Andalucía recurre 23 artículos de la norma en el Constitucional

Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma local. La Junta cuestiona un listado de 23 artículos, como la imposición de medidas a los Ayuntamientos que no sean financieramente sostenibles; el régimen de fusiones entre dos municipios; el “desapoderamiento” de los plenos para aprobar los presupuestos o la atribución de un mayor poder a las diputaciones provinciales a la hora de coordinar los servicios básicos de los pueblos de menos de 20.000 habitantes.

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, cree que, lejos del ahorro previsto por el Gobierno (de 8.000 millones), la ley puede costar a las arcas públicas solo en esa comunidad 600 millones. La objeción jurídica principal, explica Valderas, se centra en “la invasión de competencias autonómicas”. El Estatuto andaluz determina que es la autonomía quien tiene “competencias exclusivas”, en materia local. A su amparo se han dictado hasta tres leyes reguladoras que, con la nueva norma estatal, “quedarían prácticamente derogadas”, según Valderas.

“El Estatuto es una norma básica y esta ley ha nacido con la oposición de la práctica totalidad del arco parlamentario. Políticamente nace agónica. No alcanzará sus objetivos”, pronostica, y advierte de que tres meses después de su entrada en vigor “ni siquiera los secretarios e interventores tienen clara su aplicación”. Valderas, que ha acudido personalmente a Madrid para entregar en el registro del TC el recurso, pide a los magistrados que “resuelvan cuanto antes”, la impugnación, ya que legalmente no pueden ordenar una paralización cautelar de los artículos en discordia.

Tras este recurso está previsto que el resto de comunidades donde no gobierna el PP (Cataluña, Canarias y Asturias) presenten los suyos. También lo harán dos Parlamentos autonómicos donde los populares están en minoría: Extremadura y Navarra. En la comunidad gobernada por Yolanda Barcina en minoría (con 19 escaños de 50), ayer se anunció un acuerdo propuesto por los socialistas del PSN con el apoyo de Bildu, Aralar-NaBai e Izquierda-Ezkerra, para impugnar la norma con los votos en contra de UPN y PP. De nada le ha servido a UPN negociar con el PP en el Congreso de los Diputados una disposición adicional contenida en la ley que minimiza el impacto en la comunidad foral.

Fuente: El País

El PP rechaza en el Congreso las enmiendas a la totalidad contra la ley de racionalización del sector público

Montoro ofrece disposición a negociar.

PSOE dice que es un "parche" que "profundiza en el desmantelamiento de lo público" y CiU habla de "traición constitucional".

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las siete enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición parlamentaria contra el proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que seguirá así su tramitación parlamentaria.

El proyecto de ley persigue la supresión e integración de organismos de la administración, para aligerar su peso, y también servirá para simplificar trámites administrativos, de forma que prevé por ejemplo que haya una única licencia deportiva para todo el país o que el BOE sea el lugar en el que los ciudadanos consulten cualquier notificación pública que les afecte, como tablón edictal único.

El PSOE, CiU, UPyD, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, BNG y ERC habían pedido la retirada del proyecto, pero el PP ha rechazado todas las enmiendas a la totalidad (174 votos en contra frente a 128 síes). El diputado de UPN y el de Foro Asturias han votado con el Grupo Popular.

MONTORO: LUCHAR CONTRA LA "INEFICIENCIA" EN LA AA.PP.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido el proyecto dentro del trabajo del Gobierno de reforma del sector público, de lucha contra las duplicidades y la "ineficiencia" en el funcionamiento de la administración.

Montoro ha explicado que en esta norma se incluyen los organismos públicos que requieren una ley para ser reordenados, bien para integrarse o para desaparecer, y que no tiene "ningún carácter centralizador". Ha expresado además su "mejor disposición" para negociar este proyecto, que cuenta de entrada con el rechazado de todos los grupos de la oposición.

