Consultiva de Contratación Administrativa  de la Comunidad Autónoma de Aragón “considera que la regla de incompatibilidad que establece el art. 118.3 debe operar respecto de anteriores contratos menores de la misma tipología que aquél que pretenda adjudicarse de manera sucesiva” (Informe 3/2018, de 13 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa  de la Comunidad Autónoma de Aragón).

Por otra parte, y sobre la constancia de la comprobación por parte del órgano de contratación del cumplimiento de la limitación que se impone en el art. 118.3 de la LCSP/2017 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado entiende que “no se establece un modo concreto de comprobación ni tampoco un sistema de constancia documental en el expediente, a diferencia de lo que ocurre con la justificación inicial. Más bien se trata de una fórmula que garantiza un control ex ante y un control ex post por parte del órgano de contratación. En cualquier caso, al tratarse de una norma de carácter imperativo y, por tanto, de una conducta obligatoria para el órgano de contratación, es recomendable que quede constancia documental del control ulterior realizado por aquél, sin que tal control esté sometido a requisito formal alguno (Expediente 42/2017, de 2 de marzo de 2018,  de la Junta Consultiva de Contratación del Estado).

3. A modo de conclusión

En definitiva, esta prohibición de adjudicar contratos menores ha de entenderse referida a casos en los que en una misma anualidad se adjudiquen contratos menores a un mismo contratista por importe superior al legalmente previsto para este tipo de contratos. 

El TJUE y los contratos temporales: donde dije digo, digo… (A propósito de la Sentencia del TJUE de 5 de junio de 2018)

Por F. Javier Fuertes López

 1.      De la Sentencia del TJUE Diego Porrás a la Sentencia del TJUE Montero Mateos

Grandes ilusiones había creado el TJUE al resolver el asunto C-596/14 mediante la Sentencia de 14 de septiembre de 2016 (asunto Diego Porras) y se esperaban, con ansiedad, las nuevas resoluciones que habían de producirse sobre este asunto de los contratos temporales y las consecuencias que, en especial, a su finalización habían de producirse.

Cuestión que, por otra parte y en lo que aquí interesa, no se agotaba en el orden laboral al haberse extendido al ámbito de las relaciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

De esta forma vientos de esperanza recorrían el proceloso (además de desorganizado y caótico) universo de todas esas formas de prestar servicio a las Administraciones al margen de una relación (funcionarial, estatutario o laboral) fija o indefinida.

Y por fin, entrados en el mes de junio, llegó la esperada Sentencia del TJUE que todo el mundo estaba esperando como agua de mayo.

2.      Lo que “dice” la Sentencia del TJUE de 5 de junio de 2018 (asunto C-677/16, Montero Mateos)

La Sentencia del TJUE tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, mediante auto de 21 de diciembre de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 29 de diciembre de 2016, y en la que se plantea la siguiente cuestión:

«La Cláusula 4, apartado 1, del [Acuerdo Marco] ¿debe interpretarse en el sentido de que la extinción del contrato temporal de interinidad para cobertura de vacante por vencimiento del término que dio lugar a su suscripción entre el empresario y la trabajadora constituye una razón objetiva que justifica que el legislador nacional no prevea en tal caso indemnización alguna por fin de contrato, mientras que para un trabajador fijo comparable que ha sido despedido por una causa objetiva se prevé una indemnización de 20 días por año?»

El TJUE señala, en este sentido que “la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco incluye una prohibición de tratar, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, a los trabajadores con un contrato de duración determinada de modo menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de trabajo de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas” (Considerando 42) y que “en el caso de autos, procede señalar, en primer lugar, que, dado que el contrato de trabajo de la Sra. Montero Mateos preveía que este finalizaría cuando adviniera un acontecimiento determinado, a saber, la adjudicación con carácter definitivo a un tercero, tras un proceso selectivo, del puesto que ella ocupaba temporalmente, debe considerarse que la Sra. Montero Mateos tiene la condición de «trabajador con contrato de duración determinada», en el sentido de la cláusula 3, apartado 1, del Acuerdo Marco (Considerando 43).

