Los comunes y Compromís reclaman al ministerio que modifique su propuesta antes de la votación del jueves, para atender las reivindicaciones de la FEMP Pese a la firma solemne del acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de

Los comunes y Compromís reclaman al ministerio que modifique su propuesta antes de la votación del jueves, para atender las reivindicaciones de la FEMP

Pese a la firma solemne del acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero, el decreto que desbloquea recursos para los ayuntamientos –5.000 millones en lo inmediato– podría ser tumbado este jueves en su convalidación en el Congreso, si el ministerio de Hacienda no modifica la propuesta.

La aprobación del acuerdo para el uso de remanentes era precaria en origen, cuando se alcanzó el pasado 3 de agosto, pues solo contó con el apoyo de alcaldes socialistas y una abstención crítica de los miembros del grupo confederal de Unidas Podemos.

El 8 de agosto, apenas cinco días después del acuerdo, alcaldes de ocho formaciones políticas ya anunciaron su intención, mediante un manifiesto conjunto, de derribar el decreto si no había cambios. Firmaron el manifiesto PP, Podemos, ERC, PNV, Ciudadanos, PDECat, CC y BNG.

Desde entonces, la base del acuerdo no se ha ensanchado y este martes, los portavoces de los comunes, Gerardo Pissarelo, y Compromís, Joan Baldoví, ya anunciaban que si de aquí al jueves, en que se vota la convalidación, el ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, no modifica la propuesta, no la apoyarán.

El acuerdo supone en la práctica una relajación de la estricta regla de gasto ideada por Cristóbal Montoro, en su etapa como ministro de Hacienda. Con la negociación exprés que se llevó a cabo en agosto, Hacienda mejoró su oferta logrando que Podemos, IU y comunes modificaran su anunciado voto en contra por una abstención. 

En primer término esto supone desbloquear fondos –un 35% de lo acumulado por ayuntamientos de forma inmediata–, pero mediante una formulación alambicada del texto, que implica que ese depósito de remanentes en las arcas estatales es un préstamo forzado de los ayuntamientos al Estado y el 35% que se desbloquea figura como una devolución adelantada.

Los ayuntamientos críticos con la medida, la consideran una incautación por parte del Gobierno central.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, subrayaba que las negociaciones seguirán hasta el último momento y subrayaba que el plan B de este decreto, es “el plan Montoro”, es decir, el bloqueo de los fondos. Lastra sostiene que “es un buen real decreto” que soluciona un “problema que nos dejó sobre la mesa Cristóbal Montoro”. Por ello no renuncia a que al final haya acuerdo.

Fuente: La Vanguardia

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