El TSJ anula el último presupuesto y aprecia indicio «criminal» en la gestión de Gancedo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado una sentencia por la que se anula el presupuesto municipal del 2011 y aprecia «indicios de criminalidad» en los responsables políticos de aquel momento, cuándo gobernaba el PSOE con mayoría absoluta y María Eugenia Gancedo era la alcaldesa de San Andrés. Asimismo, la Sala traslada el expediente al Ministerio Fiscal para que «depure las responsabilidades penales en las que puedan haber incurrido las autoridades y funcionarios que intervinieron en estos hechos». Un presupuesto que se aprobó el 30 de noviembre del 2010 por la mayoría absoluta del PSOE.

El fallo se corresponde al recurso contencioso-administrativo que presentó en enero del 2011 el grupo de concejales del Partido Popular (entonces en la oposición), en el que solicitaba dejar sin efecto y anular el acuerdo plenario que aprobó el presupuesto que, a juicio de los populares, era ilegal.

El TSJCyL aprecia que «concurren indicios de responsabilidad criminal por parte de las personas implicadas en los hechos que ofrecen los caracteres de una o varias infracciones penales». Por este motivo, y atendiendo a la legislación vigente, da traslado de estas actuaciones (escrito de demanda del PP, informe del Tribunal de Cuentas, sentencia de la Sala y la totalidad del expediente administrativo) al Ministerio Fiscal.

El Tribunal recalca que se han producido un «cúmulo de infracciones» a la legislación en materia presupuestaria porque «la entidad local demandada nada hizo» por intentar atajar la deuda que se incrementaba año a año y que incumplió de forma sistemática el principio de estabilidad presupuestaria. La sentencia también deja claro que el equilibrio presupuestario «es una exigencia legal insoslayable» establecida en la legislación vigente, teniendo en cuenta que en el 2005 el remanente negativo fue de ocho millones, de catorce en el 2006, de 24 millones en el 2007, de 34 millones en el 2008 y de 42 millones en el 2009. Asegura que el equipo de gobierno de entonces «ha enmascarado, bajo una mejora y formal igualdad aritmética entre las cifras de ingresos y gastos, lo que es un constante salto al vacío presupuestario, abocando al municipio a una situación económicamente insostenible».

Para los magistrados, «la actuación municipal se ha realizado con un consiente desprecio a la legalidad vigente y de la interpretación reiterada que de la misma hacen los tribunales, disimulando la desobediencia con una pretendida nivelación formal que no resiste el más mínimo análisis».

A juicio de la Sala, sólo existía una «inequívoca finalidad de enmascarar la realidad presupuestaria del municipio» que se ha realizado «desconociendo elementales principios de racionalidad y economía en el manejo de lo público». Dada la situación económica del Ayuntamiento, para los jueces las decisiones adoptadas son aún «más censurables».

Los jueces añaden que si bien el cálculo de los ingresos es una estimación «prudente» nunca puede utilizarse para «camuflar» un desequilibrio presupuestario. Situación que se ha incumplido «sistemáticamente» en el Ayuntamiento de San Andrés, según argumenta la sentencia que no podrá recurrir el Ayuntamiento al no personarse.

Fuente:diariodeleon.es

Actualidad

Prev Next

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Aceptar consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información