La aprobación del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, incorpora un bloque de medidas energéticas de especial interés para el mundo local. Aunque el contexto inmediato es geopolítico y responde a la necesidad de reforzar la resiliencia del sistema energético español frente a crisis externas, el alcance del título I va más allá de la coyuntura: introduce reformas con vocación estructural, orientadas a acelerar la electrificación de la economía, el despliegue de energías renovables, el almacenamiento y la flexibilidad.

Desde la perspectiva municipal, el dato más relevante es claro: la norma no se limita a favorecer técnicamente la transición energética, sino que refuerza el encaje del nivel local en su desarrollo, tanto mediante una modificación expresa de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local como a través de instrumentos normativos, fiscales y de participación con incidencia directa en la actuación de los ayuntamientos.

1.  Un cambio de enfoque: la transición energética entra en la agenda local de forma expresa

La Exposición de Motivos del real decreto-ley insiste en una idea de fondo: la reducción de la dependencia de combustibles fósiles importados exige acelerar las renovables, pero hacerlo de forma territorialmente integrada, compatible con los valores ambientales, sociales y territoriales, y con mecanismos que permitan que parte de los beneficios reviertan sobre la ciudadanía y sobre el entorno local.

Ese planteamiento tiene una importancia particular para los municipios. No se trata ya solo de que el territorio local soporte físicamente instalaciones, redes o infraestructuras, sino de que el nivel municipal pase a ser también un espacio de articulación de participación ciudadana, autoconsumo, comunidades energéticas y retornos socioeconómicos. En otras palabras, el ayuntamiento deja de aparecer solo como administración afectada por la implantación de proyectos para situarse también como actor potencial de la transición energética.

2.  La principal novedad jurídica: una nueva materia en el artículo 25.2 LBRL

La disposición final segunda modifica el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, e incorpora una nueva letra p) con el siguiente contenido:

“Promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías  renovables  que  permitan  contribuir  a  la  obtención  de  beneficios medioambientales, económicos o sociales en los municipios donde operan, así como el impulso de actuaciones de transición energética tales como la eficiencia energética, la electrificación y el fomento del autoconsumo.”

La novedad es importante por varias razones.

La primera, porque la energía entra de manera expresa en el catálogo del artículo 25.2 LBRL, no como formulación genérica, sino a través de un ámbito material ligado a las comunidades energéticas, el autoconsumo, la electrificación y la eficiencia energética. La segunda, porque ello proporciona una base mucho más sólida para la intervención municipal en un terreno en el que, hasta ahora, la actuación local había dependido con frecuencia de títulos indirectos, interpretaciones extensivas o iniciativas autonómicas y sectoriales dispersas. Y la tercera, porque el precepto conecta la acción municipal no solo con fines ambientales, sino también con beneficios económicos y sociales en el propio municipio.

Conviene subrayar, no obstante, que esta incorporación se produce en la lógica propia del artículo 25 LBRL: el legislador básico añade una nueva materia de acción municipal, cuya concreción seguirá exigiendo desarrollo a través de la legislación sectorial estatal y autonómica. Pero, aun con ese matiz, el salto es relevante: el nivel local gana visibilidad y legitimidad normativa en el campo de la transición energética.

3.  Autoconsumo colectivo, proximidad y nuevos modelos energéticos locales

Uno de los bloques más significativos del decreto-ley es el dedicado al impulso del autoconsumo. La Exposición de Motivos destaca varias medidas con clara proyección municipal.

En primer lugar, se amplía hasta 5 kilómetros la distancia máxima entre generación y consumo en el autoconsumo colectivo. Esta modificación no es menor. Permite pensar el autoconsumo compartido con una escala territorial mucho más flexible y abre la puerta a fórmulas de suministro energético de proximidad en barrios, municipios o polígonos industriales que antes resultaban más difíciles de articular.

En segundo lugar, se admite la compatibilidad entre distintas modalidades de autoconsumo, lo que favorece configuraciones más complejas y adaptadas a la realidad urbana y periurbana. En tercer lugar, se crea la figura del gestor de autoconsumo en la Ley del Sector Eléctrico, precisamente para facilitar la gestión colectiva de instalaciones compartidas.

Para los ayuntamientos, estas medidas tienen varias implicaciones. Desde una perspectiva material, facilitan el diseño de estrategias locales de transición energética con una base territorial más realista. Desde una perspectiva organizativa, hacen más viable la promoción o acompañamiento municipal de proyectos colectivos. Y desde una perspectiva política, refuerzan la idea de que la electrificación no tiene por qué traducirse únicamente en grandes infraestructuras centralizadas, sino también en fórmulas de proximidad energética capaces de anclar la transición en el tejido urbano, residencial, comunitario o productivo local.

4.   Comunidades energéticas: de objeto de política pública a espacio de acción municipal

Otro de los ejes del decreto-ley es el impulso de las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías renovables. La Exposición de Motivos es explícita al afirmar que se aportan nuevas herramientas a las entidades locales para promover el autoconsumo, la transición energética y el impulso o la participación en comunidades energéticas en su territorio.