El ministro ha citado los cambios que se introducen en la Agencia de evaluación de la calidad del sistema universitario o en el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música, que permitirá la colaboración de los coros públicos, la creación de una gran Agencia de consumo y seguridad alimentaria o el refuerzo del Instituto de la Mujer.

El responsable de Administraciones Públicas ha citado también la introducción de la "unidad de mercado también para el deporte", al permitir que las licencias sean válidas en todo el país. Sobre este asunto, ha asegurado que se buscará evitar que las federaciones autonómicas sufran una bajada de ingresos por el pago de licencias.

TODOS EN CONTRA

Sin embargo, la portavoz socialista, Meritxell Batet, ha calificado la reforma de "mero parche" alegando que "solo persigue el adelgazamiento de las estructuras" sin que cumpla el "objetivo constitucional" de servir a los intereses generales. A su entender, se trata de un "envoltorio ampuloso para una caja vacía" y persigue convertir el sector público en "mera anécdota".

“Todo se reduce a la reducción: menos servicios, menos derechos y la calidad ha caído en picado. Y el ahorro del que presumen no sé donde está. Desde luego inexistente con lo que proponen en este proyecto de ley", ha espetado al ministro, tras quejarse de que no haya habido diálogo, "ni político ni institucional", con CCAA, ayuntamientos o demás partidos.

Es más, Batet ha calificado de "revelador" que el orden de prioridades del Gobierno pase por "suprimir órganos con fines sociales", algo que, a su juicio, "no es ahorro sino ideología". Igualmente, ha recalcado que "profundizar en el desmantelamiento de lo público" es también "más ideología". "Bajo criterios economicistas se quiere dar la espalda a la sociedad o quitar los organismos incómodos para la administración", ha lamentado, citando como ejemplo el Consejo de la Juventud.

CiU: "ANTE UNA TRAICIÓN CONSTITUCIONAL"

Desde CiU, Carles Páramo, ha asegurado que el texto del Gobierno es una "nueva vuelta de tuerca en el proceso de recentralización del Estado" y una "loapa manifiestamente inconstitucional", máxime cuando hay "escasa ambición" de reducir gasto en el ámbito de la Administración General del Estado. "Nos enfrentamos a la reforma encubierta de la Constitución y la promueven precisamente aquellos que dicen defenderla. Es un acto de traición constitucional", ha enfatizado.

Tras recordar que la reforma local aprobada por el PP y que entró en vigor hace tres meses supone un "menosprecio a la autonomía municipal", ha dicho que "nunca" antes los representantes catalanes habían estaban "tan alejados" del Estado y "nunca la fractura había estado tan abierta y lamentablemente va a más". Además, ha defendido la consulta que promueve el Gobierno catalán: "El camino está en la libertad para votar".

Por la Izquierda Plural, Alberto Garzón ha dicho que cuando se habla de racionalización se piensa en un cambio radical de la estructura pública del país, "pero no se trata de eso, es una reordenación caótica, descontrolada", ha criticado. A su juicio, el Gobierno persigue con proyectos como este devaluar las estructuras públicas y ha rechazado algunos aspectos concretos de este proyecto, como la reforma del Instituto de la Mujer.

Rosa Díez (UPyD) ha criticado el proyecto y ha dicho que cree que el Gobierno abandona el objetivo de la reforma de las administraciones públicas, pero aparenta que lo persigue. "El uso de la legislación como propaganda y cosmética se constata en esta ley, que deja fuera los asuntos esenciales. El Gobierno no quiere cambios profundos, sino retoques", ha agregado.

La portavoz ha calificado de "escandaloso" que se esté saliendo de la crisis sin abordar la reforma profunda de la estructura política y administrativa del país, lo que además permite que persista la corrupción, ha dicho. "El coste del mal gobierno superaría los 100.000 millones de euros desde que comenzó la crisis", ha apuntado.