El TJUE determina que “cabe considerar que el objeto específico de la indemnización por despido establecida en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores, al igual que el contexto particular en el que se abona dicha indemnización, constituyen una razón objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida” (Considerando 63), conclusión que se alcanza en base a:

1)      La definición del concepto de trabajador con contrato de duración determinada

Las partes de un contrato de trabajo temporal conocen, desde el momento de su celebración, la fecha o el acontecimiento que determinan su término. Este término limita la duración de la relación laboral, sin que las partes deban manifestar su voluntad a este respecto tras la conclusión de dicho contrato (Considerando 60)

2)      Las causas de extinción de un contrato fijo a iniciativa del empresario (art. 52 ET)

El artículo 53, apartado 1, letra b) ET requiere que se abone al trabajador despedido una indemnización equivalente a veinte días de salario por año de servicio, precisamente a fin de compensar el carácter imprevisto de la ruptura de la relación de trabajo por una causa de esta índole, y, por lo tanto, la frustración de las expectativas legítimas que el trabajador podría albergar, en la fecha en que se produce la ruptura, en lo que respecta a la estabilidad de dicha relación (Considerando 61).

3)     La inexistencia de diferencia de trato  entre trabajadores con contrato temporal y trabajadores fijos comparables

Puesto que el artículo 53, apartado 1, letra b) ET establece el abono de una indemnización legal equivalente a veinte días de salario por año de servicio en favor del trabajador, con independencia de la duración determinada o indefinida de su contrato de trabajo (Considerando 62).

Lo que supone que “la recurrente no podía conocer, en el momento en que se celebró su contrato de interinidad, la fecha exacta en que se proveería con carácter definitivo el puesto que ocupaba en virtud de dicho contrato, ni saber que dicho contrato tendría una duración inusualmente larga” si bien “no es menos cierto que dicho contrato finalizó debido a la desaparición de la causa que había justificado su celebración” (Considerando 64).

Por lo que se el TJUE declara que:

La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del mencionado puesto, como el contrato de interinidad de que se trata en el litigio principal, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron, mientras que se concede indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva.

3.      Y lo que además se “sugiere”

Pero por si no fuera poco el lío creado y las expectativas que con la anterior Sentencia (Diego Porras) se habían creado el TJUE lejos de zanjar la cuestión vuelve a generar expectativas, eso sí, dentro del varapalo asestado.

Y, para ello, se permite señalar, cunado no sugerir, que “dicho esto, incumbe al juzgado remitente examinar si, habida cuenta de la imprevisibilidad de la finalización del contrato y de su duración, inusualmente larga, ha lugar a recalificarlo como contrato fijo” (Considerando 64).

No parece importarle mucho al TJUE las consecuencias de lo que apunta, sabiendo, como sabe, y conociendo como ahora conoce, que en muchos de los casos que se avecinan son relaciones de trabajo para entidades públicas y apunta a la conversión (recalificación) de esas relaciones “como contrato fijo”… y dice “fijo”, que no “indefinido”, que hubiera sido una barbaridad venial o menos mortal que la que pretende con su amable y, sin duda, bien intencionada sugerencia.

Ahora bien, tampoco conviene olvidar que las entidades públicas han estado durante años abusando de una figura para fines distintos a los previstos, algo que, sin duda, está muy mal y es reprobable (de aquellos polvos, estos lodos), pero que tampoco puede conducirnos a llevarnos por delante todos los principios de acceso  (mérito y capacidad) a los puestos de trabajo en el sector público, pues sería pretender arreglar un dislate con otro.

En definitiva, el cambio de doctrina del TJUE supone que los que fueron tachados de paganos por defender lo contrario a lo que el TJUE mantuvo en el asunto Diego Porras se convierten ahora en fieles. Resta por ver si los otrora creyentes, y hoy infieles conversos, defienden con el mismo fervor que hay que seguir la nueva doctrina del TJUE.

