Radiografía del empleo público en España

Por Santiago Lago Peñas

Hablar de empleados públicos en España es abrir la caja de los truenos. En seguida, aparecen posturas polares de difícil conciliación. No debería ser así. Porque como, en casi todo, contamos con numerosas fuentes estadísticas que permiten objetivar y situar en perspectiva. Cierto que siempre hay matices y margen para la discusión. Pero esta debe desarrollarse de forma acotada, dentro de unos parámetros. En particular, las estadísticas de la OCDE sobre empleo público son una herramienta útil y conveniente para la tarea.

Teniendo en cuenta la cartera de servicios existente en España y que en sanidad y educación la prestación directa domina claramente, España no destaca por tener muchos empleados públicos. Los últimos datos disponibles apuntan a una cifra del 16% del empleo total, por debajo de la media de la OCDE (18%) y casi empatados con Estados Unidos y Austria.

En lo que destacamos mucho es en la descentralización. Somos uno de los países del mundo en los que el peso del empleo del sector público central sobre el total es menor. Jugamos en la misma liga que los países federales: Estados Unidos, Alemania o Suiza. La realidad es que los principales servicios públicos intensivos en mano de obra (sanidad, educación, servicios sociales) son gestionados directamente por las Comunidades Autónomas y la mayoría de los empleados públicos (casi el 60%) depende de ellas.

También es reseñable el envejecimiento de la plantilla. Somos uno de los países de la OCDE con un personal más próximo a la edad de jubilación. De hecho, la década que ahora arranca va a ser testigo de una jubilación masiva de empleados públicos: alrededor de un tercio del cuadro de personal. Esto supone un reto, pero también una oportunidad que no debemos desaprovechar. Porque la digitalización ha generado obsolescencia de perfiles y puestos. Deberíamos aprovechar para revisar a fondo todas las relaciones de puestos de trabajo (RPT) para eliminar puestos menos necesarios y priorizar las áreas y perfiles hoy deficitarias. También deberíamos revisar los mecanismos de acceso, con unas oposiciones tradicionalmente sesgadas hacia lo memorístico. Y, ya puestos, reflexionar sobre el propio estatuto del funcionario, en el marco de una amplia reforma de la administración pública española, que la haga más flexible y capaz de lidiar con la realidad del mundo que vivimos; totalmente diferente a la de hace siquiera 30 años.

En cuanto a la retribución, los empleados públicos españoles no están mal pagados comparativamente. Aparecen, en general, por encima de la media de la OCDE, al corregir por las diferencias en los niveles de renta. No obstante, es verdad que cuando se desciende en el nivel análisis existe una amplia diversidad, en buena medida debida a esa descentralización a la que me refería antes. También en el sector público existen situaciones de precariedad laboral.

Finalmente, el empleo público en España está feminizado. Aunque por debajo de la media de la OCDE (60%), alrededor del 55% de la plantilla son mujeres. Además, en perspectiva comparada, llama la atención el contraste entre liderazgo de España en los puestos de máxima responsabilidad del poder ejecutivo (ministras) o el elevado porcentaje en el legislativo (diputadas en el Congreso) con la muy baja presencia de mujeres en los tribunales de segunda instancia y, sobre todo, en el Supremo. Para pensar.

Fuente: El Mundo 

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