Por el PNV, Pedro Azpiazu, ha admitido que es bueno reorganizar, "pero no a costa de romper las reglas del juego e invadir competencias". Como otros portavoces, ha sido especialmente crítico con cómo se regula la licencia deportiva única y también, que el BOE se convierta en tablón edictal único.

Joan Baldoví (Compromís-Equo) ha criticado el proyecto por la disminución del sector público que supone, que no aumenta la eficacia. Y con respecto a las licencias deportivas, el diputado le ha dicho al ministro que estará pendiente de que efectivamente las federaciones autonómicas no pierdan ingresos.

ERC ha rechazado también este asunto de la licencia deportiva única, que pretende hacer desaparecer, ha dicho, las federaciones autonómicas. El BNG cree que este proyecto forma parte de la "contrareforma ansiada" por la derecha española.

PP: INVITA AL CONSENSO A LOS GRUPOS

Desde el PP, su portavoz Rafael Merino, ha recalcado que con este proyecto el Gobierno pretende "verdaderamente" modernizar la Administración Pública y hacerla "más eficaz". A renglón seguido, ha negado que el texto vulnere el sistema de distribución de competencias o el principio de autonomía que han esgrimido algunos grupos. "No existe extralimitación", ha afirmado rotundo.

Tras esgrimir argumentos para desmontar las críticas de la oposición al tablón edictal único, la licencia deportiva única, la unificación de la Aneca o la "redefinición" del Consejo de la Juventud, Merino ha animado a los grupos a retirar las enmiendas de totalidad y trabajar por el consenso. "Les invitamos a un diálogo sincero, fructífero y de consenso para lograr una administración pública del siglo XXI", ha manifestado.

Fuente: Europa Press

Castilla y León elevará a rango de ley el mantenimiento de las competencias en los municipios y clarifica la norma estatal

La Junta de Castilla y León ha decidido elevar a rango de ley el mantenimiento de las competencias de los municipios de la Comunidad Autónoma a través de un decreto-ley de medidas urgentes para garantizar y dar continuidad a la prestación de los servicios públicos que pretende clarificar esas competencias de las entidades locales tras la entrada en vigor de la "compleja" Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Reforma Local del Gobierno.

Además, este decreto-ley, que será publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el próximo lunes, 31 de marzo, tiene como principal objetivo evitar "resultados indeseables" o disfunciones en la prestación de servicios públicos, con la correspondiente repercusión en los ciudadanos, evitar vacíos competenciales, especialmente en materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y asegurar que no se incrementa el coste para las administraciones.

Así lo ha explicado el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien, tras aclarar que este decreto-ley no es una alternativa al recurso de inconstitucional planteado por otros ayuntamientos e, incluso, gobiernos autonómicos, ha reivindicado la conveniencia de esta "medida urgente" ante el "ruido y mucha farfolla" que se ha producido en torno a la aplicación efectiva de la Reforma Local, en lo que ha llegado a calificar como el "espectáculo de la confusión".

"Las leyes es bueno leerlas, ganan mucho cuando se leen", ha ironizado el consejero de la Presidencia, quien ha explicado también que el decreto-ley de la Junta, que se tendrá que convalidar en las Cortes en el próximo mes, lo que asegura de nuevo el debate parlamentario sobre este asunto, está basado en una lectura "constitucional, estatutaria y municipalista" de la Reforma Local del Gobierno, a diferencia de lo que mantienen "otros" en un planteamiento "equivocado".

En una "lección de Derecho", como ha calificado el propio portavoz, De Santiago-Juárez ha rechazado en diversas ocasiones que la norma estatal que entró en vigor el pasado 1 de enero vacíe de competencias a los municipios ya que "la clave" está en que la Reforma Local del Gobierno garantiza unos "mínimos competenciales" y no unos máximos, que sí hubiese sido inconstitucional.

