INCERTIDUMBRE DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

José Manuel Farfán Pérez. Tesorero General Diputación de Sevilla y OPAEF. Director del Observatorio de Gestión Tributaria y Recaudación de COSITALNETWORK 

                                       

El 26 de octubre del presente año se difunde la noticia que se dictó sentencia sobre cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020 relativo al impuesto municipal de plusvalía con el siguiente tenor: la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), en definitiva sobre la forma de cálculo de la base imposible de este impuesto local, lo que supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de este tributo local. Ala fecha actual sólo conocemos un borrador de dicha sentencia que aún no fue publicada.

En la sentencia que comentamos, el Constitucional matiza su anterior doctrina. Ésta se plasmó en las sentencias que declararon inconstitucional el impuesto en los territorios forales, y en el territorio común (febrero y mayo de 2017). Así como en su sentencia de octubre de 2019, que declaró inconstitucional el impuesto, pero donde el Constitucional avaló el sistema de cálculo objetivo de la base imponible

En las sentencias, el Constitucional declaró que  "es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la capacidad efectiva económica puesta de manifiesto ” .

garantizando con ello adicionalmente la suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE. B). De la misma forma aún no se ha evaluado el montante de devoluciones de ingresos indebidos que supondrá dicha declaración de inconstitucionalidad.

Esta última sentencia que analizamos, considera: “que el actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnerabilidad el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE). … Por lo que carece ya de sentido exigir obligatoriamente el gravamen en función de la cuantía de un incremento objetivo basando su legitimidad constitucional en razones de practicabilidad ante una pretendida dificultad para determinar la existencia y cuantía del incremento del suelo urbano transmitido, cuando esa dificultad forma parte hoy de la mecánica de la aplicación de este impuesto. … ”

Ello le lleva a concluir que  "en el caso del IIVTNU, en primer lugar, que quienes se sometan a tributación deban ser únicamente los que experimentan un incremento de valor del suelo urbano objeto de transmisión, como resolvió la STC 59/2017 (FJ 3 ) al requerir transmisión del suelo urbano más material del incremento de valor para el nacimiento de la obligación tributaria; esto es, incremento real, y no potencial o presunto, para la realización del hecho imponible. Y, en segundo lugar, que  quienes experimentan ese incremento se sometan a tributación, en principio, en función de la cuantía real del mismo , conectándose así debidamente el hecho imponible y la base imponible, dado que esta última no es más que la cuantificación del material aspecto del elemento objetivo del primero ". 

Mención especial requiere el análisis de la declaración de la intangibilidad de las situaciones firmes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia.

Primero, porque toma como referencia la fecha de aprobación de la sentencia y no la fecha de publicación como establece la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC) en su artículo 38 :

  1. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de la cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

Por tanto, los efectos se retrotraen "a la fecha de dictarse la misma", lo cual es sencillamente excepcional, porque la sentencia no debería tener efectos generales (erga omnes) sin su publicación oficial.

 Segundo, que al declarar e l fallo la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia ”, beneficiará a toda la situación en que no se hubiera producido la firmeza. En concreto, a las siguientes:

  1. Las liquidaciones del impuesto que estuvieran pendientes de ser recurridas.
  2. Liquidaciones que ya fueron recurridas en su día, y que todavía estuvieran pendientes de resolución.
  3. Liquidaciones recurridas, habiendo sido desestimado el recurso, pero existiendo todavía la posibilidad de presentar un recurso posterior.
  4. Autoliquidaciones para las que no hubiera prescrito el derecho a solicitar la rectificación, y devolución de ingresos indebidos

En definitiva, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la sentencia, aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que,  a la fecha de dictado la misma , hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa . A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas según el borrador del fallo:


(i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y

 (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada  ex  art. 120.3 LGT a dicha fecha.

Pero la incertidumbre es tal, que distintos despachos de abogados aconsejan a sus clientes que solicitan la revisión de esas liquidaciones firmes que se encuentran dentro del plazo legal de prescripción (cuatro años) desde la última liquidación

En el ordenamiento jurídico es normal que no sean susceptibles de ser revisados ​​como consecuencia de la nulidad declarada en sentencia los procesos conclusos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada -arts. 161.1 a) CE y 40.1 LOTC (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) - o las situaciones decididas mediante actuaciones administrativas firmes. Este es el criterio del TC desde la STC 45/1989, de 20 de febrero, que por razones de seguridad jurídica ex art. 9.3 C extendidos dichos efectos a las demás situaciones generadas por la aplicación de los preceptos anulados.

En definitiva, el nuevo canon de inconstitucionalidad de este impuesto exige que solo se graven aquellas transmisiones en las que se haya obtenido un incremento de valor (algo que ya declaro el Constitucional, el 11-5-2017). Y que  solo se tributo en función de la cuantía real del incremento obtenido . Es decir, por la capacidad económica efectivamente manifestada, de ahí que el legislador deba poner medidas para evitar la merma de los recursos públicos locales.

 

 

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