ISSN: 2695-4621
Por Óscar Romera Jiménez:
El buen gobierno fiscal en los gobiernos corporativos debe verse como un objetivo estratégico para la empresa. A esa perspectiva empresarial que analiza la minimización de riesgos financieros, regulatorios y de reputación, debe incorporarse una visión fiscal específica, completa, temporánea y cooperadora con la Administración. En dicha relación, deben facilitarse mecanismos a la empresa que proporcionen certidumbre y una adecuada capacidad de predicción que incorpore ese riesgo fiscal a la estrategia corporativa de la empresa. La enumeración de las principales regulaciones y recomendaciones de diferentes instituciones y países relacionados con la materia, ayuda a completar este estudio. El caso español nos ayuda a valorar el posicionamiento de nuestro país en la materia e identifica los instrumentos elegidos para alcanzar ese buen gobierno fiscal en los gobiernos corporativos. Al mismo tiempo, nos permite identificar nuevos retos.
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La competencia exclusiva de la Administración del Estado en materia de telecomunicaciones debe coordinarse con la competencia autonómica en materia de urbanismo e incluso con las competencias insulares y municipales. Se deben respetar los intereses locales en materia de bienes y servicios públicos y planeamiento urbanístico cuando se trate de nuevas redes de telecomunicaciones; los operadores no tienen una libertad incondicionada en la ocupación del dominio público.
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Uno de los grandes objetivos que se marcaba la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, era “conseguir un control financiero y presupuestario más riguroso”, reforzando la función interventora y la profesionalidad de los funcionarios encargados de llevarla a efecto. Inmediatamente dijimos que, para conseguir ese objetivo, no eran suficientes los cambios en la legislación, sino que había que poner en marcha tres procesos esenciales:
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La preocupación de los españoles por la corrupción alcanza hitos crecientes cada vez que tenemos acceso a una nueva encuesta del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.). Casi un 64% de los españoles la consideran el principal problema del país, siendo únicamente superado por el paro (77%). El trabajo de campo de este Barómetro del que se apunta este resultado se realizó entre el 4 y el 12 de noviembre del año pasado. En el Barómetro del CIS inmediatamente anterior, el de Octubre de 2014, la corrupción ya era el segundo problema del país para los españoles, pero la cifra “apenas” alcanzaba el 43 %.
Ante la última reforma de la contabilidad pública local y los desafíos a los que se tendrían que enfrentar los ayuntamientos españoles, hace unos meses iniciamos una estrecha colaboración con COSITAL para desarrollar un proyecto de investigación al respecto, con el que pretendíamos identificar, por un lado, el conocimiento que del Plan General de Contabilidad Pública/Instrucciones de Contabilidad poseen los componentes del área de intervención y, por otro, identificar si ésta ha contado con el apoyo, la formación y los recursos –técnicos y humanos- necesarios para poder implantar con éxito la nueva normativa contable.