El decreto-ley está estructurado en cinco artículos en los que se regulan las competencias de los municipios de Castilla y León y que contemplan, no sólo esos "mínimos" que regula la Reforma Local del Gobierno, sino las competencias atribuidas por otras leyes sectoriales del Estado, como es el caso de la Dependencia, y las conocidas como "competencias impropias" reguladas por las leyes autonómicas.

El portavoz ha explicado que la nueva legislación de la Junta recoge el requisito del Gobierno para los casos en los que las entidades locales pretendan desarrollar competencias complementarias, las que no son propias ni delegadas, en los que será necesario un informe que acredite la inexistencia de duplicidades y que será emitido por la Consejería de la Presidencia, y un segundo informe sobre el riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda local que será emitido en este caso por el departamento de Hacienda.

De Santiago-Juárez ha recordado en este punto la competencia financiera que tiene la Junta de Castilla y León --sólo seis autonomías tienen reconocida esta prerrogativa en sus estatutos-- lo que da carácter "vinculante" a ese informe. "Cómo se puede decir que se vacía de contenido a los municipios", se ha preguntado a este respecto.

GARANTÍA DE PAGO DE LA JUNTA

El decreto-ley establece también cómo debe realizarse la adaptación antes del próximo 31 de diciembre de los convenios entre la Junta y los ayuntamientos, los acuerdos y los demás instrumentos de cooperación para esas competencias complementarias que incluirán como novedad una "garantía de pago" por parte del Gobierno autonómico con compromiso de fecha que, de no satisfacerse en tiempo, se quitará de las entregas a cuenta a la Comunidad.

Cuando una consejería quiera adaptar los convenios de delegación de competencias también habrá que contar con el visto bueno del Departamento de Hacienda.

La norma dedica un artículo a las competencias en materia de educación, salud y servicios sociales que, en el caso de las previas a la entrada en vigor de la Reforma Local, se mantendrán en los actuales términos hasta que sean asumidas por parte de la Comunidad, para lo que habrá que modificar antes los modelos de financiación autonómica y local.

El resto de competencias en educación, salud y servicios sociales atribuidas a las entidades locales, como el mantenimiento y limpieza de consultorios, seguirán siendo ejercidas por estas, "sin perjuicio de las competencias atribuidas a las diputaciones provinciales en orden a la coordinación del servicio de mantenimiento y limpieza de los mismos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y de las competencias que corresponden a la Comunidad en orden a la planificación general, prestación y dotación de medios sanitarios en todos ellos".

Este decreto-ley se completará la próxima semana --previsiblemente el próximo miércoles-- con una Circular de la Consejería de la Presidencia relativa al sistema competencial y otras cuestiones relacionadas con este asunto que, a diferencia del carácter imperativo de la nueva ley, tendrá carácter "explicativo, aclaratorio y homogeneizador".

El objetivo de la Consejería con esta circular, que ha sido explicada el pasado lunes en el Consejo de Cooperación Local, donde participa la Federación Regional de Municipios y Provincias, es dejar claro a todos los ayuntamientos que las atribuciones de competencias efectuadas a las entidades locales de Castilla y León "siguen plenamente vigentes y su ejercicio sigue estando sometido a aquellas normas de atribución".

De Santiago-Juárez ha asumido al respecto que la Reforma Local del Gobierno necesita "criterios interpretativos" para armonizar y homegeneizar su aplicación desde la premisa, en todo momento, de evitar resultados indeseables o disfunciones, incrementos del coste o vacíos legales y de garantizar el mantenimiento de materias "tan sensibles" como la educación o la sanidad.

"Hay que dar garantía y continuidad a los servicios públicos que se prestan", ha resumido el consejero, quien ha abogado también por dar una guía a los ayuntamientos para facilitar su propia gestión y la gestión de los fondos que la Junta dedica a la cooperación local, que se rubricará de forma "inmediata" con diputaciones y municipios de más de 20.000 habitantes.

