La reforma de la administración local, con razón y números

Detalles

Publicado el Lunes, 13 Enero 2014 06:33

La reforma de la Administración es inaplazable. Con una deuda pública que creció en 146.000 millones de euros en 2012, es imposible e indecente defender que se mantenga el statu quo. Por no hablar de la larga secuencia de efectos colaterales que provoca esta situación, siendo el más devastador el estrangulamiento del crédito para empresas y emprendedores, mientras se disparan las necesidades financieras de una voraz e ineficiente maquinaria burocrática y política que no da señales de cambio, reformulación y enmienda.

Que se empiece por revisar la estructura de los ayuntamientos no es mala idea, siempre y cuando se responda a un esquema global de reparto, refuerzo y poda en el gran árbol administrativo del Estado. De esto último no se tiene noticia, mientras que de lo primero se ha avanzado un proyecto con el visto bueno del Consejo de Ministros.

El asunto de los sueldos de alcaldes y concejales ha sido, como cabía esperar, lo más comentado, así como la supresión de las llamadas competencias impropias en educación, sanidad y servicios sociales. Menos tratado, aunque de gran interés, son las propuestas de control y fiscalización de la gestión y el gasto municipal, además de la restricción en la creación de organismos satélites y dependientes del Ayuntamiento. Y ni sugerido aparece la financiación prevista para los Consistorios y el catálogo de ocupaciones y servicios que le quedarán.

En ese punto reside, precisamente, la clave del acierto o el desatino de la reforma de los ayuntamientos, lastrada injusta e históricamente por la indefinición de sus funciones, la evanescencia de la financiación y la eterna espera de la ‘tercera descentralización’. Dicho de otra manera, no se puede alentar un discurso falsamente regenerador privando traumáticamente de funciones y de presupuesto a la administración más próxima al ciudadano, a la vez que se mantiene inalterable el gigantismo superfluo y derrochador de las Comunidades Autónomas o la obscena constelación de instituciones pseudopúblicas sin provecho y con dilapidación sistemática de recursos públicos.

Mientras no se acometa una reforma  razonable y cuantificable en esos términos, no habrá avances en pos de un Estado más saneado y eficaz.  Y no es cuestión de demorarse: el otro camino acaba en un abismo.

Fuente: El digital de Madrid