El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de las tasas y precios públicos de los ayuntamientos de municipios de población superior a 500.000 habitantes, ejercicio 2017

Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como objeto de fiscalización las tasas y los precios públicos gestionados por los seis mayores ayuntamientos de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga). Algunas de las tasas seleccionadas se exigían en los referidos municipios por otras entidades supramunicipales, habiéndose incluido también en la fiscalización el Área Metropolitana de Barcelona, la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos de Valencia y la Mancomunidad de los Alcores para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Sevilla.

Se han analizado, en particular, las siguientes figuras: tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por empresas explotadoras de suministros y por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil; tasas y precios públicos por los servicios de gestión de residuos sólidos urbanos, incluyendo los relacionados tanto con la recogida y transporte de residuos domiciliarios y de actividades económicas, como los relativos a su tratamiento; y tasas relacionadas con la movilidad urbana, que incluyen las de estacionamiento regulado y las de retirada de vehículos de la vía pública.

Han sido objetivos de esta fiscalización: comprobar el cumplimiento de la normativa de establecimiento y gestión de las tasas y los precios públicos seleccionados, verificando si la cuantía exigible está adecuadamente soportada por memorias o estudios técnico-económicos; comprobar el cumplimiento del principio de equivalencia en las tasas y que los precios públicos cubran, como mínimo, el coste efectivo de los servicios o actividades que determinan su exacción; verificar su adecuado registro contable y presupuestario; evaluar los sistemas de información y procedimientos de gestión aplicados para su exigencia, comprobando su adecuación para efectuar la liquidación de los derechos que resulten exigibles; y evaluar la gestión recaudatoria, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo, verificando su adecuación para obtener el cobro de los derechos liquidados. Asimismo, se ha analizado la observancia de la normativa reguladora en materia de transparencia.

El Informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas:

1) En relación con la normativa en el establecimiento y gestión de las tasas y los precios públicos, el Informe señala que los Plenos de todas las entidades aprobaron las ordenanzas de las tasas y los precios públicos fiscalizados, tanto para su establecimiento como, en su caso, para su modificación, si bien, en las ordenanzas fiscales de la tasa por establecimiento de vehículos del Ayuntamiento de Valencia y de la tasa por retirada de vehículos de la vía pública del Ayuntamiento de Zaragoza, no se regulaba el devengo, que constituye un elemento esencial del tributo, ni tampoco el régimen de ingreso; mientras que, en las tasas de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Málaga, no se regulaba el periodo impositivo.

Antes de su aprobación, los órganos especializados para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas deben emitir sus dictámenes sobre los proyectos de ordenanzas fiscales, si bien en el Ayuntamiento de Madrid dejó de ser obligatoria la solicitud de aquellos a partir de la entrada en vigor de la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, en 2006. Por su parte, la Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas del Ayuntamiento de Zaragoza aún no se había constituido, pese a disponer de un Reglamento aprobado en el año 2004.

2) En cuanto al principio de equivalencia en las tasas seleccionadas, el Informe señala que la carencia de un sistema de contabilidad analítica, excepto en el Ayuntamiento de Barcelona, ha impedido determinar el coste efectivo de los servicios que dan lugar a la exacción de las tasas, para poder verificar el cumplimiento del principio de equivalencia, constituyendo una limitación al alcance de la fiscalización.

En todo caso, se han realizado verificaciones sobre los estudios técnico-económicos elaborados con ocasión de la aprobación o modificación de las tasas, así como sobre otras fuentes de información (la memoria de las cuentas anuales, la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y la información remitida al Ministerio de Hacienda a través de la aplicación CESEL) para verificar que las tasas tendían a cubrir, sin superarlo, el coste del servicio que gravaban y, en el caso de los precios públicos, que superaban dicho coste.

No obstante, la fiscalización observa diferencias muy significativas en la información sobre los costes de los servicios que se financian mediante tasas o precios públicos entre las distintas fuentes disponibles, lo que ha impedido evaluar el cumplimiento del principio de equivalencia. Asimismo, los grados de cobertura estimados de los costes son muy dispares, encontrándose valores que suponían un porcentaje muy reducido, sin perjuicio de que la ley establezca que las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio.

3) En relación a las incidencias en materia contable y presupuestaria, el Informe expone que en los Ayuntamientos de Sevilla y Zaragoza, los ingresos procedentes de la tasa por estacionamiento de vehículos se contabilizaban indebidamente en el capítulo 5 del presupuesto, como derechos derivados de concesiones administrativas, cuando debían imputarse al capítulo 3, en función de su naturaleza, como ingresos tributarios. Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga no contabilizaba ni imputaba a su presupuesto, como hubiera procedido, los ingresos correspondientes a las tasas por estacionamiento y retirada de vehículos de la vía pública, procediéndose a su registro contable por la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. (SMASSA), participada mayoritariamente por el Ayuntamiento.