SUMARIO DEL NÚMERO MONOGRÁFICO: LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. NÚMERO 205

Hemos diseñado este número extraordinario de la Revista de Estudios Locales para facilitar el manejo y la aplicación de la Ley. Tarea nada fácil. Pensando en los que tienen que manejar a diario las novedades, hemos pedido a los expertos trabajos muy concretos, bien fundamentados y eminentemente prácticos. Son nada menos que 25. Muchos, sí, pero breves y centrados en planteamientos concretos. De tal forma que el operador que se enfrente a un caso tenga siempre a mano un artículo donde acudir, que le aporte claridad y enfoque de solución de problemas. Además, lo podrá encontrar en doble formato, digital y en papel, para facilitar su trabajo.

SUMARIO:

PÁG 8. LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DE 2017: ENTRE LA BUROCRACIA Y LA LIBRE COMPETENCIA. JOSÉ MARÍA BAÑO LEÓN Leer

PÁG. 18. INTEGRIDAD Y ESTRATEGIA COMO OBJETIVOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Leer

PÁG. 34. LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. JORDI CASES I PALLARÉS Leer  

PÁG. 56.TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. ESPECIAL REFERENCIA A LAS NOVEDADES EN LA LEY DE CONTRATOS. EVA DE ENRIQUE MUÑOZ Leer  

PÁG. 76. LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. SU ENFOQUE EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS. JORDI BMÉ AMER BONNIN Leer

PÁG. 94. LA CONTRATACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE. JESÚS MARÍA GARCÍA BLANCO Leer

PÁG. 112. LA INVALIDEZ DE LOS CONTRATOS. MANUEL JOSÉ DOMINGO ZABALLOS Y JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BUENDÍA Leer

PÁG. 128. RÉGIMEN DE LOS ACTOS SEPARABLES DE LOS CONTRATOS PRIVADOS DEL SECTOR PÚBLICO; ESPECIAL REFERENCIA A LAS ENTIDADES INSTRUMENTALES CON PERSONALIDAD DE DERECHO PRIVADO. EDUARDO GAMERO CASADO Leer  

PÁG. 142. EL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. JESÚS COLÁS TENAS Leer  

 PÁG. 156. LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR. TERESA MEDINA ARNÁIZ Leer

PÁG. 174. PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO Y PRECIO. LA REVISIÓN DE PRECIOS. EL PAGO DEL CONTRATO. RAFAEL SALGADO GIMENO Leer

PÁG. 190. LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS. LUIS F. PRIETO GONZÁLEZ Leer

PÁG. 204. NOVEDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS: NORMAS GENERALES, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS. JOSÉ MIGUEL CARBONERO GALLARDO Leer

PÁG. 222. LA INNOVACIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL: ESPECIAL REFERENCIA AL NUEVO PROCEDIMIENTO DE ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN. ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ Leer

PÁG.  236. LOS CONCURSOS DE PROYECTOS. MÓNICA TALLÓN GÓMEZ Leer

PÁG. 252. MODIFICACIÓN EN LOS CONTRATOS. VENANCIO GUTIÉRREZ COLOMINA Leer  

PÁG. 274. LA EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONCEPCIÓN BARRERO RODRÍGUEZ Leer

PÁG. 290. EL CONTRATO DE OBRAS EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. JUAN CARLOS ROMAR VILLAR Leer

PÁG. 306. CONTRATO DE SUMINISTROS, EN ESPECIAL SUMINISTROS DE BIENES CONSUMIBLES DE USO FRECUENTE. PILAR ORTEGA JIMÉNEZ Leer

PÁG. 318. LOS CONTRATOS DE SERVICIOS. JOSÉ CARLOS CASTIÑEIRA PIÑEIRO Leer

PÁG. 336. CONTRATOS ARTÍSTICOS Y EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA. JUAN MANUEL GUIMERÁNS RUBIO Leer

PÁG. 350. LA CONCESIÓN DE SERVICIOS. VALENTÍN MERINO ESTRADA Leer

PÁG. 362. LOS PODERES ADJUDICADORES. LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO ES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SILVIA DÍEZ SASTRE Leer

PÁG. 378. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN. HILARIO LLAVADOR CISTERNES Leer

PÁG. 396. ESPECIALIDADES DE LA CONTRATACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES. JOAQUÍN BURGAR ARQUIMBAU Leer

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