Aquí aparece uno de los cambios más interesantes para los ayuntamientos: la norma ya no se limita a tolerar su presencia periférica en este ámbito, sino que la contempla expresamente. El municipio puede asumir funciones de promoción, impulso, colaboración o participación, lo que permite pensar en ayuntamientos que no solo autorizan, informan o facilitan, sino que también pueden convertirse en agentes de estructuración local de comunidades energéticas.

Además, la disposición final decimoséptima ordena al Gobierno aprobar en el plazo de tres meses un real decreto de desarrollo reglamentario de estas comunidades energéticas, definidas en los artículos 12 bis y 12 ter de la Ley 24/2013. Ese futuro desarrollo deberá prever la posibilidad de reservar un cupo de potencia instalada en las subastas del régimen económico de energías renovables para proyectos con participación ciudadana o impulsados por entidades locales.

La relevancia de esta previsión es doble. De un lado, apunta a un reconocimiento normativo más completo de estas figuras, cuya regulación seguía siendo fragmentaria. De otro, introduce una señal clara en favor de proyectos que integren participación ciudadana o liderazgo local, lo que puede reforzar la capacidad municipal para impulsar iniciativas energéticas con anclaje territorial propio.

5.  Fiscalidad local y transición energética: más margen de incentivo en IBI e ICIO

El artículo 44 modifica dos preceptos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con incidencia directa en la capacidad de estímulo de los municipios.

Por una parte, se reforma el artículo 74.5 TRLRHL para permitir que las ordenanzas fiscales regulen una bonificación de hasta el 50 % de la cuota íntegra del IBI en inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de la energía ambiente. La novedad más interesante es que la ordenanza podrá establecer porcentajes diferenciados cuando exista cesión de espacios para instalaciones cuyo uso o propiedad esté asociado a comunidades energéticas.

Por otra, se modifica el artículo 103.2.b) TRLRHL para mantener la posibilidad de una bonificación de hasta el 95 % del ICIO a favor de construcciones, instalaciones u obras que incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de la energía ambiente.

Estas reformas no imponen automáticamente beneficios fiscales, pero sí amplían y perfilan el margen de configuración de las ordenanzas locales. Para los ayuntamientos, esto significa que la política fiscal local puede convertirse en un instrumento mucho más afinado de apoyo a la transición energética, no solo incentivando instalaciones renovables en general, sino también favoreciendo aquellas vinculadas a comunidades energéticas o a fórmulas colaborativas de aprovechamiento.

En consecuencia, el impacto de la reforma dependerá en buena medida de la capacidad municipal para revisar sus ordenanzas con criterios estratégicos: definiendo intensidades de incentivo, condiciones de acceso, compatibilidades y prioridades territoriales.

6.  Participación local y retorno territorial en grandes proyectos energéticos

La disposición final octava, al modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, incorpora un nuevo artículo 26.3.k) de singular interés para los territorios donde se localizan infraestructuras energéticas de cierta entidad.

La nueva previsión establece que las instalaciones de producción con punto de conexión a redes de transporte o distribución a tensión igual o superior a 132 kV deberán trasladar, directa o indirectamente, una parte de los beneficios de los proyectos a los ciudadanos y comunidades locales próximos. Añade, además, que los mecanismos, procesos o proyectos a través de los cuales se articule ese retorno deberán contar con procesos locales de participación ciudadana y estar abiertos a la participación de las entidades locales afectadas.

Nos encontramos aquí ante una medida de gran trascendencia política y territorial. Durante años, uno de los principales focos de tensión en torno al despliegue renovable ha residido en la percepción de que los costes de implantación recaían localmente mientras que buena parte de los beneficios se desplazaban fuera del territorio. La nueva obligación intenta corregir, al menos en parte, esa asimetría.

Para los ayuntamientos, esto implica varias cosas. Implica, en primer lugar, que podrán participar en la definición de mecanismos de retorno vinculados a los proyectos. Implica, en segundo lugar, que la participación ciudadana local deja de ser un elemento puramente voluntario o reputacional para adquirir una base legal expresa. E implica, finalmente, que la dimensión territorial de la transición energética se refuerza como criterio de legitimidad y de diseño de proyectos.

7.  Qué cambia realmente para los ayuntamientos

A la vista del conjunto de medidas, el RDL 7/2026 produce varias afectaciones concretas sobre el mundo local.

En el plano competencial, dota de mayor cobertura jurídica a la acción municipal en materia de comunidades energéticas, autoconsumo, electrificación y eficiencia. En el plano instrumental, amplía las posibilidades de impulsar proyectos locales de proximidad energética y de participar en comunidades energéticas. En el plano económico, ofrece nuevas herramientas fiscales para orientar comportamientos y facilitar inversiones. Y en el plano territorial, reconoce expresamente que los municipios afectados por proyectos energéticos deben poder participar en la definición de retornos y beneficios.

Todo ello refuerza una idea de fondo: la transición energética no puede concebirse exclusivamente como un proceso técnico de sustitución de tecnologías o como unapolítica de escala estatal. Es también una transformación institucional y territorial que exige una mejor articulación entre Estado, comunidades autónomas y municipios.