4) En cuanto a los sistemas de gestión y recaudación de las tasas y precios públicos, el Informe señala que la gestión de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por empresas explotadoras de suministros se llevaba a cabo mediante el sistema de declaración de los ingresos brutos facturados o bien a través de autoliquidaciones. En el Ayuntamiento de Zaragoza se admitían en 2017 declaraciones presentadas en papel y por correo electrónico, habiéndose implantado con posterioridad su tramitación electrónica.

En relación con la tasa sobre las empresas de telefonía móvil, la fiscalización observa que la litigiosidad que conllevaba su exacción llevó a que el Ayuntamiento de Sevilla la suprimiera en 2014. Por su parte, en el ejercicio 2017, únicamente el Ayuntamiento de Madrid liquidó un importe significativo por dicha tasa, 4,7 millones de euros, habiendo recaudado en el periodo fiscalizado solo un 0,28 % de los derechos reconocidos, si bien continuó reclamando posteriormente los derechos pendientes de cobro, habiendo conseguido recaudar en 2020 un importe de 19 millones de euros. El resto de ayuntamientos fiscalizados prácticamente no emitieron liquidaciones correspondientes a dicha tasa.

En cuanto a las tasas por la gestión de residuos sólidos urbanos el Informe señala que se exigían por el sistema de padrón, mediante liquidaciones o declaraciones-liquidaciones y, en los municipios de Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, se recaudaban a través del recibo del agua.

En Valencia, la gestión del cobro de la tasa sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos se llevaba a cabo por la empresa suministradora de agua, de mayoría de capital privado, cuyas funciones excedían, en la práctica, de las propias de colaboración en la recaudación, realizando determinadas actuaciones que correspondería efectuar a los órganos del área metropolitana.

En los Ayuntamientos de Sevilla, Zaragoza y Málaga, la recaudación de la tasa por el estacionamiento regulado de vehículos se efectuaba por empresas adjudicatarias del servicio, sin que haya quedado acreditado que se realizara un control sobre las actuaciones recaudatorias de las empresas que la gestionaban.

Respecto a la tasa por la retirada de vehículos de la vía pública, la fiscalización observa que el Ayuntamiento de Madrid presentaba un saldo de derechos pendientes de cobro de 82,9 millones de euros, en el que figuran las liquidaciones giradas a la Comunidad de Madrid por el depósito de vehículos a requerimiento de autoridades judiciales, habiendo sido posteriormente declarada nula la consideración de aquella como sujeto pasivo, si bien permanecían pendientes de cobro las liquidaciones anteriores que no habían sido impugnadas.

Los únicos ayuntamientos que liquidaban la tasa de retirada de vehículos, en el caso de su abandono en los depósitos municipales, eran los de Madrid y Barcelona, si bien era de difícil recaudación. En la página web del Ayuntamiento de Zaragoza se informaba sobre la no exigencia de la tasa en los supuestos de abandono de vehículos, pese a no estar ello previsto en la ordenanza fiscal reguladora de la misma. El Ayuntamiento de Málaga no efectuaba control sobre los derechos de la tasa por la retirada de vehículos de la vía pública, considerándolos como ingresos propios de la empresa municipal, participada mayoritariamente por la Corporación, que llevaba a cabo su gestión recaudatoria.

5) En relación con el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia, el Informe apunta que todas las entidades fiscalizadas publicaban las ordenanzas reguladoras de las tasas y precios públicos en sus respectivas páginas web o portales de transparencia.

En cambio, los Ayuntamientos de Sevilla y Málaga no publicaban los dictámenes de los órganos especializados en materia de resoluciones de reclamaciones económico-administrativas sobre los proyectos de ordenanzas. Tampoco se publicaron los informes técnico-económicos ni las evaluaciones posteriores sobre el grado de cobertura de los ingresos sobre los costes efectivos de los servicios gravados, si bien ello no era obligatorio por la normativa estatal de transparencia.

Todas las entidades, a excepción del Área Metropolitana de Barcelona, publicaban sus cuentas anuales; mientras los Ayuntamientos de Valencia y Málaga no publicaban los Informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo de la respectiva comunidad autónoma.

En el Informe se formulan varias recomendaciones dirigidas a los responsables de las entidades fiscalizadas, entre las que figuran: la realización de un seguimiento sistemático del coste efectivo de los servicios que determinan la exigencia de las tasas, mediante la implantación de un sistema de contabilidad analítica; el establecimiento de un grado de cobertura mínimo del importe de las tasas, respecto al coste de los servicios que gravan; la disposición de los procedimientos necesarios en materia de establecimiento y regulación de las tasas; la publicación de los informes técnico-económicos relativos a las ordenanzas reguladoras de las tasas y precios públicos; y la adopción de medidas para que puedan exigirse de manera efectiva las tasas sobre las empresas de telefonía, tanto fija como móvil, conforme a los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo.

El contenido del presente Informe (nº. 1.417) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Fuente: tcu.es

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