Según ha informado el consejero, el País Vasco ha editado hace unos pocos días una circular en el mismo sentido mientras que el Gobierno gallego ha optado por regular este asunto a través de un Proyecto de Ley.

Fuente: Europa Press

Barcelona entrega este jueves el recurso de inconstitucionalidad de más de 2.000 ayuntamientos contra la reforma local

Conflicto por invasión de competencias.

Se suma al de 11 formaciones de la oposición y a los de Andalucía, Canarias, Asturias, Cataluña y los Parlamentos extremeño y navarro.

El Ayuntamiento de Barcelona remitirá este jueves al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el recurso de inconstitucionalidad firmado por más de dos mil ayuntamientos de todo el país contra la reforma local y que se sumará a los que también impulsan varios Gobiernos y Parlamentos autonómicos y diputados de diferentes formaciones.

Se trata del paso previo necesario para poder utilizar esta vía de impugnación ante el Tribunal Constitucional reservada a los ayuntamientos y provincias --denominada conflicto por invasión de competencias-- y que se encargará de formalizar el ayuntamiento de Barcelona por ser el de mayor tamaño de todos los que impulsan este recurso.

La formalización se llevará a cabo en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña y serán el primer teniente de alcalde de Barcelona, Joaquim Forn, el presidente del Consell de Gobiernos Locales de Cataluña (CGLC),  Miquel Buch, y el vicepresidente primero de esta entidad, Xavier Amor, los encargados de registrar el recurso.

Una vez recibida la petición, el Ministerio se lo entregará al Consejo de Estado para que emita un informe (obligatorio pero no vinculante) en el plazo de dos meses y a partir de ahí, los municipios tendrán un mes más para registrar formalmente en el Constitucional el recurso. Posiblemente, en junio.

El secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha expresado a Europa Press su satisfacción por el trabajo realizado en cientos de ayuntamientos de todo el país, gobernados por muy diferentes fuerzas políticas, en defensa de su autonomía.

Zarrías subraya el hecho de que será la primera vez en España que los municipios utilicen la posibilidad de acudir juntos al Tribunal Constitucional, a través de un conflicto por invasión de competencias. También destaca que han logrado sumar el número de ayuntamientos suficiente y que estos a su vez sumen el número de españoles suficiente. En total, serán más de dos mil municipios que aglutinan a casi 15 millones de habitantes.

"Es la ley que va a recibir más recursos de la historia de España", asegura el dirigente socialista, para quien el contenido de la norma justifica la movilización. Asimismo, confía plenamente en que el TC les de la razón. "No sólo hay razones sino que tenemos razón", asevera.

"El informe del propio Consejo de Estado sobre la ley dejaba abiertas muchas posibilidades por invasión de competencias locales, por vulneración de la autonomía, por crear mecanismos de tutela y de control a los ayuntamientos como si fueran administraciones de segunda, por un desapoderamiento competencial total especialmente de los de menos 20.000 habitantes", dice.

UNA LEY CONFLICTIVA

Todas las iniciativas contra la ley de reordenación de la administración local deben presentarse antes del próximo lunes 31 de marzo. Los ayuntamientos, como se ha dicho, deberán llevar su recurso ante Administraciones, pero el resto de instituciones tienen que hacerlo ante el Constitucional.

Es el caso de los gobiernos autonómicos de Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña, de los Parlamentos de estas mismas comunidades y de los de Navarra y Extremadura, donde UPN y PP, respectivamente, no cuentan con mayoría absoluta. Precisamente la cámara extremeña fue la primera en registrar el pasado lunes su recurso.

Además, este viernes se registrará en el tribunal el recurso promovido por diputados de todos los grupos parlamentarios salvo los del PP y del PNV. Así, hasta once formaciones (PSOE, PSC, IU, ICV, CHA, UPyD, CiU, ERC, BNG y CC-NC, Compromís-Equo) firmarán dicho recurso.

Fuente: Europa Press