Consulta de la Semana: Dotación presupuestaria de puestos vacantes ex-tasa reposición.

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CONSULTA:  Dotación presupuestaria de puestos vacantes ex-tasa reposición.

En el Ayuntamiento existe una plantilla o anexo de personal que tiene un número de plazas digamos X que ni están ocupadas (están vacantes), ni tienen crédito en su equivalente presupuestario. Dichas plazas vienen reflejándose desde hace mucho tiempo en cada plantilla anual. Las causas de seguir apareciendo en las plantillas se desconocen (podría responder a jubilaciones no repuestas, fallecimientos no repuestos, traslados, etc.).


El equipo de gobierno quiere asignar crédito a estas plazas vacantes. En puridad esas plazas no se pueden reponer con las actuales limitaciones de la LPGE, aunque ese crédito sí se podría utilizar para necesidades urgentes e inaplazables (interinos y laborales), mediante transferencias internas dentro del capítulo 1.
Preguntas:  


a) ¿Se entiende que esto incrementaría la masa salarial?
b) ¿Se pueden dotar presupuestariamente plazas de las cuales se conoce de antemano, a la hora de aprobar el presupuesto, que no se pueden cubrir, aunque luego se pueda utilizar su crédito para otros fines? 

 
RESPUESTA:
 
1. Sobre si las transferencias de crédito dentro del capítulo 1 incrementarían la masa salarial.

En primer lugar, debería calcularse la masa salarial para 2019, aplicando el art. 18 de la Ley 6/2018, de presupuestos generales del Estado para 2018, norma de carácter básico para todas la Administraciones Públicas, prorrogada para el ejercicio 2019, norma que se complementa con la Ley 248/2018, de 21 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, artículo 3, cuyos apartados dos al cuarto disponen:

“Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán:
  • PIB igual a 2,1: 2,30 %.
  • PIB igual a 2,2: 2,35 %.
  • PIB igual a 2,3: 2,40 %.
  • PIB igual a 2,4: 2,45 %.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,25 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2018, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.

Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el incremento global fijado en el apartado Dos anterior.

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en cuenta el incremento anual consolidado del 1,75 por ciento autorizado para 2018.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Los apartados cinco y siguientes establece las retribuciones definitivas de los funcionarios, con el correspondiente incremento, referidas al sueldo y trienios.

En relación al complemento específico, el art. 6, apartado D, referido a los funcionarios del Estado, dispone que “El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía anual se incrementará en el porcentaje previsto en el artículo 3.dos, respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2018, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3. siete del presente real decreto-ley.”

Con relación a la productividad y gratificaciones, los apartados E y F del precepto citado establecen que el el incremento anterior se aplica al crédito total disponible, ya que, evidentemente, no puede asignarse a priori a los puestos de trabajo.

Concluyen los apartados siete y ocho:

“Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo”.

Por lo tanto, la masa salarial se calculará tomando en consideración “los efectivos” y su antigüedad, en términos de homogeneidad para los dos períodos.

Se dice en la consulta que “la plantilla o anexo de personal tienen un número de plazas digamos X las cuales ni están ocupadas (están vacantes) ni tienen crédito en su equivalente presupuestario. Dichas plazas vienen reflejándose desde hace mucho tiempo en cada plantilla anual”

Si esas vacantes “no tiene crédito en su equivalente presupuestario”, no habrá crédito presupuestario disponible para transferir. Si lo tuvieran, sí que habría crédito disponible y la cuestión sería otro: la de decidir si esos puestos vacantes y que no pueden reponerse forman parte de los efectivos a los efectos del cálculo de la masa salarial. La cuestión es interpretable, pero seguramente la autoridad administrativa interpretaría que no forman parte de la masa, pues la finalidad de la tasa de reposición es no sólo limitar, sino reducir el peso del sector público, en lo que a gastos de personal se refiere.

Dicho todo esto, calculada la masa salarial, las transferencias de crédito dentro del capítulo 1 no superarían como resulta evidente, el importe de la masa salarial, sin perjuicio de que el expediente pudiera verse afectado por otras razones sustantivas, como la del apartado dos del art. 19 de la Ley 6/2018, que limita la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos a casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

2. Sobre si se pueden dotar presupuestariamente plazas las cuales se conoce de antemano a la hora de aprobar el presupuesto que no se pueden cubrir aunque luego se pueda utilizar su crédito para otros fines.

La respuesta a esta pregunta viene ínsita en los razonamientos de la anterior. No puede dotarse en fraude de Ley, si se considera que la finalidad de la tasa de reposición es reducir el gasto de personal del sector público y que esos créditos representar el efecto de las limitaciones de las sucesivas leyes anuales de presupuestos del Estado.

Nota: A los efectos del cálculo de la masa salarial, interesa el siguiente enlace referido al cálculo de la masa salarial del Estado: Ver Aquí
 
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