SUMARIO NOVIEMBRE Nº 246

El Principio del final.

Valeriano LAVELA PÉREZ. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba

Federico Andrés LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid

[1] En el Boletín Oficial de las Cortes Generales número A-70-1, de 15 de octubre pasado, correspondiente al Congreso, se publica el texto inicial del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, cuya Disposición Final primera contiene una modificación del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

[2] En el Boletín Oficial de las Cortes Generales número 263, de 30 de noviembre pasado, correspondiente al Senado, se publica el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en el que la modificación del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas indicada en el párrafo anterior, ha pasado a ser objeto de la Disposición Final Segunda, mientras que la Disposición Final Primera, tras una enmienda presentada por el G.P. Vasco en el Congreso, en concreto la número 3.189 —con la siguiente justificación: «mejora de la redacción y aclaración de las facultades asumidas en el ámbito de una materia de naturaleza foral»—, lo que contiene es una modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la que el apartado 7 de la Disposición Adicional segunda de dicha Ley, relativo a la normativa aplicable, en materia de habilitación de carácter nacional, al régimen foral vasco, queda redactada como sigue:

«7. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas».

La redacción actual y todavía vigente del precitado apartado 7, dice textualmente lo siguiente:

«7. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas respecto a dicho personal serán ostentadas por las instituciones competentes, en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo la facultad de convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento de los funcionarios, en dichos concursos».

[3] Si se tratara del famoso, simple, inocuo y entretenido juego de los siete errores, al que todos, alguna vez, hemos jugado, en el que se trataba de localizar las diferencias entre dos imágenes o textos aparentemente idénticos, el asunto no tendría mayor trascendencia, pero tratándose de una materia de suma importancia, como es la preservación y garantía del Estado de derecho, la igualdad de trato y la aplicación de una normativa unitaria, justa, sensata, adecuada, objetiva e igual para todo el territorio español, con respecto a la existencia de una normativa básica reguladora y aplicable a los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, inspirada en los principios constitucionales del artículo 103.3 sobre acceso a la función pública, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, el asunto ya cobra, destila y rezuma una especial gravedad.

[4] Si bien es cierto que la Disposición Adicional primera de nuestra Carta Magna proclama que la propia Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, permitiendo que una actualización general de dicho régimen foral se pueda llevar a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, no es menos cierto que una cosa es la actualización de aquel ordenamiento jurídico foral, en determinadas materias sectoriales, adaptándolo y adecuándolo a las nuevas realidades humanas, económicas, tecnológicas y sociales que demande el devenir de los tiempos, cada vez más cambiantes, y otra muy distinta que se puedan aprobar leyes —o modificaciones de las mismas- que vulneren de manera flagrante la atribución de competencias exclusivas del Estado español en determinadas materias básicas, como son, sin duda, las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, permitiendo, posibilitando y consintiendo que la regulación normativa básica quede en manos de determinadas y concretas Comunidades Autónomas, como es el caso del País Vasco, produciéndose, en la práctica, una quiebra y dejación de funciones del Estado en favor de aquellas, lo que supone un privilegio intolerable e injustificado de algunas de ellas con respecto al resto de las que integran y conforman el Estado Español.

[5] No podemos olvidar que el artículo 149.1 18.ª de la Constitución española proclama, de manera taxativa y sin ningún género de dudas, que el Estado español tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas: el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

[6] Si las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos en general, ya tienen una especial relevancia y trascendencia para el normal y eficaz funcionamiento de las Administraciones Públicas, tienen aún más importancia las del régimen estatutario propio y aplicable a los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, que desempeñan las funciones reservadas de fe pública y asesoramiento legal preceptivo; el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación, en todas y cada una de las Corporaciones locales repartidas a través de las 17 Comunidades Autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

[7] La modificación propuesta de la Ley de Bases de Régimen Local que se tramita en el Senado, atribuyendo a las instituciones vascas la potestad de establecer y regular materias básicas tan relevantes del régimen estatutario de los funcionarios de habilitación nacional como son, sin duda, la facultad de selección, la de aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en el propio territorio vasco, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas, conllevará dejar exclusivamente en manos de las instituciones y autoridades vascas, las decisiones correspondientes a dichas materias., por lo que de prosperar dicha arbitraria y sorprendente reforma normativa, es de temer que, en un breve período de tiempo, otras reformas similares podrían afectar a otras Comunidades Autónomas, siempre atentas a este tipo de decisiones, pudiendo convertirse el estatuto básico del régimen jurídico de los funcionarios locales con Habilitación de Carácter Nacional en una oscura moneda de cambio y en un burdo mercadeo para la obtención de voluntades, como si de una terminal ferroviaria se tratara.

[8] El Tribunal Constitucional, citándose por todas la Sentencia 122/2018, de 31 de octubre, en el recurso de inconstitucionalidad 4710-2017, en su fundamento jurídico tercero, ha venido a definir el contenido eventual o no imprescindible de las leyes de presupuestos al señalar los límites constitucionales que debe cumplir el citado contenido eventual, fijando necesariamente dos condiciones: «la conexión de la materia con el contenido propio de este tipo de leyes y la justificación de la inclusión de esa materia conexa en la ley que aprueba anualmente los presupuestos generales».

[9] La inconstitucionalidad de la modificación del régimen estatutario básico de la habilitación nacional, resulta, pues, patente y manifiesta, por lo que sería urgente y prioritario que, en el plazo de presentación de enmiendas, que finaliza el próximo jueves, día 9 de diciembre, a las 18:00 horas, expresaran y manifestaran su rechazo todos los grupos parlamentarios que integran la Cámara alta, así como que el Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros e, igualmente, los diversos Colegios regionales y provinciales de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, ejecuten y persigan el cumplimiento del acuerdo de su Comisión Ejecutiva, reunida en sesión de 27 de noviembre de 2021, posicionándose, abierta y urgentemente, en contra de este ataque frontal al Estado de derecho y a los principios constitucionales consagrados en los artículos 103.3 y 14 y 149.1 18ª. De igual manera deberían reaccionar todos los Colegios regionales y provinciales que sirven a este colectivo.

[10] Los funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, en el conjunto de municipios vascos, junto a jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de justicia, unos escasos efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y algunos abogados del Estado despistados, se han convertido a los ojos del Gobierno Vasco o al menos a una parte de él, en una especie de esquirlas del Estado en el País Vasco, ajenas a él, lo último que recuerda su presencia institucional en esa Comunidad Autónoma y por tanto han de ser extirpadas, poco a poco, pero sin dar marcha atrás en ningún momento; nótese a estos efectos la reciente transferencia material y de personal de prisiones en esa Comunidad a favor del gobierno autonómico.

[11] Esta disposición final primera es un claro ejemplo de lo dicho y de prosperar sus efectos devastadores para el servicio público en la Administración Local, no tardarán en expandirse a otros territorios españoles.

[12] Nunca una disposición final ha sido tan precisa, premonitoria y concluyente, puesto que nos encontramos, de no parar a tiempo esta decisión, ante el principio del fin, ante el principio del final de esta profesión tal y como la conocemos.

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